Roberto Hoyos, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, habló sobre lo que piensa el gremio bananero de esta ley.
Urabá es una de las zonas estratégicas donde se probará la real efectividad de la Ley 1478 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que deberá estar reglamentada por el Gobierno nacional para diciembre.
Uno de los actores por excelencia en esta zona agroindustrial son los bananeros que, reunidos en la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), ocupan con sus plantaciones 32 mil hectáreas de esta región.
La Agencia de Prensa IPC habló con su presidente, Roberto Hoyos, quien estuvo recientemente en una gira por Europa, donde presentó el modelo laboral existente en la actualidad entre bananeros y sus sindicatos. A la gira estaba invitado el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien tuvo que aplazar su participación en ella.
Hoyos habló sobre la percepción que tiene el gremio de los retos y dificultades para la implementación de esta ley en la zona.
¿Cómo apoyarán la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?
Somos conscientes de que el espíritu de la misma es más que justo y se convierte en paso fundamental para iniciar un verdadero proceso de reconciliación en el país. Es un desafío para el Gobierno poder identificar contundente y claramente a todos aquellos que en realidad tienen derecho a acceder a la ley. Existen temores muy bien fundados de que la aplicación de ésta se preste para que corruptos que no tienen derecho a la indemnización accedan y se beneficien inescrupulosamente de la misma.
Hemos planteado al Gobierno nacional, específicamente al Incoder, crear para Urabá una Mesa de Tierras liderada por ellos, y en la cual estén presentes organismos e instituciones del orden público y privado, lo que permitiría tener una herramienta eficiente y eficaz en la toma de decisiones enmarcadas en la nueva ley.
¿Qué dificultades ven ustedes como gremio para la implementación de esta ley?
A nuestro juicio existen varias y deben resolverse lo antes posible. La primera es la identificación clara de los beneficiarios. Como segundo, se podría decir que se debe garantizar que los procesos legales de restitución sean ágiles y transparentes. No podemos dejar de lado el tema de la seguridad, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de estas propiedades están en manos de agentes armados que, con seguridad, van a ejercer la intimidación y el miedo como armas fundamentales para impedir que los beneficiarios reclamen sus derechos.
Es obligación y responsabilidad del Estado brindar las garantías en seguridad que faciliten tanto el proceso de reclamación, así como el de retorno y establecimiento. No se deberán ahorrar esfuerzos para garantizar la vida de las victimas que están dispuestas a reclamar.
Por último, el Estado será responsable de diseñar y ejecutar una verdadera política de reactivación productiva, que incluya elementos esenciales en los proyectos como son la capacitación, el crédito, comercialización y mercadeo, inversión en vías, servicios públicos, educación entre otros, claves para consolidar todo este proceso.
¿Cómo vinculará el Pacto Social por Urabá, que ustedes adelantan, a las víctimas del conflicto?
El sector bananero y diferentes autoridades nacionales, departamentales y regionales suscribieron el primero de diciembre de 2010 un acuerdo denominado Pacto Social por Urabá, con el propósito de abordar de manera concertada e incluyente los problemas de la región.
Como compromiso de este pacto se han realizado distintos foros con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, en los que han participado víctimas del conflicto, cuyo objetivo es dar a conocer en el escenario nacional la determinación regional de unir los esfuerzos de la ciudadanía y el Estado para impulsar el desarrollo político, social y económico de Urabá.
Con este pacto el gremio bananero apoya y promueve alianzas entre los sectores públicos y privados para consolidar procesos de reconciliación que se reflejen en un mayor bienestar de los habitantes de la región.
Recientemente Augura firmó un convenio con el gobierno de los Países Bajos. ¿A partir de cuándo comenzará su vigencia y qué características tendrá?
Augura, las fundaciones sociales de las comercializadoras Banacol y Unibán; Corbanacol y Fundaunibán y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia firmaron el pasado 15 de septiembre un convenio por 3,4 millones de euros con el gobierno de los Países Bajos que tendrá vigencia de tres años y busca establecer un plan para que el mercado y las organizaciones de la sociedad civil inviertan en las cadenas de proveedores que sean sostenibles desde lo social, lo ambiental y lo económico.
Este convenio, que busca el bienestar de las pequeñas unidades productivas del banano y plátano de Urabá, Magdalena y Chocó, incluye asistencia técnica a los bananeros, desarrollo de prácticas para un cultivo sostenible, fortalecimiento de las cooperativas; planeación para la organización comunitaria y bienestar social, entre otros.
Augura ha realizado en 2011 dos Foros por la Reconciliación de Urabá dentro del programa de Pacto Social por Urabá. En estos eventos, que han contado con participación de sectores industriales, estatales y de trabajadores de la zona, se ha puesto en evidencia que uno de las mayores problemas sociales es el déficit de vivienda que, según declaraciones de Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, asciende a 70 mil casas en toda la región.
