Este fin de semana en Bogotá se reúne la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes que pensará propuestas al proyecto de reforma a la Ley 30 y decidirá si mantiene cese de actividades.
Las decisiones que se tomen en Bogotá el próximo 15 y 16 de octubre serán fundamentales para el futuro del semestre académico de miles de estudiantes en Colombia, que observan con preocupación como la discusión por el proyecto de reforma a la Ley 30 podría desencadenar la cancelación definitiva del semestre académico.
El paro nacional de 32 universidades públicas es un mecanismo de presión del movimiento estudiantil para exigirle al gobierno que retire del Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Con el paro se busca llamar la atención del país y convocar a una discusión de fondo sobre el modelo educativo que requiere Colombia para las nuevas generaciones.
Esta determinación tiene posturas encontradas dentro de la comunidad académica. Una de las posiciones habla de los cientos de millones de pesos perdidos por día y de la disminución del número de estudiantes en los claustros educativos, lo que afecta el análisis y discusión del proyecto de reforma a la educación superior.
“Lo que hemos evidenciado es que efectivamente las universidades están muy vacías, que nosotros necesitamos al grueso del estudiantado en la universidad para poder movilizarlo y construir la propuesta alternativa. El llamado que hacen los profesores es a que volvamos a clases y con las universidades funcionando poder construir esa propuesta”, afirmó Angélica Tobón, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia (U de A.).
La postura que aboga por un reinicio de las actividades se repite en el Consejo de Sede de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín que, en comunicado del 14 de octubre, afirma que la reforma como se presenta hoy no permite ampliar la cobertura de la educación superior. Sin embargo, el Consejo invita a toda la comunidad universitaria a continuar el debate desde las clases para no causar la suspensión de los contratos de docentes, monitores y estudiantes auxiliares o, incluso, para no tener que llegar a cancelar semestre.
La otra postura dentro del movimiento estudiantil dicta que debe mantenerse el paro y que la fortaleza de los argumentos que se oponen al proyecto de reforma muestra que se le puede dar un debate con altura al Gobierno.
“Como Organización Colombiana de Estudiantes nos mantendremos en paro indefinido hasta que la Ministra no lo retire. Si hay consenso por levantarlo sería un error porque demostraría que no hay seriedad en la postura de la Mesa Amplia Nacional realizada el primero de octubre en Cali, que decidió paro nacional indefinido si se radicaba el proyecto de reforma en el Congreso”, dijo Cindy Borrero, estudiante de Historia de la U de A.
Frente al riesgo de cancelación de semestre Borrero afirmó que es un riesgo que se tomó desde el principio de la movilización y que está justificado en la necesidad de hacer un alto en el camino para definir el rumbo de las universidades públicas en Colombia. “Eso es más demagogia del gobierno y de los rectores de algunas universidades que piden desmontar el paro y hacen ver necesario el regreso a clases”, añadió.
Más allá de la definición de levantar o continuar el paro, a la comunidad universitaria la une el clamor de que el Congreso de la República escuche los argumentos de estudiantes, profesores y rectores de las universidades de Colombia que reclaman modificaciones sustanciales a una ley que, según ellos, no es tan buena como la pretenden mostrar la ministra de educación, María Fernanda Campo, y el propio presidente de la república Juan Manuel Santos.
Estudiantes plantean un programa mínimo
Durante los dos días de reunión los representantes de las 32 universidades públicas del país trabajarán en la propuesta de un programa mínimo que incluya los principios orientadores de las políticas públicas en educación superior para las próximas décadas.
Dicho programa reúne, por ahora, seis puntos que a juicio del estudiantado son esenciales de cara al futuro de la educación en el país: autonomía universitaria, financiación plena del Estado, calidad académica, bienestar universitario y garantías de permanencia, libertades democráticas y de movilización y la construcción de un modelo pedagógico que responda a las necesidades del país.
