Discusión del proyecto de reforma a la Ley de educación superior pasó de un debate académico a convertirse en un problema de orden público por cuenta de las intimidaciones contra rectores y líderes estudiantiles.
El debate frente a la polémica propuesta de reforma a la Ley 30 en Medellín ha pasado, en las últimas semanas, de los diálogos y los argumentos a amenazas que han recibido tanto líderes estudiantiles como rectores de las seis universidades públicas del departamento que están unidas al paro nacional.
Frente al tema, el Secretario de Gobierno de Medellín Juan Felipe Palau, señaló que expertos plantearon que la misiva no correspondía con los formatos que normalmente usa este grupo guerrillero. “Encontramos serios indicios de que lo que hay detrás de esto es un afán de desestabilización (…) todo parece indicar que hace más parte de esa campaña, que ya es cada vez más evidente, de lograr un paro estudiantil en el país, que nosotros consideramos que a los únicos que beneficia es a esas organizaciones que están al margen de la ley”, enfatizó.
Palau añadió que ya tomaron las medidas pertinentes para brindar la protección a los amenazados y que no compartía la parálisis de los centros educativos en Medellín por este proyecto de reforma pues la ciudad ha ampliado el número de cupos en educación superior.
Una reforma que va más allá de lo académico
“Es muy probable que haya intereses oscuros de desviar los canales democráticos de discusiones y, aunque no se puede aseverar que tenga relación con las situaciones coyunturales, haciendo una lectura histórica del país no me extrañaría que sea una estrategia para desviar el canal de una discusión democrática”, afirmó Roberth Uribe, docente de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Estas no son las primeras amenazas en la ciudad durante las discusiones del proyecto de reforma. A inicios de octubre líderes estudiantiles del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) recibieron llamadas intimidantes que los llevaron a la disolución de la organización estudiantil. La intimidación coincidió con el ingreso de encapuchados a este claustro educativo y con una falsa amenaza de bomba que obligó al desalojo de esta Alma Máter el pasado 6 de octubre.
El tema fue tratado el sábado pasado por la Mesa Amplia Regional de Estudiantes (Marea) quienes crearon un comité de Derechos Humanos para brindar apoyo, junto con la Personería de Medellín que ya conoce el caso, a los amenazados.
“Rechazamos la estigmatización que se está generando frente a las protestas estudiantiles. No somos responsables de estas amenazas y respaldamos a todos los que están amenazados en este momento”, afirmó un líder estudiantil que hace parte de la Marea.
Esta misma discusión se escuchó hoy miércoles en parte de la audiencia pública realizada en el Congreso de la República. Al debate asistieron todos los estamentos educativos relacionados con la educación superior en el país, incluida la Federación Nacional de Profesores (Fenalprou). Su presidente, Gonzalo Arango, aclaró al respecto: “Se pretende militarizar el conflicto del debate universitario y lo que pretendemos es que sea un debate de ideas, un gran debate nacional”.
Por su parte Sara Fernández, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (AsoproUdeA), puntualizó que el Gobierno está confundiendo a la población en general. “Están tildando a los estudiantes de ignorantes, que no han leído la ley, cuando son ellos los que están mostrando las cifras al revés porque no han tocado el tema de la deuda que tiene el Gobierno por 700 mil millones de pesos”, aseveró Fernández haciendo referencia al pasivo que tiene el Estado con las 32 universidades públicas del país.
Mientras tanto, miles de estudiantes marcharon en la tarde de hoy por las calles del occidente y el centro de la ciudad en protesta por la reforma que está próxima a cumplir un mes de radicada en el Congreso. “Lo que creemos es que son estrategias no solo para desmovilizar y estigmatizar al estudiantado sino también para validar cualquier forma represiva contra los estudiantes porque con las universidades pacificadas y desmovilizadas es más fácil que puedan implementar la ley sin debate”, concluyó el líder estudiantil miembro de la Marea.
