Recursos para reparación y restitución de tierras que llegarán en 2012 al departamento ascienden a 1,6 billones de pesos.
José Arley Muñoz, coordinador en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dialogó con la Agencia de Prensa IPC sobre los desafíos y retos que se tienen frente al proceso de aplicación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras.
¿Qué tan preparada está la CNRR para los cambios que le trae la Ley de víctimas?
Tenemos una gran preocupación porque eso debe hacerse por etapas. Uno no puede plantear que esté listo de la noche a la mañana. La ley es buena pero por sí misma no resuelve el problema (….) No estamos preparados para que entre el primero de enero por simple definición de la ley. Lo que digo es que hay que hacerlo por etapas.
¿Qué etapas debería tener esa nueva institución?
La primera es incorporar y reconocer lo que ya hemos avanzado, las lecciones aprendidas durante estos seis años. La segunda es el tema de la formación de los nuevos funcionarios públicos, que comprendan y dimensionen lo que tenemos. La tercera es establecer unas instancias de carácter internacional, nacional, departamental y local que sean veedoras del proceso, que aparten la politiquería, la corrupción, las mafias y los carteles que ya deben estar preparándose para todo esto.
¿Preparándose para qué?
Estamos hablando de unos recursos supremamente importantes. Lo que está en juego con la aplicación de la Ley de Víctimas es el manejo de los recursos que tiene que quedar bien definido. Si se burocratiza, se politiza y no hay mecanismos y rutas supremamente claras para los controles esa platica se va a perder.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Entre 15 y 16 billones de pesos para Antioquia en los próximos 10 años. Por eso hay que alejar a las mafias y a los carteles, alejar todo tipo de expresión que quiera adueñarse o utilizar los recursos que deben ser para las víctimas y los desplazados.
¿Qué tanto han incluido a las víctimas en el proceso de reglamentación?
En Antioquia tenemos un universo de 125 mil víctimas que hoy reclaman reparación por vía administrativa. Me atrevería a decir que de ellas no hay más de 10 mil que pertenezcan a una organización o movimiento social, fundación o corporación.
Eso nos pone de manifiesto que las víctimas lamentablemente no están lo suficientemente organizadas y eso hace que su incidencia en los procesos y en la política pública que se defina sea mínima.
¿Cómo lograr que la restitución de tierras no se quede en restitución de títulos?
El tema de la seguridad de las víctimas es un punto gravísimo que el Gobierno y la sociedad colombiana tienen que resolver. Si no lo resolvemos, esto va a ser un fracaso.
Demoramos ocho meses para que el proceso de cancelación de títulos fraudulentos en (San Juan de) Tulapas saliera favorable a las víctimas, y hoy tenemos la situación de que en la zona todavía existen grupos armados al margen de la ley. No basta con la cancelación de los títulos porque ya las familias dicen que no hay garantías para regresar a esa tierra.
En la mesa de seguridad que tenemos se determinó que los esquemas y rutas de seguridad establecidas por el Gobierno nacional son insuficientes: hay demasiada burocracia.
Un mapa de riesgo construido recientemente por la CNRR Antioquia habla que en 44 de los 125 municipios del departamento existe riesgo por factores de violencia y que en 26 ellos el riesgo es extremo pues, además de grupos armados al margen de la ley, hay cultivos ilícitos. “Eso ya nos da un panorama muy grave llamando la atención siempre Urabá, el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño que son tres subregiones muy complicadas”, añadió Muñoz.
Precisamente una de las propuestas en la aplicación de la ley planteada por la CNRR en el departamento es que en Antioquia se hable de centros subregionales de atención a las víctimas debido a las dinámicas particulares de cada una de ellas.
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