En el VII Seminario ‘Otra economía es posible’ se reconocieron avances en pensar una ciudad incluyente. La próxima semana el Concejo Municipal definirá si esta iniciativa queda convertida en política pública.
Ganancia, rentabilidad, competencia y emprendimiento individual son términos que cotidianamente se escuchan en la economía local y que encuentran en convites, asociaciones de mujeres, cooperativas y fundaciones una alternativa económica en comunidad.
En el seminario, además de analizar el papel del Estado y las políticas públicas en los avances que ha tenido la economía solidaria en América Latina, se compartieron experiencias exitosas centradas en la vida cotidiana de los barrios, las comunas y las áreas rurales.
“El reto que nos queda es buscar la manera de articular todos estos procesos solidarios: en lo local se vienen adelantando muchas iniciativas interesantes pero totalmente desarticuladas. No hay una fuerza social y política que realmente se convierta en un actor generador de propuestas e interlocutor con el Estado”, aseveró Nely Osorno, Promotora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización miembro de la Red de Economía Solidaria de Antioquia (Redesol).
Crecen y se fortalecen iniciativas de economía solidaria
La Corporación Fomentamos es una de las iniciativas de economía solidaria más visibles en Medellín. Su meta es llegar a personas de escasos recursos con planes de ahorro, seguros y préstamos que van desde los 50 hasta los 230 mil pesos.
Este apoyo financiero va acompañado de intercambios de experiencias y conocimientos que ayudan a las personas a continuar con sus emprendimientos, que van desde un puesto de dulces hasta una tienda de barrio.
Para Fernando Flórez, director de la Corporación, el crecimiento en un 80 por ciento del monto ahorrado y de un 40 por ciento en los créditos con respecto a 2010 son muestras de que la metodología financiera es útil y que los más pobres responden a ese apoyo pues, además, la cartera (deudores morosos) solo asciende a un 2,5 por ciento.
Otro de los casos exitosos es el de la Tienda ColyFlor que ya ajusta ocho años en el mercado y 21 de procesos de comercio justo impulsados por la Asociación Campesina Agroecológica de la región de Boquerón (ACAB) y la Corporación Penca de Sábila.
Este proyecto solidario comenzó con cinco familias y hoy tiene a más de 200, principalmente de los corregimientos San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal. Estas familias se encargan de producir y comercializar bajo las premisas de la agroecología (productos sin químicos) y el comercio justo, es decir, que los campesinos reciban lo que merecen por su trabajo y que este ingreso les permita unas condiciones de vida digna.
“Esto les mejora la calidad de vida y permite el acceso al conocimiento porque desde la organización se propone que las familias productoras tengan, al menos, una persona como técnico en agroecología para que no dependan técnicamente de las organizaciones”, señaló William Álvarez, Administrador de ColyFlor.
Álvarez añadió que los campesinos han ganado en incidencia en la política pública de sus territorios y que otra de las ganancias del proceso es la promoción del medio ambiente que trasciende las fincas y se convierte en procesos corregimentales.
Política pública pro economía solidaria está en manos del Concejo
El proyecto de Acuerdo 356 de 2011, que da vía libre a la creación de una Política Pública de Economía Social y Solidaria para Medellín y que ya pasó el primer debate en el Concejo Municipal, es uno de los avances de esta alternativa económica en la ciudad.
“Lo vamos a presentar la semana entrante para segundo debate. Con esta política pública queremos que las acciones del Estado trasciendan los programas y no queden al vaivén de cada uno de los funcionarios o administraciones que lleguen”, afirmó la concejala Sonia Vásquez, impulsora del proyecto, quien subrayó que éste fue elaborado con la participación, entre otros, de organizaciones sociales, Redesol, cooperativas, fondos mutuales y organizaciones sin ánimo de lucro.
Para Oswaldo Salgado esta política pública, que tendría que ser aprobada antes del 30 de noviembre cuando terminan las sesiones del Concejo, permitiría el reconocimiento de las organizaciones de economía solidaria que lograrían fortalecerse a través de créditos, acompañamientos empresariales solidarios, formación e instrumentos jurídicos que les permitan su existencia y sostenibilidad.
En lo que coinciden todos los ponentes del Seminario ‘Otra economía es posible’ es que la aprobación de esta política pública sería un instrumento mas no el fin de lo que necesita Medellín y Antioquia, que es incentivar en la gente la visión de que es posible una economía pensando en el bienestar común y bajo el principio de la solidaridad.
