La escuela en Antioquia, en la mira de los violentos

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La cifra de 398 docentes asesinados entre 1980 y 2005 fue uno de los hallazgos de la investigadora de la Universidad Nacional, Flor Alba Romero, quien dedicó su trabajo doctoral inédito a analizar y retratar la manera como la violencia golpeó las aulas de clase en Antioquia.

A Belén Hincapié, profesora en zona rural de Sonsón, la mataron en 2005 porque no permitió que guerrilleros de las Farc sembraran minas antipersonal alrededor de la escuela. Carlos Montoya, docente en Urrao, fue asesinado en 2002 frente a sus alumnos de la escuela Alto Cheque. La muerte también persiguió a Ernesto Giraldo, profesor en zona rural de Rionegro, a quien guerrilleros del Eln balearon frente a su residencia y remataron sacándolo de la ambulancia, que lo llevaba hacia un centro asistencial del Oriente antioqueño.

Estas tres muertes son un ejemplo de lo que le sucedió a casi 400 docentes que fueron asesinados entre 1985 y 2005 en Antioquia. Las causas, según la investigadora de la Universidad Nacional Flor Alba Romero, se debieron entre otras a la actividad sindical, militancia en organizaciones de izquierda (Unión Patriótica, Partido Comunista), a su condición de defensores de derechos humanos  y a su trabajo en medio del conflicto.

Entre los resultados de la investigación se encontró que los docentes de primaria y secundaria fueron los que más sufrieron la violencia armada: 361 de los 398 asesinados dictaban cursos en estos niveles. Además, se logró identificar que entre 1996 y 2000 se intensificaron los ataques contra docentes, pues en ese quinquenio murieron por la violencia 134 profesores.

La investigación estará a disposición del público interesado a partir del primer semestre de 2012. Sobre este trabajo inédito, con el que Romero aspira al título de Doctora en Educación de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, dialogó con la Agencia de Prensa IPC.


¿Qué conclusiones le quedan luego de analizar el conflicto y la escuela en Antioquia?

Vivimos un conflicto armado totalmente degradado, en el que no hay conciencia  ni aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) de respetar los bienes civiles y no involucrar a la población. Todos los actores armados, legales e ilegales, han usado la escuela como cuartel, trinchera, sitio de proselitismo, de reclutamiento, pero en medio de toda esa adversidad también ha servido de refugio y de albergue para desplazados.

Tomé 20 años para ver si había respuestas distintas desde los gobiernos, y lo que encontré fue que existió una respuesta estatal importante pero insuficiente. En ella debió haber mucha más rapidez para atender a los maestros: muchos asesinatos se hubieran evitado, pero la demora en los trámites hizo que finalmente los mataran. Aquí hay una responsabilidad del Estado por acción o por omisión. Además, de estos casos hay muy pocas investigaciones en curso.

¿Existió alguna diferencia en el accionar de los actores armados contra la escuela?
En el caso de la utilización del lugar no hay ninguna diferencia: si había comida se la acababan, rompían enseres, escribían cosas. En el ataque a los maestros sí hay un estigma con los paramilitares de creer que el maestro es de izquierda. En algún momento Carlos Castaño expresaba que era más peligroso un maestro con ideas, un maestro defensor de derechos humanos, que un guerrillero. Lo veía como el peligro de crear conciencia, de formar en criterio.

La guerrilla atacó a los maestros básicamente porque se negaron a prestar las escuelas o se opusieron al reclutamiento de los niños y a la siembra de minas. Cuando había masacres donde había docentes era porque hacían parte de un grupo que ya estaba satanizado o señalado, ‘objetivo militar’, como se les dice.

Al final es triste concluir que la guerra, cuando se prolonga tanto en el tiempo y se degrada de la manera como se ha degradado, hace que los actores armados terminen siendo muy parecidos. No me atrevo a afirmar con certeza pero dudo mucho que haya un país del mundo donde, en un solo departamento, haya casi 400 maestros asesinados y no pase nada.

¿Dónde se sintió con más fragor el conflicto, en lo rural o en lo urbano?
En Antioquia es grave todo, lo rural y lo urbano. A nivel rural hubo hechos muy graves, sobre todo en Urabá y en el Oriente, pero también en las otras regiones en menor proporción. Medellín tuvo la mayor cantidad de maestros asesinados y de alguna manera se explica por la presencia de bandas armadas y por la delincuencia común aliada al narcotráfico.

Para Medellín es importante mencionar que hubo un periodo en el que fueron asesinados docentes universitarios vinculados a los derechos humanos, como el doctor Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda. Hubo una etapa de intolerancia en el 87 contra estos defensores y contra militantes de la Unión Patriótica;  en ellos veían un peligro si lograban consolidarse y hacer parte de los procesos de ciudad.

¿Qué tan documentados encontró estos asesinatos?
Tuve mucha dificultad en encontrar toda la información, me ayudó mucho la Escuela Nacional Sindical (ENS), el estudio de la Comisión contra la vinculación de los niños al conflicto armado y una investigación del IPC sobre conflicto armado y derechos humanos.
Yo creo que nuestra prensa, hablo de El Colombiano que fue el que consulté, hace un registro cuidadoso de los hechos de violencia, pero sería muy bueno que tuviera en cuenta la importancia  del maestro y de la escuela.

Eso lo puedo inferir después de revisar, revisar y revisar. Yo le hice seguimiento a la prensa de 20 años y a veces decía: ‘Fue asesinado un maestro’. Hay como un acostumbramiento a la violencia y una subvaloración al ejercicio del trabajo docente. Entonces esa tipología se vuelve cotidiana y ahí me parece que existe un llamado de atención: no puede ser que nuestras sociedades se acostumbren a la barbarie.

¿Para qué sirve a la memoria del conflicto esta investigación?
Sirve para que nosotros como educadores en derechos humanos y cultura de paz hagamos énfasis en que nuestros jóvenes, niñas y niños conozcan la historia para que no se pueda repetir, para que rompamos ese ambiente de acostumbramiento que se vuelve perverso en el día a día y hagamos un ejercicio de recuperación del sentido de la vida.  Si la guerra está en el corazón y en la mente hay que trabajar para que cambien. No porque los procesos educativos sean lentos se puede renunciar a ellos. Hay que asumirlos de una manera constructiva y como una oportunidad para avanzar.

Si bien no lo incluyó en su investigación, usted echó un vistazo a los años recientes. ¿Cómo sigue la situación de los docentes?
Sigue habiendo situaciones de riesgo y de vulnerabilidad para los maestros y maestras, sigue habiendo afectaciones en la escuela por las acciones de los actores armados. Es posible que no con tanta intensidad como en esos 20 años que trabajé.

Si hubiera una política pública de autoprotección, de anticiparse al peligro y de tener estrategias de respuesta prontas con redes de apoyo desde el Ministerio de Educación o desde la Secretaría de Educación de Antioquia, ayudarían mucho a prevenir situaciones que se lamentan después.

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