Un enfoque de seguridad integral: con mayor énfasis en la juventud, el tejido social y los derechos humanos, sugirieron concejales y analistas para mejorar la línea de seguridad del actual Plan de Desarrollo de Medellín que, según algunos sectores, reduce el problema a la protección de la vida y el control del territorio.
En la administración municipal el tema de seguridad y convivencia será liderado por la recién creada Secretaría de Seguridad, que tendrá un presupuesto de 174 mil 114 millones de pesos para el cuatrienio, de los cuales cerca del 50% estarán destinados a la implementación de tecnología. El principal objetivo de esa cartera es reducir los índices de criminalidad.
En ese sentido el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), argumentó a través de un comunicado que “es sumamente preocupante reducir el tema de seguridad a una problemática de falta de control efectivo del territorio, por parte de autoridades policiales y judiciales, y continuar con las propuestas de aumento de infraestructura y pie de fuerza como única salida para el tema de violencia en la ciudad”.
También en el Concejo de Medellín, durante el foro de seguridad, se escucharon inquietudes sobre la forma cómo la nueva secretaría logrará sus objetivos. Algunos concejales pidieron el diseño de estrategias concretas desde el plan de desarrollo y exigieron que se aumenten los indicadores, para medir el impacto de las iniciativas propuestas.
En la corporación surgieron varias recomendaciones, según las cuales la administración municipal debería: prestarle más atención a la población juvenil, con mayor riesgo de ingresar a la ilegalidad; aumentar la meta de reducción de homicidios; concretar mecanismos claros para enfrentar la delincuencia y mejorar el diagnóstico sobre los alcances de la violencia y el crimen organizado en el área metropolitana.
Al respecto, el Nodo Antioquia afirma que “el diagnóstico sobre seguridad, derechos humanos y convivencia es débil, en tanto no reconoce la existencia de un conflicto armado en el país que incide en las dinámicas de violencia en Medellín, y que ya fue aceptado por el actual gobierno nacional (…)”
Según Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad EAFIT, el problema de la seguridad en Medellín es complejo y comprende aspectos como altos niveles de delincuencia organizada y no organizada, capital social negativo, jóvenes víctimas y victimarios y una agenda de seguridad marcada por el índice de homicidios.
Un diagnostico con mucha derivadas
El diagnóstico presentado en el concejo de Medellín por el secretario de Seguridad, Eduardo Rojas, mostró que el homicidio y el hurto continúan afectando en gran medida a los ciudadanos. Además estableció que las comunas 10, Candelaria, y 13, San Javier, son las zonas más perjudicadas por la violencia y la criminalidad.
De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, expuestas por Eduardo Rojas, entre enero y marzo de 2012 Medellín reportó una reducción del 47.4% en los homicidios, al pasar de 475 muertes violentas, en el primer trimestre de 2011, a 250 en igual periodo de 2012. La reducción en la capital antioqueña superó los porcentajes de Barranquilla, con una disminución del 32.7%; Bogotá, con el 14%; y Cali, con el 5.3%.
Para continuar con los resultados positivos en esta materia, el secretario de Seguridad reveló que la meta del actual plan de desarrollo es reducir la tasa de homicidios en un 28.2% durante el cuatrienio, disminuyendo la tasa de 69.6 a 50 muertes violentas por cada cien mil habitante.
Para Jorge Giraldo la meta de la administración municipal es muy modesta. “Después de que entre 2004 y 2005 hubo tasas de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, me parece que es un deber de la administración pública ser un poco más ambiciosa, especialmente en una materia tan crítica como el homicidio y máxime cuando esta administración tiene como lema la protección a la vida.”
Complementando su crítica, este analista explicó que en materia de diagnóstico la agenda de Medellín está centrada en el homicidio, por ser el delito de más alto impacto. Sin embargo, para él existen otros factores que perjudican en mayor medida la seguridad desde el punto de vista cuantitativo. “El 44% de los crímenes están relacionados con el tráfico de drogas, el 20% con asalto y robo, el 5% con violencia intrafamiliar, el 3% con lesiones comunes y el 2% con homicidio”, expresó Jorge Giraldo.
En ese sentido el concejal Luis Bernardo Vélez piensa que la seguridad suele resultar afectada por los crímenes menores. “Reclamamos que no sólo sean mirados los fenómenos de homicidio e infracciones graves, sino también aquellos fenómenos sociales que son muy preocupantes, como el temor de algunas mujeres a que les roben el cabello. Esta es la expresión de un tema de inseguridad, diría yo mínimo, aunque igual de grave.”
Pero el secretario de Seguridad hizo énfasis en que la propuesta es reducir los índices de criminalidad en general, aunque el mayor enfoque esté en el homicidio y el hurto. Sobre este último delito el funcionario planteó que la meta para el cuatrienio es reducir la tasa en un 14%, para pasar de 75.6 a 65 robos por cada cien mil habitantes.
Eduardo Rojas agregó además que las “estrategias van enfocadas en desarticular esas grandes organizaciones delincuenciales y a debilitar sus estructuras financieras con estrategias que atacan lo legal y lo ilegal.”
Entre las acciones que se adelantarán están la implementación de circuitos cerrados de televisión en terminales de transporte y paraderos de buses; además se buscará la implementación de tiquetes electrónicos para el pago del servicio público. En lo relacionado al narcotráfico, se instalarán circuitos cerrados de televisión en zonas con plazas de vicio y se construirá una política pública en salud frente al consumo de drogas.
Para el Nodo Antioquia lo que faltó exponer en el diagnóstico municipal, es “la forma en que estas estructuras delincuenciales intervienen en las comunas y corregimientos, tampoco se da cuenta del modo en que ingresan al circuito económico legal el producto de sus rentas ilegales y la forma como impactan el tejido social, la institucionalidad y los organismos de seguridad y justicia.”
En ese aspecto, Jorge Giraldo piensa que la capital antioqueña es un caso peculiar en el ámbito Latinoamericano, porque “tiene un entorno regional muy frágil (…) Medellín es la ciudad de América Latina que está más cerca de los cultivos ilícitos y de los laboratorios para el procesamiento de cocaína. La otra fragilidad es que Medellín es una administración municipal que está dentro de una ciudad mucho más grande que es el Valle de Aburrá.”
Conscientes de los alcances que tienen las organizaciones criminales en el Área Metropolitana, la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales trabajan en la construcción de un plan metropolitano de seguridad para articular las estrategias de los 10 municipios del Valle de Aburrá.
Según el secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño, “estamos convencidos que si no empezamos a tomar decisiones, por lo menos en temas estructurales que sean realmente hechos metropolitanos, vamos a perder la guerra contra las bandas criminales, las ODIN y contra cualquier tipo de organización. Las organizaciones trabajan en red, no conocen fronteras, y hace mucho tiempo entienden la dinámica de los municipios del área metropolitana.”
Una de las principales preocupaciones sobre las estructuras criminales, planteada por concejales y analistas, es la forma en que penetran el tejido social. Por este motivo los expertos hablaron de poblaciones vulnerables y de la necesidad de una seguridad humana.
Seguridad humana un concepto integral
Para mejorar la propuesta de seguridad presentada en el plan de desarrollo de Medellín, el Nodo Antioquia CCEEU le exigió “a toda la Administración Municipal, y en especial a la nueva Secretaría de Seguridad, que se trabaje el concepto seguridad humana y la garantía de los derechos humanos, traspasando la visión reduccionista de la protección de la vida que deja de lado asuntos fundamentales como la salud, la educación, la participación y el empleo, entre otros.”
Este concepto también fue retomado por el concejal Luis Bernardo Vélez, quien argumentó que “el fenómeno de seguridad hay que hacerlo más integral, por eso venimos hablando de una seguridad humana, pues no se puede abandonar la inversión social en los barrios por ponerle recursos al tema policivo.”
Esa propuesta apunta a la necesidad de mejorar la inversión y la creación de estrategias para atender a poblaciones vulnerables como los jóvenes y los defensores de derechos humanos, que según algunos sectores requieren más intervenciones desde el plan de desarrollo.
“Hay jóvenes que están reclamando inversión social. Ese límite, entre entrar o no a la ilegalidad, hay que intervenirlo y tenerlo en cuenta. Finalmente han sido los barrios más excluidos y periféricos los que presentan un fenómeno más preocupante de violencias”, afirmó el concejal Luis Bernardo Vélez.
Esa idea la complementó Jorge Giraldo, al argumentar que con base en un estudio del Banco de la República, hecho por Carlos Medina y Jorge Tamayo, se puede identificar otro punto crítico de la seguridad en Medellín que “fundamentalmente tiene que ver con los jóvenes, en especial entre 13 y 25 años, donde se concentran la mayor cantidad de víctimas y victimarios.”
Por su parte el Nodo Antioquia CCEEU se refirió al riesgo que corren los defensores de derechos humanos y a la falta de acciones para garantizar su seguridad en el Valle de Aburrá. “Durante este periodo, en el Área Metropolitana, se registraron por lo menos 113 agresiones contra defensoras y defensores, 95 fueron individuales y 18 colectivas”, informó esa entidad.
Frente a esta situación el organismo de derechos humanos demandó el compromiso de la Alcaldía para proteger a los líderes sociales y realizar campañas de difusión sobre la legitimidad de su labor.
Justamente Jorge Giraldo llamó la atención sobre la necesidad de adelantar un trabajo integral con los habitantes de los barrios y con las organizaciones sociales y comunitarias, en el sentido de romper la cultura de la ilegalidad en algunos sectores. En ese asunto el analista se refirió al concepto de capital social negativo.
“Nosotros estamos en una sociedad donde hay una presunción de que los delincuentes son una especie de marcianos que no tienen ninguna relación ni con las comunidades ni con las organizaciones sociales, ni con los vecindarios en los que viven. (…) creo que lo que ha pasado en los últimos años en Medellín, con algunas asonadas en zonas como El Limonar, comuna 13 y comuna 8, donde sectores de la comunidad protegen a los delincuentes o se oponen a la acción de la fuerza pública, demuestran que probablemente tengamos problemas de este tipo.”
A parte de estos temas al plan de desarrollo se le solicitaron ajustes o inclusión de temas como desmovilizados, desplazamiento intraurbano y desapariciones, incluyendo en este punto el cierre de la escombrera en la comuna 13, donde habría por lo menos 300 desaparecidos, según la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Vale señalar que el tema de la seguridad no se ha agotado por completo, por el contrario una de las propuestas que presentó el secretario, Eduardo Rojas, es “la construcción de una política pública de seguridad, que debe ir alineada con la política nacional para desarrollar estrategias de largo aliento y atacar la situación de criminalidad desde la raíz.”
Para el Nodo Antioquia CCEEU la construcción de esa política pública “tiene que contar con la incidencia de las comunidades y las organizaciones sociales en un debate abierto y profundo.”
Mientras llega ese momento habrá que trabajar en los ajustes a la línea de seguridad del Plan de Desarrollo, para que no se quede ningún elemento por fuera y de esa forma la política pública que se construya responda a las necesidades reales que tiene Medellín.
