Foto tomada del Informe de actividades CICR 2011
Tras conocerse que recientemente las FARC reclutaron a 13 adolescentes en escuelas rurales de Putumayo, el país volvió a centrar su atención en el riesgo que corren los niños y jóvenes de ser utilizados por los grupos armados. Una de las situaciones más complejas la vive el departamento de Antioquia donde, superando a la guerrilla, las bandas criminales son las que más vinculan menores de edad a sus estructuras.
Así lo dió a conocer el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, al indicar que las BACRIM están siendo muy efectivas para vincular niños y jóvenes. “Generalmente los atraen con dinero, armas o dándoles un estatus dentro de la sociedad. Lo hacen muchas veces con el tema del oro, de la participación en el tema minas o en el microtráfico, o simplemente con un sueldo que puede estar entre 500 mil y un millón de pesos.”
Aunque en menor medida que antes, la guerrilla de las FARC también continúa vinculando niños y jóvenes principalmente en los municipios de Ituango, Tarazá, Anorí, Campamento, Angostura, Yarumal y Briceño, considerados territorios históricos de esa organización, explicó el funcionario, quien reveló que las regiones más afectadas son Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Urabá y Valle de Aburrá.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entregadas a la Gobernación de Antioquia, entre 1999 y 2011, 727 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de organizaciones armadas en el departamento. El Valle de Aburrá, el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, fueron las regiones con el mayor número de desvinculados, respectivamente.
El reporte del ICBF también reveló que aunque se desvincularon 727 niños, niñas y adolescentes, en ese periodo la entidad sólo tenía registrados 522 casos de reclutamiento, lo cual indica que todas las situaciones no son denunciadas.
Sobre las cifras de niños y jóvenes vinculados a grupos armados, el coordinador del programa de Conflicto Armado de la Corporación Paz y Democracia, Ivan Darío Ramírez Adárve, manifestó que es difícil consolidar un registro, por lo que se parte de estadísticas aproximadas, y aseguró que es necesario “contar al niño que le dan una bicicleta para que sea campanero, al que le dicen que lleve la droga o al que le dicen que empiece a abrir la plaza.”
Según Ramírez Adarve, “el uso, vinculación y reclutamiento de menores de edad ha existido en Medellín durante estos 20 años de conflicto y violencia, pero cada vez crece más y ocurre a menores edades.”
El Área Metropolitana una situación grave
Luego de señalar que en el Suroeste, Oriente y Occidente, no aparenta ser tan complejo el problema de vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, reveló que el Valle de Aburrá representa uno de los problemas más grandes y se debe a los combos delincuenciales.
Iván Ramírez piensa que en la capital antioqueña el problema de la vinculación es una dinámica que se mueve y que se hace más visible cuando se agudiza el conflicto por el territorio, porque muchas de las víctimas y de los capturados resultan ser menores de edad. Por eso, cree que no es un problema puntual de algunas comunas como suele parecer.
“Yo hablo de casos que se pueden documentar en la comuna 13, en la 8, pero el corregimiento de Altavista tuvo situaciones muy difíciles hace algunos meses, igual que San Antonio de Prado el año pasado. Hay casos en Santo Domingo por ejemplo bastante delicados y en la comuna 6, porque la zona noroccidental tuvo el año pasado muchos episodios donde los niños eran las principales víctimas”, explicó Ramírez Adárve.
Otra situación complicada se vive alrededor de las instituciones educativas de la ciudad. Según Iván Ramírez cuando un colegio necesita que la policía entre a requisar a los jóvenes, porque están llevando armas o droga, se evidencia es que “la escuela perdió autoridad y la situación no se debe mirar por separado, sino que debe revisarse todo el significado cultural y simbólico que eso trae.”
Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental señaló que otro tema grave es la crisis del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia. “No hay cupos, no hay instituciones especializadas, los funcionarios no están trabajando en el tema, entonces ellos –los delincuentes- saben que es un encarte conducir a un pelado. Para un comandante de policía o para un alcalde conducir a un menor de 18 es lo peor que les puede pasar, porque no tienen centro de tránsito entonces les toca pagar un hotel hasta que los lleven a la pola, que ya no tiene cupos.”
Adiocionamente, Santiago Londoño reveló que “principalmente en las BACRIM, el 85% de los detenidos tienen entre 18 y 25 años. Los viejos son muy pocos y ya están en otro lado: son los lavadores, los negociadores del oro y los que tienen contacto con los negocios, pero no son los que extorsionan o los que matan.”
Sobre las funciones que desempeñan los adolescentes en esas organizaciones, el secretario de Gobierno aclaró que dependen de la edad, “cuando son muy jóvenes casi siempre realizan labores de apoyo, movilidad, comunicación o esconden cosas, como armas o droga. Casi siempre empiezan por ahí. Cuando son mayores, desde los 16 años, empiezan a cuidar vías: les dan un celular, una moto y la labor de ellos es ir y venir para contar si va un policía o un carro sospechoso.”
Así mismo las edades promedio de vinculación dependen del grupo y la zona, “en el Área Metropolitana los combos vinculan niños y jóvenes desde los 13 ó 14 años; en las otras regiones suele ser desde los 16 años, principalemente en Nortesde y Bajo Cauca”, explicó el funcionario.
Pero en el país, según el informe del secretario general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, se comprobó que se reclutaban niños de apenas 9 y 10 años. Este informe se realizó entre enero de 2009 y agosto de 2011. Durante ese tiempo el equipo de tareas verificó 343 casos de reclutamiento y utilización de niños en 23 de los 32 departamentos colombianos.
FARC, ELN y bandas criminales protagonizaron casos en Antioquia
Según el informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las FARC reclutaron y amenazaron con reclutar niños y jóvenes en 121 municipios de 22 departamentos, el ELN en 55 municipios de 8 departamentos y las bandas criminales en 128 municipios de 23 departamentos.
Algunos de los casos de Antioquia, documentados en el informe, revelan que en febrero de 2011, al menos 13 menores fueron reclutados por las bandas criminales “Los Paisas”, “Los Rastrojos” y “Los Urabeños.” Ese mismo año, en el mes de mayo, 15 niños fueron reclutados por las FARC y 13 por el ELN en dos incidentes distintos.
Entre tanto en febrero de 2010, miembros de las FARC convocaron una reunión en una comunidad local de Antioquia, durante la cual realizaron un censo de niños e informaron a la comunidad de que volverían para reclutar a todos los niños mayores de 8 años. Además, según el informe, en el mes de abril, unos 30 niños fueron reclutados por “Los Rastrojos” y vendidos al ELN.
Otro incidente registrado ese año, con el mismo grupo guerrillero, ocurrió en octubre en la vereda El Pescado del municipio de Vegachí, donde cuatro maestros y 20 adolescentes, con edades entre los 14 y los 17 años, fueron retenidos por miembros del ELN que al parecer pretendían reclutar a los jóvenes.
Casos documentados también incluyen a la fuerza pública
Aunque la mayoría de los casos de vinculación o utilización de niños y jóvenes provienen de la guerrilla y las bandas crimnales, también se registraron situaciones en las que la fuerza pública usó menores de edad para recolectar información. Estas situaciones ponen en riesgo a los infantes y van en contravención del Código Penal de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley núm. 1098), según el informe de Naciones Unidas.
Uno de los casos documentados ocurrió entre los departamentos de Chocó y Antioquia, en mayo de 2009, cuando “12 niños, 2 niñas y 94 adultos, que habían sido reclutados por “Los Rastrojos”, se entregaron a las Fuerzas Militares de Colombia en Chocó y fueron trasladados a una base militar en Antioquia, donde se les retuvo durante 38 días.”
Por eso el informe de Naciones Unidas mostró preocupacón por “los casos en que los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia someten a interrogatorios a los niños (…) que han sido liberados por éstos o que han huido, así como el incumplimiento del plazo de 36 horas para entregar a los menores a las autoridades civiles, como establece la legislación nacional.”
Para evitar esas situaciones de utilización, que atentan contra los derechos de los niños y jóvenes y que involucran tanto a los grupos armados legales como ilegales, organizaciones estatales y no gubernamentales le apuntan a la necesidad de crear y fortalecer entornos protectores, para que los niños y jóvenes no continúen siendo vinculados al conflicto.
Familia, Escuela y Sociedad principales entornos protectores
La violencia social e intrafamiliar, la pobreza, la desescolarización y el desempleo, son algunas de las situaciones que hacen más vulnerables a los niños y jóvenes de ser reclutados.
Por eso la propuesta de la Gobernación de Antioquia, para este cuatrienio, le apunta a la educación, el deporte y los entornos protectores: familia, escuela y comunidad. La idea es fortalecer un programa de prevención, compuesto por 77 proyectos que se desarrollarán en el departamento.
Según el secretario de Gobierno, el principal problema está diagnosticado: “hay una fractura muy grande entre el bachillerato y la educación superior o el trabajo. Es decir un joven llega a 11 se gradúa, de ahí en adelante en muchas regiones es muy difícil encontrar que hacer. Opciones de educación superior casi no hay o son muy pocas, y el tema de trabajo casi siempre es trabajo informal, sea en una mina, donde además ya entran a decirles parte de este mundo es muy informal, o digamos en bares, donde generalmente también son muy sensibles a este fenómeno.”
El primer esfuerzo de las estrategias se concentrará en las familias, que según el funcionario, deben ser entornos protectores y no expulsores, para lo cual se fortalecerán la convivencia, el diálogo y los proyectos de vida. De igual forma se trabará en la escuela para que sea entorno protector y ayude a constuir ciudadanía; además se invertirá más en el deporte para aumentar el aprovechamiento del tiempo libre y para crear modelos de desarrollo.
Finalmente en las comunidades la Gobernación buscará identificar a los grupos de jóvenes que están desescolarizados o desinstitucionalizados para tratar de vincularlos en proyectos deportivos, culturales, productivos o educativos.
De igual forma, la Fundación Mi Sangre adelanta la campaña Soñar es un Derecho, la cual busca generar consciencia y construir comunidades activas que rechacen y prevengan esta problemática. Para eso se capacitará a los jóvenes, las familias y las comunidades, en temas de prevención, rutas de apoyo violencia ciudadana, ciudadanía digital, resolución pacífica de conflictos y no violencia.
Laura Rico, vocera de la fundación, informó que “la campaña tiene 3 públicos: uno son los jóvenes a los que les decimos usted tiene un inmenso poder transformador, usted es un gestor de vida y puede transformar las realidades; otro son los donantes y gobernantes a los que les decimos que prioricen políticas e inviertan recursos; y por último están la familia y la sociedad, a las cuales capacitamos y les decimos que si hay un solo niño o joven que hace parte de un grupo armado en algo hemos fallado.”
Inicialmente la campaña tendá una duración de tres años y se desarrollará en 14 municipios de siete departamentos. En Antioquia cubre a Medellín, San Carlos, Valdivia, Tarazá, San Luis, Cocorná, Granada y Marinilla; en Bolívar a Cartagena; en el Meta a Villavicencio; en el Valle a Calí; en Nariño a Pasto; en Norte de Santander a Cúcuta; y en Cundinamarca a Bogotá.
Lo fundamental en este tema es comprender que la responsabilidad con los niños y jóvenes es un trabajo de todos, por eso la familia y la escuela, la sociedad deben ser espacios protectores que les brinden seguridad y oportunidades de superación a la población infantil, para restarles posibilidades a los grupos armados que pretendan utilizarlos.
