Mientras el Gobierno Nacional trata de contener la crisis de la salud anunciando nuevas medidas, como la inyección de 1,2 billones de pesos al sistema, el saneamiento de la deuda y el incremento de los controles a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS); las organizaciones médicas y sociales piden a gritos que no se hagan más esfuerzos en vano y que de forma radical se derogue la Ley 100 para crear un modelo totalmente nuevo.
En los últimos días el clamor de las agremiaciones médicas y de miles colombianos tuvo eco en el Congreso de la República, donde algunos congresistas le solicitaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que presentara una reforma total a la Ley 100 de 1993, antes de que el sistema entre en una crisis mayor.
Y es que según la Mesa Interinstitucional por la Salud de Antioquia, de poco han servido las medidas de control a las EPS, las investigaciones por corrupción, la homologación del Plan Obligatorio de Salud (POS) y las reformas, entre ellas la Ley 1438 que modificó la Ley 100 hace sólo un año.
Para Fabio Alberto Henao Acevedo, miembro de la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS), seccional Antioquia, un problema esencial es que el modelo está basado en la rentabilidad y en atender la enfermedad más que en prevenirla. De ahí que, en algunas ocasiones, las EPS restrinjan la atención a los usuarios y la prestación de los servicios más costosos.
“Ahora el problema es que los pacientes no son de los médicos sino de los aseguradores. Entonces uno emite lo que hay que hacer con el paciente y escribe la fórmula o la orden, pero tiene que esperar la autorización. Por esa vía viene todo lo que significa, desde la salud pública, la mortalidad o el agravamiento de muchas enfermedades por falta de atención oportuna. Eso lo está haciendo el aseguramiento y en eso todos los colombianos seguimos siendo testigos cómplices, aún no hemos podido lograr que esto se vuelva una ola de inconformidad para tratar de voltear este sistema.” Expresó Henao Acevedo.
Según ASMEDAS, el modelo encabezado por las EPS fracasó para la mayoría de la población, dejando problemas de acceso a los servicios médicos, cooperativas de trabajo camufladas como falsos sindicatos y un inmenso desfalco de los dineros de la salud. Sólo en Antioquia la Contraloría General de la Nación denunció que estarían perdidos 83 mil millones de pesos, girados en 2010 a Medellín, Turbo, Itagüí y Caucasia para la atención del régimen subsidiado. De estos recursos 80 mil 22 millones corresponden a la capital antioqueña.
Gloria Patricia Gallo Cuartas, fiscal del sindicato de la E.S.E Metrosalud, ASMETROSALUD, manifestó que “para nadie es un secreto que la seguridad social en salud fracasó porque está basada en la ganancia y el mercado”; y agregó que por eso las agremiaciones médicas y sociales promueven “la creación de un nuevo modelo de salud, donde el garante sea el Estado y los recursos se giren directamente para acabar la intermediación."
De acuerdo con Sol Ángela Hoyos, integrante de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), ese nuevo sistema debe partir de un concepto integral de salud y construirse con todos los actores de la sociedad. “Pensamos que la propuesta también debe salir de la gente del común, no solo de los académicos y del Estado. La pregunta es ¿cuál debería ser el modelo de protección social en Colombia? Y no es solo salud y enfermedad, porque la enfermedad es el negocio; se trata es de una salud que permita tener todas las condiciones de educación, vivienda, alimentación y trabajo para que la gente tenga una vida digna.”
Sol Ángela agregó que también se debería replantear el mecanismo de los aportes, “para garantizar una atención pública y equitativa para toda la población, independiente de que la persona tenga o no un empleo formal, como ocurre en este momento, para que tenga el derecho universal de una atención como se la merece todo ciudadano.”
Mientras se planea este nuevo modelo, ASMEDAS propone crear una EPS pública que sirva como mecanismo de transición mientras se eliminan los intermediarios. De esta forma un solo pagador les giraría los recursos, a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para la atención de los usuarios.
La EPS pública sólo sería una herramienta transitoria, porque la meta final es lograr un sistema de giros directos del Estado a las IPS. Así lo explicó Fabio Henao: “desde la Mesa Intersectorial por la Salud de Antioquia decimos que el intermediario debe desaparecer, como ocurre en el magisterio; el magisterio no tiene intermediario, el Estado paga, lo mismo pasa con las fuerzas militares y con los parlamentarios. Entonces por qué el pueblo tiene que tener un intermediario si toda la bolsa la está recogiendo el Estado.”
Gloria Patricia Gallo agregó que “la salud como Derecho Fundamental, debe ser garantizada por el Estado a través de los hospitales públicos y lo que no se pueda a través de los privados.” Pero para lograrlo primero hay que rescatar de la crisis a la red hospitalaria.
Algunas complicaciones de la red pública hospitalaria
Varios casos de malas administraciones y una millonaria cartera de las EPS con los hospitales públicos, son dos situaciones que tienen a la red pública hospitalaria del país al borde del colapso. Sólo en Antioquia, según cifras de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA), la deuda ascendería a más de 400 mil millones de pesos.
El déficit financiero obliga a los hospitales a negar servicios por la falta de insumos y a retrasar los sueldos de sus empleados, enfrentando continuos ceses de actividades. En ese afán por resolver las constantes crisis económicas, estas instituciones pierden capacidad de atención y retrasan su posibilidad de mejorar procesos y adquirir nuevas tecnologías.
Otra situación lamentable, para Fabio Henao, es la desarticulación de la red pública hospitalaria y la fragmentación de la atención “originadas por los intereses privados que siempre buscan bajar costos. Hoy pasa que a un paciente de Bello lo van a operar a Caldas o Rionegro porque su aseguradora contrató más barato allá. Eso es indigno y violatorio de las más mínimas condiciones de la atención que debe tener todo ciudadano.”
Ese ideal de mayor rentabilidad también ha derivado en lo que el líder de ASMEDAS denominó “la mirada privatizadora”, la cual orientaría las inversiones hacia servicios de mayores ingresos, como bancos de órganos, trasplantes, unidades de cuidados intensivos y cirugías de alta complejidad.
Henao Acevedo manifestó que “el San Vicente siempre funcionó con recursos públicos y ahora es un hospital que habla de superávit de 5 mil y 6 mil millones anuales, al punto que construyó una súper estructura en el oriente bajo el postulado de potenciar los clúster. O sea que hoy le interesa más a la administración cómo atendemos a los extranjeros y no cómo atendemos a nuestra propia gente. Prueba de eso es que lo hacen al lado del aeropuerto internacional José María Córdoba para permitir que eso fluya hacia un mercado supuestamente internacional.”
Pero mientras el San Vicente se expande, otros hospitales de Antioquia difícilmente logran subsistir. De ahí que el mayor reto de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia sea potenciar la red pública hospitalaria que resultó afectada por el sistema, según Fabio Henao. “Ese fue el gran desmonte. Cómo es que hoy el Hospital de Apartadó todavía le debe plata a la gente, un hospital que fue referente para Urabá. Lo mismo el de Yolombó y muchos otros; algunos hasta en manos de paracos y gentes oscuras. Cómo dejan caer el hospital de Caldas, en vez de fortalecerlo como sitio de referencia para la zona del sur.”
Puesto que el deterioro de las instituciones públicas viene de tiempo atrás, las agremiaciones de la salud han hecho algunas propuestas para enfrentar la situación. Entre esas Fabio Henao destacó la idea de “canalizar las bolsas departamentales y organizar las redes de atención como se hacía en el anterior sistema nacional de salud, donde en el hospital local atendía desde lo territorial hasta lo local y la persona iba ascendiendo de acuerdo a la complejidad de su enfermedad y no al interés económico de su asegurador.”
El médico de ASMEDAS concluyó que la delicada situación de la red pública hospitalaria persiste porque el Estado no ha sido fuerte defendiendo a sus instituciones oficiales y llamó la atención por el caso de la red Metrosalud en Medellín, la cual lleva varios años en crisis.
El caso de Metrosalud en Medellín
Una cartera de 43 mil millones de pesos y un déficit de 20 mil millones atormentaron a la E.S.E. Metrosalud al finalizar el 2011. Hoy a mediados de 2012 la situación no ha variado mucho. La cartera de la entidad aún asciende a los 43 mil millones de pesos, de los cuales el 60% es difícil de recuperar, y el déficit aumentó a 23 mil millones, con una ejecución presupuestal del 95%.
La agudización de la crisis financiera de Metrosalud se debe, en gran parte, a que varias EPS que administraron el régimen subsidiado en Medellín salieron de la ciudad debiéndole millonarias sumas a la institución. Algunas de esas entidades hoy están intervenidas o en liquidación y sus pagos aún no llegan. Sólo Emdisalud le adeuda cuatro mil millones de pesos a esta red hospitalaria.
Aunque el gobierno nacional se ha comprometido a gestionar la cancelación de esos dineros, hasta la fecha no se han visto resultados positivos y quiénes continúan cargando con el déficit son los usuarios y los empleados de Metrosalud, como afirmó Gloria Patricia Cadavid, presidenta de ASMETROSALUD.
“Tenemos proveedores a los que les debemos hace más de un año y por eso están empezando a limitar servicios. Entonces los que quedamos mal ante los usuarios somos nosotros. O sea, si un usuario no se atiende bien y se le dice que no hay medicamentos, lo que dice es que Metrosalud y los funcionarios no servimos, pero nunca se enfrenta al gobierno y la Alcaldía o quienes no nos dan lo que necesitamos para fortalecernos.” Expresó Gloria Cadavid.
En este momento los más afectados por la situación de Metrosalud son 290 empleados, entre ellos 110 médicos, cuyos contratos vencen el próximo 31 de julio y al parecer no van ser renovados. La decisión pone nuevamente en riesgo la atención de unos 700 mil usuarios y complica más la viabilidad de esta red hospitalaria.
Así lo manifestó Gloria Gallo, fiscal de Asmetrosalud, quien reveló su temor por el futuro de la institución. “Tener a Metrosalud hoy en pie es una demostración de ejemplo de Medellín, que desde sus diferentes gobernantes ha pensando que la salud pública debe ser garantizada a través de la red pública y para eso ha generado recursos año tras año. Ahora entonces nuestra pregunta es qué pasará mañana con Metrosalud. Que lo cierren significa para la población muchas dificultades.”
Y es que Metrosalud hoy cuenta con 53 puntos de atención, de los cuales 42 son centros de salud y nueve son unidades hospitalarias que prestan servicios de urgencias las 24 horas. Por esa razón la Mesa Interinstitucional de la Salud por Antioquia, ha insistido en el fortalecimiento de esta entidad que atiende el primer y segundo nivel; y que articulada al Hospital General, con tercer y cuarto nivel, conforman una red hospitalaria competente para la ciudad.
Pero al parecer, mientras exista el modelo de Ley 100, son pocas las posibilidades de rescatar de la crisis a los hospitales públicos, por eso Gloria Gallo insistió en que es indispensable crear un nuevo sistema de seguridad social y consolidar “unas redes hospitalarias que le sirvan a las necesidades de la ciudad y no a los empresarios o mercaderes de la salud.” De ahí su compromiso de luchar por la salud como derecho fundamental.
Plantón y consulta popular por un nuevo modelo de salud
Con manifestaciones pacíficas en diferentes ciudades del país la campaña nacional Salud y Seguridad Social: Derecho Fundamental, clausuró la consulta popular La Octava Papeleta: Voz y Voto por tus Derechos, a través de la cual diferentes organizaciones médicas y sociales buscan derogar la Ley 100 de 1993 para promover un nuevo modelo de salud y seguridad social en Colombia.
El ejercicio de participación ciudadana se realizó en nueve departamentos del país, donde se recogieron las firmas de 73 mil 738 personas -consolidado preliminar-, en rechazo al actual sistema de salud. En Antioquia la consulta se desarrollo en 10 municipios y su clausura se realizó en el Parque de las Luces. Allí fue leído el manifiesto nacional construido por las agremiaciones que participan en la campaña.
El pronunciamiento contiene tres puntos esenciales: “la petición de derogar la Ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2008 y la ley 1438 de 2011; la ratificación del Derecho Fundamental a la salud y la seguridad social; y la entrada en vigencia de un sistema de salud y seguridad social público y sin intermediarios.”
Esta campaña se viene desarrollando desde el 2010 y su principal exigencia es derogar la Ley 100 para acabar con la intermediación de las EPS y exigirle al Estado que garantice la salud como derecho fundamental. La meta es crear un modelo universal, equitativo, con calidad, oportuno, público y gratuito, como el que soñamos la mayoría de los colombianos.
