¿Hasta cuándo serán desaparecidos?

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“Debido a la desaparición de mi compañero yo he estado en tratamientos psicológicos y psiquiátricos al igual que mi hijo menor, Carlos Andrés. A él ese día el papá le dijo que lo acompañara al INEM, pero el niño le dijo: ‘no papá váyase usted solo’. Tres años después Carlos Andrés reventó. Decía que si él hubiera ido no se habrían llevado a su papá o se los habrían llevado a los dos; y que él preferiría eso, que se los hubieran llevado a los dos, a vivir la vida que tenemos ahora, porque la depresión uno no la puede controlar, así tome la droga psiquiátrica que sea, eso lo ataca a uno de un momento a otro.”

El drama de Cruz Amparo Zapata representa el de decenas de víctimas que, con cartel y retrato en mano, marcharon por las principales calles del centro de Medellín el pasado 30 de agosto, cuando se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Cruz Amparo es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Ella va a ajustar 10 años buscando a su compañero Omar de Jesús Correa Isaza, desaparecido el 20 de noviembre de 2002, cuando fue visto por última vez cerca de la estación Acevedo del Metro de Medellín.

Ese día Omar se dirigía al Metro para viajar hasta el colegio INEM del barrio El Poblado, donde estudiaba su hijo Carlos Andrés, con el propósito de solicitar una prórroga de pago de la pensión estudiantil, porque él y su esposa se encontraban desempleados. “Esta es la hora que no se sabe nada de él –expresó Cruz Amparo-. A mí me tocó ir tres días después al colegio para informar que lo habían desaparecido y para pedir un nuevo formulario de prórroga.”

Desde que desapareció Omar, Cruz Amparo tuvo que empezar a trabajar como empleada doméstica para sostener a sus tres hijos, Carlos Andrés, entonces con 11 años; Pablo, con 15; y Gabriel con 20. Luego Gabriel se casó y Pablo comenzó a laborar como mensajero para ayudar con los gastos del hogar y para costearle los estudios a Carlos Andrés, quien ahora cursa cuarto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia.

Y aunque en la actualidad el panorama ha cambiado un poco la familia Correa Zapata aún sufre el tormento de no saber dónde está Omar. “Van casi 10 años y hasta el momento no se sabe nada. Por eso yo estoy marchando para reclamar Verdad, Justicia y Reparación Integral”; expresó Cruz Amparo mientras enseñaba el cartel negro con la foto de su esposo: un hombre trigueño, de cabello ondulado, nariz achatada, cejas pobladas y ojos rasgados.

Como Cruz Amparo, decenas de víctimas marcharon en Medellín exhibiendo retratos con los rostros de sus parientes desaparecidos, portando mensajes de rechazo a la desaparición forzada y agitando figuras humanas, hechas en cartulina negra, como símbolo del incesante duelo que origina la ausencia de los seres queridos cuando no se sabe que ocurrió con ellos.

“La marcha fue una manera de continuar visibilizando la problemática de la desaparición forzada y la  impunidad que está rondando a la mayoría de estos crímenes, porque las investigaciones definitivamente no avanzan”, expresó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana María Uribe Tirado.

La jurista reveló que “el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado calcula que en Colombia hay más de 50 mil casos de desaparición forzada. De hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que abrió la base de datos para ese delito desde el año 2008, ya tiene casi 40 mil casos registrados. Este es un problema gravísimo que el país no ha dimensionado y sobre el cual hay mucha indiferencia.”

En Antioquia, de acuerdo con las cifras del Grupo de NN y Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, reveladas por la Gobernación Departamental, se registraron 4 mil 845 casos de desaparición entre enero de 1990 y agosto de 2012. De esa cifra, 949 personas fueron halladas vivas y 303 muertas. Este año, entre el primero de enero y el 22 de agosto, se han reportado 355 casos de personas desaparecidas.

Y aunque dada la magnitud del problema, el Gobierno creó la Unidad Nacional de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado, la cual tiene fiscales delegados para estos delitos en varias zonas del país, el panorama sigue siendo desolador. “En esa unidad apenas hay 23 fiscales que tienen a su cargo cerca de 30 mil investigaciones de desaparición y desplazamiento forzados. La pregunta es ¿cuándo van a investigar 30 mil casos?, de los cuales unos 16 mil corresponderían a desaparición forzada”; indagó Liliana Uribe.

Por eso durante la marcha en Medellín las víctimas exigieron celeridad para resolver todos los procesos de desaparición forzada en el país y especialmente los casos que involucran a miembros de la fuerza pública.

“Por casos como el del general (r) Santoyo ¡NO! al fuero militar”

“’General’ Santoyo: ¿dónde están Ángel Quintero y Claudia Monsalve? Por casos como este no al fuero penal militar” Así se leía en una de las pancartas que encabezó la movilización del Día Internacional del Detenido Desaparecido realizada en Medellín.

El reclamo involucra al general (r) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco, quien recientemente fue extraditado a Estados Unidos, donde la corte Este de Virginia lo solicitó por el delito de conspiración, acusándolo de nexos con grupos de narcotráfico y de autodefensas.

Lo paradójico es que en Colombia, el general Santoyo fue absuelto de los procesos adelantados en su contra, los cuales además de presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares, también incluían acusaciones por violaciones a los derechos humanos, al parecer producto de interceptaciones ilegales realizadas por el Gaula de Antioquia durante la época en que el oficial comandó esa institución.

En total habrían sido 1.808 interceptaciones ilegales, según pudo establecer en su momento la agencia de prensa del IPC, realizadas en su mayoría a integrantes de organizaciones sociales, líderes de oposición y defensores de derechos humanos.

Las consignas que se escucharon en la marcha exigieron que el general Santoyo responda ante la justicia colombiana y que diga lo que sabe sobre la desaparición de Ángel y Claudia, quienes eran activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y fueron vistos por última vez el 6 de octubre del año 2000, cerca de la estación San Antonio del Metro de Medellín.

En días pasados el coordinador de ASFADDES en Medellín, Javiera Barrera,  expresó que en Colombia “se deberían reabrir los procesos por interceptaciones ilegales que dieron como resultado la desaparición forzada de Ángel y Claudia, quienes al parecer fueron detenidos por hombres del Guala cuando el general Santoyo era comandante de esa institución.”

Para Liliana Uribe, el caso del general (r) Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, sería una muestra de que la justicia colombiana avanza muy poco en los crímenes que involucran a funcionarios del Estado. Por eso, en la marcha por los desaparecidos también se rechazó la posible reforma al Fuero Penal Militar, la cual podría dificultar aún más el esclarecimiento de las desapariciones que implican a miembros de la fuerza pública.

“Yo creo que uno de los elementos por los que se está promoviendo la reforma al fuero penal militar se debe, no a la preocupación de que se condene a soldados rasos por falsos positivos, sino a la preocupación de que la Justicia logre llegar a funcionarios de alto nivel. Ahí es donde el Estado necesita proteger a los militares de alto rango. En ese contexto es en el que nosotros vemos el tema de la reforma al Fuero Penal Militar”, explicó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Liliana Uribe agregó que los crímenes de desaparición forzada “generalmente se asocian con estructuras militares y paramilitares, por lo que no tienen la suficiente relevancia social y mediática. (…) Entonces la sociedad y los medios de comunicación tienen un déficit grandísimo con las víctimas de desaparición forzada, en términos de visibilizar el drama que eso representa para ellos y de develar que hay detrás de este flagelo.”

Justamente la desaparición de Omar de Jesús Correa, habría sido producto de una persecución política, según afirmó Cruz Amparo Zapata, al explicar que en 1988 su compañero era vicepresidente del sindicato de Cementos Nare y, al  parecer, fue víctima de un complot mediante el cual lo detuvieron en la cárcel de Puerto Nare, acusándolo de atentar contra el escolta que le había asignado la policía.

“A Omar lo tuvieron detenido ocho días pero la intención era desaparecerlo. Eso no ocurrió porque los del sindicato y yo nos quedamos en la puerta de la cárcel para no dejarlo desaparecer. Es que así hicieron allá con un compañero de Cementos Nare, Víctor Isaza. A él, hace casi 25 años, lo sacaron de la cárcel y lo desaparecieron”; relató Cruz Amparo.

Luego de ese incidente la familia Correa Zapata se desplazó hacia Medellín desde el corregimiento La Sierra de Puerto Nare. Sin embargo, “15 años después quienes perseguían a Omar lograron el objetivo acá en la ciudad”, aseguró Cruz Amparo quien, con voz entrecortada y ojos lagrimosos, dijo que si al menos le dijeran donde está su compañero iría por él para darle cristiana sepultura y de esa forma acabar con la incertidumbre que le atormenta la vida.

“Cuando vengo a estas marchas siento mucha tristeza, mucha impotencia y mucha angustia, de ver que todos estamos luchando por una misma causa y no encontramos la verdad”, se lamentó Cruz Amparo.

 

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