En vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar información

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 Instituto Popular de Capacitación – IPC

Comunicado a la opinión publica

03 de septiembre de 2012

 

En vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar información

Con el presente comunicado las directivas del Instituto Popular de Capacitación rechazan el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos.

En las horas de la mañana del lunes 3 de septiembre, nos percatamos de que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más, donde se concentra información sobre derechos humanos de nuestro observatorio, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet.

El IPC condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación haya sucedido en la víspera de la audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante, en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro. A lo cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra institución, luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de Derechos Humanos lo que generó su  exilio en el año 2000.

Se presume que en virtud de sus relaciones con grupos ilegales, en este caso con la banda “La Terraza”,  el General (r) de la Policía, Mauricio Santoyo Velasco, haya participado en estos delitos cometidos contra el IPC. Más si se tiene en cuenta que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, acusa al general Santoyo del delito de conspiración, sindicándolo de nexos con narcotraficantes y paramilitares, a los cuales al parecer les filtraba información que obtenía a través de las interceptaciones ilegales.

Por lo cual permite colegir el origen de la incursión a la sede principal del IPC, el artículo publicado por el diario El Tiempo, titulado “Cinta enreda a hermano del general Santoyo”, en su edición del día domingo 2 de septiembre del presente año, pagina 7, de la primera sesión. Uno de los párrafos de esta publicación dice lo siguiente: “… Y aunque a EEUU no ha llegado la cinta, si tienen la versión del juzgado. Coinciden plenamente. Además, vamos a entregar la grabación a la fiscalía, para que verifique su autenticidad y, de haber merito, se revivan esos procesos”, dice una ONG de derechos humanos de Medellín.

Es nuestro deber aclarar que siendo nosotros una ONG de derechos humanos de Medellín, no disponemos del original ni de copia alguna de la citada cinta. Sin embargo inferimos que el asalto a nuestra sede tiene relación directa con lo dicho en el artículo de El Tiempo, dado que en los últimos meses el IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.

Es cada día mas evidente el juego de diversos actores legales e ilegales en la perpetración de este tipo de actos delincuenciales dirigidos a mantener la impunidad de lo acontecido en las dos ultimas décadas, configurando lo que el Fiscal general de la nación denomina el aparato organizado de poder, línea doctrinal demostrativa de la cooptación de entidades del Estado por parte de la delincuencia organizada, lo que claramente se configura con este asalto a la sede del IPC.

Por lo anterior enviamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actos y exigimos de las autoridades competentes los niveles de garantía para continuar ejerciendo nuestra labor de defensa y de lucha contra la impunidad.

El igual sentido, invocamos el acompañamiento y la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional para rechazar estos actos que vulneran las acciones  de las organizaciones de derechos humanos en Colombia.

 

 

 

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACION  IPC

JUNTA DIRECTIVA 

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