El mito de la pacificación en la comuna 13, tras 10 años de la Operación Orión

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En esta época hace diez años estábamos viviendo un horror

y ahora estamos viviendo un terror porque no ha cambiado

y se agudiza más porque no hay esperanzas.

(Líder Social de la Comuna 13)

 

Diana Barajas V

Yesid Osorio Correa

Yhobán Camilo Hernández

 

Los que crecimos en la ciudad de Medellín sabemos que la Comuna 13 se hizo visible para el común de la ciudadanía hasta hace muy pocos años. Poco se sabía de la historia de poblamiento de estas laderas, de la extrema pobreza y mucho menos se entendía la marginalidad que en ese lugar se sufría. Era éste un territorio de exclusión que estuvo velado para quienes gozaban de algún nivel de integración a la ciudad.

 

Fueron los horrores de la guerra los que hicieron poner las miradas en este territorio, como en otros tantos territorios que no ha logrado controlar efectivamente el poder público. El origen de la Comuna 13 se remonta a la década del setenta, cuando principalmente por efecto de la guerra, llegan del campo a la ciudad corrientes de población de diferente procedencia, las cuales experimentaron tempranamente formas de integración vecinal pero no compartían mayores referentes de integración a la ciudad y mucho menos a la nación.

 

La Comuna 13 nace como un territorio de refugio y de exclusión, como un territorio propicio para la inserción de otros órdenes diferentes a los de un Estado ausente durante décadas. “Yo fui fundadora de esas invasiones, fue muy dura al principio porque vino gente de muchas partes. Los primeros años fue muy difícil porque nos robaban hasta la comida, la ropita… era mucha delincuencia común. Eso fue en el 79, 80, 81 hasta como el 84, 85. Venía gente hasta de otros pueblos […], venia gente de Urabá, gente del centro de Medellín que era delincuencia común, gente del Chocó. […] Al principio comenzaron a sacarnos, pero como el ejército cometió un asesinato, entonces le bajaron el volumen. [Eso] fue en el 79, fueron a sacar a un señor, llegó el ejército y un señor se enojó y uno del Ejército le disparó y lo mató, pero como era un asesinato del Ejército se quedaron callados y no volvieron a molestarnos para que no se hiciera la denuncia, para que no fuera a ser tan evidente el asesinato por parte del Ejército. Ahí fue cuando nosotros pudimos meternos sin que nos hicieran nada porque sentían miedo de una demanda, de una denuncia de ese asesinato. Fue en el 79 en Independencias II”[1], relata una habitante de la Comuna.

 

Así, los acercamientos del poder público a este territorio comienzan una trayectoria desafortunada que pervive hasta nuestros días. La debilidad institucional ha sido la expresión más destacada en los estudios sobre violencia que ha dado cuenta sobre la ausencia del Estado. “Cuando la soberanía permanece en vilo, en arcos de tiempo prolongados, la ciudadanía se torna virtual y los derechos de todos se hacen precarios y vulnerables. El ciudadano corriente sabe que no puede esperar que la autoridad actúe de manera eficiente y de acuerdo con la ley si algún derecho le es violado o si es víctima de algún delito. Librado a sus propias fuerzas, el ciudadano tomará decisiones privadas y pragmáticas buscando la justicia por mano propia o la protección de algún poder armado que le ofrezca una seguridad precaria y transitoria pero que valora como más eficiente y expedita. En suma, actúa de acuerdo con los órdenes alternativos de hecho y no con referencia a la ley o al orden institucional”[2].

 

Al indagar sobre esas primeras manifestaciones de delincuencia común en la Comuna 13 de Medellín finalizando los años setenta y entrando la década del ochenta, emergen los relatos sobre esas decisiones “privadas y pragmáticas” a las que se vieron empujados habitantes del sector. “Varios señores se empezaron a armar y empezaron a asesinar a los ladrones entonces ya todo se empezó a poner tranquilo”[3]. Pero tomar la justicia por la propia mano finalmente no instauró un orden alternativo de hecho, como sí lo hiciera la presencia de las milicias en la zona. “En algunos de los testimonios recogidos se relata que, en sectores muy concretos de estos barrios y de manera puntual, se presentaron iniciativas organizadas de autodefensa, las cuales no se sostuvieron debido a las reservas que se suscitaron con motivo de abusos y extralimitaciones en el tratamiento de los conflictos. Ese mismo contexto guarda correlación con la formación de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), esto es, de grupos milicianos independientes e integrados por habitantes de la misma zona, que surgieron con la intención de contrarrestar las acciones de las bandas delincuenciales; su presencia fue legitimada por algunos sectores pues llegaron a constituirse en un referente de seguridad. Más tarde incursionaron grupos milicianos articulados a organizaciones insurgentes, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”[4] .

 

Este desconocimiento de facto de la soberanía estatal pronto se traduciría en el reconocimiento simbólico de otros órdenes. En estos contextos, los grupos armados consiguieron el agrado de sectores de la población, “la gente los aceptaba porque era la ley de ellos”, y comenzaron a intervenir en la resolución de conflictos familiares y vecinales a través de un ejercicio de autoridad sustentado en el poder de las armas, lo que representaba sanciones desde trabajo comunitario ejemplarizante hasta la muerte o el destierro cuando se saltaban los parámetros establecidos precisamente por “la ley de ellos”. Pero estas prácticas, traducidas en aquel momento como la escenificación del conflicto armado nacional en la ciudad, hicieron de la Comuna 13 de Medellín además de un territorio de exclusión y de refugio, un territorio de confrontación. Se delimitó una territorialidad que empezó a reconocerse por “estar tomada por la insurgencia”. Nombrar este territorio de tal forma, contribuyó a delimitar una zona de conflicto dentro de la ciudad, a reforzar sentidos de identidad y diferencia, y a estigmatizar el conjunto de la población que allí habitaba. Asimismo, posibilitó y agenció la actuación de fuerzas paramilitares y de las fuerzas de seguridad del Estado a través de operaciones militares.

 

Otro habitante de la Comuna 13 que dio su testimonio, cuenta que el sector donde él creció fue dominado en su mayoría por las organizaciones subversivas que para ese tiempo había en este territorio: las FARC, el ELN, los Comandos Armados del Pueblo y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo. En ese entonces había normas claras de convivencia y quienes no las cumplían eran castigados por estos grupos. “Por ejemplo las afectaciones de la guerrilla en la población se daban con las prácticas punitivas; que si consume droga se abre o lo matamos, si roba lo mismo. Ya entrado ese periodo de confrontación fuerte, la comunidad se vio muy afectada por los enfrentamientos, el desplazamiento y la desaparición. Pero eran prácticas tanto de la guerrilla como de los paramilitares y la fuerza pública”[5], relató el poblador.

 

El recrudecimiento del conflicto hizo que los grupos guerrilleros intensificaran su acción militar y fortalecieran sus filas con guerreros traídos de otras regiones. Según recordó este morador, “la guerrilla tenía unas 600 personas. Eran mucha gente. Y había unos que eran del territorio y otros que venían del monte. Por ejemplo a nosotros nos tocaba ver llegar camiones llenos de guerrilleros, yo no sé por dónde entraban pero llegaban. Y subían con camuflado.”[6]

 

Para ese tiempo la subversión estaba consolidada en 12 barrios de la comuna 13, con una presencia fuerte del ELN en los barrios 20 de Julio y El Corazón; las FARC en el sector de Zonitas y las milicias populares en barrios como Las Independencias, Nuevos Conquistadores, Belencito y Villa Laura.

 

Pero la entrada de los paramilitares obligó a los guerrilleros a replegarse en algunos sectores. Este habitante relató que en el 2002 el conflicto se concentró en las zonas guerrilleras y se originó “una propuesta más abierta de reclutar jóvenes del sector pero también de traer gente de zonas rurales. Por ejemplo yo nunca los había visto entrenar, sólo en el 2002, cuando ya se tomaron las canchas para hacer polígono y ese tipo de cosas. Además empezaron a montar trincheras dentro del barrio”[7]

 

La entrada de los paramilitares a la comuna 13 habría ocurrido por los sectores de La Loma, San Cristóbal y La Gabriela. Así como por los barrios Juan XXIII, Blanquizal y La Divisa, que fueron abandonados por los subversivos para concentrarse en las zonas donde eran más fuertes, como Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Corazón, Belencito y Villa Laura.

 

Así lo explicó este ciudadano, al revelar que después los paramilitares  “pasaron a la parte alta de La Escombrera y El Corazón. Entonces fueron cercándolos, pero en últimas los paramilitares no pudieron entrar porque en términos de fuerza la guerrilla era más poderosa. Nosotros veíamos cómo estaban organizados, el armamento que tenían y también el tipo de combatientes que tenían: en un tiempo vimos por ejemplo, en los comandos de las FARC, a unos animales de 2 metros de alto; gente que militar e ideológicamente estaban muy preparados”[8]

 

La identificación y el reconocimiento, tejidos sobre la experiencia del abandono y la exclusión, hicieron implosión con la entrada del paramilitarismo a la Comuna. En un contexto de disputa territorial restar respaldo, simpatías o lealtades al proyecto insurgente representó la construcción de otra imagen sobre la población. A través de mensajes en muchas ocasiones errados, el paramilitarismo señalaba a la población de ser su informante, en consecuencia, supuestamente rotos los códigos de subordinación a los órdenes insurgentes de hecho, sobrevino la sanción, “resulta que en el 2000 comienzan a cometer ellos muchos asesinatos porque se les metió el síndrome de que todos eran denunciantes y que todos estaban trabajando con el paramilitarismo”[9].

 

Por lo tanto, los habitantes de la Comuna 13 de Medellín comenzaron a verse subordinados bajo dos órdenes claramente identificables con capacidad de sanción: el orden del paraestado y el orden del contraestado. Sin embargo, con la irrupción de las Fuerzas Legales del Estado en el año 2002 a través de las operaciones militares, este escenario se complejizó aún más. Si bien la identificación y el reconocimiento entre pobladores e insurgencia ya se encontraban debilitados, la Fuerza Pública llegó como un ejército de ocupación a un territorio enemigo y sus habitantes fueron vistos como adversarios potenciales. En últimas, este tipo de intervención contribuyó a reforzar las diferencias con lo institucional e incrementó la desconfianza y el temor.

 

“La Operación Otoño se realizó [en la Comuna 13] el 24 de febrero de 2002 por la Policía Militar, la Cuarta Brigada, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Departamento Administrativo de seguridad (DAS). Se capturan 42 supuestos milicianos que pretendían celebrar los 6 años de los CAP, según versión de la Policía. Se decomisan armas de fuego, municiones y prendas privativas de la fuerza militar […].

 

La Operación Contrafuego. Se efectuó el 29 de febrero en el barrio Blanquizal. Participan 600 policías, 400 soldados y 63 fiscales. En la operación mueren 5 personas sindicadas de ser milicianas y se realizan 63 allanamientos y 31 capturas. Se descubrieron fábricas de armas de fuego y se decomisaron municiones y aparatos de comunicación […].

 

La Operación Mariscal se llevó a cabo el 21 de mayo [de 2002]. Los barrios directamente implicados fueron 20 de Julio, El Salado, Las Independencias 1, 2 y 3, y Nuevos Conquistadores. La operación comenzó a las tres de la madrugada y duró aproximadamente doce horas y media. Por parte del Estado participaron en el enfrentamiento: mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y funcionarios del CTI, la Fiscalía y la Procuraduría. Por la otra parte estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los grupos del ELN y los CAP. El saldo final: 9 personas muertas 37 heridas y 55 capturadas. Entre los actores estatales hubo 6 policías y 2 soldados heridos, y sin verificar, la muerte de 4 policías y 2 soldados […].

 

La Operación Potestad se realizó el 15 de Junio [de 2002], con allanamientos por parte de la Policía, la Fiscalía y el DAS, en residencias de la comuna 13. Murió un presunto miliciano y dos más fueron capturados. Se localizó una fábrica clandestina de uniformes […].

 

La Operación Antorcha. Se realizó el 20 de agosto [de 2002] en los barrios Las Independencias, El Salado, 20 de Julio y El Corazón. Se adujo, como razones de la misma, prevenir atentados y garantizar la seguridad en la Feria de las Flores. Muere un cabo, y son heridos 2 policías y 2 menores de edad; en total, 37 personas resultan lesionadas. Esta operación fue realizada en la madrugada, conjuntamente por la Cuarta Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana, la FAC, la Fiscalía y el DAS”[10]

 

Sin embargo, la más devastadora intervención militar estaba por venir. Con la actuación conjunta del paramilitarismo y los órganos de seguridad del Estado, y con la condescendencia de los órganos de control y de justicia, en la Comuna 13 de Medellín se ejecutó una fuerte intervención jamás desarrollada en una ciudad del país, de la cual, claramente se conoce su fecha de inicio y aún existen serias dudas de si ha llegado a su final.

 

“La Operación Orión comienza el 16 de octubre de 2002, por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los participantes por parte del Estado fueron más de mil uniformados del Ejército, la Policía, el DAS, e integrantes del CTI, Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, y ‘hombres y mujeres informantes vestidos de camuflados y encapuchados’. Tuvieron el respaldo de dos helicópteros Arpía de la FAC.

 

Se inicia en las primeras horas de la madrugada, con el descargue de tropa y con el acordonamiento de la zona, garantizando que ningún habitante pudiese salir de la misma. Las milicias sostuvieron posiciones durante las primeras horas, por fuerza de un sistema de trincheras que construyeron en el último año en una veintena de residencias abandonadas por la población civil. Al día siguiente, las fuerzas oficiales neutralizaron a los francotiradores y asumieron el control de calles y sectores, en sentido sur-norte, mientras que, con el apoyo del DAS, la Fiscalía y la Procuraduría realizaron más de 150 allanamientos y detuvieron (entre el 16 y el 28 de octubre) a 229 personas. Tras unas tres semanas de operaciones, el Ejército decomisó 22 fusiles, además de explosivos, granadas y munición de diferente calibre.

 

Según el reporte oficial, 3 militares y un oficial de la Policía murieron; cinco miembros de la segunda institución y nueve del Ejército resultaron heridos. Entre los grupos insurgentes actuaron integrantes del as FARC-EP, ELN Y CAP quienes, según los reportes oficiales, tuvieron 10 muertos en sus filas.

 

Los efectos entre la población civil fueron: 1 muerto, 38 heridos, 8 desaparecidos y 355 detenidos. De estos últimos, 170 personas fueron judicializadas; sin embargo, los restantes permanecieron por varios días privados de la libertad en calabozos. La Fiscalía abocó el conocimiento de los procesos relativos a los 170 judicializados, y al resolver la situación jurídica, ordenó la libertad de 88 de ellos. Para comienzos de 2007, sólo 2 personas habían sido condenadas”[11].

 

Con la toma de la Comuna 13 de Medellín se impone entonces un orden hegemónico sobre el territorio: el del paraestado. En consecuencia, la debilidad institucional pervivía bajo otras expresiones y se pondría en evidencia posteriormente con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Un año después de la Operación Orión, éste fue el primer bloque del país que realizó la dejación de armas en un acto simbólico que inauguraría una etapa del conflicto no solo en la ciudad sino en Colombia. Había logrado el control total de un territorio y en consecuencia, correspondía a las Fuerzas del Estado mantener dicho orden. Sin embargo, sustentada dicha estructura en el tejido delincuencial  y criminal del Valle de Aburrá, con la desmovilización solo logró retornar a sus orígenes, bajo ambiguas denominaciones y sucesivas fracturas internas, ante la pérdida del control hegemónico de su máximo comandante, jefe o patrón. En este escenario, el Estado nunca logró instaurar un dominio legítimo en territorios como el de la Comuna 13, ni mucho menos logró establecer lazos de confianza entre la ciudadanía y las principales instituciones que empezaron a hacer presencia permanente en el territorio: La Policía y el Ejército.

 

Actualmente, diez años después de ejecutadas las intervenciones militares en la Comuna, los testimonios de sus pobladores proporcionan la radiografía de un Estado ineficaz que tiene un control nominal del territorio, un Estado que no hace cumplir las leyes y que se encuentra atravesado por la corrupción y la captura criminal de sus fuerzas. Son la radiografía de unos territorios donde perviven y se acentúan formas de exclusión y donde la continuidad y multiplicación de actores armados ilegales, gestados en el paramilitarismo, ni siquiera son la expresión de un orden alternativo de facto sino la revelación de la ausencia de medios sociales y estructurales que permitan satisfacer  las necesidades culturales de nuevas generaciones que son hijas de la guerra.

 

“Quizás en el momento que estaban las milicias, la esperanza era que el Estado tomara posesión de una manera clara y real haciendo respetar nuestros derechos, pero ahora no sabemos quién nos puede auxiliar para que cambie, porque no ha cambiado; ¡es que no cambia, no ha cambiado! Y lo más triste es que vemos con más horror que son niños de seis o siete años los que ya tienen una mentalidad de  guerreros”[12].

 

 

Voces y visiones actuales de la Comuna 13

 

La finalidad de pacificar el territorio, idea en la que se sustentó la realización de las operaciones militares, no se ha cumplido diez años después. En el lugar hacen presencia grupos armados, siguen habiendo violaciones de derechos humanos y el conflicto, aunque minimizado por los organismos oficiales y los medios masivos de comunicación, sigue vivo y se ha transformado.

 

No existe una cifra que pueda dar cuenta de la cantidad exacta de grupos armados ilegales, bandas o combos delincuenciales que operan en la Comuna 13 de Medellín, lo cierto, es que frente a esta pregunta, los habitantes del sector que fueron entrevistados respondieron sin duda alguna: “Muchos”. Lo que sí queda claro es que en todos los barrios, que componen la comuna, existen agrupaciones ilegales de diferente tamaño y capacidad armada que coexisten con los diferentes contingentes de Policía y Ejército asentados de forma permanente en la zona.

 

Para una reconstrucción sobre lo que hoy por hoy sucede en la Comuna 13 de Medellín, se tejerán las vivencias y las experiencias de quienes habitan este territorio a través de diferentes relatos. Jóvenes y adultos, abrieron las puertas de su cotidianidad para narrar sus dolores, sus temores, sus luchas y sus esperanzas.

 

 

Todo está volviendo a los pasos de La Orión…[13]

 

Para una líder social y comunitaria que llegó en su adolescencia a poblar junto con su familia y las olas migratorias  de finales de los años 70, esta comuna en la zona centro occidental de la ciudad, “todo está volviendo a los pasos de La Orión, pero de una manera vista real, porque La Orión tuvo un tiempo que fue muy evidente y después se fue trabajando por debajo de la mesa”.

 

Volver a los pasos de la Operación en la Comuna 13 es una afirmación cargada de significados que fácilmente un ciudadano desapercibido no lograría descifrar o que fácilmente asociaría a acciones militares exitosas, como fuera difundida por medios de comunicación. Pero la otra versión sobre lo acontecido en la Operación Orión, muestra como una de las prácticas que silenciosamente hicieron carrera fueron las desapariciones forzadas. Un velo se tendió sobre estos hechos que se desarrollaron de forma selectiva y continuada durante y después del año 2002. Quienes posiblemente podrían realizar una denuncia, tal vez eran los familiares, “pero muchas veces ni los familiares denunciaban porque si denunciaban se tenían que ir del barrio”.

 

Lo alarmante es que esta práctica nuevamente parece incrementarse, con el agravante de que la Fuerza Pública es el actor al cual se señala como el presunto responsable de los hechos. Se ha observado que tras la realización de algunas capturas, los jóvenes detenidos no vuelven a aparecer en sus barrios o a contactar a sus familias, éstas entretanto, los buscan en las dependencias donde son remitidas como la Casa de Justicia de la Comuna o la Fiscalía, sin hallar respuestas sobre su paradero. “Lo digo porque hace… del domingo hasta ahora, hay un joven desaparecido de Independencias III. […] Hubo un ataque contra los policías y entonces empezaron a coger el que llegaba, el que veían le echaban mano y este muchacho anda desaparecido”, relata la líder entrevistada.

 

En este contexto, donde los entramados de la guerra han penetrado las familias y la vecindad, y para el cual existe una rotunda negación de los hilos de continuidad y responsabilidad del paramilitarismo en el actual fenómeno, el respeto por los Derechos Humanos y la preservación de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, se muestran como una invención aplicable en cualquier otro escenario, menos en ese, en el de la Comuna 13.

 

Claramente, los principios de distinción y proporcionalidad más que una obligación, tienen rasgos de mito en este territorio. “La policía está disparando indiscriminadamente y ha habido personas heridas, y se escudan y dicen que son los ‘malandros’, pero uno observa que es la policía la que está disparando de una manera indiscriminada. Entonces justifican que son enfrentamientos entre las bandas pero uno ve que no son enfrentamientos, que son ellos los que provocan el pánico colectivo de la comunidad porque suenan armas de muy largo alcance como fusiles, metras…”.

 

De nuevo, la población civil tiene que vivir confinada al interior de sus viviendas porque en cualquier momento se desatan enfrentamientos con revólveres, pistolas y armas de largo alcance; o porque puede convertirse en blanco de disparos en caso de presenciar algún tipo de actividad de la que no se quieren testigos. “[…] oímos que están apaleando a alguien pero uno no se asoma porque de cualquier parte le disparan, nosotros somos objetivo militar de cualquier grupo […] si quieren que uno no vea que se están llevando a una persona, entonces tiros por todas partes y uno tiene que esconderse. ¡Qué se va a exponer de esa manera! Por eso digo que en este momento se está viviendo todo lo que se vivió en la Operación Orión”.

 

Indagar sobre quiénes son los grupos armados ilegales que operan actualmente en la Comuna 13, sus orígenes, quiénes los conforman, su capacidad, entre otras tantas características que ayudarían a explicar causas, patrones y fines del conflicto, es una tarea que arroja respuestas fragmentarias porque el conflicto que allí se vive se experimenta de tal forma. “[…] cada tres o cuatro cuadras ya es un grupo, más adelantico está el otro, eso es imposible de uno calcular. Entre los grupos más fuertes están Los Picúas, Los Bloques, Los de La Torre, Los de Los Conejos, Los del Salado…. Es que en muchos barrios de la comuna, en un solo barrio hay por ahí siete grupos armados, entonces uno no sabe…”.

 

‘Muchas bandas’, ‘muchos combos’, ‘más de veinte’. Sin importar la cantidad que sean y la cantidad que quede después de las fusiones, los enfrentamientos o los pactos, existe una apreciación clara en referencia al pasado: Estos “combos” no se parecen a los que había hace diez años.

 

Para esta líder social y comunitaria, la principal característica que revela la diferencia entre estas agrupaciones radica en el desbordado incremento del reclutamiento de menores dentro de sus filas. Claro que hace diez años también se veían niños en la guerra, pero hoy por hoy, la mayoría son niños de 14, 11 y 10. Niños que no tienen ni consciencia para nada. Yo tengo conocimiento de un niño que es un asesino a carta cabal y mata a una persona y a las dos o tres horas le está pidiendo  a alguien que le dé para un pan porque tiene hambre. […] Son niños que simplemente están metidos en una guerra y no saben ni por qué ni a qué horas”.

 

Lo que está visible a los ojos, son niños armados con revólveres y disparando. Lo que en apariencia no es tan nítido, es la continuidad de paramilitares en la escena local. Hombres que han sobrevivido a diferentes guerras siguen teniendo presencia en la Comuna y en la actualidad asumen el control de contingentes de niños que preparan alimentando sentimientos de venganza y creando expectativas culturales (poder, status)  imposibles de satisfacer en medios tan adversos.  

 

“Lo que se ve es gente que era miliciana y que ahora está trabajando con los paramilitares. Y claro, gente que entró en la Operación Orión como paramilitar todavía está. Lo que pasa es que ahora se están escudando detrás de los niños. […] están utilizando mucho los niños entre los 9, 10 y 12 años. Los metieron por ahí de 10 años y en este momento hay unos que tienen 16, otros 17 años. Otros que han sido muy asesinos niños y ya están para llegar a los 18 años, entonces a esos les hacen un receso y preparan a un niño más pequeño […] ellos se escudan en la ley de infancia para… los pelados que han sido muy asesinos ya les da miedo llegar a los 18 años porque ya van a ser juzgados de tal manera”.

 

El paramilitarismo continúa con sus prácticas soterradas y los rostros de hombres de 30 ó 40 años que estarían incitando y patrocinando la conformación de nuevos combos y el reclutamiento de menores, no se conocen. Incluso, resulta difícil para los habitantes de la comuna identificar sus alias, pues se han dedicado a conservar un bajo perfil donde a lo sumo, son reconocidos por los mismos jóvenes y menores que les sirven como el “cucho” o el “patrón”.  La afirmación individual de su poder y su dominio no se proyecta directamente hacia la comunidad sino hacia la población que ha reclutado y utiliza para seguir desarrollando la guerra.

 

En efecto, la proyección hacia las comunidades y el relacionamiento con éstas es otra diferencia que se identifica respecto al pasado. Hace diez años existía un orden que por la fuerza de las armas o por la legitimidad alcanzada, definía parámetros para la convivencia familiar y vecinal. Actualmente, según relata la Líder, la aceptación al interior de las comunidades está determinada por la proximidad, la población es muy cercana a la gente que está haciendo la guerra. “[…] en esta guerra que ellos tienen son muchos jóvenes del mismo barrio, entonces las familias, los sectores… si el chico vive enseguida de mi casa y yo lo vi nacer y está en esta guerra… entonces ellos no es que lo acepten, sino que es una figura que se volvió de esa persona que está en la guerra, de familiar, de que yo lo vi crecer…”.

 

En términos fácticos, la prohibición que claramente queda establecida dentro del territorio es cuando se generan avisos de enfrentamientos, pues la población sabe que después de ciertas horas no puede transitar por las calles de sus barrios. Sin embargo, en diez años se pasó de tener rígidas pautas sociales de comportamiento y sanciones ante su violación, a un estado indeterminado de cosas que pueden variar de un sector a otro.  “Ahora lo que hay es un desorden social muy grande, no hay respeto, ellos están viviendo como entes, como que no tienen perspectiva de nada, entonces es muy difícil la situación porque ni los líderes comunitarios merecen respeto, que cuando estaban las milicias también los mataban, sí claro, pero uno cuando hacía el trabajo social lo hacía un poco más tranquilo, uno se medía para no cometer errores porque eso le costaría la vida. Pero esto aquí yo no lo he podido entender”.

 

El trabajo social y comunitario ha sido precisamente uno de los escenarios más golpeados y disputados dentro del conflicto armado en su larga trayectoria. La articulación por intereses, necesidades, objetivos o reivindicación de derechos para mejorar la situación de los territorios ha caracterizado diferentes procesos comunitarios y sociales en la Comuna 13. Sin embargo, se observa que expresiones organizativas como las Juntas de Acción Comunal cada vez tienen más valor dentro de la disputa pero de forma diferente a la del pasado. Para esta nueva generación de actores armados ilegales, las Juntas de Acción Comunal ya no son un medio para movilizar ideológicamente a la población y ganar legitimidad, pues sus intereses no radican allí; éstas son un medio para acceder a recursos o ciertos beneficios que provienen fundamentalmente del Estado Local.

 

“En Presupuesto Participativo hay grupos armados que se han metido ahí, para trabajar, para presentar proyectos, ellos quieren estar en las Juntas de Acción Comunal. Ha habido mucha intervención de estos grupos en los trabajos sociales que hacen las Juntas de Acción Comunal, en las organizaciones sociales. Ellos han entrado y hay unos que se han quedado y otros que se han salido porque han visto que no es la imagen que se maneja, porque dicen que las juntas tienen mucha plata, pero cuando se encuentran con una realidad que no es la misma, que es dedicación y trabajo social realmente, se retiran. He observado que son los adultos y cogen los jóvenes como de 20 ó 25 y los conversan para que entren en las Juntas de Acción Comunal a pelear sus intereses. Son jóvenes que hacen parte de la banda, miran qué  capacidad tiene ese líder y les dan el cuento que se metan en la Juntas de Acción Comunal. O cogen ln líder de la Junta de Acción Comunal y lo meten en el cuento: ‘me colaborás para esto, pedime esto, necesitamos esto…’, entonces manipulan la Juntas de Acción Comunal”.

 

Los “adultos”, como esta líder los identifica, son precisamente esos hombres que están manejando los hilos de estas bandas y combos en la Comuna 13. Los “adultos” son esos hombres que han trasegado por diferentes guerras y que hoy en día son los responsables de preservar las prácticas del paramilitarismo en estos territorios, pero mimetizadas en lo que podría interpretarse superficialmente como una crisis de valores y normas en la niñez y la juventud.

 

Son estas personas, las que promueven liderazgos o coaccionan los existentes para que gestionen y tramiten sus intereses en los procesos participativos y de interlocución con el gobierno local. Quienes no ceden a esas pretensiones, se ven forzados a irse del territorio o a retirar sus candidaturas en los procesos de elección popular. Eso fue lo que pasó en las elecciones de este año. Uno los ve y no cree que son de banda, son personas que tienen un poco de estudio, que pueden manejarse de una manera más distinta y los preparan para ser líderes. Entonces usted no puede decir ‘este es del grupo armado’, porque están muy bien camuflados, cubren muy bien la apariencia, pero dentro sí, son ellos los que manejan las juntas porque aquí subieron nuevos, hay elegidos nuevos que subieron. [Si se pregunta] ‘¿Vos por qué no te presentaste?’, [responden] ‘Me dijeron que no me presentara porque ellos ya tenían su candidato’”.

 

Este tema de la intervención y captura de las Juntas de Acción Comunal en busca de réditos económicos, introduce necesariamente otro tema, el de las economías de estas bandas. Frente a este aspecto se distinguen las rentas ilegales sobre las que bastante se ha hecho referencia para el conjunto de la ciudad: ofertas de seguridad a obras de infraestructura pública, al comercio local y al transporte público que se traducen en prácticas extorsivas, y el microtráfico.  “[…] entra una persona a hacer una obra entonces hay que pagarles para que ellos cuiden la obra, así sean obras del Estado. […] cuando el señor tiene un supermercado bueno, esas personas tienen que pagar vacuna; cualquier negocio de la comuna que genere ingresos es vacunado. Conducciones América paga como nueve u ocho millones de pesos mensuales para que lo dejen trabajar, la empresa como tal y cada chofer… el que lava el carro es de ellos, a ese hay que pagarle, esa es una forma de pagar vacuna, o en el día a cada uno le cobran una cuota…”.

 

Frente al microtráfico, se destaca que además de ser una actividad que le está generando rentas a estos grupos y que se dinamiza por el consumo interno que posee la misma comuna, también es un mecanismo de enganche para los niños y adolescentes que están reclutando en las bandas y combos y una forma de pago por los trabajos ejecutados. “[…] hay gente que es muy drogadicta, son los que ellos sostienen con vicio para que hagan los asesinatos, porque a un niño de 12 ó 14 años bien drogadicto lo mandan a matar gente… entonces también es una forma de pagarle al joven o al niño para que hagan los asesinatos”.

 

Ahora bien, en una aproximación a las estructuras armadas que operan en la Comuna 13, existe también una clara diferenciación entre las bandas o combos de barrio a las cuales se ha hecho referencia, y estructuras mayores que dinamizan el conflicto armado nacional. Como se dijo, detrás de las primeras se encuentran paramilitares comprobando el fracaso del proceso de desmovilización y sobre ellas, se encuentran las erróneamente denominadas Bandas Criminales que desde otro ángulo y a mayor escala, confirman la misma tesis.

 

“Es que aquí hay dos grupos, pero en este momento se ha generado mucha violencia como en la parte de Nariño, Peñitas, Eduardo Santos, San Cristóbal, La Loma, porque se dice que viene bajando un grupo, no sé si son Los Urabeños o Los Rastrojos que vienen bajando. Por las noches son cuatro o cinco horas un disparo continuo, porque ya bajaron hasta cierta parte. Que por la parte de arriba del Socorro vienen bajando, que por la parte de arriba de Belencito Aguas Frías viene bajando otro grupo, que en La Torre también, entonces ahí están los Urabeños y Los Rastrojos”.

 

La líder relata que el sonido de las balas es constante y que los habitantes de la Comuna 13 ya se encuentran tan habituados a ello, que en muchas ocasiones les es posible distinguir de qué tipo de armamento provienen. Ese sonido que cada vez se hace más constante, es atribuido a enfrentamientos por territorio pues en la actualidad, las agrupaciones no están negociando o pactando, simplemente están entrando a tomárselos. “Se observa que viene gente que es de otro aspecto físico, que son care indios porque vienen como de Urabá, y esta gente entra dando bala. […] ellos son como memes, como indios, su aspecto es de respeto y de temor. Uno ahí mismo dice ‘esta gente no es de por acá, esta gente es nueva’. [Entran] en grupos de 12 ó 13 personas y eso es una multitud”.

 

Si bien hasta el año 2012 las autoridades no han presentado oficialmente registros que den cuenta de la presencia de Los Rastrojos en la Comuna 13, sí ha sido mucho más clara la información que señaló la existencia del pacto entre Maximiliano Bonilla alias Valenciano con la estructura de Los Urabeños para controlar las zonas altas de la Comuna, entre otras de la ciudad. Tras la captura de alias Valenciano, se hizo visible Henry de Jesús López alias Mi Sangre, quien al parecer ha encabezado la incursión de dicha estructura en Medellín.

 

Sin embargo, la alerta sobre la posible incursión de Los Rastrojos en la Comuna 13 se debe recoger en beneficio de inventario, ya que este testimonio coincide con la reciente captura del jefe de la Oficina de Envigado, Erickson Vargas alias Sebastián, quien controlaba buena parte de las bandas y combos de la zona y tenía alianzas precisamente con tal estructura armada. De confirmase este fenómeno, la Comuna 13 estaría en este momento realinderando sus bandas y combos en torno a dos estructuras paramilitares reconfiguradas -Urabeños y Rastrojos- para desatar un enfrentamiento con mayor capacidad armada y recursos que los que se han visto recientemente.

 

La Comuna 13 es en un territorio estratégico para el desarrollo de la guerra, por eso no resulta exagerado considerar nuevamente una posible disputa a gran escala. Los territorios de la Comuna 13 “siempre han sido importantes porque han sido los corredores para las milicias, para los paramilitares…”, su conexión con zonas montañosas y la conexión directa con el occidente del departamento y la región de Urabá, sumado a la debilidad institucional y a la ausencia de condiciones sociales y estructurales que alimentan una cultura de la guerra en las nuevas generaciones, hacen de este territorio un enclave propicio para reactivar el conflicto armado y reproducir nuevos ciclos de violencia que superan las expresiones delincuenciales.

 

Estas circunstancias y la evidencia de lo que está sucediendo en el territorio, devuelven la reflexión hasta a su origen: territorio de exclusión y debilidad institucional. Si bien este territorio ha sido objeto de transformaciones físicas e inversiones, intervención social y participación comunitaria, también queda establecido que el modelo de urbanismo social ha estado transversalizado por la dinámica del conflicto y por la ausencia de un reconocimiento social y político de los habitantes como parte efectiva de la ciudad. A los habitantes de la Comuna 13 se les reconoce como Comuna 13, es decir, existe la construcción de una otredad enquistada en la zona centro occidental de Medellín que se expresa y se reconoce allá, en los confines de ese lugar que habitan.  

 

A ello se suma, una debilidad institucional entendida en términos de un Estado que no ha logrado ser soberano en tales territorios ni utilizando todo el poder de sus fuerzas y de sus armas. La Comuna 13 no se ha pacificado ni se ha desarmado, allí perviven expresiones armadas que no aceptan un poder diferente al propio y que coexisten con organismos de seguridad del Estado ineficaces y corruptibles. Al mismo tiempo, allí se encuentran formas de resistencia desarmadas que no legitiman ninguna de esas expresiones y que a pesar de luchar por deslindarse de ellas, terminan oprimidas cuando de salvaguardar sus vidas se trata.

 

Frente a esa debilidad de la institucionalidad, predominan en el relato referencias a la permisividad de la Policía principalmente. “[…] ellos permiten… entonces eso viene como preparado… por allá hay varios puestos [de policía] y a la media cuadra uno ve los hombres vestidos de negro y con unas armas muy grandes, entran más de civil y con la ropa muy oscura, no hay enfrentamientos […] Eso hay plata porque ellos hablan ‘que el comandante de la policía de tal parte hay que darle plata’, es más, algunos policías con los que uno habla que son muy abiertos dicen ‘vea, detuve este tipo con esta metra, con estas armas, y el comandante de la policía me dice no lo informe que se embala’”.

 

Según estas versiones, la corrupción de la Policía no afecta a toda la institución o a todos los efectivos que operan en la Comuna. Se presume que hay plata que circula dentro de mandos de Estación quienes determinan qué hechos son punibles y qué otros no, a través de una comunicación permanente con los jefes de bandas o combos. Sin embargo, del resto de efectivos que no estarían recibiendo dinero, se sospecha que son coaccionados para que cumplan lo que por línea de mando se les ordena, de lo contrario, sobre ellos recaerían sanciones, castigos o traslados a zonas rurales del país.

 

No obstante, este tipo de relaciones no son estables ni mucho menos homogéneas. Bajo esas circunstancias, en este momento el mejor postor, el que se sospecha estaría gozando de la aquiescencia policial para actuar en el territorio, sería la facción donde se alinean Los Picúas y algunas bandas que operan en Las Independencias. La contraparte, serían las agrupaciones identificadas como El Salado, La Urba, Los Conejos, Los Roques y La Agonía, esta última ha recibido duros golpes por parte de la fuerza pública, entre 2011 y 2012,  y en la actualidad 37 de sus integrantes poseen sentencias condenatorias.

 

En términos generales, lo que emerge de forma reiterada es la nula reacción policial. “Cada que hay balacera no están, no los busque que no están. O pasa el muchacho que ha acabado de matar a otro por al pie de la policía y no lo detienen”. Se presume que los puestos de control en diferentes puntos de la Comuna son movidos temporalmente en los instantes en que los grupos armados ilegales entran en enfrentamientos, transportan armamento o drogas o ejecutan homicidios. Cuando esto sucede y cesa el fuego, se relata que es el momento en el que se da la reacción policial con la finalidad de levantar los cadáveres y trasladarlos al centro de salud, “cuando hay un muerto nunca queda en el sitio que lo mataron, siempre lo desplaza la policía”.

 

Esta última afirmación cobra mucho sentido si se le considera como una estrategia de control estadístico de los homicidios en la Comuna. En una ciudad como Medellín donde históricamente el índice para medir el comportamiento de la violencia se ha concentrado en los homicidios, la estadística se constituyó en un campo de tensiones y pujas entre diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. Así las cosas, la fórmula básica para las lecturas de ciudad se sustenta en que un índice de homicidios más bajo representa mayor seguridad y mayor control institucional del territorio.

 

Dicha fórmula, en este caso, sería altamente cuestionada por los hechos y situaciones hasta ahora descritos, como también, por los métodos de recolección de información que ha empleado la Policía para la estadística de homicidios que construye. Esta institución, tradicionalmente ha registrado los decesos en los lugares que ocurren, así las cosas, si un cuerpo es trasladado a un centro hospitalario es registrado como una muerte en quirófano y no como un homicidio. En consecuencia, levantar los cuerpos sin signos vitales y trasladarlos a un centro hospitalario, por una parte genera elementos para alterar su propia estadística y mostrar efectividad, y por otra parte, obstaculiza el trabajo de las autoridades de investigación judicial al modificar la escena de los hechos y romper con la cadena de custodia que deberían tener las pruebas que allí existan.

 

La Comuna 13 nació y creció sin conocer al Estado, cuando lo vio por primera vez la trató como un enemigo. Ahora, que lleva diez años formando parte de su cotidianidad desde que por la fuerza se tomó nominalmente el control del territorio, no ha logrado cultivar confianza entre la población porque, por efecto de corrupción o coacción de las instituciones que tienen mayor presencia, no es un actor legítimo y la gente teme denunciar a los actores ilegales y teme aún más denunciar la actuación inconstitucional de la Policía. “[…] es evidente que la Fuerza Pública está trabajando con varios grupos armados. Que en el otro tiempo estaban las milicias y el objetivo de la guerra eran milicias y los grupos del Estado, ahora uno no sabe cuál es el revolcadero que ellos tienen. Si yo voy a poner una denuncia en cualquier momento me están señalando […] la misma policía le está dando la información a los grupos armados”.

 

El temor a los actores armados ilegales, el temor y desconfianza hacia las instituciones del Estado, el silencio, las limitaciones para actuar en liderazgo y exigibilidad de derechos, las muertes, las desapariciones, los desplazamientos, los confinamientos y los enfrentamientos en las calles, son algunas de las circunstancias que llevan a esta líder a afirmar que “Todo está volviendo a los pasos de La Orión…”.

 

Dos mujeres tejen sus relatos sobre el conflicto en busca de la Paz…

 

Dos mujeres cuentan lo que ha representado el conflicto en la Comuna 13 y lo que, según sus experiencias personales, describe las dinámicas conflictivas en la actualidad. Una de ellas es una joven que vivió en carne propia las operaciones militares cuando era solo una niña. A pesar de eso, ella y su familia siguen viviendo en un barrio de la comuna. Esta será la Primera Joven[14]. La otra persona también es una joven,  lleva pocos años en la comuna, pero también ha conocido de primera mano la conflictividad que se desarrolla en este territorio. La llamaremos la Segunda Joven[15].

 

Según el relato de la Segunda Joven, es muy difícil saber a ciencia cierta quiénes son los actores armados que hacen presencia en la Comuna 13. Allí las violencias se configuran de muchas formas y coexisten grupos organizados y combos que no cuentan con mucho nivel organizativo. En estos grupos, es fuerte la presencia paramilitar, pues sus lógicas de acción son similares a las utilizadas por los paramilitares que participaron de la Operación Orión y se instalaron en la Comuna 13, sin embargo, en este momento hay todo tipo de actores.

 

Se destaca fuertemente la estigmatización que la población juvenil tiene a causa de conflicto que vive la zona. En medio de tal indeterminación de actores armados, la segunda joven afirma que “[…] se podría pensar  que todos los combos están integrados por jóvenes o  que todos los jóvenes en la comuna hacen parte de combos, pero no es ninguna de las dos”. Para ella, esto muestra que muchos de esos jóvenes que son señalados de formar parte del conflicto armado, en realidad son muchachos que tienen conductas que ya parecen estar tipificadas como propias de quienes integran combos.

 

Como otrora se clasificó en Medellín a los “camajanes” de lento caminar y pinta maleva, en la actualidad pareciera que se retoman esquemas similares para estigmatizar a los jóvenes de la Comuna 13 como actores primarios del conflicto. La Primera Joven relata que ciertos comportamientos o determinados atuendos, se están constituyendo en factores para clasificar a la juventud. “Si un joven lleva una gorra, hay un estigma de que solo los del combo tienen gorras o usan [pantalón] ancho, o son los únicos que fuman marihuana, o son los únicos que se mantienen en la esquina”.

 

Entre los comportamientos tipificados está el consumir droga, usar prendas de vestir anchas y gorras, llevar radio portable para escuchar música, entre otras. Muchas de estas actitudes que pueden ser propias de cualquier muchacho que se identifica con una subcultura urbana, son utilizadas como evidencia de participación en un grupo armado. Y por el contrario, quien hace parte de la banda o el combo, que necesariamente no tiene unos parámetros de conducta y comportamiento muy delineados, se mimetiza fácilmente en el conjunto de la población juvenil.

 

Ahora bien, existe un cambio que parece representativo en este contexto. Hasta hace muy pocos años quienes participaban en la guerra eran los hombres, pero esto se ha ido transformando y en la actualidad, se habla de hombres jóvenes y se reconoce un papel más activo de las mujeres. Así lo manifiesta la Primera Joven, refiriéndose a ellas como “las sapas”, denominación que han adquirido dentro del común de la gente. En su testimonio explica que esto sucede porque las chicas han construido una relación sentimental o tienen un lazo sanguíneo con algún integrante del combo. Para ella, estas chicas que desde su infancia han experimentado lo que es la guerra, ahora han naturalizado guardar al interior de sus casas una o varias armas, ya sean de propiedad de sus familiares o de sus parejas.

 

Pero no solo las mujeres han tomado parte activa del conflicto. Los relatos de ambas jóvenes coinciden en afirmar que los niños cada vez están más involucrados en el mismo. La Primera Joven manifiesta que los niños son utilizados como “carritos” o mensajeros de los combos; son usados para dar razones, para transportar armas u ocultarlas. Esto ha hecho que niños desde los 7 años de edad, tengan contacto con los instrumentos de la guerra y conozcan las dinámicas ilegales de quienes hacen la guerra. La Segunda Joven destaca que cada vez es más recurrente que se encuentre a niños portando drogas y armas, como se puede observar en las requisas que la Policía realiza en instituciones educativas, sin embargo, ella presume que en muchos de estos menores no hay aún capacidad de discernimiento entre lo legal y lo ilegal, entre el bien y el mal, entre su propia iniciativa y la manipulación.

 

Respecto a las formas como actúan actualmente las bandas o combos que tienen presencia en la Comuna 13, resulta obligada la comparación con el pasado. La Primera Joven narra que antes de las incursiones paramilitares era muy común que en su barrio la gente buscara a los grupos ilegales para que solucionaran sus problemas. “Eso se veía mucho con la guerrilla porque si había un problema se llamaba al jefe guerrillero, porque tenía autoridad, autonomía y creíamos en ellos, por su misma edad, por su postura frente a la comunidad”. Ella afirma que la diferencia de los actores anteriores con los de ahora, es que los de antes no eran “gamines”, denominación que reciben los chicos que actualmente conforman las bandas ya que no asumen actitudes ejemplarizantes y por el contrario, adoptaron comportamientos que trasgreden las normas de convivencia antes conocidas, por ejemplo, “fumar en cualquier esquina su vicio”.

 

Continúa argumentando que en el pasado, la gente creía en ellos por su postura y autoridad pero ahora no, porque la mayoría de ellos son menores de edad y casi nadie los relaciona con una figura confiable para la resolución de sus conflictos. Añade además que muchos de los integrantes de estos grupos no han terminado sus estudios y han crecido en situaciones complejas en sus hogares. La Segunda Joven, coincide en parte con esta afirmación al hacer un símil con otros sectores de Medellín, explica que la gente va y le pone la queja al “Duro”, pero realmente el “Duro” no es una imagen que represente liderazgo, autoridad o respeto para la gente de la comuna.

 

Desde su punto de vista, el hecho que en el pasado se buscara a los “duros” de las milicias para solucionar problemas cotidianos, se asocia a la existencia de relaciones de confianza que se construyeron en el proceso de conformación de la comuna y la instauración del proyecto insurgente. Relata que aproximadamente desde los años ochenta que empezó el crecimiento de la Comuna 13 hacia las laderas, producto de las olas de desplazamiento del campo o de otros lugares de la ciudad, la comuna ha tenido presencia de muchos actores armados.

 

Afirma además que uno de los factores que facilitó que esto se diera fue la ausencia del Estado, principalmente, de la fuerza pública. Dicha situación fue favorable para que se empezaran a formar milicias, descritas desde este relato, como una iniciativa de organización comunitaria para implementar su propia ley. Si bien esta descripción muestra una parte primigenia de lo que fue el fenómeno miliciano en la zona, es cierto que el reconocimiento de este territorio como un bastión de milicias urbanas, fue el pretexto para que se desarrollaran las operaciones militares, para que se dijera que en la Comuna 13 nunca hubo orden, por el hecho de existir un tipo de orden alterno al estatal.

 

Ambas jóvenes coinciden en que en el periodo de las milicias parte de la comunidad las vio como liderazgos que se materializaban en el trabajo comunitario, pero sin negar que durante su hegemonía, el poder de las armas les dio la potestad para asesinar, amenazar y desplazar y, en consecuencia, distanciarse gradualmente de los propósitos de la comunidad. En la actualidad, quienes integran los combos son hijos de los barrios donde controlan y ejercen poder, pero en ningún momento se les ha logrado descifrar o reconocer como representantes de los intereses de la comunidad.

 

En este sentido, el liderazgo y la capacidad de solución de conflictos, para la Segunda Joven, están íntimamente relacionados con el grado de legitimación que los combos pueden tener dentro de las comunidades. Para ella no hay legitimación de los combos en la comuna. Según ella, la gran mayoría de los habitantes de la comuna “odia el conflicto, odia la guerra, odia las balas, no quiere nada de eso”, y asumen, como último recurso, posiciones de subordinación ante estas bandas o combos. “Si yo sé que hay un toque de queda yo me tengo que quedar en mi casa y encerrar a mi familia, pero no por eso estoy de acuerdo con ellos”.

 

Las huellas del conflicto y el terror que sigue produciendo, envuelve a las personas en situaciones donde la prudencia, el silencio y la obediencia, se constituyen en las principales herramientas de supervivencia. La comunidad por la fuerza de las circunstancias, ha tenido que aprender a convivir con las agrupaciones ilegales, logrando incluso, adquirir destrezas para prever sus pasos y las dinámicas futuras del conflicto. Ha logrado que ciertos comportamientos se interioricen en la cotidianidad con el único propósito de salvaguardar la vida y la integridad, más no de legitimar las actuaciones de sus actuales victimarios.

 

El interés que estos muestran por el territorio, según los relatos de las dos jóvenes, se concentra en la extracción de rentas. Las economías ilegales que ellos  dinamizan están representadas en el cobro de extorsiones o “vacunas” y el manejo de lugares para el comercio de estupefacientes, para ello les resulta necesario el control de las zonas de frontera de su territorio. Estas labores realizadas por los combos en una zona específica, determinan sin lugar a dudas la cotidianidad del habitante.

 

Respecto al cobro de extorsiones, la Primera Joven explica que las “vacunas” son el ingreso más constante que tienen los combos. “Si usted monta un negocio tiene que dar vacunas, pues con eso es con que ellos a veces pueden subsistir, sobrevivir. Hasta las tiendas de barrio más pequeñas tienen que pagar vacuna”. En un contexto altamente violento y conflictivo como el de la Comuna 13 de Medellín, cuando se analizan los efectos que ello produce en la población, reiteradamente se hace referencia a la afectación a derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad, no obstante, otro conjunto de derechos humanos también son vulnerados y poco se sabe de ello. Esta joven, puso en evidencia cómo por efectos de las “vacunas”, los pequeños negocios pierden las ganancias de todo un día de trabajo, la subsistencia diaria de una familia.

 

Las bandas hacen una tasación del pago de las “vacunas” de acuerdo al tamaño del negocio o actividad económica a la que se le aplique tal tributación. Las descritas atrás pueden estar contribuyendo con valores entre los diez o veinte mil pesos, mientras que las grandes tiendas, pagan cuotas más elevadas en dinero o en especie, “son tan conchudos que van y dicen que les manden un mercado o mandan la nota de lo que necesitan”, agrega la joven. La tasación aplicada a las rutas de buses, parece ser la más elevada. Finalmente, todo ello demuestra que el territorio provee al combo de aquello que necesita. Aunque la población no quiera hacerlo, el poder de las armas la obliga a abastecerlos. El combo es dependiente de su territorio, porque tiene allí sus expendios de drogas y porque es de allí que extrae las rentas que necesita.

 

El territorio cobra especial protagonismo en la confrontación. Controlar, defender o disputar territorios, son expresiones que resultan muy familiares en los análisis del conflicto urbano. Cuando se traslada a esos territorios la pregunta por su importancia, por lo que representan o han representado en un contexto de guerra y conflictividades, salta a la vista el factor económico como algo determinante. Sin embargo, pese a que la dinámica del conflicto haya transformado sus expresiones, ciertas prácticas en el campo siguen siendo de especial valor estratégico.

 

Así las cosas, el acceso a laberintos y el posicionamiento sobre fronteras, como relata la Primera Joven al referirse a los barrios Independencias I, II y III, es codiciado y defendido por ser espacios estratégicos que permiten movilidad, visibilidad y expansión hacia otros sitios, por lo tanto, los actores armados ilegales crean barreras que no cualquiera las puede transitar y mucho menos si es del combo armado enemigo. Si bien la demarcación de fronteras dentro de un territorio, que se supone una unidad, ha sido una práctica utilizada en todos los momentos de la guerra, en la actualidad las fronteras se han multiplicado al existir una alta reproducción de agrupaciones sobre todos los barrios de la comuna.

 

Un territorio fragmentado, atravesado por historias de guerrillas, de paramilitares, de delincuencia común, de criminalidad, de grandes operativos militares y otros, es la Comuna 13. Un territorio donde el conflicto se sostiene en el tiempo y donde claramente se puede cuestionar la efectividad de la militarización. Los relatos de ambas jóvenes concuerdan en afirmar que ha sido precisamente la militarización uno de los factores que ha contribuido a la prolongación del conflicto. La presencia cotidiana del Estado es la Fuerza Pública, una fuerza que en los relatos aparece representada como aquella que abandonó su deber constitucional de protección del ciudadano y que cada día parece coincidir más con los intereses de los actores ilegales, puesto que se presumen ciertos pactos con los mismos. “Aquí hay más presión hacia los civiles no armados desde la fuerza pública que contra los armados”, afirma la Segunda Joven.

 

Al respecto, la Primera Joven destacó que “la fuerza pública sabe quiénes son los del combo armado. Se han dado casos en que los policías abren campo para que los pelaos puedan disparar sin problema a los de otro combo”. Lo que llama la atención es que después de tantos años de denuncias reiteradas sobre la connivencia y aquiescencia de la fuerza pública con actores armados ilegales en la Comuna 13 de Medellín, no se hayan tomado cartas en el asunto. Precisamente, la Operación Orión es muestra de ello y ha sido confirmado por versiones que ante la justicia han rendido paramilitares que dirigieron o participaron en esos operativos. Como resultado, se encuentra un Estado que no es soberano en el territorio urbano del país donde más ha concentrado sus fuerzas, primero porque el control que ejerce es incierto, y segundo, porque no goza de la confianza y la legitimidad que le otorgarían los ciudadanos si cumpliese con sus funciones sobre el principio básico del respeto de los Derecho Humanos.

 

Este fenómeno, acarrea otra suerte de circunstancias que dificultan aún más la vida dentro de la Comuna 13. La población está silenciada por el miedo, no tiene la capacidad de denunciar porque desconfía de las instituciones y sus funcionarios. La Primera Joven afirma que un ejemplo de la desconfianza que la comunidad tiene, es que la Casa de Justicia no cumple su labor, “[…] si uno va allá a cualquier hora se va a encontrar que mantiene sola, no porque no haya qué denunciar, sino porque […] si denuncia, hay el temor de que pueden ser nombrados… y como hay policías que son sapos y son del conflicto armado, entonces a uno le da miedo”.

 

Entretanto, la Segunda Joven afirma que el miedo es tan evidente en las comunidades que en muchas ocasiones se transforma en terror. Ella a veces realiza trabajo social con adultos mayores y ha descubierto que ellos, quienes presenciaron y sobrevivieron todas las etapas del conflicto vividas hasta el momento en la zona, sienten tanto temor que se han encerrado dentro de sus propias rutinas, difícilmente, un adulto mayor transita lugares diferentes a los habituales.

 

Pero también como la guerra ha sido prolongada, fundamentalmente las nuevas generaciones se han habituado a esa dinámica violenta, como relata la Primera Joven, las “balaceras son normales”, incluso, “se sabe qué clase de arma es, cuando suena algo sabemos si es un tiro o no. […] sabemos con el sonido de las balas si hubo muerto o no, porque sabemos cuando realmente choca una bala contra un cuerpo o cuando pega en un muro”.

 

Ahora bien, la dinámica del conflicto en la Comuna 13 no se simplifica y en su historia jamás se ha simplificado al funcionamiento de estructuras de delincuencia común. Estas jóvenes han relatado como esas bandas o combos integradas por personas de la misma comuna, reciben el apoyo logístico y económico de otras estructuras armadas de mayor poder. Así lo demuestra cuando manifiesta que las agrupaciones de la Comuna no tienen la capacidad financiera, por ejemplo, para adquirir el armamento que poseen. “Antes vivíamos asombrados por la cantidad de armas de cualquier calibre, pero ya ahora es normal ver eso, los pelaos tienen todo tipo de armas”, afirma la Primera Joven. Esto refleja la influencia de estructuras como La Oficina de Envigado y Los Urabeños, cuyos nombres se filtran por los relatos. Este último grupo ha venido ganando terreno, no sólo en la Comuna 13, sino en otros lugares de la ciudad, lo cual genera inquietudes porque dicho grupo está conformado por una clara base paramilitar y, frente a los golpes que la fuerza pública ha dado a los cabecillas de la Oficina de Envigado, Los Urabeños podrían apropiarse de nuevos territorios, generando situaciones inéditas en las dinámicas conflictivas de la Comuna 13[16].

 

A pesar que las Administraciones Locales han intervenido el territorio, sigue siendo fuerte la presencia de grupos ilegales, acompañada también de vulnerabilidades sociales y económicas en las comunidades. En materia de Seguridad, en la Comuna 13 durante los últimos años se ha aumentado considerablemente la presencia de bases militares y CAI de la Policía, pero a pesar de la presencia de la fuerza pública, esta comunidad sigue azotada por la violencia.

 

Aunque las dos jóvenes han vivido realidades distintas dentro de la Comuna, pueden decir que han visto de cerca los rigores del conflicto, razón suficiente para que ambas anhelen con ahínco que haya paz en sus territorios. Paz que ven alejarse cada vez que nace una nueva frontera invisible; cuando la Fuerza Pública estigmatiza a sus habitantes en sus propios barrios; cada vez que el resto de la ciudad estigmatiza la población de la Comuna 13 y limita las posibilidades de acceder a un empleo o simplemente integrarse a las dinámicas de la urbe; cada vez que hay un muerto, un desaparecido o un desplazado; y cada vez que los combos se robustecen o nutren de niños; entre otras.

 

Sin embargo, esa misma Paz la experimentan cercana cuando conocen experiencias de resistencia y superación de otras personas de la Comuna 13 que, al igual que ellas, han luchado por estudiar y trabajar para llevar decididamente a su comunidad la evidencia de que hay otras rutas posibles, rutas que no son las de la guerra, aunque reconocen que son grandes los obstáculos que afronta una persona para evadir allí las lógicas del conflicto y conseguir sus propósitos.

 

 

 

No sé cómo dicen que estamos en paz…[17]

 

“La gente se mantienen tan horrible de tanto conflicto y tanta balacera que eso lo reflejan con el otro, pero es porque todavía está el recuerdo de esa Operación Orión. Eso está impregnado en todas partes: en las paredes, en el alma, en la mente y en el cuerpo. No sé cómo dicen que estamos en paz.”

 

Estas es la percepción que tiene un habitante de la comuna 13 de Medellín, acerca del conflicto que aún persiste en ese sector del occidente de la ciudad. Para esta persona, la situación actual se deriva de la violencia que se vivió antes y después de la Operación Orión.

 

La falencia del Estado radicaría en que, luego de la operación militar, se realizaron importantes inversiones en materia de seguridad e infraestructura, pero faltó un acompañamiento especial para las víctimas y principalmente para los menores de edad.

 

Así lo explicó este poblador de la comuna 13: “Los integrantes de esos grupos son la misma gente –de épocas anteriores- ilustrando a los que quedaron de la Operación Orión, que eran jóvenes de 12 y 13 años, pero el Estado colombiano no hizo un trabajo social para que esos adolescentes no pasaran esa línea. Esos son los grupos que hay ahora. Quedaron ahí al margen, sin trabajo, sin estudio, sin nada. Sus padres fueron muertos o sus madres desplazadas, entonces estos jóvenes quedaron a la deriva.”

 

Pero este ciudadano también piensa que el ingreso de los menores de edad a los grupos ilegales, se debe a la falta de oportunidades y a las condiciones de pobreza que continúan afectando a gran parte de la población. “Para mí los integrantes de estos grupos no es tanto que sean los malandros, como les dicen, sino que son jóvenes que no tienen un empleo o no tienen conocimiento de nada, jóvenes que cuando eran niños vivieron toda la violencia que pasó aquí.”

 

Las secuelas de la violencia y la pobreza, son aprovechadas por los grupos armados para reclutar menores de edad en sus estructuras. Según este habitante de la comuna 13, en los combos hay niños con edades entre los 10 y los 12 años.

 

“Los niños se meten a las filas porque no tienen sustento o su mamá no trabaja. Entonces el niño por hacer mandados recibe una liguita. No es tanto que se lleven a los niños sino que ellos se van, porque les dan unos zapatos o un jean. Que sí hay niños que los reclutan, que también los han llevado forzados, pero la mayoría se van por decisión propia”, relató el habitante.

 

Esta proliferación de menores de edad en los combos, es una de las variaciones que ha tenido el conflicto en la comuna 13. Pero, según este ciudadano, los cambios en las dinámicas no han sido muchos, dado que continúa la violencia.

 

Para esta persona lo único que ha cambiado son los nombres de los grupos y de algunos de sus jefes. Sin embargo la disputa por los territorios se mantiene y persisten las balaceras, la delimitación de fronteras invisibles y las extorsiones.

 

“Los grupos les cobran vacunas a los buses o a los negocios. Yo he escuchado a los dueños de los establecimientos diciendo: ‘es que hoy me toca pagar la vacuna’. Además, en el barrio hay las famosas barreras ilegales, las cuales no pueden pasar los jóvenes porque los matan o los aporrean. Hay gente que no puede pasar por allá”, relató este habitante.

 

Algunas de esas barreras invisibles estarían en barrios como El Salado,  Conquistadores, Eduardo Santos, La Quiebra, San Javier, 20 de Julio, Villa Laura y El Corazón. Para algunos jóvenes la única forma de pasar a los lugares vedados es acompañados por personas del sector, pero aún así corren cierto riesgo.

 

“Que hay jóvenes que pasan sí, pero porque van con alguien expuestos a que los maten. O hay jóvenes que pasan y a los días resultan amenazados: ‘que díganle a ese parcero que por acá no pase’”, explicó este poblador.

 

Esta situación ha dificultado la labor de algunos funcionarios públicos o de otras personas que desarrollan actividades en el sector, pues muchos tienen temor de subir hasta las zonas en disputa por miedo de que los detengan o de quedar en medio de una balacera.

 

“A veces no suben los funcionarios públicos, la gente de EPM o los contratistas porque les da miedo; o se tienen que bajar de donde están o dejan las informaciones abajo y no las entregan, porque les da temor cuando hay enfrentamientos”, narró este habitante.

 

Y es que según el ciudadano, “la convivencia en esta ciudad y la vida en las comunas, en especial en la 13, es de puro sorteo. Usted puede subir y no pasarle nada o subir y quedarse en un rincón esperando la balacera, o esperando que bajen los muertos o que los policías estén requisando a los jóvenes.”

 

A lo cual agregó: “Ahora, actualmente cuando disparan siempre queda herido un joven que no tiene que ver nada con el conflicto. Disparan y no sabemos quién disparó, aunque sabemos que disparan la policía y los grupos armados, pero no sabemos cuál fue.”

 

Uno de los sectores más conflictivos en los últimos tiempos ha sido el barrio Las Independencias 1, 2  y 3. En esa zona, según el relato de este habitante, hay 7 combos que se pelean entre sí.

 

Los grupos que están dentro o alrededor de este barrio son: Los Pirusos, La Urba, Los Picuas, El filo1, El Filo 2, Los Conejos y La Torre. Se trata en su mayoría de pequeñas estructuras articuladas a otras bandas más poderosas como La Agonía y Los Cocos. 

 

Como en otras zonas de la ciudad, la disputa de estas agrupaciones es por el control de las rentas ilegales derivadas del micro tráfico, el comercio de armas y las extorsiones. Y, como explicó este poblador de la comuna 13, el principal problema de la zona es que hay muchos grupos enfrentándose por esas rentas.

 

De acuerdo con este habitante, aunque estos combos se disputan el poder entre sí, ocasionalmente algunas organizaciones se unen con otras para atacar a bandas rivales. “A veces los grupos se alían o algunos de sus integrantes se pasan para donde los otros. Y también se prestan armas.”

 

Así como existen alianzas entre diferentes estructuras, la comunidad también ha denunciado nexos de algunos miembros de la fuerza pública con combos de la zona. La connivencia de los uniformados facilitaría el tráfico de drogas, el cobro de extorsiones y la movilización de armas.

 

“Hay policías que se enfrentan a los grupos, pero otros trabajan con ellos. Hay policías que se han salido de policías y ya son delincuentes. Las alianzas a veces son para guardar armas, por ejemplo si dispararon con un arma el policía ya la tiene y, a veces, el arma es para ponérsela a otra persona”, aclaró este poblador de la comuna 13.

 

Este tipo de situaciones ha generado desconfianza en la fuerza pública. Por esta razón la comunidad no se atreve a poner denuncias formales, principalmente ante la policía. Así lo explicó este habitante: “El 50% de las personas denuncian, pero a muchas todavía les da temor. Y a los que denuncian les da miedo dar una información y que eso se filtre.”

 

Otra situación que causa distanciamiento de los organismos estatales es la lentitud de las instituciones para atender las acusaciones y demandas de la comunidad. Según este ciudadano, “cuando la gente va a la Casa de Justicia las denuncias quedan muertas y si van a la policía, también. Medio que se muevan si van a la Procuraduría o a la Fiscalía. Y si van a la Personería se quedan esperando a que vayan los funcionarios.”

 

Este vacío de las autoridades, facilita que algunas personas acudan a los grupos ilegales para resolver sus conflictos. “Ellos resuelven problemas como peleas callejeras y problemáticas de gente que desplazaron y que quieren volver. Hay muchos casos así. Lo que más hay es la violencia intrafamiliar y barrial. Problemas de niñas con niños, que porque la miró o le pegó, y peleas entre familias, que son por cosas personales de las casas”, reveló este poblador.

 

Y aunque afirmó que los grupos ilegales no imponen normas de convivencia a los habitantes de la comuna 13, sí suele haber represalias cuando entran a resolver problemáticas familiares o barriales.

 

De esta manera lo explicó este ciudadano: “Castigos no hay, cuando hay riñas o peleas dialogan, pero más fácil el castigo es la muerte. Ni se sabe donde matan a la gente. A veces no nos damos cuenta […] Pero al tiempo aparece muerto y no se sabe si fue por esos problemas o por qué.”

 

Este tipo de situaciones denotan la legitimidad que adquieren los grupos armados en algunos sectores de la comuna 13 y reflejan las dificultades de algunos integrantes de la comunidad para resolver sus conflictos por la vía del diálogo y la convivencia.

 

Esto coincide con la reflexión inicial de este habitante, sobre una comunidad donde las cicatrices de la violencia aún son visibles en las mentes y los cuerpos de sus pobladores; y donde la seguridad y la infraestructura militar al parecer han jugado un papel más relevante que la reconstrucción de tejido social.

 

 

Entonces el dicho es que hay armas y hay un negocio rentable… [18]

 

Antes de comenzar su relato, este morador de la comuna 13 empezó por plantear que ese es el sector más militarizado de Medellín y, sin embargo, el conflicto sigue siendo fuerte, lo cual refleja que la solución no es un asunto puramente militar.

 

En esa comuna hay alrededor de 20 espacios acondicionados para la policía o el ejército, indicó este ciudadano. “Entre ellos la Casa de Justicia de la comuna 13, la Casa Orión, la base de policía de El Corazón y tres CAI: en La Loma, San Michel y el Salado parte alta. El resto son viviendas acondicionadas para que habite el ejército o la policía.”

 

El poblador agregó que en esta zona hay aproximadamente 650 uniformados de la policía y el ejército y de otros grupos especiales de la fuerza pública, como son el CTI de la Fiscalía, la Policía Militar y el Grupo de Operativos Especiales, GOES.

 

El panorama de grupos ilegales también fue descrito por este hombre, quien refirió un mapeo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, según el cual hay 25 combos en la comuna 13.

 

Este residente explicó que “hay grupos con un gran aparato organizativo y militar, como La Agonía, que en este momento es el más fuerte en la zona y controla los barrios San Javier, El Socorro, Las Peñitas, Altos de la Virgen y Nariño. El otro combo, de alto nivel organizativo, es el que funciona en la cuenca de La Iguaná. Esos son los llamados Pesebres, que están con alias Carlos Pesebre. Ese combo controla los barrios El Pesebre, El Paraíso, Blanquizal y una parte de La Divisa.”

 

De acuerdo con este habitante, habría un tercer grupo que le está disputando el territorio a La Agonía. Se trataría de un combo del corregimiento de San Cristóbal que hace presencia en el sector La Loma. Desde allí estaría dirigiendo enfrentamientos con La Agonía en zonas como Eduardo Santos y Quintas de San Javier.

 

“Pero por otro lado hay unos grupos con bajo poder organizativo y poco poder militar, que son los que están ubicados en Independencias, El Salado, Nuevos Conquistadores y 20 de Julio. Algunos de estos grupos tienen 5 ó 10 personas”, explicó este ciudadano.

 

Entre esos grupos pequeños, según este habitante, están: Los Pirusos, en el barrio Las Independencias I; La Torre, entre Belencito e Independencias II; Los Conejos, Los Picuas y La Urba, en las Independencias; El Hoyo, en El Salado; La 115 en el sector El Depósito del barrio El Salado; El Seis, en El Salado parte alta; Los de Cuatro Esquinas, en Nuevos Conquistadores parte alta; y La Arenera en el sector del mismo nombre.

 

Este residente agregó que “en las zonas de Belencito, Corazón, La Asomadera y Villa Laura, hay otros grupos como La Sexta y, se supone que por allá, también están Los Urabeños copando territorio. Eso no se ha confirmado aún, pero la gente dice que ellos están copando territorio sobre todo porque hay un corredor hacia Alta Vista.”

 

Los combos de bajo nivel organizativo están articulados a las grandes bandas de la comuna 13: La Agonía y Los Pesebres, y suelen mutar con facilidad o crear débiles alianzas para combatir a otras estructuras, según explicó este poblador. “Un día entre algunos grupos se alían para atacar a otros, eso puede ser de dos días o de uno, pero después vuelven y se fragmentan y se siguen tirando entre todos.”

 

Esa proliferación de grupos de bajo nivel militar también facilitaría los cambios de bando, porque según este ciudadano, está claro que La Agonía está con Los Urabeños y los de El Pesebre están con una facción de La Oficina; pero con los grupos pequeños “es más complicado, porque por decir a un combo como Los Pirusos les dan 100 mil a la semana para cada persona y si mañana yo les ofrezco 120 mil pues se van para allá.”

 

Para este habitante, las dinámicas de fragmentación de los combos también generan una disputa por la comunidad misma, que en algunos casos deviene en agresiones a familiares de los integrantes de estos grupos.

 

De otro lado, una particularidad actual de los grupos ilegales, “es que están integrados por personas muy jóvenes, incluso niños desde los 12 hasta los 18 años”, reveló este morador, quien agregó que los menores de edad ingresan a los combos empujados por la pobreza y atraídos por las ofertas económicas que les hacen.

 

Pero una situación adicional estaría relacionada con los deseos de venganza, pues algunos de esos jóvenes vivieron la fuerte violencia de los años 2001 y 2002, cuando se enfrentaban los grupos subversivos y paramilitares.

 

“Entonces el dicho es que hay armas y hay un negocio rentable, que son las vacunas y la droga, pero también hay un condicionante y es que muchos de esos pelados venían de ese periodo de violencia con resentimientos y con situaciones sin resolver, además con pocas posibilidades para acceder a un empleo digno o a educación de calidad”, explicó este habitante.

 

Otro elemento que es necesario destacar, en relación con la conformación de los combos, es que hubo una fragmentación de las estructuras paramilitares, que aún mantenían su hegemonía, luego de la extradición de los jefes de las AUC. Esas estructuras terminaron por dividirse en varios grupos y, bajo diferentes liderazgos, comenzaron a pelearse el poder.

 

Para el caso de Medellín y de la comuna 13, esa fragmentación ocurrió en el año 2008 cuando el comandante del Bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, fue extraditado a Estados Unidos.

 

“Después de la desmovilización aquí se consolidan estos grupos haciendo control territorial, generando desplazamiento, pero también vacunando y comerciando droga. Entonces muchos de esos pelados que venían del proyecto paramilitar crearon sus pequeños grupos con intención de tener poder en el territorio”, explicó este ciudadano.

 

Pero de acuerdo con este poblador, los grupos actuales carecen de la connotación ideológica que tenían las organizaciones subversivas y, en algunos aspectos, paramilitares. Por esta razón no convocan a la comunidad ni implementan normas para controlar la convivencia en el sector.

 

“Ellos tienen una connotación más económica y más de dominio del territorio para acceder a asuntos económicos. Por ejemplo la guerrilla hacía reuniones o campañas con mensajes de lo que venían posicionando en la ciudad. Los paramilitares también hacían reuniones.  Entonces ahí hay una clara condición de generar adeptos para el movimiento. Pero ahora esa no es la intención, por el contrario lo que menos quieren los combos es generar enemigos en el territorio”, argumentó este morador.

 

Sin embargo, los combos actuales si entran a resolver problemas de la comunidad, relacionados con conflictos familiares, riñas y deudas. Según este hombre, los castigos que implementan van desde golpizas hasta desplazamientos e incluso la muerte. Lo lamentable es que en algunas ocasiones los grupos aprovechan las disputas para vincular a los jóvenes en sus organizaciones.

 

“Por ejemplo en el 2008 había unos conflictos entre grupos de pelados del sector de Cuatro Esquinas, pero no tenía connotaciones de conflicto armado. De manos de un líder de la zona nos dimos cuenta que uno de los combos, que estaba consolidado, les dio 10 armas a los pelados para que resolvieran el conflicto. Lo que pasó es que los pelados recibieron los fierros y quisieron resolver el problema a través de las armas, pero el otro grupo de pelados también se armó y eso terminó siendo un conflicto armado” relató el poblador de la comuna 13.

 

Un asunto adicional, en relación con la intervención de los combos en las dinámicas comunitarias, estaría relacionado con las presiones de algunos integrantes de los grupos ilegales para conseguir empleos en la construcción de obras públicas.

 

“Por ejemplo, para el caso de la construcción de las escaleras eléctricas había algunas solicitudes de los grupos armados para que algunos de sus jóvenes trabajaran en la construcción, en el proceso de demolición de casas y adecuación de esos espacios. La vuelta es que exigían que fueran los pelados de los grupos armados”, relató este ciudadano.

 

Y agregó: “Uno entiende que los pelados que están en estos combos son víctimas de estas lógicas de marginación y de exclusión; de que el modelo de ciudad planteado para Medellín excluye a las comunidades y a unas demandas históricas en el territorio. Entonces uno entendería que, si los pelados piden camello a la brava, es también por las condiciones económicas que están atravesando”.

 

De otro lado, el poblador afirmó que una de las afectaciones más directas que vive la comunidad, aparte de los enfrentamientos armados, son las fronteras invisibles, las cuales se habrían incrementado en los últimos años con la fragmentación y proliferación de diferentes grupos ilegales. Esta situación estaría restringiendo, cada vez más, la movilidad de las personas por el territorio.

 

“Casi toda la comuna está en disputa. Los que no están en disputa armada serían San Javier I y II y el 20 de Julio. Son muy pocos. Pero todos están en disputa y por ejemplo si en San Javier y el 20 de Julio no hay confrontación pero si hay control, en cualquier momento lo paran y le preguntan para dónde va. Y  también hay vacuna al comercio”, reveló este habitante.

 

También la fuerza pública estaría incidiendo en prácticas de control social que vulneran los derechos de la comunidad, denunció este ciudadano al poner como ejemplo las batidas a la población juvenil. “Lo de las batidas es muy complicado porque la Corte Constitucional las declaró como una práctica ilegal, por el hecho de que la retención es contra la voluntad de la gente. Pero aquí eso se ve cada semana.”

 

Otra estrategia de la fuerza pública en la comuna 13, que en este caso va contra el Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario, es la conformación de un grupo de Policía Cívica Juvenil, que según este residente estaría integrado por unos 250 niños y jóvenes de la zona. Este hombre agregó que la comunidad “ha manifestado que eso es una práctica directa de vinculación de niños y niñas en la institución militar y policiva”.

 

Además de reiterar que la población tiene poca confianza en la fuerza pública, por la forma como han actuado en ocasiones anteriores, este morador expresó que, en general, el Estado ha sido muy lento en impartir justicia y ha sufrido altos niveles de corrupción.

 

“Adicionalmente el Estado ha sido muy reduccionista con ese asunto de la seguridad. Ellos plantean que la seguridad es incremento de fuerza pública y eso no es. Por eso ha fracasado la intervención aquí, aunque ha habido avances en educación e infraestructura. Pero las escaleras eléctricas no solucionan la desigualdad o la inequidad estructural en Medellín o en la comuna; ni la Pantalla de Agua soluciona la estigmatización histórica”, afirmó el habitante.

 

Valdría agregar que, en algunas situaciones, la militarización del territorio no ha resultado tan efectiva como se esperaba, según explicó este morador. “Las autoridades dicen que no hay territorio vedado para la policía en la comuna 13 y que territorio va a estar vedado si ellos están en todos los barrios. Pero hace 15 días hubo un enfrentamiento de tres horas. Eso es vergonzoso, al lado de un CAI periférico y de una base militar.”

 

Además este residente criticó expresiones que “en algún tiempo se escuchaban en ciertos territorios donde la policía decía: no que se maten entre ellos mismos. Esa es una forma de articulación o de permitir que los grupos armados actúen. Porque parece que una tendencia de la ciudad, para tratar de pacificar el territorio, es la hegemonía de uno de los grupos.”

Los casos de inoperancia de las autoridades también son evidentes en problemáticas como la extorsión, que no logra ser erradicada de la zona. De acuerdo con este ciudadano, “el tema de la vacuna es muy difícil porque ellos dicen: ‘pague 10 mil pesos semanales para la vigilancia’, pero frente a qué amenaza, frente a ellos mismos. Entonces es págueme para que no lo atraque o no le dañe su chuzo. Esas vacunas las cobran al transporte y a las tiendas o supermercados. Por ejemplo hay supermercados a los que les exigen el pago en efectivo pero también en especie.”

Este tipo de particularidades hacen que el conflicto difiera en algunos aspectos del que se vivía antes de la Operación Orión. “La diferencia en comparación con hace 10 años, es que por ejemplo la guerrilla pedía vacunas pero era a consideración de la gente, ahora hay tarifas. Además antes uno se podía mover porque, al estar ellos con la hegemonía del poder, pues había posibilidades de que los jóvenes fueran a otros sectores”, relató este residente.

El 29 de junio de 2002, los paramilitares incursionaron en el barrio El Salado, el cual era controlado por la guerrilla. Ese día hombres del bloque Cacique Nutibara asesinaron a un habitante, quemaron nueve ranchos y agredieron a los lugareños. Esto originó el desplazamiento de unas 170 familias del sector.

“Esa incursión no debilitó a la guerrilla pero si les incursionaron en un territorio de fortaleza guerrillera. Pero yo creo que los paramilitares solos no hubieran sido capaces de derrotarlos. Eso también explica un poco por qué la articulación entre fuerza pública y paramilitares; […] por ejemplo en las operaciones anteriores a la Orión la guerrilla respondió militarmente. El hecho de que nos tocaran combates de dos días mostraba que la guerrilla tenía con qué responder”, argumentó el poblador de la comuna 13.

Pero finalmente la guerrilla fue desplazada de la comuna con la Operación Orión y muchos de los lugares que fueron fortines de la subversión, hoy son usados por la fuerza pública para tratar de ejercer control sobre el territorio.

“Eso es muy charro simbólicamente. Por ejemplo, la guerrilla se metió en una casa grandísima de las Independencias  II, que la dejaron abandonada los dueños, y cuando entró la policía convirtieron eso en una base militar. En El Corazón hay un filo que era fortín de la guerrilla y preciso hoy es una base militar. Eso es un asunto simbólico. Se cambió el nombre pero se mantiene el lugar y se mantienen los armados”, concluyó este ciudadano.

Simbologías de este tipo son las que encuentran a diario los habitantes de la comuna 13, que han sobrevivido a distintas épocas de conflicto y aún esperan que el Estado pueda garantizarles bienestar y paz en sus territorios; pero no a fuerza de más violencia sino de trabajo social.

 

Consideraciones Finales

Con la irrupción de las Fuerzas del Estado en el año 2002 a través de las operaciones militares, la Comuna 13 no logró la pacificación, este escenario se complejizó aún más. La actuación del Estado como un ejército de ocupación parece reproducirse hasta la actualidad, finalmente, una intervención de este tipo ha contribuido durante diez años a reforzar las diferencias con lo institucional y ha incrementado la desconfianza y el temor en un Estado ausente.

Después de diez años, el Estado no ha logrado instaurar un dominio legítimo en la Comuna 13. Sus principales representantes en el territorio siguen siendo La Policía y Ejército, los cuales, coexisten con expresiones armadas ilegales que no aceptan un poder diferente al propio. Tales instituciones, no han logrado construir confianzas con la ciudadanía que las ve como ineficaces y corruptibles.

El Estado ejerce un control nominal del territorio. Se le observa como un Estado que no hace cumplir las leyes y que se encuentra atravesado por la corrupción. Es un Estado al que se le teme por la forma cómo actúan sus instituciones y por la amenaza siempre latente de repetir una Operación Orión.

En la Comuna 13 perviven y se acentúan la exclusión y la debilidad institucional. La persistencia y proliferación de actores armados ilegales gestados en el paramilitarismo, demuestran la ausencia de medios sociales y estructurales que satisfagan las necesidades culturales de nuevas generaciones que son hijas de la guerra. Los actores primarios del conflicto en la Comuna 13 no son la expresión de un orden alternativo de facto, pero son la principal fuente de poder que sobre el territorio pueda existir, para quienes busquen instaurar uno nuevamente.

Actualmente, se observa un comportamiento fragmentario en las bandas y combos de la Comuna. La fragmentación de grupos hace que existan alianzas fugaces entre algunos combos donde se prestan armas, hacen pactos de no agresión o se ponen de acuerdo para atacar a un rival. Sin embargo esos convenios son débiles y en ocasiones no duran más de un día. De igual forma hay continuos cambios de bando originados al parecer por las ofertas que hacen las principales bandas de la zona “La Agonía” y el grupo “El Coco”; a estas dos organizaciones se articulan y sirven pequeños combos.

La presión de los ejércitos paramilitares rearmados que operan en el territorio nacional cada vez es más incuestionable. Estas agrupaciones estarían tejiendo alianzas más sólidas con bandas locales de gran capacidad y desplegando una red sobre el territorio de la Comuna 13 a través de los combos que están al servicio de dichas bandas. Se asiste así, a una nueva fase de la escenificación del conflicto armado nacional en las ciudades donde los borrosos límites de la delincuencia, la criminalidad y lo violencia política parecieran aclararse por cuanto la degradación del conflicto y la historia de la ciudad, ha demostrado que todos existen al mismo tiempo y son selectivamente necesarios con arreglo a fines.



[1] Entrevista 1. Líder social de la Comuna 13 de Medellín. Octubre 12 de 2012.

[2] María Teresa Uribe de Hincapié, Nación, Ciudadano y Soberano, Primera Edición, Medellín, Corporación Región, 2001, pág. 256.

[3] Entrevista 1. Op. Cit.

[4] Angarita Cañas, Pablo Emilio et al., 2008, Dinámicas de guerra y construcción de paz: estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín, Medellín, Universidad de Medellín, pág. 44.

[5] Entrevista 4. Líder Juvenil de la Comuna 13 de Medellín. Octubre 13 de 2012.

[6] Ibíd.  

[7] Ibíd.

[8] Ibíd.

[9] Entrevista 1. Op. Cit.

[10] Angarita Cañas, Pablo Emilio, Op. Cit. Pág. 50-52.

[11] Ibíd. Pág. 52

[12] Entrevista 1. Op. Cit.

[13] Ibíd.

[14] Entrevista 5. Líder social y habitante de la Comuna 13 de Medellín. Octubre 13 de 2012.

[15] Entrevista 3. Habitante de la Comuna 13 de Medellín. Octubre 12 de 2012.

[16] Ejemplo de la influencia de Los Urabeños en algunos combos de la Comuna 13 y su interés de apropiarse de nuevos territorios fue la incursión del combo denominado ‘La Agonía’ en un barrio de la Comuna 12. Véase al respecto http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_enemigos_de_%E2%80%9Csebastian%E2%80%9D_marcan_territorio/los_enemigos_de_%E2%80%9Csebastian%E2%80%9D_marcan_territorio.asp

[17] Entrevista 2. Líder Social y Comunitario Comuna 13 de Medellín. Octubre 12 de 2012.

[18] Entrevista 5, Op. Cit. 

 

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