Frontera de El Limonar se cruza en bus escolar

Un bus escolar es la principal garantía para que más de cien niños y jóvenes puedan ir a sus colegios, sin temor a las fronteras invisibles, en los barrios El Limonar 1 y 2 del corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. Aunque este transporte ha permitido controlar la deserción, es lamentable que los estudiantes deban usar un bus para recorrer apenas cuatro cuadras.

De esa forma lo planteó un docente[i] del sector, quien destacó el compromiso de la Secretaría de Educación de Medellín que ha garantizado el transporte durante dos años, pero criticó la falta de una solución real para el problema de las fronteras ilegales, el cual afecta el normal acceso a la educación.

Según el maestro, es triste “que un bus transporte a unos chicos en un recorrido que pueden hacer a pie. Ahí debe haber un problema serio. Entones la solución es: para que no haya des escolarización y la comunidad no diga nada pongámosles el busecito, pero el problema sigue.”

En este vehículo diariamente se movilizan unos 50 jóvenes que bajan desde El Limonar 2 hasta el colegio Fe y Alegría, en El Limonar 1. De regreso, el bus lleva a unos 50 niños que cursan la primaria en la escuela Ventanitas de El Limonar 2. En efecto el trayecto podría recorrerse a pie, pero justo en el colegio Fe y Alegría los combos tiene una frontera ilegal para restringir el paso entre ambos barrios.

Aparte de reducir la movilidad, esta barrera afecta el uso de los espacios abiertos del colegio, como ocurre con la cancha, donde los alumnos quedan expuestos. “A través de la maya se ven El Limonar 1 y el 2, entonces a veces los muchachos de un lado se paran a gritarle cosas a los del otro y los chicos se ponen nerviosos”, relató el docente al revelar que este año han ocurrido tres balaceras cerca de la institución.

De acuerdo con el educador, en estos enfrentamientos tres personas habrían resultado heridas y dos más habrían muerto cerca del colegio; situación que incrementa el temor entre alumnos y docentes, quienes deben continuar sus clases aún en medio de balaceras.

En El Limonar el momento más crítico se vivió el 10 de mayo de 2011, cuando al parecer miembros de combos del sector se enfrentaron a la policía, con piedras, palos y armas de fuego, para impedir que se ejecutaran varías órdenes de captura. La asonada dejó una persona muerta y tres heridas, además obligó a suspender las clases en el colegio Fe y Alegría, hasta donde llegaron algunos padres de familia para llevarse a sus hijos a casa.

“Si la situación se pone muy dura, las mismas familias empiezan a bajar por los niños, si no ellos siguen en clase normal. No es que hayamos aprendido a sobrellevar esa situación de violencia, es que hay una arbitrariedad del Estado, nosotros ‘cagados’ del susto tenemos que dar clases porque no podemos abrir las puertas. Si se van los muchachos y les pasa alguna cosa nos fregamos, entonces que tenemos que hacer: mantenerlos adentro”, explicó el maestro.

Aunque cruda, esta realidad refleja la manera en que la comunidad educativa ha debido convivir con los grupos ilegales y con las situaciones de violencia, así como con otros riesgos que existen alrededor de las escuelas.

“Por ejemplo, cerca de la escuela hay caletas, porque muchas veces no están en las casas sino que están por fuera, escondidas en las mangas o en un hueco de una pared. La gente pasa y compra –drogas- y, como ellos dicen, no se calienta el parche en ninguna de las casas. También se dice que algunas de las armas las meten afuera en huecos (…) Eso es en los alrededores de la escuela, eso lo ven los niños y las niñas”, denunció el profesor.

Estas situaciones afectan el normal desarrollo de los estudiantes y, aunque no se suspenda el proceso educativo, en algunos casos sí se reduce la capacidad de aprendizaje de los alumnos, afirmó el docente; “pero eso no lo evidencian como una vulneración a los derechos de los niños y niñas… porque las afectaciones psicológicas y psíquicas no se miden.”

De igual modo, el pesado ambiente dificulta la labor de los maestros al momento de brindarles una educación integral a sus alumnos, más aún cuando la institucionalidad no garantiza la protección real de los derechos.

“Para nosotros esa situación es muy delicada, porque no es lo mismo un chico que está creciendo en medio de un conflicto donde la autoridad está legitimada por la fuerza y por el daño que puedan ocasionar las armas y no por una autoridad construida desde lo legal”, manifestó el docente.

Todas estas coyunturas complejizan el contexto educativo en el sector El Limonar, donde en mayor o menor medida, dependiendo de las dinámicas del conflicto entre combos, la violencia afecta directa o indirectamente el derecho a la educación y, aunque haya estrategias de choque, las soluciones de fondo siguen retardadas.

“Entonces, todo está muy calmado pero nos tenemos que transportar en un bus (…) La comunidad no siente seguridad. Sí quitan el bus inmediatamente se retiran chicos. Mira lo que pasó: tuvimos un año con unos 350 estudiantes, el año pasado aumentó a 380 y este año hay más de 400. ¿Por qué? Porque el bus lleva dos años sin interrupción.”

Con una dura afirmación, este docente explica que aparentemente en su institución no ocurre nada, porque “si no hay des escolarización no pasa nada” pues, según él, esa situación es la que sirve de alerta para que las secretarías de Educación y de Gobierno tomen cartas en el asunto.