Lenta, compleja y discrepante, pero a la vez participativa y crítica ha resultado la discusión del protocolo de participación efectiva de las víctimas en el país. Como era de esperar, en un debate como estos surgen posiciones radicalmente opuestas que en ocasiones enfrascan el proceso.
Para abordar algunas de las dificultades, en esta segunda entrega de ¿Qué pasa con el protocolo de participación de las víctimas? Entrevistamos a Mónica Rojas, responsable del tema de promoción y acceso de los derechos de las víctimas en el Instituto Popular de Capacitación, organización que representa, ante la Mesa Nacional Transitoria, a las Organizaciones Defensoras de las Víctimas (ODV´s) de la Mesa Departamental de Participación de Antioquia.
Mónica realizó un recuento sobre la forma como se ha desarrollado la discusión del protocolo de participación, identificando algunos de los principales desacuerdos y esbozando algunas de las expectativas con el proceso.
¿Qué ha ocurrido desde el principio con la discusión del protocolo de participación efectiva de las víctimas?
Yo creo que la Subdirección de Participación de Víctimas se equivocó al poner en discusión el primer documento borrador en el segundo semestre de 2012, pues este no sólo era denso y largo de 168 páginas, sino que pretendía abordar todos los temas referidos al derecho a la participación; lo que no necesariamente había que poner en discusión pues están consignados en la Constitución política, la ley 1448 y el decreto 4800.
Sin embargo, y a pesar de ello, se abordó la discusión en la segunda asamblea de la Mesa Nacional Transitoria, se realizaron recomendaciones y se propuso se socializará este documento en los territorios para surtir la consulta a las víctimas, a sus organizaciones y a las organizaciones defensoras. Se logró presentar el primer documento borrador por medio de 26 talleres territoriales de los cuales salieron un sin número de recomendaciones. En algunas partes el ejercicio logró llegar a lo municipal, es el caso de Medellín, y en otros lugares sólo se hicieron los talleres departamentales.
Ahora, el documento de resolución de protocolo presentado por la UARIV, tiene otro lenguaje, propone el texto en forma de articulados de apenas 31 páginas y contiene 56 artículos, en la versión del 2 de abril de 2013, Por ello surgió la primera discusión ¿Cómo puede un documento de 168 pagina convertirse en uno de 25 páginas recogiendo las recomendaciones de los representantes de las víctimas?
Ahí las víctimas no dudan en afirmar que el documento que se consultó es distinto del que finalmente se presentó y del que se va aprobar. Por tanto los delgados y delegadas de las Organizaciones de Víctimas (OV) y de la MNOPD han concluido que el protocolo no ha sido consultado y por ello no se puede aprobar.
A propósito de la resolución del protocolo de participación, otro tema importante y problemático, que se deriva de la discusión de si las víctimas han sido consultadas o no, es que esto conlleva a que la discusión se centre en que hay que ampliar necesariamente el tiempo de transitoriedad de las mesas y de las y los delgados de cada una de ellas. Esto para surtir la consulta y finalmente para construir un decreto reglamentario “vinculante”.
Lo de vinculante es porque, en vez de ser una resolución que sería firmada por la directora nacional de la Unidad de Víctimas, el decreto necesariamente será firmado por el coordinador nacional del SNARIV – el ministerio del interior – y de esta forma los entes territoriales y las entidades del sistema lo considerarán de obligatorio cumplimiento.
A pesar de que el documento cambió de formato, por así decirlo, ¿se han o no se han incluido las sugerencias de las víctimas en este borrador de protocolo?
Leyendo el texto de resolución y sin conocer todas las recomendaciones hechas en todos los territorios por las organizaciones de víctimas, se podría afirmar que este último documento ha recogido varias de las recomendaciones que, para el caso de subcomité de participación de Medellín y las propuestas en el taller de la Mesa (transitoria) Departamental de Participación de Antioquia, se habían hecho.
Por ejemplo, que el documento aborde el texto como articulado y que sea vinculante, así mismo el capítulo sobre condiciones, quiénes conforman la mesas subregionales, cómo van a ser elegidos, cuáles son las funciones de la secretaria técnica, cómo deben participar los enfoques diferenciales, etc.
Otros son los temas problemáticos en los cuales no hay acuerdo y de los cuales sólo mencionaré aquellos en los que creo hay más oposición, sobre todo para las propuestas construidas en el orden territorial y que no se diferencian mucho del discutido en lo nacional. Estos son:
Garantías para la participación, que incluye las garantías materiales con la aprobación de un recurso económico (salario profesional, técnico y/o bonificación económica por labor realizada) para las y los delgados a las mesas de participación y a los subcomités y comités donde se discute la política pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (ARIV), versus dedicar un capitulo completo de la resolución a los incentivos positivos y negativos que finalmente premie a los que cumplen con sus funciones y sancione a aquellos que no lo hagan (incluye delegados y delegadas de organizaciones de víctimas, de enfoques diferenciales, de organizaciones defensoras y funcionarios públicos) Quizás la esperanza de los delegados y delegadas de las OV, es que en este capítulo se incluya el pago del salario (que se estipule como digno) a los representantes de víctimas.
Otro tema importante es de la prohibición expresa de que las organizaciones representadas por víctimas (tramitadores) no puedan hacer presencia en las mesas de participación de víctimas y no puedan ser delegados a los espacios de participación donde se discute la política pública para la ARIV, lo que significaría que necesariamente se debe surtir el proceso de caracterización de las organizaciones para detectar cuales representan legítimamente los intereses colectivos de las víctimas y cuáles no, versus que éstos participen sin ningún tipo de limitante y de reglas para su participación y delegación.
Se ha argumentado de parte de algunas organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras, que el problema no es ser o no tramitador, porque su existencia se debe a la inoperancia del Estado para reparar efectivamente a las víctimas, además porque la actividad de tramitar no está tipificada como delito; el problema es hacerlo de forma indebida por medio de engaños y estafas a las víctimas.
Y finalmente también hay una discusión muy gruesa acerca del papel de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas en las mesas y en el sistema de participación porque no hay una claridad frente a las funciones que estás deben cumplir y el papel que deben cumplir para igualmente incidir en la política pública de atención y reparación integral a las víctimas y si necesariamente tendrán que pasar por el filtro de la aprobación o no de su presencia, por parte de los y las delegados en lo territorial y en lo nacional; versus que las organizaciones defensoras no hagan parte de las mesas y por tanto no deberían hacer parte del sistema de participación. Muchos han dicho que la “mediación o presencia” de las ODVs puede convertirse en una ausencia de proyectos para las organizaciones de víctimas directamente y más conveniente para el gobierno que para las propias víctimas.
Se terminó el plazo del espacio transitorio y todavía no hay protocolo ¿Qué puede ocurrir ahora?
La resolución 004 de 2012 le puso plazo a la existencia de las mesas de manera transitoria hasta el 30 de marzo de 2013, plazo en el que se debería tener también aprobado el protocolo de participación después de surtida la consulta a las víctimas, ósea, cuando los delegados de la mesa transitoria y de la mesa nacional de OPD fuimos convocados a participar del Foro sobre los indicadores del goce efectivo de derechos y a la discusión de la resolución de protocolo de participación, ya no existía la Mesa Nacional Transitoria.
Eso fue clarísimo para algunos, por eso la invitación fue a participar en un foro y no en una asamblea deliberatoria. Igualmente con una ceremonia la subdirección de participación entregó a las y los delegados la debida certificación por participar del espacio transitorio dando por cerrado de esta manera el funcionamiento de la mesa nacional transitoria.
Es decir, hay un limbo entre lo que fue transitorio y lo que realmente debería empezar a funcionar a partir del mes de abril en todo el país, pero sin que se defina en propiedad el protocolo de participación difícilmente se podrán surtir los procedimientos de conformación de las mesas municipales, distritales y/o subregionales, departamentales y Nacional.
Ese es el vacío, así que los que eran delegados de manera transitoria de las OV, de la MNOPD, por tipo de victimización, de los enfoques diferenciales y de las ODV´s ya no lo son y debe surtirse nuevamente todo el procedimiento en lo territorial y en lo nacional. En este sentido sigue habiendo dos posturas: una que se inclina por no alargar por más tiempo lo transitorio de las mesas y sus delegados a los escenarios de discusión de la política pública de ARIV; y la otra, que propone que se alargue la transitoriedad para surtir la consulta del protocolo y hasta que éste sea propuesto como decreto reglamentario.
¿En qué va el proceso de consolidación de protocolo en la actualidad?
Hasta donde vamos, vamos en una tercera versión de documento borrador de resolución, que salió ahorita el 2 de abril y se presentó en el Foro Nacional de Discusión de Goce Efectivo de Derechos y de Discusión de Protocolo de Participación.
Y como ese documento todavía está en borrador. Ya recibió observaciones y recomendaciones, por ello, durante el foro nacional los participantes se dieron a la tarea de analizar la resolución y construir recomendaciones al documento presentado por la subdirección de participación (versión 2 de abril de 2013) y posterior a este evento, estas recomendaciones fueron entregadas a la UARIV y a la subdirección de participación.
Igualmente algunas ODV´s participantes del foro, construyeron un documento de consenso frente al articulado relacionado con las organizaciones defensoras proponiendo ajustes al texto y recomendaciones, estas también fueron entregadas a la UARIV y a la subdirección e inclusive se radicaron el 9 de abril en la audiencia realizado en el congreso de la república.
Hasta donde entiendo, el comité de gestión y de trabajo (transitorio) ampliado, ha solicitado a la UARIV se realice la consulta con este espacio del documento final de resolución del protocolo de participación de víctimas con el fin de llegar acuerdos conjuntos.
Y por otro lado, la sesión de la Comisión Legal de Seguimiento del Congreso a la Implementación de la Ley de Víctimas, del 24 de abril de 2013, se ocupó de debatir los temas acerca del Protocolo de Participación de la Ley 1448 del 2011.
Esto porque durante la audiencia en el congreso de la república, el 9 de abril – Día por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas –, muchos de las y los delgados hicieron énfasis en su inconformidad frente al manejo que se le ha dado al derecho a la participación efectiva de las víctimas y en concreto se refirieron a las discusiones frente resolución del protocolo de participación presentado por la UARIV.
Lo que se espera es que las recomendaciones entregados por las OV y las ODV´s sean recogidas en la versión final que la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, presentará al país en los próximos días y proponga formulas coherentes para superar las dificultades con relación a la consulta, a si resolución o decreto reglamentario y a sí se amplía o no la participación de manera transitoria o si a cambio se pone en funcionamiento en propiedad el sistema para garantizar efectivamente la participación de todo las víctimas.
Y también se espera que el debate realizado en el Congreso de la República sirva para que finalmente los puntos de discrepancia salgan a la luz y se emprenda un esfuerzo conjunto para logra un verdadero avance, en este sentido, con el documento final de protocolo de participación; por el bien del país y sobre todo de las millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
