En mayo estaría firmado el protocolo de participación de las víctimas

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Foto: Unidad de Víctimas

Para el mes de mayo espera la Subdirección de Participación de la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, esté firmado el protocolo de participación efectiva de las víctimas. Ese mismo mes habría un periodo de socialización y a mediados de junio estarían instaladas las mesas municipales, departamentales y nacional de participación.

El ambicioso cronograma fue dado a conocer por el subdirector de Participación de la Unidad Nacional de Víctimas, Gabriel Bustamante, quien en entrevista con la agencia de prensa del IPC, manifestó que el gran reto del protocolo “es ofrecer resultados reales” a las víctimas, partiendo de la concertación de política pública. Leer entrevista ¿Aún con intentos de sabotaje habría protocolo de participación?

Bustamante indicó que el protocolo iba a ser firmado la semana pasada pero la Unidad decidió aplazar la firma, luego de recibir algunas sugerencias de los senadores Luis Carlos Avellaneda y Juan Fernando Cristo, durante la sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, realizada el miércoles 24 de abril en el Congreso de la República.

Se espera ahora que el próximo miércoles 8 de mayo se realice una nueva sesión, la cual será transmitida por el canal del Congreso, donde, según Bustamante, la Subdirección de Participación socializará el protocolo de cara a los 5.5 millones de víctimas que tiene el país.

A esta deliberación, indicó la sala de prensa del Senado, fueron citados el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Director de la Policía Nacional, José Roberto León Riaño para tratar medidas de seguridad y proteger a los líderes de las víctimas que se hallan amenazados.

Luego de la sesión, Gabriel Bustamante espera que se firme el protocolo y arranque la consolidación de un espacio definitivo de participación pues, según él, “la demora en el protocolo está causando un detrimento en la política pública de las víctimas.”

 

Algunos han intentado sabotear el protocolo

El interés de algunos sectores por mantener un espacio transitorio de participación, que al parecer beneficia sus intereses, ha sido uno de los principales obstáculos para la discusión y aprobación del protocolo de participación efectiva de las víctimas.

De acuerdo con Gabriel Bustamante, “claramente hemos encontrado un grupo que quiere sabotear el proceso sobre la base de que: si no hay resolución no hay protocolo, no hay mesas definitivas; y ellos siguen representando a las víctimas como hasta ahora lo han hecho.”

El asunto del decreto se convierte en un retraso para consolidar un espacio definitivo. El problema radica en que la Unidad Nacional de Víctimas aprobaría el protocolo a través de una resolución, pero algunas organizaciones de víctimas pretenden que se trate de un decreto presidencial, lo que alargaría el proceso.

También durante el Foro de Participación Efectiva de las Víctimas, realizado entre el 4 y el 6 de abril en Bogotá, ocurrieron continuos intentos de sabotaje, según Gabriel Bustamante, provenientes de algunos grupos al interior del espacio transitorio y de la mesa de fortalecimiento.

“Se desarrolló el foro con mucha dificultad, se puso todo el protocolo, se trabajó por mesas. El último día intentaron sabotear el foro otra vez. Finalmente delegaron una comisión redactora que pidió quedarse después del foro (…) Fueron aproximadamente 15 personas con las que se hizo ejercicios con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo”, explicó Bustamante.

A parte de los intentos por retrasar este proceso, existen otros inconvenientes que han dificultado la discusión y han empobrecido la producción de política pública desde el espacio transitorio. Según el Subdirector de Participación, hay “personas que están interesadas en que el protocolo salga bien, y les recibimos las críticas y propuestas con el mayor de los gustos, pero encontramos que no tienen claros los límites legales que tiene la resolución.”

Es así como a la Unidad de Víctimas han llegado recomendaciones, para adicionar al protocolo, que pretenden incluso modificar la función de los personeros, argumentando que no cumplen con sus funciones de secretaría técnica. Pero ante dicha propuesta existe obligatoriamente un filtro jurídico porque, explicó Bustamante, “en una resolución no –se- pueden cambiar las funciones de los personeros, eso es motivo de una ley de la República.”

Igualmente el tema de los incentivos económicos generó dificultades, pues llegó hasta el punto de que algunos líderes de víctimas pidieron devengar salarios, por día sesionado, equivalentes al sueldo del Presidente, los gobernadores o los alcaldes, algo que “ni jurídica, ni técnica, ni financieramente es viable”, indicó el Subdirector de Participación.

Sobre este asunto, lo que sí contempla el protocolo es un acuerdo, a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, para regular un pago a los líderes durante sus sesiones en el espacio de participación. Ese apoyo económico se tramitaría en los gastos de viaje.

Situaciones como estas originan comentarios de las víctimas, según los cuales: la Unidad no recoge las recomendaciones o las sugerencias hechas por sus organizaciones. No obstante, Gabriel Bustamente explicó que se recogen las propuestas que legalmente pueden incluirse en el protocolo.

“Esto es un trabajo de hacer concertación y, en medio de la concertación, hacer pedagogía”, concluyó el funcionario.

 

 

Enfoque de género y hechos victimizantes

Luego de 28 foros departamentales y un foro nacional, donde se recogieron las recomendaciones de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas (OVD´s), la Subdirección de Participación de la Unidad Nacional de Víctimas recogió más de cien documentos, además de los comentarios en la página Web, sugiriendo propuestas para el protocolo.

Estas iniciativas permitieron, por ejemplo, delimitar componentes como el enfoque diferencial y la representación por hecho victimizante, los cuales jugarán un papel clave al momento de garantizar la participación del universo de víctimas.

Bajo estos parámetros se consolidará la presencia de mujeres; niños, niñas y adolescentes; población con discapacidad y comunidad LGBTI en las mesas de participación. Así mismo, se posibilitará la adecuada representación de hechos victimizantes como: homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos contra la integridad sexual, minas antipersonal, actos terroristas, abandono forzado de tierras y masacres.

Las condiciones de participación y representatividad pretenden, además, evitar representaciones como la del Comité de Trabajo y Gestión, conformado por 11 personas que, “en la práctica, reemplazan la mesa –de participación-. Ellos viajan a todo lado, pactaron en algún momento que irían a todos los talleres (…) y quisieron ser contratistas de algunos ministerios”, señaló Gabriel Bustamante.

De otro lado, también se espera impedir la presencia de tramitadores en el espacio de participación. Según el funcionario, de acuerdo con el protocolo “los miembros de las mesas no podrán utilizar su posición para ser tramitadores ni para diligenciar asuntos a favor propio. Sí eso se llega a dar le decimos al Ministerio Público que tiene que anularse la inscripción, obviamente en el marco de un debido proceso.”

Todos estos asuntos apuntan a consolidar un escenario ideal de participación, en lo posible libre de oportunismos, que les permita a las víctimas realizar aportes importantes a  la política pública de atención y reparación integral, y hacerle seguimiento a la implementación de la ley. Para esto es necesario que se empiece a trabajar desde un espacio definitivo de participación con normatividades claras.

 

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