Foto: Kienyke
Para cerrar el ciclo de entrevistas sobre ¿Qué pasa con el protocolo de participación de las víctimas? La agencia de prensa del IPC entrevistó al Subdirector de Participación de la Unidad Nacional de Víctimas, Gabriel Bustamante, quien resolvió algunas de las inquietudes planteadas hasta ahora.
Participación por hecho victimizante y con enfoque de género, apoyo económico para representantes de víctimas que sesionen en los espacios de participación, medidas para evitar la presencia de tramitadores y denuncias sobre presuntos intentos de sabotaje a la discusión de protocolo, fueron algunos de los temas abordados por el funcionario de la Unidad de Víctimas.
Durante la entrevista Gabriel Bustamante anunció que en mayo estaría aprobado el protocolo y en junio serían conformadas las mesas de participación. La intención es que no haya más cabida para lo transitorio y que por fin empiece el espacio definitivo de participación de las víctimas.
Gabriel Bustamante, Subdirector de Participación de la Unidad Nacional de Víctimas
¿Cuál es el balance que puede entregar, hasta ahora, de este proceso de discusión y construcción del protocolo de participación?
Lo primero que hay que decir es que el protocolo es una orden que viene derivada de la Sentencia T025, orden que no se pudo concretar en su momento por la entidad responsable que era Acción Social y luego por el DPS.
A partir de la creación de la Unidad de Víctimas, en enero de 2012, el protocolo fue un requerimiento que nos hizo la Corte, en un momento especial que era la transición entre el sistema de atención a desplazados y el nuevo sistema de la Ley 1448, que es el sistema de atención a las víctimas. Entonces ese protocolo ya viene con dos órdenes específicas.
En ese sentido la Unidad ha venido construyendo a lo largo de todo el 2012 una serie de reuniones. Se pactaron unas reuniones departamentales. Posteriormente cuando la Unidad se da cuenta que los tiempos de la Ley no coordinan, tenemos que sacar el protocolo pero ya venía la construcción de los planes de acción territorial, que tenían que instalar los comités de justicia transicional.
Entonces sale un decreto que es el 0790 de 2012, que dice que las mesas de fortalecimiento de población desplazada deberán integrarse a la mesa de víctimas que es la que regula el protocolo. Y que en ese tránsito tiene que haber un espacio transitorio.
Sobre la base de ese decreto y sobre la base de que no estaban participando las víctimas, la Unidad saca la circular 04 de 2012, donde estipula la elección de unos espacios transitorios. Esos espacios funcionaron después de una prórroga hasta el 30 de marzo. Y con esos espacios transitorios se concertó la elaboración del borrador de protocolo. Eso pasó por un primer documento bastante voluminoso, en el cual se juntaron las opiniones de las víctimas, de entidades como la Comisión de Seguimiento, la Comisión Colombiana de Juristas…
Posteriormente luego de cerca de 24 foros departamentales, de haber recibido documentos de ONG´s, de organismos de control y de entes territoriales, llegamos a un primer borrador de resolución que se puso a circular y se colocó en la página Web.
Se volvió a hacer otra retroalimentación de ese borrador después de marzo y ya llegamos con un borrador, ya no de 18 páginas sino cerca de 30 páginas, al Foro Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas.
Paralelamente se hicieron cerca de 32 talleres con la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, además de los que estuvieron en el marco del espacio transitorio.
Ya en el foro de participación efectiva de las víctimas llegamos con un protocolo que se supone estaba trabajado, que lo habían leído. Ese protocolo se colgó en la página Web, se recibieron más de 700 visitas, se recibieron documentos durante todo el periodo de marzo y en abril se hizo el foro de participación efectiva donde se trajo gente de todos los departamentos. Del espacio transitorio se trajo toda la mesa nacional y se trajo toda la Mesa de Fortalecimiento. En total estamos hablando de más de 200 líderes de víctimas.
El foro tuvo tres momentos. El primero fue un trabajo de preparación de la metodología y preparación y organización de los comentarios que las víctimas habían hecho durante todo el tiempo de discusión. Y se trajo dos días antes del foro un espacio que se llama el comité de trabajo y gestión, compuesto por 11 personas, que estuvo sentado con quienes elaboraron técnicamente el protocolo discutiendo apartes del mismo. Y en otro espacio aparte se trajo a la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada; unas 65 personas discutiendo también la metodología y los aportes que se debían hacer. Y dos días antes también trajimos a personas de 6 departamentos con los cuales no se alcanzó a hacer foro departamental: Guanía, Vaupués, San Andrés, Amazonas, Guaviare y Vichada. Esto fue un trabajo previo de dos días, anteriores al foro.
El foro tuvo intentos de sabotaje continuos. Hubo grupos al interior del espacio transitorio y de la mesa de fortalecimiento, no todos, hay que decirlo, que plantearon un sabotaje para que no hubiera protocolo. La intención parece ser que sin protocolo no hay mesa definitiva y ellos esperaban seguir funcionando como mesa transitoria y algunos como mesa de fortalecimiento.
Finalmente se desarrolló el foro con mucha dificultad, se puso todo el protocolo, se trabajó por mesas. El último día intentaron sabotear el foro otra vez. Finalmente delegaron una comisión redactora que pidió quedarse después del foro. El foro terminó el 6 y ellos se quedaron hasta el 11. Fueron aproximadamente 15 personas con las que se hizo ejercicios con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Al final entregaron un documento que se sumaba al resto de documentos, los cuales habían llegado de las regiones: de organizaciones de víctimas, de ONG´s, de organizaciones de mujeres…
Entonces lo que se hizo fue un trabajo basado en tres cosas: primero, recoger todas las propuestas, más de 100 documentos que allegaron al proceso más los comentarios en la Web, algunos no estaban construidos con propuestas sino que eran producidos como discursos a la participación. Hubo que tratar de sacar un listado de propuestas.
Una vez estaba ese listado empezamos a ver cuáles de las propuestas podían pasar un filtro jurídico, o sea cuáles podrían estar en la resolución, y cuáles un filtro técnico. Por ejemplo, en muchas regiones quieren cambiar la función de los personeros, dicen que los personeros no cumplen o que no los citan y que no están contentos con que la Personería haga la secretaría técnica. Entonces proponen en la resolución que nosotros cambiemos las funciones de los personeros. Pero ahí hay un filtro jurídico y es que en una resolución yo no puedo cambiar las funciones de los personeros, eso es motivo de una ley de la República.
¿Cuáles han sido los puntos de más conflicto, los que han dificultado el consenso?
Incentivos
Temas por ejemplo como los incentivos. Hay varias propuestas. Algunos redujeron la discusión de incentivos a que hay que pagarles por ir a las reuniones. Y tuvimos propuestas como por ejemplo: hay uno que propone que se les pagara el salario del Alcalde a nivel municipal, el salario diario por sesionar; a nivel departamental el salario del Gobernador; y a nivel nacional el salario del Presidente. Entonces eso ni jurídica ni técnica, ni financieramente es viable.
Otros, como en el caso del señor Castillo que tiene un blog que se llama Hojas Sueltas, lo que propuso fue que el trabajo de las mesas, o sea el trabajo de los espacios de participación, debía formalizarse laboralmente. Pero jurídicamente en una resolución de la Unidad no podría decirse que todos los que trabajan en las mesas se vincularán laboralmente. Eso implicaría no una resolución de la Unidad sino del Ministerio de Trabajo.
La propuesta más racional a la que llegaron en la mesa fue que a nivel nacional se les pagara 250 mil pesos, por día que estuvieran sesionando; a nivel departamental 200 mil; y a nivel municipal 100 mil. Entonces se les explicó que esa propuesta no podía darse porque la Unidad no puede obligar a los alcaldes y gobernadores a que les pagara esa suma.
Cuál fue la propuesta en el protocolo: que eso fuera al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que es donde se reúnen todas las actividades nacionales que tienen que ver con la atención y la reparación a las víctimas, para que el SNARIV sacara un acuerdo regulando el pago, no sólo del hotel y los viáticos, sino un pago que se tenga como gastos de viaje para que no tenga problemas jurídicos. Eso lo dice el protocolo, el SNARIV definirá cuánto será el apoyo para el tema de garantías de participación.
O sea, la Unidad en ningún momento está en desacuerdo de que se les reconozca algo porque es gente que deja su casa tirada y es un día que le está aportando a esa actividad. Lo que nosotros no podemos es volver esto un trabajo o llegar al punto de decir que se les va a pagar a todos un día de salario del Gobernador o del Presidente. Entonces ahí hay un punto donde hay varios frentes de propuestas que inclusive ni entre ellos mismos se han podido colocar de acuerdo.
Confusiones e inconsistencias en la participación y la representación de las víctimas
Otro punto fuerte de discusión, ha sido el de, que ellos en el espacio transitorio que fue un trabajo importante en la medida en que se garantizó la participación de las víctimas en todo este tiempo, pero fue un trabajo que técnicamente no fue consistente.
En este momento tenemos una mesa nacional de 103 miembros. Hay que entender que estos espacios, de las mesas de víctimas, no son espacios autónomos de víctimas, son espacios de representación donde ellos van a concertar la política pública con el Estado. Algunos no tienen claro eso. Ellos creen que las mesas de participación efectiva son asambleas de organizaciones de víctimas, autónomas, y que se va a discutir de todo.
Las mesas son las interlocutoras, a nivel municipal, con la Alcaldía para concertar la política pública; en el departamento, con la Gobernación; y en la Nación, con los órganos nacionales y estatales, incluido el Presidente.
Entonces –las mesas- son órganos que deben tener una capacidad técnica para dialogar con el Estado, hacer propuestas y elaborar una política pública para víctimas, cosa que no sucedió durante todo el espacio transitorio. Uno puede revisar y ese espacio transitorio fue muy importante, se tuvieron reuniones, pero la producción de política pública en ese espacio es muy pobre. Esto porque a un espacio de 103 personas obviamente no las pone de acuerdo nadie.
Y que sucedió, que la mesa nacional terminó reemplazada por algo que no está en la ley, que no está en el decreto y que no tiene un mandato claro en un acta que hicieron en Medellín, que es el Comité de Trabajo y Gestión. Ese comité son 11 personas.
A propósito de ese comité, ¿es cierto que existe una queja, de organizaciones defensoras de víctimas, porque algunos de sus miembros contrataron con ministerios?
Si ha habido quejas de por qué viajan a todo lado, que pactaron en algún momento que ellos iban a todos los talleres, entonces se repartían por todo el país haciendo los talleres y que algunos fueron contratistas de un Ministerio.
Pero además de eso, las representaciones de los hechos victimizantes no están claras. Por ejemplo el representante de los niños y niñas es un señor de más de 50 años. Pero cuál el punto, es que no hay un solo papel de niños, niñas y adolescentes como víctimas; lo mismo se puede decir de mujeres, lo mismo de víctimas de minas, lo mismo de cada uno de los hechos victimizantes con enfoques diferenciales.
Entonces la solución que le dimos fue que esa mesa no puede ser otra vez de 103. Hicimos un ejercicio racional donde se le da representatividad a cada hecho victimizante y la persona tiene que probar su representatividad para estar en ese hecho victimizante. Es decir, si voy a representar delitos contra la libertad, como el secuestro, tengo que ser víctima de secuestro. Y segundo abrimos cupos con enfoques diferenciales. Abrimos para que haya LGBTI; un cupo diferencial para tercera edad, mayores de 65 años; tres cupos étnicos; y un cupo de jóvenes, entre 18 y 28 años.
Ahí los niños, niñas y adolescentes tomamos la decisión de que físicamente no estén en las mesas, porque en estas mesas se están tratando temas muy delicados como violencia sexual o masacres, etc. A los niños, niñas y adolescentes habrá que hacerles un protocolo aparte y que, bajo una metodología que tendremos que idear en la Unidad, ese protocolo pueda mandar documentos de política pública, de lo que piensan realmente los niños, a la mesa nacional, departamental y municipal. Lo que pusimos fue la obligación de que esos documentos que lleguen, de las mesas de niños, tengan prioridad en las agendas de las diferentes mesas de participación y de los diferentes espacios donde se decide política pública.
El enfoque de género
El tema de mujer lo pusimos muy fuerte. Primero: en los hechos victimizantes, cada hecho tiene dos cupos, ahí dijimos por lo menos uno de esos dos cupos será llenado por una mujer. Luego tenemos los desplazados, que son el 80% de la población víctima, entonces en las mesas municipales los desplazados tienen 8 representantes y en la nacional 10. Ahí dijimos en las mesas municipales por lo menos cuatro cupos deben ser llenados por mujeres y en la nacional cinco. Además de eso para garantizar que haya un enfoque real de género, dimos un cupo con enfoque diferencial por hecho victimizante para organizaciones de mujeres.
Entonces el tema de mujeres es muy fuerte. Por eso me llama la atención que muchas mujeres víctimas tienen dos clases de quejas: una, que viene del espacio transitorio y de la mesa de fortalecimiento, y esto se ha dialogado, se ha hablado y se ha concertado, tienen conocimiento de las garantías y de un protocolo pro mujer, por llamarlo de alguna, y sin embargo cuando hay espacios públicos se quejan. A mí me da la impresión de que hay más una intención de dañar el proceso que de realmente reclamar porque no están los derechos de las mujeres ahí.
Y el otro caso que nos encontramos es que en los foros públicos llega gente que nunca ha leído el protocolo, que no ha estado en el proceso y les dan un micrófono y empiezan a criticar sin tener el mínimo conocimiento. Eso nos ha pasado no sólo con víctimas sino con ONG´s. En el Congreso llegó alguien de una ONG a decir que la Ley de Víctimas era una ley de parias. Yo de alguna manera lo increpé y le dije: por favor, usted viene de apoyar la Ley de Justicia y Paz y de esa ley a la de víctimas hay un trecho inmenso.
¿Algunas organizaciones de víctimas dicen que no se recogieron sus sugerencias, qué ha ocurrido?
El protocolo ha sido construido sobre las propuestas pero necesariamente no todo se puede incluir. Por ejemplo tienen una propuesta que dicen que es de fondo: que el protocolo no sea una resolución sino un decreto. Pero a quién le ordena la ley la labor de hacer el protocolo es a la Unidad y ésta se manifiesta es mediante resoluciones.
Y esa propuesta de que sea un decreto, puesta hoy en el escenario, es una propuesta para sabotear el proceso, porque la Unidad podría decir: bueno que sea un decreto, pero para eso tocaría pasarle la resolución al Ministerio del Interior y a jurídica de la Presidencia porque quieren un decreto presidencial; y por bien que nos vaya estará eso seis meses para estudio, o sea que este año no habría elecciones.
¿Esa propuesta pretende entonces dilatar el funcionamiento del espacio transitorio?
Claro, ellos quieren que se les amplíe el espacio transitorio, pero los órganos del control han dicho que eso es contra producente. Por ejemplo la Contraloría, la Personería, la Defensoría y la Procuraduría no aceptan el espacio transitorio, así lo ampliemos no lo aceptan y lo han dicho por escrito, Defensoría del Pueblo. Ni si quiera lo aceptaron cuando estuvo vigente. Los representantes del espacio transitorio al Comité de Control y Seguimiento nunca pudieron ser nombrados porque estos órganos de control les desconocieron su legitimidad.
Ahí se cruzan personas que están interesadas en que el protocolo salga bien y les recibimos las críticas y propuestas con el mayor de los gustos, pero encontramos que no tienen claros los límites legales que tiene la resolución. Y claramente hemos encontrado un grupo que quiere sabotear el proceso sobre la base de que si no hay resolución no hay protocolo, no hay mesas definitivas, y ellos siguen representando a las víctimas como hasta ahora lo han hecho, pero hay muchas quejas de las organizaciones de víctimas también sobre su liderazgo.
Entiendo que durante las discusiones del protocolo ha existo un ambiente tenso ¿Se han presentado amenazas entre organizaciones?
Eso no ha llegado a una denuncia formal en la Fiscalía por lo que queda en versión de chisme. ¿Qué es lo que queda en versión de chisme? Que muchos de los panfletos que se atribuyen a grupos paramilitares o BACRIM, hay denuncias de la población víctima de que son a su vez víctimas que están amenazando a los otros para que no se lancen a la mesa. Eso es un rumor pero nadie ha puesto una denuncia formal. Claro, durante todo el proceso denunciaron que había miembros de grupos armados en las mesas, en el espacio transitorio, pero no hay una denuncia formal contra nadie.
Sí pidieron que se cerrara la posibilidad de que los reinsertados pudieran estar en la mesa. Eso tuvo obviamente al interior de la Unidad, con los abogados, una discusión bastante intensa. (…) –Surgieron cuestionamientos como-: si la persona se reinsertó y después de eso pisó una mina o sufrió un atentado, entones sí puede ser víctima.
Ahora, ¿yo a un reinsertado le puedo cerrar las puertas para ingresar a las mesas de participación de víctimas? Revisada la ley y las posibilidades nos dimos cuenta que no, porque si nos les cerraron las puertas a los reinsertados del Quintín Lame o del M-19, para estar en el Congreso o en las Alcaldías, mal haríamos en cerrarles las puertas a la mesa de participación de víctimas.
Digamos, en el caso de los paramilitares, hay algunos que están condenados por delitos políticos y no más, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, esos pueden participar. Pero si hay alguno que lo condenaron, así sea a pena alternativa, por una masacre o por un homicidio, ese no puede participar.
Entonces, ¿a qué fue a lo único que pudimos llegar ahí? a poner un artículo o parágrafo que dice: los que tengan antecedentes penales, por fuera de delitos culposos o políticos, no podrán pertenecer a las mesas. Entonces claro –los que hicieron la recomendación- dicen que no los tuvimos en cuenta porque no les cerramos las puertas a los reinsertados.
En este punto la dificultad recoger la opinión de todo el mundo y después darles a entender que legalmente lo que ellos dicen no se puede poner ahí –en un artículo-. Esto es un trabajo de hacer concertación y en medio de la concertación hacer pedagogía.
¿Cuál es el principal reto del protocolo?
El gran reto de este protocolo es que las mesas de víctimas no sean un espacio más de concertación con el Estado. Nosotros tenemos hasta ahora más de 50 espacios de concertación de política pública: consejos de mujeres, de cultura, de juventud… Hay consejos de todo y son muy pocos los que funcionan y, efectivamente, yo me atrevería a decir que ninguno funciona.
El gran reto de un nuevo espacio de concertación de política pública, en este caso para víctimas, es que tenga resultados reales, porque las víctimas si están esperando resultados reales de la ley.
¿Cómo se manejará el tema de los tramitadores?
Ahí lo que hicimos fue decir que los miembros de las mesas no podrán utilizar su posición para ser tramitadores ni para diligenciar asuntos a favor propio. Sí eso se llega a dar le decimos al Ministerio Público que tiene que anularse la inscripción, obviamente en el marco de un debido proceso.
Se acabó el espacio transitorio y se presentó el pasado 2 de abril un último borrador de protocolo ¿Ahora que sigue?
El protocolo se iba a firmar la semana pasada y en el debate de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso de la República, el cual celebramos mucho, hubo una petición del senador Luis Carlos Avellaneda de que se aplazara la firma hasta que no hubiera una nueva discusión.
Pero ahí si entré yo a decirle al senador y al plenario de la comisión, que la discusión que se había hecho ya con el espacio transitorio y con la mesa de fortalecimiento, después de 28 foros departamentales y de ese foro nacional, pues yo no iba a repetir ese ejercicio. Que lo que proponía era un ejercicio de cara a los cinco millones y medio de víctimas que tiene el país, abriendo la televisión para socializar el protocolo.
La comisión aceptó y el 8 de mayo vamos a hacer una socialización transmitida por el canal del Congreso, se está buscando que también la transmita el canal Institucional, para todo el país, donde nos dejen explicar el protocolo. Finalizado ese ejercicio se firma el protocolo y arrancamos.
Firmado el protocolo vamos a tener un periodo de socialización de cómo será la elección y en menos de un mes, a partir de la firma, arrancamos a elegir mesas municipales, luego departamentales y por último nacionales. Porque si no seguimos rápido este año se nos va a pasar, esta mesa tendría un periodo muy corto y no tendría sentido ni siquiera sacar resolución este año. La meta de nosotros es que a mediados de junio estén todas las mesas instaladas.
¿Cómo se conformarían esas mesas?
Nosotros hemos planteado que a nivel municipal, departamental y nacional las mesas tienen que estar integradas por hechos victimizantes y enfoques diferenciales. Partimos de una primera dificultad y es que no hay organizaciones de víctimas en lo local o son muy pocas, de pronto en las ciudades capitales pero no en los pequeños municipios.
Entonces cambiamos la óptica que había sobre las organizaciones de víctimas, que no existen en lo local, y les dijimos a los líderes que tienen unos cupos por proveer y tienen que postular personas a esos cupos, que están construidos sobre los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales.
El ejemplo, de lo que puede pasar en muchos lados es que en un municipio lo único que haya sea una mesa de fortalecimiento de la población desplazada. A esa mesa le tocaría postular sus ocho desplazados, elegirlos, pero el resto de la mesa no se puede elegir si no se postula, en los hechos victimizantes, a una víctima de minas, una de violencia sexual, una de secuestro, etc. Si ellos no se postulan ese cupo no se puede llenar. Y luego tienen que llenar los enfoques diferenciales: un adulto mayor, una persona en situación de discapacidad, etc.
Luego, la mesa municipal delega dos representantes a la asamblea departamental ahí, pasa igual, se inscriben las organizaciones. En esas asambleas si vamos a tener más organizaciones inscritas, obviamente, la gran mayoría de desplazados. Pero esas organizaciones tienen que elegir el mismo tarjetón: donde hay dos cupos para homicidios, dos para minas, dos para violencia sexual y ocho para desplazados. En la misma lógica tienen que postular candidatos.
En primera instancia decimos que haya concertación para elegir los representantes, pero si no hay concertación se va a voto, por hecho victimizante o enfoque de diferencial, entre esos postulados.
Y en la mesa nacional sí cambia la dinámica, porque en la mesa nacional, primero, no se pueden inscribir. Y eso es porque alguien que no tenía trabajo municipal o departamental lo que hacía era irse a inscribir en la nacional para hacer concejo. Es decir, en la mesa nacional no se van a inscribir organizaciones de víctimas. Ahí sí, cada asamblea departamental delega una persona por hecho victimizante y por enfoque diferencial. O sea que al término de la jornada vamos a tener 24 personas por cada departamento, conformando una gran asamblea nacional por hechos victimizantes y enfoques diferenciales (…)
La mesa nacional sería de unas 45 ó 50 personas, pero que es más racional, realizada de forma más lógica y que no es de 103 personas como ocurre hoy.
Para finalizar:
Esperamos que el protocolo salga. La demora en el protocolo está causando un detrimento en la política pública de las víctimas, no de los miembros del espacio transitorio ni de las mesas de fortalecimiento, sino de millones de víctimas que hoy no tienen quien los represente en las alcaldías, las gobernaciones ni en los espacios de discusión de la política pública, y para la gente que está esperando respuestas efectivas de sus líderes.
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