Editorial por: Mónica Cecilia Rojas
Responsable del tema de promoción y acceso de los derechos de las víctimas en el Instituto Popular de Capacitación
Son varias las situaciones que limitan la participación efectiva de las víctimas, superarlas requerirá ajustes del Gobierno a la implementación de
No se han logrado implementar garantías claras y adecuadas de protección y seguridad para que las víctimas puedan reclamar sus derechos y acceder efectivamente a ellos, en medio de la continuidad del conflicto armado, el Gobierno nacional no logra ofrecer e implementar efectivamente las medidas de prevención y protección a las víctimas, a sus organizaciones y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Poco se avanza en investigación y sanción a los grupos armados que comenten estos crímenes y la violación generalizada de los derechos humanos.
Las organizaciones de víctimas y los defensores de derechos humanos por su labor de denuncia y visibilización de una situación tan compleja, siempre están en la mira de las estructuras criminales; por ello, no desaparecen los montajes, los desplazamientos, las amenazas, el despojo de bienes, predios y tierras, los asesinatos y los homicidios contra liderazgos y procesos comunitarios, etc.
Este asunto es de gran importancia en la agenda de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. Pero debe serlo también para el gobierno en su propósito responsable de garantizar el goce positivo de derechos y avanzar significativamente en las condiciones para la participación efectiva de las víctimas.
Poco clara y contradictoria ha resultado la discusión sobre la participación efectiva de las víctimas, que debe incluir escenarios, condiciones, información oportuna, que se recojan y valoren las propuestas y recomendaciones hechas por las víctimas y, finalmente, que existan garantías para su participación, lo cual incluye garantías materiales, es decir, que se financie de parte del SNARIV todo lo que las víctimas, los representantes y las organizaciones requieren para participar: transporte, alojamiento, alimentación y sobre todo el reconocimiento económico, llámese bonificación, incentivo o salario, para que estos puedan realizar la tarea de incidencia en la política pública de atención y reparación integral.
La ausencia de una política clara y efectiva de coordinación Nación – territorio. Esto reviste mayor gravedad para una coherente implementación de la ley. Los argumentos de unos y otros van más allá de la falta de claridad y se revierten en temas tan complejos como la falta de presupuesto – financiación y la ausencia de voluntad política y cumplimiento de las obligaciones entre las partes. A esto se le suma la descoordinación entre las instituciones del Gobierno y el Ministerio Público, pues este último es responsable de garantizar el registro de las víctimas; la inscripción de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de las víctimas, en las mesas y espacios de participación definidos en la ley; y a su vez tiene la responsabilidad de realizar la secretaría técnica de estos espacios; mejor dicho: son los garantes de las víctimas en el proceso de participación y en su efectiva reparación integral. Sin una articulación e interlocución real y efectiva será muy difícil avanzar.
Persiste la sensación de desarticulación entre lo nacional y lo territorial en acciones coherentes de relacionamiento interinstitucional para implementar efectivamente la política pública, constatamos improvisación temática, técnica y política, y desarticulación interinstitucional que no se corresponde con la experiencia acumulada. Se percibe en general, que la implementación de la ley no sólo está centralizada sino también que su funcionamiento depende del nivel nacional. En el decir de las propias víctimas existe confusión y lentitud para que surta una adecuada coordinación y articulación interinstitucional entre las diferentes instancias, programas y dependencias creadas en el marco de Ley 1448 y la capacidad institucional instalada antes de esta.
No hay avances significativos en el registro y posterior valoración de las víctimas, la realidad es que al día de hoy,
Desde todos los rincones del país se escuchan las voces de las víctimas de que los funcionarios de las UARIV les están solicitando pruebas de que son víctimas del conflicto, así las cosas se esta violando el principio de la buena fe y la inversión de la carga de la prueba que se supone es uno de los pilares de avance de la ley 1448 de 2011. Conocemos por denuncias hechas por lideres y lideresas representantes de las víctimas que en este sentido se están presentando un sin número de dificultades entre las cuales se encuentran: víctimas registradas que ya no aparecen en el registro, sobre todo de desplazamiento forzado; víctimas a las cuales se les solicita buscar la noticia donde fue reportado el hecho violento y llevarlo anexo a la información; ausencia de notificación a las personerías de si las víctimas registradas han sido o no valoradas; víctimas que han sido discriminadas y estigmatizadas por algunos funcionarios, en general, las víctimas han hecho denuncias de que nuevamente existe un carrusel de desinformación, que los pone de oficina en oficina y nadie les da respuesta efectiva.
Finalmente, hay dos grandes vacíos en el diseño, formulación y aprobación de los Planes de Acción Territorial – PAT; la participación de las víctimas y el presupuesto para garantizar el funcionamiento del sistema de participación, y la atención y reparación integral a las víctimas. Por un lado estos han sido construidos, en la mayoría de los municipios, sin la real y efectiva participación de las víctimas y aprobados sin destinación de buenas partidas presupuestales para poner en funcionamiento el SNARIV bajo el argumento, por un lado, de que las mesas de participación no han empezado a funcionar en propiedad y tampoco hay protocolo de participación y, por el otro, de que los PAT no cuentan totalmente con financiación porque los municipios no tienen recursos con qué hacerlo y están a la espera de que el gobierno nacional inyecte recursos a los entes territoriales para el tema de víctimas.
Algunas Propuestas:
Ø Continuar insistiendo en apoyar y participar en la implementación de la ley 1448, pese al panorama y las dificultades, para que ésta no se convierta en letra muerta y un mecanismo más para acentuar en el país la larga cadena de impunidad. Por esto, se debe tener claro y definido el papel que debe cumplir tanto el gobierno, como las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y otros sectores de la sociedad civil, así como el papel que juegan y van a jugar los organismos internacionales en este proceso.
Ø Es urgente implementar un “Plan de Choque” para impedir que los enemigos de
Ø Se espera que empiece a funcionar de manera Unificada el Registro Único de Víctimas – RUV que de cuenta del universo de víctima, para ello es necesario realizar mayor esfuerzo en campañas masivas para informar a la población de sus derechos y evitar fraudes y estafas de personas inescrupulosas, así como lograr que se ajuste los procedimientos al principio de buena fe, a la inversión de la carga de la prueba y a la capacidad institucional para que la mayoría de las víctimas logren acceder efectivamente a sus derechos.
Ø Coordinación Nación- territorio y concertación interinstitucional Política, técnica y presupuestal entre Unidad Nacional de atención y reparación integral a víctimas, La unidades territoriales, el ministerio público. Con el objetivo de Unificar criterios, propuestas y apuestas, para avanzar en la implementación real y efectiva del sistema de ARIV.
Ø Supone también avanzar en los niveles de corresponsabilidad y apoyo mutuo, que garanticen los objetivos trazados en la implementación de la ley, para que facilite a las entidades públicas los mecanismos y herramientas para que éstas puedan cumplir con sus obligaciones de garantizar y coadyuvar en la reparación integral de las víctimas y en el buen funcionamiento del sistema.
Ø Es necesario garantizar la participación segura y oportuna de diferentes expresiones organizadas de las víctimas, víctimas no organizadas y la representación de todos los enfoques diferenciales y de las organizaciones defensoras, de manera que se logre participar efectivamente y con capacidad deliberativa y decisoria, en la ejecución y evaluación de la política pública.
Ø Apoyo y acompañamiento a las víctimas y a la sociedad civil en los procesos de reconstrucción organizativa que impliquen el fortalecimiento de los colectivos, de la movilización pública y recuperación de sentidos de pertenencia. Es decir, garantías del derecho a la participación y promoción de la organización de las víctimas del conflicto armado.
Ø Fortalecimiento de la participación ciudadana, que posibilite un ejercicio de interlocución con las múltiples instancias del Estado; la apertura de espacios para la reivindicación de los derechos, que posibiliten el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho y el ejercicio de una ciudadanía plena y finalmente será fundamental trabajar en la conciencia histórica de los sujetos, los procesos de memoria social y colectiva; además de la construcción de identidades sociales incluyentes que conduzcan al respeto por la diferencia, la justicia y la equidad.
