Acuerdos publico privados: un proyecto bandera para privatizar lo público

 La privatización de UNE es el primer paso

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Directoral del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación –IPC-

Aprobar el acuerdo que autoriza la fusión de Une -Millicom es dar un paso más en los intentos de privatizar el patrimonio público que tiene la ciudad de Medellín. La razón de esta alerta radica en que esta decisión empieza a concretar uno de los programas bandera, presentados en el actual plan de desarrollo de Medellín, definido como “Alianzas Publico Privadas”, que están en referencia a los servicios prestados por EPM.

Según el programa bandera, parte de las alianzas público privadas se pueden realizar a través de venta de activos públicos. Los sectores en los cuales se pueden desarrollar según el programa presentado en el Plan de Desarrollo de Medellín son:

Como vemos, se inicia con el tema de las telecomunicaciones, que ya se vislumbraba cuando se autorizó la escisión de las telecomunicaciones y se le convirtió en sociedad por acciones, primer paso para la privatización. Si quieren avanzar con las propuestas del programa bandera seguirán energía, agua y residuos solidos. Esto es, seguirán con EPM, el mayor patrimonio de la ciudad.

Ese patrimonio ha crecido en los estándares Latinoamericanos y, quizá, es uno de los mayores de la que hoy llaman la ciudad más innovadora del mundo.

En el año 2012, en Colombia, “sin tener en cuenta a Ecopetrol, que es líder en ganancias, ventas y tamaño, la empresa que más gana es Comcel, con 2,4 billones de pesos; la que más vende, Terpel, con 10,5 billones de pesos, y las más grande es Empresas Públicas de Medellín, cuyos activos valen 29,9 billones de pesos[1].

En el entorno Latinoamericano, según el ranking de América Economía,  EPM ocupa el puesto 11 dentro de las mejores empresas de propiedad pública en América Latina y el puesto 86 entre las mejores de la región; un ascenso de 33 puestos ya que en el año 2010 ocupaba el lugar 119[2] ó, si se prefiere, de 166 puestos desde el año 2008 cuando estaba en el lugar 252. Ese alcance y esa proyección la han convertido en objeto de disputa de las élites políticas y económicas de la región.

De las cinco mayores empresas que controlan el mercado eléctrico colombiano, solo una es pública (EPM) y otra es mixta, y las tres restantes tienen carácter privado. A pesar de que la ley la obligó a constituirse en una empresa industrial y comercial del Estado, EPM es de las pocas que quedan con capital cien por ciento público, asunto que será fundamental para analizar el tema del acceso a los servicios públicos domiciliarios (SPD) en Antioquia.

“La corporativización y privatización de activos previamente públicos (…) por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de ‘cercamiento de los bienes comunes’”. Como en el pasado, el poder del Estado es utilizado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular (Harvey, 2005: 114-115). O “acumulación por desposesión” como la denomina el autor.

Dentro de las posturas de los defensores de la privatización “el concejal Carlos Mario Mejía hizo eco de palabras de Juan Esteban Calle, asegurando que "tenemos las meta de convertirnos en una de las 50 empresas más grandes de Latinoamérica"[3].

Así que señores Concejales a defender mañana miércoles 8 de Mayo el patrimonio público de la ciudad.