Diálogos en La Habana, foto: Ómar Nieto
La posible fragmentación o criminalización de la guerrilla de las FARC, a raíz de sus nexos con las BACRIM y el narcotráfico, sería un riesgo para el éxito del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y ese grupo subversivo. De esa forma lo planteó un estudio de la Fundación InSight Crime, dedicada a la investigación y análisis sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe.
El informe, titulado “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, advierte que el Gobierno debe ser consciente de que a lo largo del proceso existe un riesgo significativo de separación o criminalización de algunos miembros de las FARC. Por eso sugiere que “este riesgo debe ser analizado, -y- deben tomarse medidas para prevenir la ruptura de la cohesión interna de la guerrilla y para asegurar que cualquier fragmentación o criminalización no arruine las posibilidades de poner fin a casi cinco décadas de conflicto civil.”
Para abordar la problemática de fragmentación o criminalización de la guerrilla, el autor Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, planteó tres escenarios posibles: una fragmentación durante las conversaciones de paz; una fragmentación después de firmado el acuerdo de paz; y una eventual situación en la que algunos miembros de las FARC vuelvan a sus actividades criminales después de completada cualquier desmovilización.
Escenarios como estos ya se han dado en otros procesos en el país. El análisis referenció el caso de los diálogos con el EPL, en los que una facción de ese grupo subversivo se negó a hacer parte de las negociaciones, y también de la reinserción de las AUC, en la que varios ex paramilitares conformaron grupos pos desmovilización de bandas criminales.
Para ejemplificar mejor la situación el informe analizó el caso de Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo”, disidente del EPL que hoy es uno de los narcotraficantes más buscados del país. Además, enunció una serie de factores que podrían llevar a que algunos miembros de las FARC se criminalicen o se separen de la organización.
Varios de esos riesgos están relacionados con actividades de narcotráfico y extorsión, y se refieren a: vínculos cercanos con las BACRIM u otros grupos criminales, presencia de cultivos ilícitos en sus zonas de operación, participación en la exportación de drogas, ubicación en zonas de frontera o puntos de embarcación de cargamentos de droga y presencia de minería ilegal de oro en sus zonas de operación.
Otros factores tienen relación directa con situaciones de debilitamiento ideológico y de fragmentación al interior de las FARC, como: falta de instrucción política e ideológica dentro de la unidad, falta de representación de los intereses por parte de los negociadores –delegados a la mesa de diálogo en La Habana, Cuba- y falta de liderazgo disciplina y entrenamiento.
Estos últimos factores estarían ligados a la reducción de la capacidad militar e ideológica, sufrida por la guerrilla, a causa de los golpes que le ha propinado el ejército en los últimos años. Al respecto el informe explica que: “es precisamente la destrucción del liderazgo de las FARC, y en particular de sus líderes más comprometidos e ideológica y políticamente activos, lo que ha aumentado el riesgo de fragmentación y criminalización de los elementos de la guerrilla. A esto se le suma un debilitamiento de la estructura de mando y un desglose de las unidades, a menudo en grupos de menos de seis combatientes, lo que inevitablemente tiene un efecto en la disciplina.”
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando las millonarias ganancias que le genera el narcotráfico a las FARC, entre 500 y 1.000 millones de dólares al año según estima el informe, uno de los mayores desafíos para la guerrilla será mantener la unidad de sus combatientes y evitar que algunos de sus miembros entren al negocio criminal. Aquí se advierte que “será extremadamente difícil mantener el control de hasta 8.000 combatientes y 30.000 milicianos, muchos acostumbrados a manejar grandes cantidades de dinero en efectivo y con muy pocas habilidades útiles en el ámbito legal”.
Por eso el estudio indica que el mayor riesgo de que las FARC se fragmenten o se criminalicen está en el tercer escenario posible, es decir cuando se haya sido firmado un acuerdo y se haya producido una desmovilización; y “la única forma de minimizar esto –concluye el informe- es ayudando a las FARC en su transición de un ejército irregular a un partido político. Esto debe incluir la garantía de que tendrá la capacidad de emplear a muchos de sus combatientes, y el apoyo al movimiento durante el período inmediatamente posterior al conflicto”.
Como está, se plantean otra serie de conclusiones pertinentes para procurar un proceso de paz exitoso, reflexionando sobre las problemáticas que deben superarse para reducir la criminalización de algunos sectores de las FARC. Lograrlo, concluye el estudio, dependerá de la generosidad del acuerdo, así como de la eficiencia de las instituciones del Estado para procesar los resultados de la negociación y para llenar el vacío en las áreas dominadas por las FARC.
La última conclusión del informe indica que: “Colombia tiene una oportunidad única. Nunca las condiciones para un acuerdo de paz han sido tan propicias como lo son ahora. El hecho de que algunos sectores de la guerrilla se criminalicen es casi inevitable. Empero, el porcentaje que siga este camino depende de la generosidad del acuerdo que el gobierno negocie con el Secretariado, las oportunidades que presenten a los combatientes desmovilizados y la eficiencia con la que las instituciones del Estado, especialmente el poder judicial, sean capaces de procesar los resultados del acuerdo de paz y llenar el vacío que existe en las áreas dominadas por las FARC.”
