Como una oportunidad de re dignificar a los campesinos; de rescatarlos del abandono, la pobreza y la discriminación histórica a la que han sido sometidos; y de iniciar una transformación del campo colombiano, basada en el desarrollo rural integral; se perfila el acuerdo logrado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, sobre el primer punto de la agenda de negociación: el tema agrario y el desarrollo rural.

Sin perder de vista que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, como se ha planteado en la mesa de negociación en La Habana, Cuba, el acuerdo: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, representa un avance importante en la negociación y, sobre todo, pone con fuerza el tema rural en la agenda pública.

Para comprender mejor lo que se plantea en el acuerdo, las posibilidades que brinda y las dificultades que podría enfrentar, la agencia de prensa del IPC consultó la opinión de dos estudiosos del campo colombiano: el profesor Absalón Machado, consultor en Desarrollo Rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el sociólogo, periodista y escritor colombiano, Alfredo Molano, quien ha investigado sobre distintas problemáticas sociales, especialmente ligadas a las minorías.

Para Absalón Machado con este acuerdo el país estaría reconociendo el descuido que ha existido frente al sector rural y estaría abriendo la posibilidad de tener una política pública de desarrollo rural a largo plazo y como política de Estado.

El intelectual resaltó la importancia de poner a la gente en el centro de la discusión y de recuperar la idea de hacer desarrollo humano en lo rural para resolver las inequidades y discriminaciones que ha habido en ese sector.

Y aunque de manera inmediata no se cambie el modelo, el profesor Machado opina que a mediano plazo si se podría hablar de “repensar el modelo de desarrollo rural de una manera mucho más moderna, democrática y equitativa.”

No obstante, advierte el estudioso, las propuestas del acuerdo enfrentarían diferentes retos, los cuales irían desde la oposición de algunos sectores hasta la debilidad institucional y organizativa que existe en el ámbito rural.

Por su parte, Alfredo Molano afirmó que resolver la problemática agraria es un punto importante para la dejación de armas por parte de las FARC, aunque eso no implique la resolución de todos los conflictos del país.

El periodista destacó como histórico que por primera vez exista un acuerdo tan sólido con las FARC, en el tema agrario, y dedujo que posiblemente haya varios asuntos sobre los cuales ya existan consensos, pero que permanecen en reserva para develarlos cuando todo esté acordado.

Algunos de los perturbados, indicó Molano, serán posiblemente el Uribismo y los latifundistas, porque aunque en el acuerdo no se hable directamente del latifundio, éste “va a terminar siendo afectado de todas maneras.”

Ambos analistas coincidieron en que el acuerdo aún es muy genérico y en que, sin duda, se trata de un avance importante en el proceso de paz. Esto fue lo que respondieron Absalón Machado y Alfredo Molano sobre lo convenido en el tema agrario y de desarrollo rural:

Absalón Machado, consultor en Desarrollo Rural del PNUD, dirigió el informe de Desarrollo Humano del PNUD 2011 “Colombia rural razones para la esperanza”

¿Qué se puede destacar de este acuerdo en el tema agrario y de desarrollo rural, presentado por el Gobierno y las FARC?

Hay que decir que son unos enunciados muy generales y no se conocen los detalles, básicamente está la enumeración de los grandes temas.

Así a primera vista el acuerdo es una buena noticia, en el sentido de que con este acuerdo se pone el tema rural en la agenda pública y se abre una perspectiva de tener una política de desarrollo rural de más largo plazo y como política de Estado, y se le da la relevancia que ha tenido la problemática rural en el conflicto, creo que ese es un reconocimiento muy claro en todas las discusiones y me parece que con eso el país está reconociendo el gran descuido que había tenido con el sector rural, que es un sector estratégico para el desarrollo pero no había sido considerado en esos términos tradicionalmente en las políticas públicas, de manera que esa es la primera apreciación que uno tendría sobre eso.

La segunda, que es complementaria a esto, diría que es el inicio de una recuperación del desarrollo rural en la política pública colombiana, un desarrollo rural que se había ido desvalorizando a través del tiempo, sobre todo en los últimos 20 años, y con este acuerdo y los planteamientos de política que ha venido haciendo el Gobierno, pues se recupera el desarrollo rural que es pensar más en la gente que en el aspecto de la competitividad de los mercados, no porque no sean importantes, son muy importantes, pero la política pública se había sesgado al tema más productivo y de desarrollo de competitividad, y con este acuerdo se pone a la gente en el centro de la discusión y eso me parece que va en el camino de recuperar la idea de que hay que empezar a hacer desarrollo humano en el sector rural para resolver todas las inequidades y discriminaciones que ha habido en este sector, con unos pobladores rurales que son muy vulnerables y que el conflicto los ha vulnerado enormemente.

Lo tercero yo diría que uno esperaría que el Estado y la sociedad se prepararan muy bien para hacer la implementación de este acuerdo y de los que vienen. Es decir, una vez que se complete, si se completa bien toda esta negociación, ahí hay una inquietud porque sabemos, por los diagnóstico y el mismo Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lo ha dicho,  que hay una gran debilidad institucional en toda la estructura y diseño institucional del Estado para el sector rural. Y me parece que este acuerdo pues abre una perspectiva de que el país pueda hacer realmente una reforma institucional importante para el sector rural, para que estos acuerdos se puedan implementar adecuadamente y se mantengan a través del tiempo y no sea una cosa simplemente de coyuntura. Eso me parece a mí es un tema más institucional que es derivado de estos acuerdos.

Yo diría que otra apreciación general es que hay una especie de cambio en el enfoque de la política pública hacia lo rural,  que es un poco lo que decía inicialmente de mirar más el tema de pobreza, de inequidad, de desarrollo rural de la gente, que otros aspectos de la ruralidad. No es que cambie sustancialmente el modelo de desarrollo que se ha venido haciendo en el campo, pero se le da un giro que si se mantiene y se maneja bien podría en el mediano plazo conducir a repensar el modelo de desarrollo rural de una manera mucho más moderna, democrática, equitativa, etc…

Ya usted menciona un primer problema, que lo ha advertido el Ministerio de Agricultura y es la debilidad institucional. ¿Qué otros inconvenientes pueden existir para que este acuerdo o esta propuesta que se plantea pueda ser desarrollada en Colombia?

Yo diría que complementario a lo institucional está la gran precariedad que hay en las regiones y en las localidades rurales de los municipios para poder ejecutar políticas públicas, porque son sectores que han estado muy descuidados y han tenido muchos problemas durante el conflicto y esta política de desarrollo rural, que tiene un enfoque más desde el territorio, pues tiene que hacerse con la gente en las regiones. Ahí hay un problema porque las organizaciones sociales, de productores y etc., que están a nivel local y subregional, tienen muchas debilidades y les faltan fortalezas, están muy desarticuladas, no tienen suficiente fuerza ni capacidad para negociar y proponer cosas.

Ahí hay un vacío también en la sociedad civil que requiere obviamente también de políticas para poderlas fortalecer y para que esto pueda tener un desarrollo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, porque tenemos que acordarnos que la solución del problema rural no es un asunto que compete solamente al Estado sino a toda la sociedad, y uno encuentra ahí que va a haber dificultades en el principio pero las comunidades tendrán que prepararse también para eso, para poder responder a los retos que implica una nueva política mucho más intensiva.

También uno podría decir que podría haber en el camino algunos grupos sociales o actores que quisieran atravesarse en este tipo de reformas, pero yo diría que eso va a defender mucho de la fortaleza que tenga el Estado, para defender una estrategia y una política, y de la capacidad que tengan también estas organizaciones sociales para defender apuestas que obviamente les van a resolver problemas que tienen connotaciones claras en las familias rurales.

No creo que el problema sea de falta de recursos. Yo creo que si la implementación de estos acuerdos exige más recursos de los que actualmente se utilizan, el Estado tiene posibilidades de hacer adecuaciones presupuestales, obviamente sin mucha flexibilidad, pero las tiene, y hay disponible en la comunidad internacional muchos recursos que se pueden obtener para apoyar estos procesos.

Obviamente también uno tiene que entender que, hechos estos acuerdos, los conflictos, el crimen y la ilegalidad en el sector rural no se van a acabar inmediatamente, y que van a seguir actuando grupos armados ilegales, sobre todo BACRIM, pero también es muy probable que, como se ha dicho, de los frentes de las FARC un porcentaje es muy probable que también se mantenga en el conflicto. Esas son dificultades que el país tendrá que ir resolviéndolas. Yo diría que eso se resuelve en la medida en que toda la sociedad se una y sea consciente de que si no apoya al Estado colombiano en estas cosas es muy difícil pensar que eso se resuelva en el corto plazo.

Usted ha sido un estudioso del tema agrario en el país, ¿qué connotaciones tiene este acuerdo para una región como Antioquia?, teniendo en cuenta la alta concentración de la tierra y el despojo que se ha dado en este departamento

Yo creo que el acuerdo en principio le estaría diciendo a un departamento como Antioquia que tiene que revisar sus estrategias de desarrollo rural, no porque lo que esté haciendo esté mal, yo conozco bastante bien el trabajo que está haciendo la Secretaría de Agricultura en esta administración y me parece que están haciendo cosas muy interesantes, pero obviamente eso es insuficiente, y creo que el acuerdo lo que les está diciendo a los departamentos es: ojo, revisemos las estrategias revisemos las visiones que tenemos del problema, trabajemos de una manera más coordinada, juntemos recursos a nivel regional y subregional para hacer cosas que le convienen a la gente y, obviamente, tienen que revisar ese tema de la inequidad en el acceso a la tierra que en Antioquia es muy notorio porque se tiene un índice de Gini muy alto, y eso implica una política mucho más allá simplemente de titulación de baldíos, sino de buscar cómo resolver los conflictos de uso de la tierra y de reconvertir e intervenir tierras que están siendo utilizadas, por ejemplo en ganadería extensiva en zonas donde no debería haber ganadería extensiva. Y el departamento tendrá que usar los instrumentos generales de la política pública para hacer modificaciones en impuestos catastrales como lo plantea un poco el acuerdo.

O sea que los departamentos tendrán que revisar sus estrategias, articularse mucho más con las políticas nacionales y las políticas nacionales apoyarse más también en las políticas territoriales para que conjuntamente esto tenga una incidencia notoria en el territorio.

Alfredo Molano, sociólogo, periodista y escritor colombiano

¿Cuál es la opinión le merece el acuerdo, en el tema agrario y de desarrollo rural, presentado por el Gobierno y las FARC?

Este acuerdo es un avance muy significativo, hay que mirar históricamente que las FARC no habían firmado nunca un acuerdo con el Estado, con el establecimiento. Ha habido los acercamientos que todos conocemos, pero un acuerdo sobre la cuestión agraria tan definitivo, tan sólido, no lo había habido.

Ahora bien, naturalmente le falta concretarse porque es muy genérico todavía, pero es mucho más concreto que el acuerdo de Oslo. Yo creo que ellos ya han acordado muchísimas cosas, que están esperando ver la luz al final cuando se acuerde todo, como es la filosofía de la negociación: “nada está acordado hasta que todo esté acordado.”

Ese todo está acordado saldrá a la opinión pública, ya la parte mínima de lo que acuerden, pero yo creo que eso está muy avanzado, entiendo que es redactar muchísimos de los puntos que están cobijados por este acuerdo, que están implícitos en él, como por ejemplo el de las zonas de reserva campesina, su función, su localización; la formación del fondo nacional de tierras para la paz; la organización territorial, ambiental, social y económica, quizás los términos de una reforma tributaria que golpee el latifundio como ha sido pedido hace muchos años, no digo por las FARC sino por Hernán Echavarría Olózaga quien fue el primero que formuló esa vía; una reforma agraria por la vía tributaria.

Hay muchas otras cosas que están por salir, que están todavía en el congelador, pero que ya emergen claramente como un acuerdo político.

Uno esperaría que temas como la extranjerización de la tierra y la delimitación de las zonas de reserva campesina se hubieran puntualizado más en acuerdo presentado ¿Qué se puede esperar ahí?

Ahí hay unos implícitos, es sobre el uso del suelo, por ejemplo. Ese uso del suelo puede estar haciendo referencia por ejemplo a la minería, puede estar haciendo referencia a la ganadería extensiva, puede estar haciendo referencia a la siembra de árboles de coníferas en los llanos. O sea, eso del uso del suelo puede estar apuntando a muchos lados. Pero, repito, esos acuerdos no sé si se habrán conjurado, de todas maneras no han sido conocidos todavía, pero apuntan hacia allá, hacia la regulación del uso del suelo en Colombia.

¿Qué sectores del campo colombiano se podrían ver afectados con este modelo de desarrollo rural integral?

Los perjudicados creo que los que brincan son los que se sienten perjudicados, que son: pues naturalmente el Uribismo, el proceso ya comenzó, no es una promesa, no están hablando solamente del futuro sino que ya están concretando decisiones en el presente. Y en segundo lugar los latifundistas, que son casi los mismos. Así que creo que son los dos a los que les están pisando callos, porque aunque no se hable directamente del latifundio, el latifundio va a terminar siendo afectado de todas maneras.

¿Cree que este va a ser el modelo de desarrollo rural integral que va a poder transformar el campo colombiano o es apenas un paso para avanzar en ese proceso?

Yo creo que es un paso para permitir a la larga la desmovilización o la dejación de armas, porque de todas maneras es un punto histórico que las FARC han pedido y además es el tema donde se ha gestado el conflicto armado. Así que se si se resuelve el problema de la cuestión agraria, aunque no se resuelvan todos los conflictos que existen en el país, ya es un punto muy avanzado para la dejación de las armas.

Luego de este acuerdo cómo ve el proceso de diálogo ¿Es posible que avance con más rapidez?

No sé si pueda avanzar más rápido. Lo que sí sé es que se ha ganado en confianza, en confianza ciudadana. Entonces eso permitirá también que las partes aumenten la confianza en el otro, porque de todas maneras hay cierta presión de la opinión pública para que se avance, porque ya se probó que es posible avanzar, porque el país le cogió el gusto a la negociación y porque ya se captó la posibilidad de un arreglo.