Mientras se atiende en Medellín el desplazamiento intraurbano de 96 familias del corregimiento San Cristóbal en el occidente de la ciudad, se abre paso en el país la visibilización del desplazamiento forzado intraurbano en diferentes localidades. La preocupación no es para menos, solo en 2012 ocurrieron en Colombia 19 eventos masivos de este tipo que incluyeron a 9089 personas según CODHES.
La cifra fue publicada en el informe Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con el apoyo de ACNUR. El documento indica que 11 eventos ocurrieron en Buenaventura (Valle del Cauca), 4 en Medellín (Antioquia), 1 en El Tarra (Norte de Santander), 1 en Tumaco (Nariño), 1 en Segovia (Antioquia) y 1 en Soacha (Cundinamarca).
Ante este tipo de desplazamientos, el director del departamento de Protección Internacional del ACNUR, Volker Türk, envió una alerta por la aparición en Colombia del fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano derivado del narcotráfico en las principales ciudades.[i]
Como bien se justifica en el informe de CODHES, “el desplazamiento forzado intraurbano (DFI) es todavía un fenómeno desconocido, poco estudiado, con una caracterización deficiente y una respuesta institucional precaria. Sin embargo, es el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las dinámicas urbanas del conflicto y se erige como una estrategia para el control de grupos armados y como una consecuencia de la coacción violenta en los barrios de las ciudades.”
Y es que aunque se estima que en Colombia hay entre 4.4 y 5.5 millones de desplazados[ii], en el país todavía no hay estadísticas concretas sobre la cantidad de víctimas que dejan los desplazamientos intraurbanos en las diferentes ciudades.
Es por eso que el estudio de CODHES aparece como una luz en un terreno aún inexplorado y poco reconocido en el país, pese a que el fenómeno data varios años atrás y se ha visibilizado con más fuerza en Medellín.
Desplazamiento Intraurbano un registro antiguo en Medellín
El desplazamiento de 79 familias (292 personas) del sector El Cañón, vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal, y de 17 familias (63 personas) del barrio San Gabriel en la misma zona, prendió nuevamente las alarmas en Medellín sobre el problema del desplazamiento intraurbano.
Hasta el lunes 28 de mayo al sector El Cañón habían retornado 35 familias, a las cuales se suman otras 12 que registraron su desplazamiento pero nunca se fueron de la zona. Sin embargo al sector de San Gabriel ninguna familia ha querido retornar por el momento.
La situación allí, según la directora de la Unidad de Víctimas de Medellín, Luz Patricia Correa, tiende a ser más crítica porque “en el caso de San Gabriel han ocurrido tres homicidios, dos de los cuales fueron ejemplarizantes para la comunidad en términos del mensaje que el actor armado quería enviar ahí: que la gente debía salir de inmediato. Al no salir, fueron asesinados dos jóvenes de la comunidad (…) Entonces digamos, se han configurado unas situaciones de miedo y pánico generalizado que han tenido que ver mucho con esto.”
Ante los acontecimientos, es posible que muchos se asombren de que este tipo de situaciones ocurran en una localidad como la capital antioqueña, que se jacta de ser la ciudad más innovadora del mundo y de haber ganado terreno en materia de seguridad y aumento de fuerza pública.
Lo que no hay que perder de vista, es que este tipo de desplazamientos están asociados a las dinámicas del conflicto urbano y se han convertido en una práctica sistemática de los grupos armados ilegales para ejercer control territorial, más aún cuando en la ciudad se ha intensificado la confrontación macro criminal de la banda Los Urabeños con La Oficina.
Además, aunque esta vulneración de los derechos humanos viene de varios años atrás, ocurre que la mayor parte del tiempo el problema está invisibilizado y su magnitud apenas queda en evidencia cuando suceden éxodos masivos, como los acontecidos en San Cristóbal, o cuando las instituciones del Ministerio Público presentan informes al respecto.
Los registros más sólidos entorno al desplazamiento intraurbano en Medellín se remontan al año 2004, cuando la Personería Municipal comenzó a realizar un seguimiento exhaustivo de esa situación. Para ese año, se registró el desplazamiento forzado intraurbano (DFI) de 512 personas; dos de cada tres se desplazaron a raíz de la Operación Orión en la Comuna 13 (San Javier) [iii].
Dicho informe explica lo siguiente: “en los últimos años, pero con mayor énfasis a partir de los hechos que rodearon la Operación Orión, se ha venido incrementando el desplazamiento intraurbano. Es de notar que este fenómeno permaneció mucho tiempo invisibilizado pues la Red de Solidaridad Social no reconocía que dentro de las fronteras de un mismo municipio pudiera hablarse de desplazamiento forzoso. Solamente a partir de la Sentencia T-268 de la Corte Constitucional se reconoció que existen personas desplazadas dentro de un mismo municipio y deben ser inscritas en el Registro Único de Población Desplazada, debiéndoseles prestar la atención de la cual son beneficiarios los demás desplazados.” (Personería 2004. P12)
En ese entonces, dice el ex personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, “la Personería llevaba registros del desplazamiento que llegaba de fuera de la ciudad, aproximadamente desde 2002. Pero el desplazamiento intraurbano quedaba casi invisibilizado dentro de las mismas cifras y, en muchas ocasiones, se recibían esas declaraciones de desplazamiento intraurbano pero no se tramitaban de manera independiente al desplazamiento en general.”
En la actualidad, las estadísticas de desplazamiento intraurbano se encuentran discriminadas de manera independiente en los informes de derechos humanos de la Personería, que en 2012 registró 2.427 Formatos Únicos de Declaración de Víctimas por casos de desplazamiento intraurbano que afectaron a 9.322 personas. (Personería 2012. P29)
De una manera más explícita y detallada, el informe del año inmediatamente anterior reportaba que: al analizar las declaraciones del DFI entre enero y octubre de 2011, en la Personería se recibieron 2.210 declaraciones; en las cuales se relacionó a 8.434 personas, discriminadas así: mujeres adultas: 2.681, hombres adultos: 1.581, niños menores de doce años: 1.420, niñas menores de doce años: 1.389, adolescentes hombres: 737 y adolescentes mujeres: 626. (Personería 2011. P44)
En ese informe ya la Personería advertía sobre la tendencia ascendente que tenía el DFI desde el 2008. “Al comparar las declaraciones recibidas entre enero y octubre de los años 2008 a 2011, se registra un incremento del 182% en el año 2009 respecto del 2008; del 153% del año 2010 respecto del 2009, y del 60% del año 2011 respecto del 2010.”
De otro lado, puede observarse una persistencia del desplazamiento forzado intraurbano en las comunas 1 (Popular), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier), donde de acuerdo con los reportes suelen presentarse la mayoría de los casos.
En años más recientes, dada la confrontación entre Urabeños y Oficina, el problema también se ha incrementado en la comuna 16 (Belén) y en los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.
Desplazamiento, temor y control social
Las agresiones de desplazamiento forzado intraurbano suelen focalizarse en zonas donde hay fuerte presencia de organizaciones armadas ilegales, que se disputan o tratan de conservar el control del territorio. De ahí que los casos se atribuyan generalmente a agrupaciones del mismo sector y a bandas criminales o grupos pos desmovilización conformados por ex paramilitares, como se advierte en los informes de la Personería.
Las causas de los desplazamientos son variadas, destacándose las amenazas, los intentos de reclutamiento forzado, las agresiones físicas y los intentos de homicidio. Los éxodos pueden darse de forma masiva o de manera gota a gota, pero cualquiera que sea la modalidad, estas agresiones dan cuenta del nivel de control social que ejercen los grupos ilegales y del temor que generan entre la comunidad.
De acuerdo con el ex personero Jairo Herrán Vargas, “el desplazamiento gota a gota se da por casos puntuales, a veces incluso por situaciones de carácter individual entre un miembro de una banda y un habitante de una comuna; por casos de acoso sexual; por el no pago de vacunas; o por no ceder a pretensiones como: guardar armas o prestar las terrazas de las casas para vigilancia.”
El desplazamiento masivo, entre tanto, está ligado a las dinámicas del conflicto directamente y, según Herrán Vargas, se presenta cuando “un grupo armado ilegal pretende establecer un código de conducta colectivo, por ejemplo, el código de conducta de que el grupo es el que manda en el barrio y absolutamente nadie puede incurrir en una delación de sus actividades o de sus miembros y si se llega a suministrar información a las autoridades o a grupos rivales, se presentan desplazamientos masivos. También se presentan porque el grupo quiere asegurar el territorio o simplemente porque quiere despojar a varias familias de sus propiedades para apropiarse de ellas.”
Pero aunque las modalidades y las causas del desplazamiento intraurbano han sido identificadas y visibilizadas en Medellín, hasta ahora no han logrado implementarse medidas eficaces para prevenir esta situación y garantizar la seguridad integral de los ciudadanos. Al menos así parece demostrarlo el caso de San Cristóbal.
Al respecto, Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), pone “un gran interrogante sobre la eficacia de las políticas de seguridad en Medellín y la insuficiencia de un enfoque ligado solo a lógicas coercitivas y no preventivas, lo que hace necesario articular el tema de seguridad con un planteamiento de Derechos Humanos en las ciudades, discutido con el conjunto de la ciudadanía.”
Sin embargo, la capital antioqueña sí ha avanzado en términos de atención a las víctimas de este flagelo, como explicó Luz Patricia Correa, quien señaló que “hoy no se encuentra en el país una ruta de atención al tema de desplazamiento intra urbano por fuera de las que se han diseñado en Medellín: en cuanto a protección de bienes urbanos y en cuanto a documentación del fenómeno y de los casos que se están presentando.”
Para el ex personero de Medellín es cierto que “la atención del Estado era insuficiente y ha mejorado; pero todavía falta, porque restablecerle los derechos a una familia desplazada es bien complicado, abarca muchos derechos, y el Estado lo que hace es atender lo básico pero no logra restablecerle todos los derechos a la población desplazada”.
Entonces la situación sigue siendo preocupante si se tiene en cuenta, como dice Jairo Herrán, que hay un desplazamiento forzado intraurbano permanente ligado a los ciclos de violencia. Y ahí es necesario señalar que, dependiendo del momento histórico, los grupos que originan este tipo de desplazamientos son diferentes y no necesariamente están catalogados como actores del conflicto armado del país.
Esta situación estaba originado un desconocimiento de este tipo de víctimas, para efectos de su reparación desde la Ley 1448 de 2011, por eso distintos sectores sociales e institucionales han hecho llamados al Gobierno Nacional, y en particular la Unidad Nacional de Víctimas, para que reconozca y repare a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano y de bandas criminales. El camino apenas se empieza a despejar como lo indican algunos fallos de la justicia.
Víctimas de desplazamiento intraurbano ¿En el limbo?
El debate sobre las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano y de bandas criminales ha cobrado fuerza en el último mes debido a fallos recientes que ordenan su reconocimiento para efectos de una reparación administrativa. El problema ha radicado en el limbo jurídico de Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-, que no considera como sujetos de reparación a las víctimas de BACRIM ni de desplazamiento intraurbano.
Sin embargo los fallos recientes ordenan lo contrario y parten de decisiones de la Corte Constitucional, de un juez agrario y de un juez de Medellín. Los casos son los siguientes:
El 06 de mayo de 2013 un Juez de Medellín le ordenó a la Unidad de Víctimas reconocer el desplazamiento forzado intraurbano de 18 familias, originado por bandas criminales en el Cerro Pan de Azúcar, oriente de la ciudad, el 17 de abril de 2012. Lo trascendental del fallo es que la decisión obliga a reconocer y reparar a víctimas de bandas criminales y que se reconoce la modalidad de desplazamiento forzado intraurbano. Ordenan incluir como víctimas a 18 familias desplazadas por BACRIM
El 17 de mayo se conoció que la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno reconocer a las víctimas de bandas criminales. El Alto Tribunal consideró que las víctimas de estas agrupaciones deben tener protección, subsidios y reconocimientos como personas vulneradas por el conflicto armado.
El fallo indica que: «Las víctimas del desplazamiento forzado son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de infracción a los derechos humanos, como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas bandas criminales y los desmovilizados que reincidieron en el delito».
Teniendo en cuenta esta orden de la Corte Constitucional, el 20 de mayo de 2013 un juez agrario ordenó la restitución de un predio de 11 hectáreas, ubicado en el municipio de Zulia, Norte de Santander, el cual estaba en manos de la banda criminal “Los Urabeños” que bajo amenazas obligó a sus propietarios a venderlo. Ésta se convirtió en la primera restitución de tierras despojadas por bandas criminales.
Sobre la necesidad de atender y reparar administrativamente a las víctimas de las BACRIM, varias organizaciones sociales, sectores políticos e instituciones del Ministerio Público, ya habían llamado la atención desde el momento en que se sancionó la ley de víctimas.
Teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 solo reconoce a las víctimas del Estado, la insurgencia y los paramilitares, y no a las víctimas de las BACRIM[iv], Diego Herrera Duque, considera que los diferentes pronunciamientos proferidos en los últimos días por la Corte Constitucional y los jueces, son un gran avance.
Esto “porque dan cuenta de que también las BACRIM son victimarios y que el Estado está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de éstas, reconociendo en el fondo que son estructuras macro criminales y que su existencia es una continuidad de los problemas, no reconocidos, en las fallas del proceso de desmovilización de las AUC en el gobierno anterior”, explicó el presidente del IPC.
Por su parte, Luz Patricia Correa, señaló que La Corte “ha dicho que el desplazamiento es una situación de hecho y que el Registro Único de Víctimas cumple un papel de organización del Estado, sin embargo la vía de entrada es la inclusión en el registro y eso no es un tema menor, es un tema muy importante porque las víctimas de las llamadas bandas criminales no estaban siendo incluidas.”
Para complementar, el informe de CODHES aclara que el reconocimiento constitucional del desplazamiento forzado intraurbano se dio a partir de la Sentencia T 268 de 2003 de la Corte Constitucional. Dicha sentencia parte de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que previamente se habían constituido en el referente principal de las Sentencias T 227 de 1997 y T 327 de 2001.
Esos principios “definen a las personas víctimas de desplazamiento forzado como aquellas que: [S]e han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Introducción: alcance y finalidad).” (CODHES. P 36)
Sin embargo, en las conclusiones, CODHES llamó la atención por las dificultades y negativas para incluir a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en el Registro Único de Víctimas y para brindarles una respuesta institucional. A lo cual se agrega el problema del sub registro, que además impide tener una dimensión completa del problema.
Aún en medio de las adversidades, para Luz Patricia Correa las recientes decisiones de la justicia, sobre DFI y víctimas de BACRIM, abren una puerta. Lo que sigue es que efectivamente las personas afectadas “puedan gozar de todos los derechos que tienen como víctimas en el marco de la Ley: la asistencia, la atención y la reparación integral, con todas las cinco medidas que incluye la reparación. –Esto- es gradual y progresivo como lo plantea la ley, –que- tiene un horizonte de 10 años.”
Concluye Luz Patricia que, como ya han corrido dos años desde la implementación de la ley, “en el marco de los 8 años que restan llegará de alguna manera, por así decirlo, el turno de estas víctimas para ser reparadas integralmente”.
Ahí será decisiva la voluntad política del Gobierno, para reconocer y reparar a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, y de las diferentes instituciones del Estado para evitar que continúe ocurriendo esta vulneración de los derechos humanos.
Bibliografía:
· CODHES, 2013, “Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas”, sitio Web ACNUR, disponible en:
· Personería de Medellín, 2004, “Balance de la situación de derechos humanos en Medellín durante el año 2004”, sitio Web Personería de Medellín, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documento/informes/informe-ddhh-2004
· Personería de Medellín, 2011, “Informe sobre la situación de derechos humanos en Medellín”, sitio Web Personería de Medellín, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documento/informes/informe-ddhh-2011
· Personería de Medellín, 2012, “Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín 2012”, sitio Web Personería de Medellín, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documento/informes/informe-ddhh-2012
[i] EFE, 2012, 28 de mayo, “Alertan sobre un nuevo desplazamiento forzado intraurbano en Colombia”, El Espectador, edición virtual, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-424667-alertan-sobre-un-nuevo-desplazamiento-forzado-intraurbano-colomb
[ii] La cifra varía entre las estadísticas institucionales y las de la sociedad civil. De acuerdo con CODHES a diciembre de 2011 había 5´445.406 desplazados en Colombia
[iii] A la fecha aún no existen registros oficiales sobre cuántas personas se desplazaron de manera intraurbana luego de la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín.
[iv]n 2012 la Unidad Nacional de Víctimas recibió 12 mil declaraciones de personas que se consideran víctimas de bandas criminales, según informó la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria. Información en:
Sepúlveda, Francy, 2013, 25 de abril, “12 mil personas se declaran víctimas de las BACRIM”, CM&, edición nacional, disponible en Internet: http://www.cmi.com.co/?n=104808
