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¿Cómo estamos en seguridad y convivencia en Medellín?

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Editorial por: José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El día de 12 de Junio se llevó a cabo un nuevo debate en el Concejo Municipal de Medellín sobre la situación de seguridad y convivencia, al cual fue llamada a rendir informe la administración en cabeza de su Secretario de Seguridad. Muy probablemente este debate estuvo motivado por hechos recientes como el desplazamiento de forzado de 79 familias de la vereda La loma y de otras 17 de la vereda San Gabriel en el corregimiento de San Cristóbal, los nuevos desplazamientos intraurbanos en la comuna trece, los múltiples homicidios del pasado fin de semana y las expresiones de seguridad violenta en unidades residenciales.

Es sin duda un buen momento para evaluar que tan eficaz ha sido la estrategia planteada por la administración municipal en materia de seguridad y convivencia. Se trata ya de mostrar impactos y no tanto de publicitar la larga lista de acciones con las que a veces las administraciones quieren mostrar que se trabaja e, incluso, insinuar que con ello se está modificando el escenario de las múltiples violencias que aquejan a la ciudad.

El Alcalde Aníbal Gaviria planteó desde su campaña una Alcaldía que tendría como centro de preocupaciones “La Vida y la equidad” y como preocupación central de actuación: la seguridad y la convivencia, de allí el eslogan: “Medellín, un hogar para la vida”.

Dos desarrollos importantes ha tenido esta administración: la creación de una secretaría que se ocupe del tema de la seguridad y la formulación del Plan Integral para la Seguridad y Convivencia(PISC) en cuya configuración se buscó alinearlo a las disposiciones constitucionales y las políticas que al respecto ha planteado el gobierno nacional. De igual manera, dicho plan recogió de manera parcial los aportes analíticos e investigativos que al respecto se han llevado a cabo desde la academia y el movimiento social. Dicho plan parte del diagnóstico de que:

“La actual situación de seguridad de la ciudad de Medellín se encuentra transversalizada por la existencia de diferentes grupos delincuenciales que se disputan el territorio en búsqueda del control de rentas criminales como la extorsión al transporte público, al comercio, tráfico de drogas, entre otros; y su tránsito a la economía legal, incursionando en negocios como los juegos de azar, construcción, establecimientos de comercio, por mencionar algunos, toda vez que las estructuras criminales se han sofisticado y van más allá de las actividades ilegales, para consolidar redes económicas estimuladas en gran parte por organizaciones delincuenciales. En consecuencia, esto se ha visto reflejado en los índices de homicidio, el desplazamiento forzado de familias y personas y diferentes modalidades de hurto, entre otros hechos victimizantes y fenómenos delictuales.”

Señala además:

La consagración de la vida y la equidad como conceptos centrales debe llevar a pensar que se trata de fines en sí mismos, pero de cualquier manera funcionales a la consecución del objetivo superior de la propuesta de este Gobierno Municipal: el Desarrollo Humano Integral. Eso queda claro cuando, en la presentación del enfoque de derechos y capacidades, se afirma que “este enfoque define los lineamientos macro que orientan las acciones y estrategias de la Administración Municipal hacia el avance del desarrollo humano integral” (Alcaldía de Medellín, 2012: 29)16

Una mirada global  a la estrategia permite poner en evidencia las siguientes situaciones:

Aspectos que merecen destacarse:

1.   Hay una sana intencionalidad por hacer un abordaje desde distintos ángulos a la complejidad de la seguridad  y la convivencia de una ciudad azotada por una conflictividad que por cerca de treinta años ha victimizado a la mayoría de las comunas.

2.   Se recogen de manera central la política llevada a cabo en materia de seguridad y convivencia por las dos últimas administraciones como expresión de responsabilidad pública y  se retoman aportes recientes como El Libro Blanco y la investigación del programa PREVIVA que fundamentó la Política Pública para la Promoción de la Convivencia y la Prevención de la Violencia en el Valle de Aburrá, 2007-2015. Esto indica  un esfuerzo por asumir la complejidad del problema y romper de alguna manera con la praxis de estar empezando siempre de cero.

3.    Es un logro que se piense  en fortalecer el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, el cual pueda gozar de la independencia necesario en el trabajo investigativo y no sea funcional a gobernantes reactivos a los datos cuando no les favorecen.

4.   La creación de un cuerpo élite en donde concurren distintos actores estatales que permita coordinación y coherencia en la acción recoge la idea resolver las inercias de un Estado lento e ineficaz. Lamentablemente este espacio que debería ser un centro para la orientación de toda la política de seguridad se convierta en un espacio sólo para los llamados objetivos de alto valor que no es más que las  capturas de alto valor. 

 

Observaciones:

1.   Una mirada general a la estrategia, no obstante los numerales anteriores pero coherente con su diagnóstico, indica que dicha estrategia no se aparta en lo fundamental de la idea de que es en el fortalecimiento del aparato coercitivo y policivo en donde se concentran las mayores intencionalidades. En el esfuerzo integracionista más no de integralidad, se llega a una versión urbana del Plan Colombia, política que terminó siendo una estrategia más de contención y no un instrumento eficaz para acabar con el narcotráfico y la derrota militar de la insurgencia como fue concebida.  En parte una consecuencia de ello, es el proceso que se adelanta en la Habana. ¿Acaso en Medellín el propósito es sólo la contención?

2.  La caracterización de los agentes productores de inseguridad restringida a organizaciones que se disputan territorios para proveerse de rentas legales e ilegales, omite que la realidad no es tan simple y que estamos frente a estructuras que operan como empresas que se articulan local, nacional y globalmente en lo que se ha denominado empresarismo mafioso con una capacidad de innovarse y transformarse muy superior a la que podría darse  en los organismos que los combaten. Este empresarismo ilegal que mueve en el mundo más de 465 mil millones de dólares por año según los trabajos de Francesco Forgione (“Mafia Export”), opera desde una oferta de seguridad siempre violenta y  tiene la habilidad de penetrar sectores importantes del Estado en todas sus escalas. El haber llegado este empresarismo a instancias como la dirección de Fiscalias en Antioquia y  la dirección de la Policía en Antioquia  no puede olvidarse.

3.   Llama la atención que identificado el problema de legitimidad del Gobierno y del estado local en general en donde emergen los problemas de corrupción del aparato coercitivo y los problemas de gobernabilidad por la escasa credibilidad del estado como proveedor de seguridad, muy poco  se  avance en materia de políticas públicas al respecto. Imaginar que una situación de fondo como ésta  se resuelve con estrategias comunicativas indica una falencia sustancial. Los esfuerzos en desarrollos tecnológicos en seguridad (las 734 cámaras que se planean tener y  los CAI móviles e inteligentes) y el aumento del pie de fuerza, así llegaren estándares superiores a los  aceptados en el mundo, serán fallidos en buena medida  si la legalidad no le disputa con eficacia a la ilegalidad su poder. El estado no sólo debe superar a la ilegalidad en su aparato coercitivo, también debe serlo en credibilidad y confianza para los ciudadanos y esto tiene una ruta para concretarse bastante distinta. Por lo menos debe promover interrogantes el hecho de que, en una escala mayor, hoy una política como la antidrogas, fundamentada en una guerra descomunal, esté siendo seriamente  cuestionada aún desde los mismos EEUU, pues su fracaso ya es bastante difícil de ocultar.

4.   El PISC se concibe como una propuesta en la cual la participación ciudadana ocupa un lugar destacado, esto lo es más cuando se asume el enfoque del desarrollo humano y por lo tanto el enfoque de derechos. No está claro cómo se concretara dicha participación, pues ésta debería estar en los espacios de  evaluación y seguimiento y en las mesas que se propone esto no aparece. Una de las fuentes de desconfianza ciudadana es la manipulación por parte de los gobernantes de los espacios participativos, es decisivo que la Alcaldía  instaure una participación ciudadana eficaz, esto es, que el ciudadano sienta que efectivamente su palabra es recogida por el gobernante en sus decisiones. En materia de seguridad y convivencia no cometer el error de reducir la participación ciudadana  al papel del denunciante.

 

José Girón Sierra

Junio 2013

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.