Las reiteradas vulneraciones de los derechos humanos por parte de grupos armados ilegales en Antioquia, así como la baja cantidad de sentencias de restitución de tierras en el departamento son dos de los principales obstáculos que enfrenta la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en esta región.
Este llamado de atención fue hecho en el Concejo de Medellín por el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez, quien hoy presentó un informe sobre los avances y las dificultades en la implementación de la ley de víctimas–Ley 1448 de 2011- en Antioquia.
El representante liberal, dejó ver su preocupación por la baja cantidad de sentencias de restitución de tierras en Antioquia, sólo 8 hasta ahora, y por el elevado número de emergencias humanitarias derivadas del conflicto en el departamento, 53 hasta abril de 2013. También De continuar así, advirtió Rivera Flórez, es probable que se supere el número de emergencias atendidas en Antioquia durante 2012, cuando fueron 165 en total.
“Esto es muy grave porque la incidencia de actores con posibilidad de violar los derechos humanos es muy grande en el departamento de Antioquia. Solo hasta abril de este año van casi la mitad delas emergencias atendidas en 2012. Eso lo que nos está indicando es que la violencia en este departamento no cesa y por el contrario tiende a crecer”, explicó el representante.
Antioquia es el departamento con el mayor número de víctimas, con todas las formas de violencia y con presencia de todo tipo de actores armados, de ahí que, según Guillermo Rivera, se requiera un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para avanzar en la implementación de la ley.
Ese debe ser “un esfuerzo mancomunado entre la policía, el ejército, los organismos judiciales y las autoridades civiles”, afirmó Rivera Flores, al agregar que las agresiones y la presencia de actores armados causan revictimización y afectan la microfocalización de zonas de restitución.
No obstante, el representante del partido Liberal, destacó los avances en indemnizaciones y en la planeación de reparaciones colectivas. En Antioquia, donde hay un 1´050.593 víctimas, han sido indemnizadas por vía administrativa, 49.254 víctimas, por un monto superior a los 280 mil millones de pesos en total. Es decir, “en un año y medio, el 5% de las víctimas –de Antioquia- han sido indemnizadas”, concluyó Guillermo Rivera.
En el caso de Medellín, de las 325.504 víctimas reconocidas hasta ahora por la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, 23.249 han sido indemnizadas por vía administrativa, por un valor total que supera los 130 mil millones de pesos.
Sobre las reparaciones colectivas, el representante liberal expresó que ese es un mecanismo importante dentro de la ley de víctimas, “que se consagra para reparar a comunidades afectadas por la violencia, como organizaciones sindicales, políticas y comunidades territorialmente identificadas, minorías étnicas.” En Antioquia actualmente se están construyendo planes de reparación colectiva en 18 municipios, en su mayoría pertenecientes a las regiones de Urabá y el Oriente Antioqueño.
Antes de finalizar su intervención, Guillermo Rivera afirmó que “el resultado del proceso de restitución de tierras en Antioquia aún es precario”, pese a que en el departamento existen 3 oficinas de la unidad de restitución.
El representante reveló que, en el departamento, actualmente están en proceso de reclamación 13.000 hectáreas de tierra e informó que sólo se han fallado 8 sentencias de restitución, de 5.000 solicitudes que se han presentado hasta el momento.
Para el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, “hay que andar mucho más rápido, hay que hacer las restituciones de tierra de manera colectiva, pasando de 2.800 procesos en Urabá a 25 procesos judiciales, lo mismo en Bajo Cauca y Oriente Antioqueño, y utilizar la vía administrativa a través del Ministerio de Agricultura, del INCODER, revocando las resoluciones que haya que revocar y devolviéndoles esas propiedades a sus verdaderos propietarios.”
La traba para agilizar estos procesos, indicó Vega Medina, “está en que no se está invirtiendo la carga de la prueba. Quien debería demostrar allí que adquirió el predio con buena fe, es el que hoy funge como propietario y ocupante, que en muchas ocasiones son testaferros, oportunistas o gente vinculada a las mafias.”
Sin embargo en muchas ocasiones, son las víctimas las que tienen que presentar las pruebas de que el predio les pertenecía antes de ser despojadas, lo cual no debería estar ocurriendo, porque según la ley la carga de la prueba la deben asumir los ocupantes actuales de la tierra.
A manera de reflexión Guillermo Rivera advirtió que “si la restitución de tierras es exitosa en Antioquia, seguramente lo será en el resto del país”, por el contrario si la restitución fracasa en este departamento será “un gran lunar” para el proceso.
La presentación de este informe fue convocada por el concejal de la ASI, Luis Bernardo Vélez; el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina; y el presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Diego Herrera Duque; quienes a su vez convocan al segundo foro “Antioquia Dialoga con la Habana” a realizarse hoy, a partir de las 2:00 p.m en el Concejo de Medellín, con la participación vía streaming desde Cuba de tres delegados de las FARC.
