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El Catatumbo: un territorio en disputa

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Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos IPC

 

Primera entrega

Después de más de un mes de movilización  y protesta, que evidencia la profundidad del conflicto en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, la pregunta que queda es ¿Por qué en vez de avanzar en la negociación con el movimiento campesino el conflicto se profundiza?, ¿Cuál es el objeto de disputa en el Catatumbo? ¿Por qué si hay una ley promulgada desde 1994, que crea las zonas de reserva campesina, el Gobierno no acepta la propuesta de constituir la región del Catatumbo en una zona de reserva campesina? Si se esta negociando la paz en La Habana, ¿por qué no se encuentra disposición del Gobierno para negociar con el movimiento campesino?

El actual Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, con las vocerías de los ministros del Interior y de Justicia , al igual que las elites que han concentrado la tierra en el país,  ha privilegiado la ya vieja estrategia de estigmatización y criminalización del movimiento social, antes que encontrar salidas de fondo a un conflicto generado por un modelo de desarrollo que concentra riqueza en todas sus modalidades, que excluye y que solo ve grandes empresarios rodeados de trabajadores o jornaleros sin autonomía económica, muy bien organizados pero subordinados a la lógica de la concentración y acumulación del gran capital. Su discurso y su esfuerzo frente a la sociedad colombiana viene centrándose en intentar demostrar que el movimiento campesino esta infiltrado por las FARC y que su principal dirigente es supuestamente un hombre muy cercano a ellas. Con ello busca legitimar la inadmisible violación de los derechos humanos que se esta generando con la estrategia militar de intervención del conflicto por parte del Gobierno.

Pero el problema esta a leguas de su esfuerzo por criminalizar y  judicializar a algunos dirigentes campesinos, aunque sea esta exactamente la estrategia para ganar el pulso de sus intereses en el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que esta en disputa? A nuestro modo de ver, el ordenamiento territorial, la autonomía decisional de los pueblos, la equidad y el derecho al territorio, del lado del movimiento social. Del lado del gobierno, mantener “zonas de despeje” para el gran capital, que por la vía de la “acumulación por desposesión” esta cerrando los pocos bienes comunes, o expropiando a pequeños poseedores de sus condiciones para producir y apropiar riqueza. Es la replica  de lo que hace unos años se denomino el modelo Carimagua, donde según el ex ministro de Agricultura,  Andrés Felipe Arias, los campesinos no tienen recursos para usar productivamente la tierra, por tanto es mejor entregársela al gran capital.

Para los campesinos, la agenda se articula al reconocimiento de reserva campesina: una salida estructural al conflicto

Dos ejes centrales estructuran la propuesta de los campesinos del Catatumbo, una la declaratoria de Zona de Reserva Campesina del Catatumbo –ZRCC- y la segunda referida al financiamiento del Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCC. Algunos de los aspectos específicos que se destacan en la propuesta son: 1. Creación de un Fondo Campesino de Desarrollo Rural y Social del Catatumbo con un total de recursos de 263.023 millones de pesos. Financiación de proyectos priorizados en materia de infraestructura, desarrollo agrícola y desarrollo social por valor de 54.023 millones de pesos. Financiación de proyectos de emergencia por 209.000 millones de pesos.

A propósito de los avances en la negociación de esta agenda, un comunicado del movimiento del 11 de Julio afirma que:

“En el primer punto sobre la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) el gobierno le dijo no a todas las rutas propuestas por Ascamcat para llegar, según el tramite legal, a la declaratoria de la ZRC del Catatumbo. En el segundo punto, sobre financiamiento y ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo sostenible (PDS) de la ZRC del Catatumbo a la propuesta detallada de Ascamcat, el gobierno respondió con una oferta institucional y un supuesto aporte de 80 mil millones de pesos para el Programa Regional de Inversión para el Catatumbo –PRIC. Dinero que se esfumó cuando se le propuso destinar esos recursos a un Fondo Campesino, para financiar las iniciativas del PDS de la ZRC en el marco del PRIC”[1].

Es clave entender que se esta jugando con la propuesta de ZRC. Según el investigador Alfredo Molano las zonas de reserva campesina son la mejor estrategia para frenar y quizá revertir la histórica concentración de la tierra. A propósito, Molano afirma en su columna del 15 de diciembre de 2012 en El Espectador:

Para impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración de la tierra”… Las Reservas Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y consumidores”

Es una agenda que toca uno de los asuntos más estructurantes del conflicto en el país, el ordenamiento territorial, el incumplido precepto constitucional de un reordenamiento territorial con autonomía, inclusión, capacidad de apropiación y distribución equitativa del excedente regional producido.

Para el Gobierno de Santos, una agenda de necesidades básicas: contención sin cambio estructural

Mientras los campesinos han puesto sobre la mesa una interesante apuesta adoptada ya en la ley 160 de 1994, la zona de reserva campesina (ZRC) y la financiación de su plan de desarrollo sostenible, el Gobierno ofrece una lista en el concepto de necesidades básicas insatisfechas, una medida de contención de la propuesta “mejorando las condiciones de pobreza”, pero no la redistribución de la riqueza, ni la reforma agraria integral.

La contrapropuesta del gobierno esta centrada en “Programa Regional de Inversión para el Catatumbo (PRIC) con inversión total de 80.000 millones de pesos para ser ejecutados entre lo que queda del 2013 y el 2014”. Los puntos contenidos son

1. Tierras y Desarrollo de Proyectos Productivos: emprendimientos productivos ruralesEl Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, orientará un plan de titulación de baldíos en una estrategia por barrido, y la compra y distribución de tierras para las familias campesinas más pobres de la región del Catatumbo. 2. Vivienda Rural: No menos de mil viviendas. 3. Empleo Temporal: 1100 empleos temporales con contratos laborales inicialmente por un período de 4 meses. 4. Infraestructura: proyectos de construcción de vías terciarias, vías menores y obras locales. Construir el acueducto de Hacarí, el alcantarillado de Teorama y pavimentar 20 km de la vía TibúLa Gabarra[2]

Una agenda pobre que deja pocas “razones para la esperanza”, pues el Estado y las elites tradicionales que han gobernado el país y concentrado la riqueza, no están dispuestos a avanzar en transformar  la esencia del conflicto colombiano, por ello la postura esbozada en el comunicado de Fedegán y su presidente, José Félix Lafaurie, del 9 de julio de 2013, no es muy distinta de la del  presidente Juan Manuel Santos el 11 de julio. En su comunicado Fedegan afirma que “no se pueden ir creando estas zonas a las volandas y bajo la presión extorsiva de la violencia, que hace rato rebasó el derecho legítimo a la protesta pacífica. Sería un precedente funesto, que le indicaría a las Farc el camino para llegar a su pretensión absurda de 9 millones de hectáreas en Zonas de Reserva Campesina”.

Dos días después el presidente afirma: “no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos (…) a esa decisión no se puede llegar por la presión de las vías de hecho; quiero ser claro y contundente: eso no va a suceder y no lo vamos a permitir… Otra cosa muy distinta es tratar de aprovecharse y de cooptar este descontento del campesinado, muchas veces justificado, para por vías de hecho intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas en todo el territorio, que es lo que se pretende con la zonas de reserva campesina”.

Fedegan, que ve como una pretensión absurda la reserva de 9 millones de hectáreas para los campesinos como estrategia de frenar la concentración de la tierra, es el que representa a quienes han concentrado más de una tercera  parte del territorio nacional –casi 40 millones de hectáreas – de los 114 millones de hectáreas que tiene el país-, cuando solo 20 millones son aptas para este uso. Este gremio fue el mismo que en 1996 vio como una amenaza la ley 160 de 1994, y ante el decreto que buscaba reglamentar las ZRC afirma que hay que “respetar la propiedad privada” y propone como alternativa, a través de su vocero Visbal, que el gremio ganadero considera que así como se va a crear el marco jurídico para que las multinacionales petroleras y mineras no corran el peligro de ser expropiadas, lo mismo debería hacerse con los propietarios de fincas productivas, en el caso de la reforma agraria”[3]. Ese mismo gremio que afirmaba en el diario el tiempo en 1997[4] que “apoya las cooperativas de seguridad” convivir y deslegitimarlas lo veía como un atropello a sus derechos y una defensa de los derechos humanos de los delincuentes. Esto a propósito de lo que ha significado la historia reciente del país en cuanto al despojo a sangre y fuego de más de 6 millones de hectáreas de tierra, valga decir, y territorio a los campesinos y campesinas del país.

Así, la racionalidad rentista actúa como en tiempos de la barbarie. No quieren productores propietarios que logren apropiarse para ellos y su comunidad de la riqueza existente y producible, pues esto sienta las bases de “otro mundo posible” de solidaridad y de reparto y no de expropiación y concentración; porque cuando los rentistas usurpadores tienen pleno respaldo de quien los representa en el poder, usan la fuerza o la ley según la dinámica de la guerra para eliminar aquellos obstáculos representados en fuerzas de producción sociales, solidarias y alternativas.

Lo que esta en disputa entonces hoy en el Catatumbo, son dos modelos de país, dos nociones de territorio. Un pulso, con costos dolorosos parra los derechos humanos y el derecho al territorio, entre la concentración y la equidad, entre el “mercado de tierras” y las “zonas de reservas campesina”.



[1] Comunicado de Ascamcat. Asociación Campesina del Catatumbo. Tibú, Julio 11 de 2013. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/2013/07/no-mas-dilaciones-gubernamentales-a-la-solucion-de-la-crisis-del-catatumbo/

[3]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-534497

[4]Publicado en el eltiempo.com, el 1 de agosto de 1997. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-639449

 

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.