Política de formalización desencadena paro nacional minero

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos humanos

Con la consigna de defender a la artesanal, pequeña y mediana minería nacional, 28 asociaciones de mineros de todo el país envían una carta a los colombianos solicitando que “respalden y se unan de manera pacífica y democrática al Paro minero y Jornada por la Defensa de la minería nacional artesanal, pequeña y mediana” que empezó este  17 de julio de 2013.

Según el documento referenciado, la agenda que proponen al Gobierno es: 1. Que respeten nuestra producción y trabajo honesto y no nos pongan en el mismo costal con los grupos armados ilegales 2. Que el Estado reconozca que nuestra actividad es diferente a la gran minería y 3. Que exista un verdadero proceso de formalización que acabe de una vez por todas con este conflicto.

En particular, en el Bajo cauca Antioqueño, los mineros asociados presentan como razones del paro la agenda que consideran ellos incumplida por el Gobierno, en negociación del año 2012. Solicitan al Gobierno asistencia técnica, crédito oportuno y subsidios para legalización y seguridad social para la pequeña y la mediana minería. También exigen que se otorguen áreas libres a los mineros tradicionales y, de paso, piden al Gobierno liberar las áreas que fueron entregadas mediante licencias que actualmente están vencidas. Finalmente reclaman protección para las legalizaciones que se radiquen hasta el 10 de mayo de 2013.

Pero ¿porque esta política vuelca a los pequeños mineros a un paro nacional?

En la ultima década, la consolidación de la política minera para favorecer la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) ha criminalizado la minería informal, sin que se construyan claramente los límites entre esta y la minería asociada a prácticas criminales y guerreristas. En el mejor de los casos, estos programas de legalización obligan al pequeño minero a una relación de subordinación con las grandes empresas mineras. Así se evidencia en el discurso de la Viceministra de Minas en el II Congreso de la Minería a Gran Escala donde afirma que “en 2012 fue lanzado el primer programa de formalización minera, para que los pequeños mineros puedan vincularse a una compañía que tenga el amparo de un título”[1].

Pero quieren desconocer, que para estos pequeños productores la minería tradicional y artesanal es una construcción ancestral y para estos mineros el acceso a las minas es más que fuente de empleo, una fuente de trabajo que les genera autonomía económica, que se trunca con una política gubernamental que les niega el derecho al trabajo y a la tierra y que no los considera sujetos económicos que puedan acceder a títulos, sino un ejército de reserva entrenado para las grandes mineras que están viendo en Colombia el nuevo “Dorado”. La  misma Corte Constitucional en la sentencia C-366/11 que declara inexequible la Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas (Referencia: expediente D-8250)[2], afirma que la ejecución de la empresa minera está dada, por lo general, en condiciones que menoscaban las garantías laborales, situación que se refleja en que “las grandes transnacionales acreedoras de títulos mineros encuentran en la capacitación de mano de obra indígena y afro descendiente (quienes ante la ausencia de alternativas laborales se emplean en las minas) una forma de disminuir los costos de su nómina a través de la ejecución de contratos no laborales.”

Ya entre los años 2010 y 2011, el Ministerio de Minas y Energía había desarrollado el Censo Minero Departamental buscando formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del sector minero energético nacional. En el censo se identificaron 14.357 Unidades Productoras de Minería (UPM), de las cuales tan sólo el 37 por ciento tienen título minero, 9041 UPM, el 63% no tienen título minero. Al menos 10 departamentos tienen más de un 80% de UPM sin título minero.  Los departamentos con alta concentración de UPM sin título minero son Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Cauca”, señaló Juan Carlos Arce, funcionario del Grupo de Minas del Ministerio de Minas y Energía[3]. 

En un reporte de Global Business Reports realizado en diciembre de 2011 para E&MJ (Engineering and Mining Jornal) y titulado “Minería en Colombia. El último gran tesoro andino”[4] se afirma que según reportes oficiales el 70% de la  producción de oro en el país es informal, con unas 3.600 minas ilegales en todo el territorio nacional, y se reconoce que donde lleguen encontrarán mineros artesanales. Sobre el tema uno de los gerentes de empresas mineras entrevistados “no considera que los mineros artesanales representen una dificultad, sino más bien mano de obra que trabaja duro y que quiere trabajar”.

La política de formalización: una política que criminaliza y se opera con estrategias de guerra

El articulo 106 del plan de desarrollo de Colombia 2010-2014 da vía a una estrategia que trata a los mineros como objetivos de guerra. Las estrategias más explicitas han sido operadas por el ejército y la policía, desde la voladura de dragas hasta la expulsión de los pequeños mineros de los territorios donde han desarrollado ancestralmente su trabajo[5].

Se afirma que “la multinacional canadiense Gran Colombia Gold comenzó el desalojo de trabajadores que de forma ilegal ingresaron a cerca de doscientas minas ubicadas en el municipio de Marmato, que la empresa compró a los habitantes de la zona, en las que hoy está suspendida la explotación”.[6]

Según la Defensoría “se comprobó que surgen numerosos conflictos entre los mineros tradicionales y las grandes empresas que tienen concesiones mineras”, por ejemplo las empresas mineras “ejercen medidas policivas amparadas en el Código de Minas, para desalojar a los mineros de hecho que están usurpando las áreas adjudicadas. Tan sólo en el municipio de Segovia, del departamento de Antioquia, -municipio en el que de 148 minas sólo 4 son legalizadas-, se han llevado a cabo, en los últimos dos años, 78 desalojos de mineros locales de hecho”. (Defensoría del Pueblo, 2010: 232)

Antioquia y las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste son un importante centro de la problemática, y podrían ser un potente laboratorio para su solución

Antioquia es el departamento con más hectáreas en títulos otorgados y solicitados en el país. Simultáneamente es uno de los 10 departamentos donde el 80% de las unidades mineras son informales. En el censo minero mencionado, de 2.015 unidades contadas, 1.601 no poseen título minero. Ante esta realidad el plan de desarrollo “Antioquia la mas educada” propone una “política integral de la minería” donde unos de sus ejes es la “inclusión y equidad para el desarrollo” y el “ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental”, para ello se proponen 800 legalizaciones y formalizaciones. En el mapa podemos ver como Bajo Cauca y Nordeste concentran el 74% de la propuesta. Pero parecería que lo que se está imponiendo es la política nacional, asunto explicable por la política de recentralización que ha significado la creación de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y que ha venido quitando la función a los municipios.

Por ellos, este paro sería la oportunidad para que el departamento que más peso tiene en producción; exportación de oro; títulos mineros a grandes empresas; mineros informales; y conflictos mineros, incluida la minería criminal; expusiera como estrategia de transformación del conflicto, no la criminalización y la expulsión, sino la inclusión, la equidad y la asociatividad como freno a la concentración.

Para esto, el Bajo Cauca (59% de Necesidades Básicas  Insatisfechas  (NBI) y 90% de su territorio entre títulos otorgados y solicitados) y el Nordeste (42% de NBI  y un 125% de su territorio entre títulos otorgados y solicitados) son un buen piloto para profundizar una estrategia territorial en este sentido. Ojalá la Gobernación no se sume a la estrategia de tratamiento militar, sino que la profundice con la sociedad como una salida estructural para transformar el conflicto en pro de la construcción de un territorio incluyente y equitativo.

Anexo

Mapas tomados de la presentación del Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, en el II Congreso de la Minería a Gran Escala