Editorial por: María Soledad Betancur Betancur
Coordinadora del Observatorio de Derechos humanos del IPC
El 10 de julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que hubo excesos de la Fuerza Pública en las protestas campesinas del Catatumbo (Norte de Santander) y pidió a la Fiscalía que investigar las cuatro muertes ocurridas durante el desarrollo del conflicto, al igual que solicitó se determinen "los responsables" de causar heridas a 42 policías; pues la Fuerza Pública ha "sido víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos y otras armas letales".
Estas afirmaciones las hizo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como resultado de una valoración de la misión de observación de dicha oficina en el Catatumbo, durante la última semana de junio.
Allí se pudo constatar "que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública y, por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios", se indicó el comunicado de prensa firmado por Howland.
Desafortunadamente, para la sociedad colombiana, las víctimas y el movimiento de derechos humanos, esta comunicación se responde en el primer momento con un rechazo profundo al comunicado tanto de parte del presidente, Juan Manuel Santos, como del Ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón; del Congreso de la República y de las Fuerzas Armadas, considerando la solicitud de investigación como una intromisión irresponsable y temeraria.
El presidente del Congreso, Roy Barrera, afirmó que “El señor Howland ha golpeado con el garrote del prejuicio a toda la Fuerza Pública colombiana legítima, pero en cambio ha tratado con el guante blanco de la justificación social a los responsables de las vías de hecho que han generado bloqueos y otros actos violentos en la zona del Catatumbo”
Pero quizá lo más grave es la respuesta, diríamos, estructural. El presidente Santos el día 16 de julio pide que cese la presencia de la oficina de la ONU para los derechos humanos afirmando que: "esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos han venido desapareciendo".
Grave solicitud del presidente en un momento en que el país atraviesa por fuertes procesos de movilización social, en los que ha primado el tratamiento militar y policial, la estigmatización de los movimientos y la criminalización de sus protestas. Más grave aun cuando el Congreso acaba de aprobar el fuero militar y muchas víctimas son asesinadas en el país, especialmente los reclamantes de tierras.
Como considerar innecesaria la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando si bien en el año 2012, en su informe, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reconoció el avance en derechos humanos en el país, en un acápite que define como “motivos de esperanza” entre ellos el proceso de paz y la aprobación de leyes como la ley de víctimas; pero afirmó que existen “problemas que requieren cuidado y especial atención” como la situación de riesgo, estigmatización y violación de derechos a los defensores de derechos humanos y la persistencia de la desaparición forzada.
Por último, el informe presenta los problemas que define como de “atención urgente”, entre ellos la respuesta inadecuada a los falsos positivos y la reforma constitucional de la jurisdicción militar, afirmando que “la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares vulnera la separación básica entre los poderes, necesaria para la independencia del poder judicial”. Ve también como asuntos de atención urgente los grupos guerrilleros y su impacto sobre la población civil y los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares.
Así que, a pesar de que se puedan destacar algunos avances, la situación de realización plena de derechos humanos todavía está en alerta y mal haría el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, en prescindir de la institucionalidad internacional que, junto con otros actores y organizaciones sociales del país, hace visible lo que no se quiere ver y recomienda políticas para que los derechos humanos sean el fundamento de nuestra democracia.
Información relacionada:
- ONG piden al Gobierno la permanencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
- Pronunciamiento de respaldo a la permanencia de la OACNUDH por parte de las plataformas de DDHH y Paz
