En el municipio de la Ceja, Oriente Antioqueño, se cumplió la elección de los 26 delegados a la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, realizada entre los días 29 y 30 de julio. En estos comicios participaron 160 líderes de organizaciones de víctimas de todo el departamento.
Luego de conformar la mesa departamental, se eligieron 2 delegados al Comité Territorial de Justicia Transicional y 9 delegados a la Mesa Nacional de Víctimas. Por derecho propio los representantes de jóvenes, mujeres, población LGBTI, adulto mayor y personas con discapacidad, ingresaron de manera directa a la mesa nacional.
La Mesa Departamental de Vícitmas quedó conformada por: Sandra Milena Ciro Zuleta, Luz Argenis Graciano, Aleida Correa, Marleny Herrera Murillo, Éver Borja, Jhonatan Echeverri, Rafael Martínez García, Diosdado Quintero, Dora Janeth Arbeláez, Yolanda Perea y Jhon Jairo Velásquez Zapata. Además, Farid Alberto Usme, Gustavo Caro, Huber Martínez Giraldo, Birleida Ballesteros Bermúdez, Gudiela Palacio y Francisco Montalvo.
El proceso de elección fue organizado por la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y organismos de cooperación internacional como: IRD, USAID, OIM, PNUD, y MAPP-OEA.
Para Luz Dary Valencia, delegada a la Mesa Departamental de Víctimas, como representante del hecho victimizante: homicidios, “la elección de los 26 delegados es muy importante porque se conforma un equipo de trabajo, con representantes de las 9 subregiones, que estaremos luchando por la incidencia de todos los hechos victimizantes.”
La líder del Oriente Antioqueño, miembro de la Asociación de Víctimas de La Unión, destacó que en estas elecciones se renovaron algunos liderazgos y expresó que en adelante será necesario “un arduo trabajo de formación y capacitación para hacer un empalme” entre quienes tienen más trayectoria y quienes apenas inician.
Birleida Ballesteros, líder de víctimas de Urabá y representante en la mesa nacional del grupo poblacional de mujeres, destacó la transparencia de este proceso electoral y se refirió al compromiso que adquirió como delegada.
“Ya no puedo trabajar únicamente por las mujeres de Urabá, mi compromiso es trabajar por todas las mujeres de Antioquia y en especial las de Colombia. Como mujeres vamos a hacer valer nuestros derechos en los temas de vivienda, salud, educación, proyectos productivos y estudio”, manifestó Virleida.
Por su parte, Úber Martínez, líder de víctimas del Magdalena Medio y delegado a la mesa nacional como representante de jóvenes, expresó que su intención será hacer un mejor ejercicio de seguimiento “a las propuestas que están en los planes de acción territorial de cada departamento y municipio, para buscar que se haga la ejecución y verificar en qué va el cumplimiento.”
El representante de la población víctima joven también lanzó una propuesta buscando que los delegados que no representen adecuadamente a las víctimas puedan ser revocados. “Esto en pro de que el ejercicio democrático sea más efectivo y que las personas que lleguen allá trabajen y les cumplan a las víctimas”, afirmó Úber.
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La labor de la Mesa Departamental de Víctimas[i]
Las tres primeras tareas de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia serán: definir un reglamento interno; estudiar el plan de acción del departamento en atención y reparación a las víctimas; y realizar un plan de trabajo cuyo principal objetivo será dinamizar y apoyar los procesos regionales, además de incidir políticamente en pro de las víctimas.
De esa forma lo resumió el coordinador de participación de la unidad de víctimas en Antioquia, Jorge Córdoba Quinchía, quien explicó que se organizará una primera reunión de trabajo para definir la estructura de la mesa y presentarla en sociedad.
En su labor, la mesa departamental eligió tres organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas: el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Redepaz y la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil en Antioquia.
Como miembros de las mesas de participación, estas organizaciones defensoras actúan con voz pero sin voto en los asuntos que tienen que ver con la competencia de las organizaciones de víctimas, y reconocen dentro de su labor la responsabilidad de incidir en la política pública de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, explicó Mónica Rojas, miembro del IPC.
Además de jugar un papel permanente de diálogo con las organizaciones de las víctimas y con las instituciones responsables de la política pública, Mónica Rojas indicó que la intención de estas organizaciones es “posibilitar que las víctimas, sus organizaciones, las víctimas no organizadas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, puedan hacer incidencia en la política pública de atención y reparación integral, así como implementar mecanismos para avanzar en la participación efectiva de las víctimas y en la coordinación Nación – territorio para la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, siempre buscando el goce efectivo de derechos.”
Y agregó: “la idea es demandar a las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas la más amplia participación de las organizaciones de víctimas y defensoras, en las diferentes instancias del sistema de atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en cuenta la experticia, especialización y ámbitos territoriales, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico , de edad, de género, a la población LGTBT, así como a los diferentes tipo de victimización y la experiencia y especilización temática de las organizaciones defensoras”.
La líder social opinó que la mesa quedó bien conformada, debido que “hubo un criterio subregional, el cual permitió que aparecieran las voces de todas las víctimas del departamento, y a que las representaciones fueron elegidas por tipo de víctimización, lo cual permite que el debate no sea parcializado.”
Mónica Rojas indicó que el reto ahora “será la consulta con los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendietes, para que lleguen al espacio como debe ser y se escuchen las voces de todos los actores y todas las víctimas del conflicto en Antioquia.”
Según el asesor de la Defensoría del Pueblo y secretario técnico de la mesa, John Jairo González, es importante tener la representación de todos los grupos poblacionales y hechos victimizantes, porque estos representantes “son las personas que en forma directa van a tener una influencia en las políticas públicas, departamentales y nacionales, en cuanto a los derechos de las víctimas, para lograr a favor de ellas una reparación integral.”
El asesor de la Defensoría reveló que los líderes de víctimas de Urabá y Bajo Cauca fueron trasladados en avión por razones de seguridad y dificultad en el desplazamiento terrestre. De esta manera se garantizó la participación de todas las subregiones.
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[i] Interlocución con el Estado será potestad de las mesas
Según el protocolo, las mesas de participación serán los espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas, de orden municipal, distrital, departamental y nacional, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011.
Estos espacios serán los encargados de proponer a las respectivas entidades y autoridades, proyectos, planes y programas en desarrollo por lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011; también establecerán estrategias para que las víctimas y las organizaciones de víctimas conozcan sus derechos; participen en el diseño de los planes, programas y proyectos dirigidos a las víctimas, y ejerzan veeduría en su ejecución. Para garantizar la plena incidencia y promoción de derechos, estos espacios deberán:
- Elegir un Comité Ejecutivo y un Comité de Conciliación.
- Elegir los representantes a las instancias de participación estipulados en la Ley 1448 de 2011, en su respectivo ámbito territorial.
- Elegir los representantes para los espacios de participación ciudadana que se consideren pertinentes, en su respectivo ámbito territorial.
- Participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables.
- Rendir cuentas frente a las víctimas en el respectivo ámbito territorial.
- Ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.
- Solicitar a la autoridad competente su intervención o el inicio de las investigaciones tendientes a garantizar la debida aplicación de los postulados de la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias.
- Realizar observaciones sobre las políticas, planes y proyectos para la implementación de la Ley 1448 de 2011.
- Realizar un Plan de Trabajo anual y comunicarlo a las Secretarías Técnicas de las respectivas mesas de participación para que adopten las acciones correspondientes.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, 2013, 05 de abril, “Artículo por artículo, Unidad expuso borrador de Protocolo de Participación”, disponible en sitio Web: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/405-articulo-por-articulo-unidad-expuso-borrador-de-protocolo-de-participacion
