Foto Javier Casellas – Página de la Presidencia
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Con la decisión de presentar al Congreso un proyecto de referendo mediante el cual se validarían los acuerdos de las negociaciones en La Habana, inconsulta a la contraparte: las FARC, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha cometido un grave error. El levantamiento de la mesa de negociación de la insurgencia es la elemental consecuencia de ello.
Una vez más, no sabemos si esto es el producto del bochorno causado al Gobierno por un movimiento social que desde sectores como el agro, la minería y el transporte ya no aceptan la dilación oficial, o más bien, es la praxis de un gobierno que por momentos actúa como si estuviera negociando la desmovilización de una fuerza insurgente derrotada y no el fin de un conflicto, en el que la desmovilización es sólo uno de sus componentes.
Desde el comienzo de las negociaciones ha sido claro el desacuerdo en cómo validar socialmente los acuerdos a los cuales se llegue. Para la insurgencia ha sido reiterativa su postura de mantenerse en la idea de que es a través de una constituyente como debería pronunciarse la sociedad, argumentando que la actual constitución, dadas sus múltiples reformas, ya no es el instrumento más idóneo para rodear el proceso de garantías sostenibles. Para el gobierno esta opción no es posible arguyendo que la constitución cuenta con las herramientas indispensables no sólo para afrontar la negociación misma, sino también el no muy bien visualizado postconflicto.
¿Es ésta una contradicción de fondo? Sin duda, pues si bien al parecer hay acuerdos sobre puntos cruciales como el tema del agro y la participación política de la oposición, la manera cómo se legitime un acuerdo, como el que se tiene entre manos, es sin duda una de las certezas en las cuales se depositarían buena parte de las confianzas de unos y de otros, sobre todo para las FARC que está convencida del carácter tramposo de la elite gobernante. Pero aparte de esto, una salida que suena a tacada de burro, podría echar por tierra los desarrollos que en materia de confianza podrían haberse dado en los diez meses que lleva la negociación y convertirse en un escollo importante.
La sensación de un presidente asediado por una coyuntura en nada favorable, le ha hecho perder la habilidad política y estratégica reconocida por propios y extraños, pero sobre todo, le ha hecho perder la paciencia y la reflexividad que un proceso como el de La Habana exige. Poner en boca del pueblo su propia impaciencia cuando afirma que “la paciencia del pueblo colombiano tiene sus límites”, es una afirmación equivocada. La sociedad colombiana, aún en su mayoría incrédula de las negociaciones que se adelantan, necesita hechos de las partes que negocian para volver a confiar y, para ello, la premura santista podría ser su mayor enemigo.
Posiblemente estamos frente al primer impase de importancia de un proceso del cual aún se sabe muy poco y cuyas diferencias han tenido como escenario principalmente a los medios. El tratamiento del mismo será un medidor de aceite de gobierno e insurgencia. El tono desde el cual sea asumido, dará cuenta de cuál es el real calado de la voluntad de paz que allí subyace.
