Foto Javier Casellas – Página Presidencia de Colombia
Con un nuevo intento de negociación comenzó la segunda semana del paro nacional agrario, que inició el pasado lunes 19 de agosto con concentraciones en 17 departamentos de Colombia, donde miles de campesinos y transportadores mantienen la protesta. Los nuevos acercamientos se dan luego de polémicos comentarios del Gobierno, minimizando las movilizaciones y señalando presuntas infiltraciones.
Lo que empezó como una movilización aparentemente débil, de la que el propio presidente Juan Manuel Santos dijo en sus inicios: no había sido de la magnitud esperada, fue acrecentándose paulatinamente con el paso del tiempo, al punto de generar bloqueos en más de 40 carreteras del país, en su momento más álgido, y ocasionar el desabastecimiento de algunos alimentos en varias ciudades.
A dos días de paro, la policía daba cuenta de unas 30.000 personas movilizadas, entre productores agrícolas y transportadores de carga. Pero actualmente, según la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA), que congrega a voceros de los campesinos, habría más de 200.000 labriegos participando de las protestas.
Boyacá, Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Caldas y Cundinamarca, son los departamentos donde se han registrado las mayores concentraciones de labriegos y, a su vez, donde se han presentado más alteraciones de orden público. No obstante, también hay congregaciones en Santander, Antioquia, Caquetá y Valle del Cauca.
Quienes se han movilizado con más fuerza son los paperos y los lecheros, que aseguran están trabajando a pérdida debido a los bajos precios de sus productos, los altos costos de los insumos y los tratados de libre comercio. Dificultades similares exponen caficultores, arroceros, cacaoteros y paneleros, quienes también participan en la protesta.[i]
Al paro agrario se unieron además los transportadores de carga, que rechazan los elevados costos de los combustibles y los bajos precios de los fletes, y los pequeños y medianos mineros del país, que exigen su inclusión en la política minera nacional y están en cese de actividades desde el 17 de julio.
La diversidad de sectores y regiones ha llevado al Gobierno a conformar varias mesas de trabajo para atender por separado las agendas puntuales de cada gremio. No obstante, las peticiones centrales del paro nacional agrario se condensan en los siguientes seis puntos:
1. Medidas y acciones frente a la crisis de producción agropecuaria 2. Acceso a la propiedad de la tierra 3. Reconocimiento a la territorialidad campesina 4. Participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera 5. Adopción de medidas que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de la población rural 6. Inversión rural en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Dispuesto a negociar con los campesinos y exigiendo el cese de las vías de hecho, el Gobierno Nacional instaló una primera mesa de negociación en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Sin embargo, la negociación terminó sin acuerdo el pasado domingo 25 de agosto.
Ese mismo día, el presidente, Juan Manuel Santos, causó polémica por sus declaraciones durante una alocución al inicio de la Caminata por la Solidaridad, el domingo 25 de agosto en Bogotá. Allí el primer mandatario afirmó lo siguiente:
“El tal paro nacional agrario no existe, se han infiltrado muchos de estos sectores -la extrema derecha y la extrema izquierda- queriendo en cierta forma tomarse la vocería. Y se toman la vocería para que no haya ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo.”
Estas declaraciones no sólo causaron malestar entre los manifestantes, sino también entre los pobladores de los municipios afectados por el paro. El mismo día de las declaraciones, en horas de la noche, cientos de personas realizaron un cacerolazo en la ciudad de Tunja, capital de Boyacá, para solidarse con los campesinos.
Al día siguiente, a través de las redes sociales, la iniciativa se extendió a otras 6 ciudades del país, promovida por el Partido de los Indignados Colombianos, también conocido como el Partido de los Tomates. El objetivo era rechazar las afirmaciones del presidente Santos y respaldar el paro agrario de los campesinos.
Buscando aclarar esta situación, en su cuenta Twitter, el mandatario de los colombianos escribió: “cuando digo que el paro no es nacional agrario es porque está concentrado en unos pocos departamentos y en unos productos determinados”.
Aun así, bajo el lema “El paro en Colombia sí existe”, el lunes 26 de agosto se desarrollaron cacerolazos en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Armenia, así como en dos municipios del departamento de Boyacá: Samacá y Sogamoso.
No obstante, ese mismo lunes en la tarde, el presidente Santos viajó a Tunja y concertó el inicio de una mesa de trabajo con los agricultores de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, para buscar soluciones a sus demandas. Así mismo, los labriegos se comprometieron a levantar los bloqueos en las vías, unas 28 en todo el país según el más reciente informe de la policía de carreteras.
Adicionalmente, el mandatario de los colombianos informó sobre el compromiso de generar un pacto de no agresión:
“Aquí va a haber una especie de pacto de no agresión. La Policía no va a hacer ningún tipo de acción a menos de que den algún motivo especial, porque la Policía tiene que cumplir con su deber, pero también no van a hacer ningún tipo de agresión que promueva u obligue a la Policía a actuar”
Sin duda el tema de los desmanes y la fuerza pública es crucial en este acercamiento, ya que se han registrado difíciles jornadas durante los días de paro a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
De esta manera, en la segunda semana del paro agrario se abre nuevamente un espacio al diálogo y la concertación, justo cuando en ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín empiezan a sentirse los efectos de la protesta en la escasez de algunos alimentos como la cebolla larga, la alverja, la zanahoria y la papa, entre otros.
Solucionar el paro “de la forma más rápida y mejor posible”, es lo que el presidente Santos espera de esta nueva negociación. Pero lo cierto es que los labriegos no buscan soluciones ágiles sino de fondo, pues más que dinero o subsidios, los campesinos colombianos piden políticas agrarias que les garanticen sostenibilidad.
En medio de las protestas del paro nacional agrario han muerto 4 personas hasta ahora, entre ellas un policía y tres civiles. El uniformado fallecido era el subintendente de policía, Luis Mauricio Torrado, quien fue atacado a tiros en el departamento de Cundinamarca cuando trataba de desbloquear una vía.
Las otras muertes se registraron en el departamento de Boyacá, donde murió un adulto mayor de 72 años, con enfermedad renal crónica, que era transportado en una ambulancia de Miraflores hacia Tunja. Según el Ministerio de Salud, debido a los bloqueos el vehículo asistencial no logró llegar a su destino por lo que el paciente no pudo recibir el tratamiento médico necesario.
En esa región también falleció un motociclista que transitaba por un sector conocido como el Alto El Moral, cuando sufrió un accidente al enredarse en un cable que al parecer pusieron los manifestantes para bloquear la vía.
La otra víctima sería un hombre que murió en Puerto Boyacá al recibir un disparo en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Hasta ahora las autoridades dan cuenta de 160 policías heridos, pero aún se desconoce una cifra oficial de civiles lesionados.
[i] Para explicar su situación, durante las protestas los paperos indicaron que un bulto fertilizante les cuesta 75.000 pesos y el bulto de papa solo vale 30.000. A lo cual agregaron que el mismo bulto de fertilizante, que en Colombia vale 75.000 pesos, en Ecuador cuesta 25.000, lo que los pone en desventaja para competir en el mercado.