Un juez con cojones

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Siempre llamó la atención, cuando se desató el escándalo de la parapolítica, que mientras los procesos avanzaban en la casi la totalidad de los departamentos, Antioquia, cuna del paramilitarismo, apareciera de manera marginal en el comprometimiento de políticos y empresarios en la promoción, auspicio y apoyo, a las organizaciones criminales mal llamadas de “autodefensa”. Dos hechos han cambiado de manera sustancial este panorama.

Un primer hecho, es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un juicio por parapolítica a Luis Alfredo Ramos Botero, político paisa a quien solo le faltaba llegar a la Presidencia de la República y quien fungía como precandidato por el movimiento Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe. Así se toca por primera vez a una figura clave en la política antioqueña.

Ramos Botero fue el ideólogo del movimiento Alas Equipo Colombia, organización política a la cual le han enjuiciado varios de sus líderes por parapolítica, entre ellos Álvaro Araujo Castro, Oscar Suárez Mira y Antonio Valencia Duque, actualmente condenados. Siempre llamó la atención que una fuerza política, en la que la mayoría de dirigentes con mayor potencial electoral terminaron bajo rejas, dejara indemne a su máximo líder.

Por ello, esta decisión del tribunal empieza a poner en orden la justicia sobre un conjunto de hechos denunciados por jefes paramilitares como Juan Carlos “ el Tuso “ Sierra y Freddy Rendón Herrera alias “el Alemán”, que comprometen seriamente a este político y que por razones, aún no muy claras, fueron omitidos por la Fiscalía General de la Nación.

Un segundo hecho, consiste en que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, acaba de cursar a la Comisión de Acusaciones  de la Cámara un conjunto de pruebas que  implican al ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, en la promoción, auspicio y apoyo de organizaciones paramilitares.

Esta decisión, sustentada en acusaciones provenientes de algunos de los mismos ex jefes paramilitares que comprometieron a Botero Ramos, tiene una importancia fundamental para las víctimas en Antioquia y para el tema de los DDHH en la región.  Merece  destacarse al respecto, la valentía del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, miembro de la citada sala, al haber dado a conocer el pronunciamiento aludido, que muestra de manera detallada el mapa de una estrategia ilegal que dejó muchas víctimas que no han dejado de reclamar justicia. Hablamos de valentía, pues son bien conocidas las implicaciones, tanto legales como ilegales, a las que se han visto abocados quienes han  intentado tocar al clan URIBE VÉLEZ.

Bien se sabe del flaco servicio que le ha prestado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a la justicia, dado que ha primado el juego politiquero y no la justicia. No conocemos ninguna condena de este desprestigiado organismo de justicia cuyas decisiones, plagadas de absoluciones, han estado siempre bajo sospecha.

Aun así, el hecho de que un organismo como la Sala de Justicia y Paz valore como pruebas las declaraciones rendidas en el proceso de Justicia y Paz, implica un cambio sustancial y un escenario nuevo para las víctimas y para los defensores de DDHH.

Un fallo favorable de la Comisión, como es de esperarse, dejaría al ex presidente Uribe, en una condición de vulnerabilidad muy alta frente a organismos como la Corte Penal Internacional.

José Girón Sierra

Septiembre 9 de 2013