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Modelo agrario del Ministro de Agricultura: alianzas productivas para el gran capital

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Foto: Minagricultura

Por María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos

El recién nombrado Ministro de Agricultura de Colombia, Rubén Darío Rizarralde, miembro de la Junta directiva de Fedeplama y gerente de Indupalama, empresa filial del Grupo Grasco, ha afirmado en los balances de su compañía que desde esta empresa se ha hecho una reforma agraria dirigida por el sector privado. Al respecto, hay que señalar que no son precisamente los campesinos los más favorecidos.

La reforma, según él, consiste en las llamadas “Alianzas Productivas” en las que Indupalma, como lo define en su misión, es un operador de proyectos productivos de palma en los que campesinos asocian sus tierras –cada uno entre 7 y 10 ha.- y firman un contrato con el operador, Indupalma, que les gestiona los créditos, les vende la asesoría en todo el proceso, les vende los colinos para la siembra y les compra el producido a precios fijados por ellos.

Así, a cambio de un jornal, los campesinos se endeudan e hipotecan su tierra. En ella cultivan la palma y asumen los costos de producción, con los altos riesgos que tiene la fase del proceso productivo, mientras la empresa operadora comercializa el producto y apropia las ganancias sin incurrir en costos y liberándose paulatinamente, no solo de contratar trabajadores y remunerarlos sino de asumir los costos de producción.  Es por ello que en la misión de Indupalma se lee: “Hoy nuestro foco de negocio no es producir aceite de palma. Hoy nuestro foco es generar negocios e inversiones alrededor de los cultivos de palma y de caucho” y en su visión se proponen en el año 2020  tener 70.000 ha. sembradas de palma, de ellas un 75% de terceros y un 25% de su propiedad[1].

Por ello no es gratuito que el 12 de septiembre el primer encuentro del pacto nacional agrario se realizara sin la presencia de los actores claves, los campesinos, quienes decidieron hacer su propio encuentro. Como reportó la Agencia de Prensa del IPC: Desde el momento en que el Gobierno Nacional dio a conocer esta propuesta, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), manifestó su posición expresando que este pacto “no recoge ni reconoce las expresiones organizativas y propuestas del movimiento agrario y del campesinado movilizado.” En el comunicado, la MIA afirmó que la propuesta presentada por el Gobierno Nacional “es una componenda de los gremios y élites terratenientes como lo fue el llamado "Pacto de Chicoral", con el que se sepultó la posibilidad de Reforma Agraria en el país…”

Esta preocupación de la MIA deberá convertirse en una preocupación de toda la sociedad Colombiana y de las instituciones que creen que el acceso a la tierra y la equidad social son claves para avanzar en la solución del conflicto, no solo armado sino social, en Colombia. De lo contrario, las elites terratenientes con un discurso forrado en responsabilidad social empresarial y con recursos del Estado y la cooperación internacional harán del modelo de la palma, gerenciado por el actual Ministro de Agricultura, el modelo de reforma agraria para responder con más concentración y expropiación[2] a la agenda agraria enarbolada por los campesinos en las calles y apoyados por múltiples sectores sociales del país.

Por ello, no es gratuito que el tan debatido proyecto de Carimagua haya sido entregado a Induplama, bajo esta modalidad de alianzas productivas. Así se expresó en ese momento, marzo del 2011,  el actual Ministro de Agricultura, quien se mostró complacido con la decisión oficial

“El gerente de Indupalma, Rubén Darío Lizarralde, explicó que diez mil, de las 17 mil hectáreas de Carimagua, que son propiedad del Incoder, serán destinadas al cultivo de palma o de caucho.

La inversión calculada por Indupalma, se financiará con recursos de créditos bancarios. Los campesinos serán los dueños de la totalidad del proyecto y su producción será adquirida a precios de mercado. Indupalma será el operador del proyecto.

“Este momento es de mucha satisfacción porque esta invitación que el gobierno hace al sector privado para que le sirvamos a un desarrollo de propiedad campesina y de generación de riqueza, es el reconocimiento al exitoso ejercicio que nosotros ya hemos hecho en el Magdalena Medio.”[3]

Este esfuerzo de los campesinos de endeudarse para comprar una tierra que usufructúan los grandes concentradores de la riqueza en el país, es nombrado por el presidente Santos como estrategia de restitución. Así lo expresó durante su acompañamiento a Indupalma en la entrega de títulos a 150 campesinos, que pagaron con su trabajo durante 10 años en Sabana de Torres. En ese acto “El Jefe de Estado señaló que con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se está sembrando la paz en todo el país… El mandatario de los colombianos entrega los títulos de propiedad de la hacienda El Palmar, que 150 campesinos compraron con su trabajo en los últimos 10 años… Los nuevos propietarios son labriegos afectados por grupos al margen de la ley y que se asociaron para establecer una plantación de palma de aceite con el respaldo de Indupalma, empresa que diseñó una estrategia para promover oportunidades de generación de propiedad, riqueza, desarrollo y paz en este sector del Magdalena Medio.”[4]

Es así como el nombramiento de Lizarralde, por años gerente de Indupalma, hoy empresa operadora del simbólico predio de Carimagua, parece dejar claro que es este es el modelo de “Reforma Agraria” que generalizará el Gobierno en todo el país. En la posesión del nuevo ministro, el presidente Santos destacó la trayectoria del recién nombrado jefe de Agricultura en la gestión de un modelo de desarrollo y emprendimiento que se funda  en el apoyo a los campesinos, pequeños agricultores[5].

A su vez, Rubén Darío Lizarralde, afirmó que trabajará para que "los baldíos no se vendan más y se arrienden a quienes los van a producir. Y en los ya entregados, los empresarios tienen que posibilitar que haya nuevos campesinos propietarios"[6]. Peligrosa estrategia para la profundización del acaparamiento de tierras en Colombia en manos de las tradicionales elites económicas, representadas en grupos económicos y grandes multinacionales.

Según la reseña que hace el portal Verdad Abierta, sobre el estudio financiado por Oxfam y elaborado por la investigadora Paula Álvarez, “a la fecha, han sido varias las empresas que han sido señaladas por investigaciones académicas, de congresistas y periodistas de acaparar tierras baldías, originariamente destinadas por ley para campesinos pobres. Mónica Semillas en Puerto Gaitán con 13 mil hectáreas; Carlos Aguel Kafruni, Familia & CIA con 15 mil hectáreas en Puerto Gaitán; la Organización Sarmiento Angulo con 13 mil hectáreas en Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta; Riopaila con 42 mil hectáreas en La Primavera y Cargill con 52 mil hectáreas en La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, en Vichada”[7].

La misma Induplama a través de su director Financiero afirmó, en un artículo publicado por El Colombiano en julio 2 de 2012, que “los proyectos que concentran la atención de la compañía son la plantación de unas 25.000 hectáreas de caucho en el departamento del Vichada, un desarrollo de palma de aceite en el Meta…”[8].

Por eso es necesario alertar sobre las propuestas que se estructuren  desde el Gobierno, con la vocería del actual Ministro de Agricultura y su iniciativa de “Alianzas Productivas”, así como su política de Baldíos para la concentración de la tierra y la riqueza producida.

Después de recibir el informe entregado por la Comisión de Memoria, nuevas modalidades de despojo adornadas con el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial, no pueden ser la propuesta económica y social del posconflicto en el país. Así que, si se va a impulsar como reforma agraria el modelo de “alianzas productivas”, habrá que ponerlas de cabeza para que sean reguladas y estructuradas sobre la base de la equidad y no del peonazgo, para que las Zonas de Reserva Campesina tengan el espacio y las condiciones para desarrollar y promover su modelo de inclusión y soberanía alimentaria.



[2] No sobra recordar que “Los mayores beneficiarios de AIS fueron los palmicultores, que en cuatro compañías ubicadas en tres municipios (Tumaco, Codazzi y Tauramena), recibieron casi el 40% de todos los créditos blandos entregados por AIS en 2008. En ese mismo año, el 28% de todos los dineros entregados en el país por Incentivos de Capitalización Rural fueron entregados a tres empresas palmicultoras”. http://www.lasillavacia.com/historia/18589  

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.