Por los ataques y agresiones sistemáticas de los que ha sido víctima, como una organización defensora de los Derechos Humanos, el Instituto Popular de Capacitación – IPC inició un proceso de reparación colectiva ante la unidad nacional de víctimas. De culminar con éxito, esta sería la primera organización de DDHH que sería reparada colectivamente.
La entrega del acto administrativo que formaliza el inicio del proceso e inscribe al IPC como sujeto de reparación colectiva ante la unidad nacional de víctimas, se realizó el jueves 28 de noviembre de 2013 en la ciudad de Medellín. En el evento participaron empleados y socios del instituto, algunos de ellos vía Skype ya que se encuentran exiliados en el exterior a causa de las agresiones.
La jornada estuvo encabezada por la Subdirectora Nacional de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Carolina Albornoz Herrán, quien manifestó que desde la parte simbólica “este caso puntual es el inicio de una serie de procesos para reparar a otras organizaciones de derechos humanos”.
Carolina Albornoz explicó que tras el proceso del IPC hay un trasfondo mayor en relación con “las violaciones, en términos generales, a quienes han trabajado en el país por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la efectiva participación de las comunidades. Por ser la voz de la denuncia a las injusticias que se han cometido. En ese sentido se constituye en algo simbólico, en el inicio de un proceso mucho mayor”.
De igual forma, la funcionaria de la unidad de víctimas expresó que este es un reconocimiento del Gobierno Nacional al IPC, “como sujeto colectivo que sufrió unos daños con ocasión del conflicto armado y unas violaciones a sus derechos tanto colectivos como individuales, que sufrió unas afectaciones que el Estado reconoce y debe entrar a reparar en el marco de sus obligaciones.”
Entre las agresiones sistemáticas que ha sufrido el IPC, las cuales fueron consignadas en la declaración del Registro Único de Víctimas, se encuentran: el allanamiento y la retención ilegal de 4 integrantes de la organización, por parte del ejército, en 1989; el secuestro de cuatro investigadores del Observatorio de Derechos Humanos el 28 de enero de 1999; el atentado con carro bomba a la sede de la ONG, en el 2000; las amenazas a los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos también ese año; y el asalto a la sede de la organización en el 2012. Alias “Berna” debe revelar toda la verdad sobre las agresiones al IPC
El siguiente paso en el proceso del IPC será formular el plan colectivo de reparación que comprende medidas en el corto, mediano y largo plazo. Para desarrollar este plan, indicó Carolina Algornoz, se generarán espacios de disertación que permitan construir “el diagnóstico de los daños que el conflicto armado le ha generado a los defensores de derechos humanos y, en el caso puntual, al IPC en el desarrollo de su actuación.”
La apuesta de esta iniciativa es crear un plan específico que beneficie al IPC y por ende tenga efecto en la sociedad, además que contribuya a la des-estigmatización de los defensores de Derechos Humanos y que permita generar mejores condiciones para la construcción de democracia y para el ejercicio pleno de la participación social y política en Colombia.
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En el capítulo VII del decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – Ley 1448 de 2011- y se dictan otras disposiciones, se contempla como sujetos de reparación colectiva a “los grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.” Artículo 223 del Decreto 4800 de 2011.
