Desplazamiento intraurbano en Medellín: cíclico e invisible

Ligado al conflicto urbano que sufren ciudades como Medellín, el Desplazamiento Forzado Intraurbano es una de esas violencias que suelen permanecer invisibles, bien sea porque ocurren mediante agresiones selectivas, en las que el temor a los actores armados lleva a las víctimas a guardar silencio, o porque aumenta y disminuye de acuerdo con los ciclos de violencia y reacomodamiento de las estructuras ilegales.

A estos rasgos de violencia cíclica e invisible, se podría agregar que el desplazamiento forzado Intraurbano es una violación de los derechos humanos que en ocasiones es minimizada por las autoridades cuando se habla de seguridad.

En ese sentido llama la atención el personero Delegado para los Derechos Humanos, Jesús Alberto Sánchez, al expresar que delitos como el desplazamiento intraubano y la desaparición forzada se minimizan cuando las autoridades solo informan y exaltan las cifras de reducción de homicidios.

“En un contexto de seguridad, el tema del desplazamiento forzado y la desaparición forzada también valen para hacer un análisis de cómo está la seguridad y cómo están las acciones de las autoridades en la garantía de derechos”, reflexiona el personero.

Según el representante del ministerio público, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013, la Personería de Medellín recibió 1.535 Declaraciones de Desplazamiento Forzado Intraurbano para un total de 5.017 personas que se desplazaron en la ciudad.

Comparado con años anteriores el consolidado disminuyó, principalmente a partir del segundo semestre del año, según observó Jesús Alberto Sánchez. No obstante, el personero anotó que  la reducción podría estar relacionada con el presunto pacto de no agresión que habrían firmado las grandes estructuras criminales de la ciudad, Urabeños y Oficina, a mediados de julio.

Esta tesis cobra fuerza cuando se analiza el comportamiento mes a mes del desplazamiento forzado intraurbano y se encuentra que, en el primer semestre del año, los meses de enero, febrero y mayo tuvieron más de 800 personas desplazadas cada uno. En ese periodo la menor cifra fue en junio con 421 afectados. Pero a partir de julio, cuando se da el susodicho pacto, empieza a ocurrir una disminución, con un mínimo de 172 personas afectadas en el mes de agosto y un máximo de 286 en julio.

Comportamiento DFI por mes de ocurrencia del hecho – 2013

Fuente: Personería de Medellín

De otro lado, de las 5.017 personas desplazadas durante el 2013 en Medellín, 2.739 son mujeres y 2.278 hombres. A partir de esta medición se podría generar otra hipótesis según la cual el Desplazamiento Forzado Intraurbano (DFI) afecta mayoritariamente a la población femenina.

Al mirar las cifras de 2011, año en el cual la Personería presentó el último informe discriminando entre hombres y mujeres[1], se puede apreciar que en ese periodo se registraron 2.681 mujeres adultas desplazadas y 1.581 hombres adultos. El total ese año, incluyendo población infantil y juvenil, fue de 8.434 personas afectadas por DFI.

Otro punto de análisis sería la comparación de los casos por comuna, en el cual coincide que las comunas 13 (San Javier), 8 (Villa Hermosa) y 1 (Popular), respectivamente, presentaron las cifras más altas de desplazamiento intraurbano en los últimos dos años (2011 y 2012).

Dicha tendencia parece continuar en el 2013 como se observa en el siguiente cuadro. Pero con la novedad de que este año las cifras de desplazamiento de la comuna 1 fueron sobrepasadas por las del corregimiento San Cristóbal, cuya situación particular se abordará más adelante.

Comportamiento del DFI por Comuna – 2013

Fuente: Personería de Medellín

Retomando las inquietudes del Personero Delegado para los Derechos Humanos, sobre la seguridad y la garantía de derechos en Medellín, la situación de las comunas 13, 8 y 1 conduce a la tesis de que la manera cómo se han desarrollado las estrategias de seguridad en la ciudad no ha logrado brindar suficientes garantías para el respeto de los derechos humanos.

Así lo indicarían las persistentes cifras de desplazamiento intraurbano en esas zonas, que dan cuenta de la permanencia de grupos criminales en el territorio con una estrategia de control social basada no solo en la expulsión de sus rivales, sino también de quienes los delatan, de quienes no se acogen a sus normas o de quienes se niegan a cooperar con sus acciones ilegales.

Dicha estrategia se evidencia en la situación que ha sufrido este año el corregimiento San Cristóbal, occidente de la ciudad, el cual pasó de reportar 87 Declaraciones de Desplazamiento Forzado Intraurbano en todo el 2012, a 176 declaraciones entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013. El incremento estaría relacionado con el enfrentamiento entre bandas de Los Urabeños y La Oficina.

Este año en San Cristóbal ocurrieron tres desplazamientos colectivos. El primero fue el domingo 5 de mayo, en el sector El Cañón, vereda La Loma, cuando miembros de un combo se dispersaron por el sector y tocando a la puerta de varias familias les dieron dos días para irse del lugar. La amenaza generó el desplazamiento Intraurbano de 63 familias (235 personas), de las cuales 61 ya regresaron a la zona.

Más complicado, en términos de retorno, resultó el segundo desplazamiento que comenzó el miércoles 15 de mayo en el sector San Gabriel, de donde se desplazaron 20 familias (63 personas) de las cuales solo 1 familia ha regresado a la zona.

En San Gabriel, afirmó la directora de la Unidad de Víctimas de Medellín, Luz Patricia Correa, la situación tiende a ser más crítica porque “han ocurrido tres homicidios, dos de los cuales fueron ejemplarizantes para la comunidad en términos del mensaje que el actor armado quería enviar ahí: que la gente debía salir de inmediato. Al no salir, fueron asesinados dos jóvenes de la comunidad (…) Entonces digamos, se han configurado unas situaciones de miedo y pánico generalizado que han tenido que ver mucho con esto.”

Las 20 familias “no han podido retornar porque manifiestan que la autoridad competente, la municipalidad y la fuerza pública, no han brindado las garantías necesarias para que esas personas puedan regresar al territorio”, expresó el personero Delegado para Derechos Humanos, quien agregó que “por parte de la Personería de Medellín se están llevando a cabo algunas reuniones y algunas acciones que de manera perentoria puedan darles respuesta a estas familias en el efectivo retorno.”

El tercer desplazamiento colectivo en San Cristóbal ocurrió en el sector Loma Hermosa, también en la vereda La Loma. Allí, el 14 de octubre, un grupo armado ilegal profirió amenazas contra varios jóvenes de la zona y posteriormente, el 24 de octubre, uno de los jóvenes intimidados fue asesinado. Como consecuencia de ello, se desplazaron 8 adolescentes y dos hermanas de la víctima (con sus respectivas familias).

Se pudo establecer que todas las personas que se desplazaron del sector Loma Hermosa están siendo atendidas por la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, sin embargo solo 3 de los jóvenes desplazados declararon su situación ante la Personería de Medellín.

El sub-registro es otra de las condiciones que invisibiliza el Desplazamiento Forzado Intraurbano en la ciudad, problemática que suele visibilizarse cuando ocurren casos colectivos que llaman la atención de los medios de comunicación e impactan la opinión pública, como los registrados en San Cristóbal. No obstante, el silencioso desplazamiento gota a gota es el que más impacto genera en el número de víctimas, según afirmó el personero, Jesús Alberto Sánchez.

Ante los visibilizadores acontecimientos colectivos, es posible que muchos se asombren de que este tipo de situaciones ocurran en una localidad como la capital antioqueña, que se jacta de ser la ciudad más innovadora del mundo y de haber ganado terreno en materia de seguridad, aumento de fuerza pública y reducción de homicidios.

Aquí nuevamente cabe reiterar que el Desplazamiento Forzado Intraurbano es una violencia invisible y cíclica que persiste debido a la prolongación del conflicto urbano en la ciudad. De ahí que no necesariamente los avances en seguridad y los pactos entre estructuras criminales impliquen una erradicación de este flagelo.

El punto es que mientras haya actores armados ilegales en el territorio pueden repetirse los actos de violencia contra la población, principalmente cuando surgen disputas por el control criminal, social y territorial. Por eso es necesaria una acción decidida del Estado para prevenir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de la población civil.