El reto de abordar la seguridad en Medellín

Seguridad humana, seguridad ciudadana o seguridad pública. Estos son algunos de los enfoques planteados para abordar el tema de la seguridad en Medellín. Dependiendo del que se elija, se definirán los lineamientos para la construcción de una política pública de seguridad pública y de convivencia ciudadana en la capital antioqueña.

Así fue planteado por el vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, Luis Fernando Suárez, durante el panel “Estado, Mafias y Protección Violenta”, realizado por la Alcaldía de Medellín y el Instituto Popular de Capacitación –IPC, el 11 de diciembre de 2013 en el edificio Bussines Plaza.

Estos espacios de reflexión, anotó el funcionario municipal, son importantes “para la construcción de la política de seguridad, un proceso previsto a un año acompañado por la Universidad EAFIT; sin duda nos hace un llamado a la importancia que tiene la participación de las organizaciones sociales, de la misma academia y de los investigadores, porque todas esas miradas enriquecerán ese proceso de formulación de la política.”

Y es que en una ciudad como Medellín, que está catalogada como una de las 25 ciudades más violentas del mundo[i] que  continúa siendo afectada por situaciones de violencia sistemática y generalizada, visible e invisible, la seguridad se torna como un asunto fundamental tanto para los gobernantes, como para la academia y la sociedad civil en general.

Expresiones de violencia como el homicidio cuyas tasas continúan altas ; el desplazamiento y la desaparición forzados; el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; la violencia contra la mujer; la trata de personas y la tortura; entre otros; son algunas de las afectaciones más graves que atentan contra los derechos humanos y contrasta con la imagen de “la ciudad más innovadora del mundo”.

Pero además de situaciones de hurtos, riñas, micro-tráfico y violencia de género e intrafamiliar, “la práctica extorsiva, que ya no deja actividad social y económica sin comprometer, se ha convertido en el instrumento privilegiado  para la protección violenta que ofertan las organizaciones ilegales”, afirmó José Girón Sierra, moderador del panel y analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.

“Desde la extorsión se vienen afectando de manera global los derechos humanos. Esta es una de las fuentes de mayor relevancia en la generación de inseguridad y de miedo para la mayoría de las comunas y barrios de la ciudad. Vista sólo desde la actividad comercial, Fenalco reconoció recientemente que cerca de 25.000 comerciantes son víctimas de extorsión en Antioquia, lo cual generaría cerca de 50.000 millones de pérdidas anuales”, anotó José Girón.

Teniendo en cuenta este tipo de problemáticas particulares, resulta pertinente plantear que un aspecto trascendental en la construcción de una política pública de seguridad, es reconocer y precisar las situaciones de inseguridad para no caer en el error de generalizar.

De esa manera lo dio a entender el profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, William Fredy Pérez, quien expresó que el principal problema con la seguridad es que no se precisa, es decir, que no se reconocen de manera particular los problemas de inseguridad y, por ello, tienden a mantenerse como algo general, haciéndolos invisibles o enigmáticos.

“Una vez se precisa: ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál bien está en juego? ¿Cuál es la amenaza? ¿A qué sector nos estamos refiriendo? y ¿Qué problemas específicos ocurren detrás de eso que llamamos seguridad? El tema tiene la dificultad propia de cualquier acción humana pero por lo menos no es enigmático, no es misterioso ni es invisible. Así que la primera condición de una política es el conocimiento sobre el terreno de los hechos que ocurren, tratan de ocurrir o amenazan con ocurrir; y de las percepciones que tienen las personas sobre este tema, así como de las opiniones y las preferencias que cada persona tiene”, explicó el investigador William Fredy.

El profesor agregó que la formulación de una política pública debe además partir de los acumulados existentes en la ciudad, producto de investigaciones, estrategias y decisiones anteriores, que no deberían ser desconocidas, como ocurre en ocasiones, sino por el contrario tenidas en cuenta.

“El día en que se reconozca alguna especie de continuidad en lo que otros han hecho y aplicado –en materia de seguridad-, probablemente se puedan recuperar algunas prácticas que en el pasado fueron exitosas. Es decir, si lo que se ha hecho en estos 10 años no tienen alguna continuidad para los estudios que se hagan en 2020, no habrá nada que hacer”, concluyó el académico.

En relación con el asunto de la continuidad, el vicealcalde Suárez afirmó que “Medellín ha avanzado en un proceso de transformación y ese avance se debe a que ha habido varios buenos gobiernos consecutivos y sintonizados, pero creemos que es fundamental que estas políticas sean de largo plazo”.

El funcionario municipal anotó que es necesario seguir atacando la inequidad en la ciudad, como problemática generadora de violencia, y destacó la importancia que han tenido los programas sociales en esa transformación de la capital antioqueña.

No obstante, y aquí se plantea otro de los retos, el asunto de la seguridad y de la manera como se aborde, depende necesariamente de las decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional. Esto le impone algunas barreras a las estrategias y políticas que pueda plantear un gobernante local.

Al respecto, el vicealcalde afirma “ese nivel de subordinación –o dependencia de los entes nacionales- hace que un alcalde municipal tenga relativa poca gobernabilidad sobre los problemas.”

Pero necesariamente, advierte Luis Fernando Suárez, la construcción de una política pública de seguridad, hablando “dentro del marco de gobernabilidad del alcalde, tendrá que abordar problemáticas, para el caso de Medellín, como la del consumo de psicoactivos y el abordaje poblacional frente a los jóvenes que están en el conflicto”.