Editorial por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
No es ninguna novedad que las elecciones presidenciales en Colombia hayan estado atravesadas por el tema del conflicto armado y por lo tanto por la urgencia de la paz. Desde Belisario Betancur, cuando el país se llenó de palomas blancas y apareció en el imaginario colectivo la posibilidad de dar por terminado un conflicto armado mediante la negociación política,- que en ese entonces ya llevaba un poco más de treinta años-, la elecciones que le siguieron siempre tuvieron como uno de los temas centrales el anuncio de políticas tendientes a resolverlo bien desde la guerra o bien desde la negociación. Esto dio lugar al calificativo para las FARC de comportarse como el mejor elector.
El gobierno de Juan Manuel Santos, rompiendo con una estrategia desarrollada durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, en la cual fungió como uno de sus ideólogos, esto es, lograr la paz mediante la derrota militar de la insurgencia, ante la realidad de su agotamiento y el no logro de su objetivo central, se propuso jugársela por una solución negociada bajo el contexto de una insurgencia bastante quebrantada militar y políticamente. El proceso de la Habana lleva ya más de un año y todo parece indicar que sería en este año de no ocurrir una situación absolutamente extravagante que se firme el acuerdo sobre unos temas que tendrán que ser puestos a la consideración del pueblo colombiano.
Al cierre de los cuatro años de gobierno, son indiscutibles los avances logrados en un escenario social y político adverso. La ultraderecha hoy bajo las toldas del Partido Uribe Centro democrático, que ha logrado contar con aliados importantes dentro del Estado como la Procuraduría y sectores destacados de las fuerzas armadas, lidera la oposición más implacable en contra de este proceso y la sociedad colombiana, en un porcentaje que supera el 50% se muestra desconfiada e incrédula y quienes lo aprueban, niegan cualquier posibilidad de que la insurgencia cuente con prerrogativas políticas y judiciales.
Por ello, el proceso electoral al cual se verá abocado la sociedad colombiana en este primer semestre del 2014, el cual tiene de fondo el debate sobre el proceso de negociación antes aludido, será sin duda una primera consulta en donde la sociedad colombiana deberá decidir sobre dos maneras bastante diferenciadas de llegar a la paz con claros y precisos representantes: Continuar con una guerra que según el más reciente informe de la Unidad de Víctimas ha dejado 5.368.138 desplazados, 636184 homicidios, 93165 desaparecidos y más de 300 mil nuevas víctimas se han presentado en el marco de la negociación, esto es, en los dos últimos años y cuyos costos en un país sumido en la desigualdad y la pobreza llegan a comprometer más del 15% del presupuesto nacional. La otra alternativa, no es otra que el parar el baño de sangre al comprometernos a resolver por la vía negociada uno de los conflictos armados que más está afectando la vida, los bienes y la seguridad de los colombianos y que bien podría ser la entrada para que la sociedad transite un proceso que le cierre los espacios a la ilegalidad dentro del marco de un nuevo pacto que tenga como horizonte democratizar la institucionalidad y abocarnos a que nuestras relaciones sociales se desenvuelvan en una praxis que tenga como centro el respeto a lo diferente si no que la pluralidad y la diversidad sean un valor que inspire nuestra mejores intencionalidades colectivas y públicas.
La importancia del proceso electoral antes aludido esta pues a la vista. La coyuntura explicita un momento histórico que reclama como nunca antes una actitud más reflexiva ciudadana frente a las opciones políticas que se han puesto a jugar en el escenario político. El clientelismo muy ligado a los promotores de la guerra y enemigos jurados de la democracia, desde los poderes políticos regionales y con toda la gama de patrañas que se le conocen, no renunciarán a la compra de conciencias en la perspectiva de que nada cambie y se mantengan las lógicas del poder que han imperado. Hoy como nunca la elección del Presidente como del Congreso es vital para la paz: un Congreso y un Presidente adversos al proceso de la Habana, colocaría en aprietos la viabilidad del proceso y sería un primer paso que daría pie a la posibilidad de que la guerra entre en una nueva etapa con sus implicaciones letales en todos los órdenes.
¿Qué tanto estamos preparados para este reto y que tanto somos conscientes del momento en que nos encontramos? La realidad es que cada vez el balón se está jugando en el campo de la sociedad y que cuando se invoca lo reflexivo del momento se refiere a la necesidad de que entren a jugar las ideas y los valore, que en no pocos momentos de nuestra historia le dieron un NO rotundo a la guerra y demandaron democracia, libertad y justicia. El NO al referendo celebrado en el 2003 fue uno de esos momentos en donde fue evidente el papel de un ciudadano reflexivo, que no fue presa de los medios y menos del clamor de los caudillos que tras un falso mesianismo, mano en pecho, invocan el amor a la patria para que la masa les siguiera sin condición alguna.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC
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