Modelo de desarrollo y conflictividad social: agendas y territorios en disputa

Por María Soledad Betancur Betancur

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Extracto del Boletín Observatorio Nº 17 (próximo a publicarse)

En un momento en que el sistema capitalista a nivel global vive un proceso de profunda crisis y reestructuración que ha ido recorriendo varios territorios a escala global, la llamada por Harvey “acumulación por desposesión” es cada vez más aguda. Entre fines de la década de los 80 y principios de los 90, las privatizaciones se constituyeron en el mejor camino para apropiarse de bienes públicos en poder del Estado. Las regulaciones financieras, como la creación de inversores institucionales, crearon desde el Estado la institucionalidad requerida por el gran capital para organizar con base en grandes operaciones especulativas su estrategia de expansión con base en los ahorros de los trabajadores controlados por ellos desde los fondos de pensiones y de cesantías.

En simultánea la guerra y la violencia han hecho del desplazamiento y el despojo la mejor estrategia para expulsar a pequeñas familias productoras del campo, estrategia que les ha creado el camino para organizar lo que el Estado y las grandes elites económicas llaman el mercado de tierras. Por ello, criminalizar la protesta social y tratar a quienes no están con su modelo de hiper-concentración de la tierra como criminales o aliados con los grupos guerrilleros, es una táctica sistemática de estigmatización para consolidar su estrategia de control sobre las extensiones de tierra que aún no tienen a su disposición. Hoy, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por parte del Estado, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, por parte de la elite que concentra tierra y riqueza, son los adalides de esta estrategia de estigmatización y criminalización.

Pero eso no es nuevo, se trata de la práctica reiterada de estigmatizar y reprimir violentamente la protesta social por parte de la elite gobernante. Ella,  se inscribe en la idea bastante arraigada  de ver en el reclamante social  y político un enemigo y, por lo tanto, una amenaza a la institucionalidad que debe ser removida. Por ello, el carácter contrainsurgente de dicha práctica, que inspirada en la teoría de la seguridad nacional sostuvo la tesis del enemigo interno, se mantiene como el enfoque  desde el cual son leídas por parte de los gobiernos, pero sobre todo del aparato coercitivo, todas las manifestaciones en las cuales la ciudadanía explicita sus demandas y reclamaciones. De la estigmatización se pasa rápidamente a la criminalización y de ésta, a la violencia física. Desde inicios de la década del noventa el calificativo de terrorista  que suplantó el anticomunismo de los 60 y 70, formó parte del discurso oficial que pretendió justificar las detenciones arbitrarias, la desaparición y los asesinatos extrajudiciales. Poblaciones enteras que han definido estrategias de resistencia han sido perseguidas y desplazadas de sus territorios, y parte de sus dirigencias asesinada. El objetivo aquí no es sólo eliminar al contrario, sino mantener una buena dosis de miedo  que permita amedrentar, aleccionar e impedir nuevas rearticulaciones de los movimientos y sujetos en resistencia. Aquí, el papel de los llamados grupos paramilitares ha sido completamente funcional a la política de Estado.

Para descubrir los intereses  en disputa y que explican en parte esta estrategia para frenar cualquier resistencia a su proyecto, retomo un apartado de Alfredo Molano, en su columna publicada en el periódico el Espectador  el 01 de marzo de 2014:

“como ya no hay más tierra libre en el Valle para sembrar caña debido a la demanda constante de alcohol carburante —creada por ley—, los empresarios han resuelto hacer de los Llanos Orientales una sucursal de sus grandes cultivos, arrasando matas de monte, esteros, morichales, humedales, caños, sabanas; matando osos hormigueros, ocarros, dantas, chigüiros; corocoras, gabanes, tijeretos. Una verdadera invasión territorial y cultural en sociedad limitada con las empresas cultivadoras de palma africana, acacia mágnum, caucho, teca, ceiba tolúa y otras especies que son depredadoras por ser enormes monocultivos. Van avanzando llano adentro por las trochas abiertas por las compañías petroleras, precedidas por el paramilitarismo —Mapiripán, Caño Jabón, Caño Sibao— y luego protegidas por las llamadas zonas de consolidación manejadas por el Ejército (subrayado propio). Todo un gran proyecto de desarrollo, como lo llama Ecopetrol, que cuenta, además, con la millonaria publicidad de Pacific Rubiales. El ministro de Agricultura —en realidad un representante oficioso de los azucareros del Valle— es el gran leader del megaproyecto; su embeleco: las Alianzas Productivas, una manera de transformar los pequeños y medianos propietarios en meros aparceros de nuevo tipo”.

A la par de esa estrategia, para la cual la protesta es un crimen y sus promotores son guerrilleros infiltrados en la movilización, aparece la de que el campesino pobre y pequeño propietario es incapaz de ser productor independiente, buscando legitimar la política de convertirlos, como dice Molano, en aparceros de nuevo tipo. Para el señor Lafaurie, a mayor tamaño de los hatos ganaderos mayor capacidad para enfrentarse a la competencia. Por eso, él califica a la pequeña ganadería como indigente y sin capacidad de competencia, y, para colmo, al pequeño productor como analfabeto. Así lo afirma textualmente en entrevista realizada por Ricardo Puentes Melo, en marzo de 2013, en la que señala que las zonas de reserva campesina serán “enclaves de criminalidad”[1].

“Nosotros tenemos quinientos mil ganaderos, de los cuales doscientos cuarenta y cuatro mil son muy pequeños, con menos de diez cabezas; cuatrocientos tres mil tienen menos de cincuenta, eso es una muy pequeña, casi que una ganadería indigente. La pequeña ganadería no tiene capacidad para poder aguantar el choque. Entre más tamaño se tiene hay más formas de defenderse y se tiene una capacidad superior que aquel que además de pequeño productor, es analfabeta”

Así de la mano de la institucionalidad estatal, se avanza a pasos agigantados en transformar las tierras baldías de la nación, entre las que se encuentran una buena parte de la frontera agrícola del país, como la región de la  Altillanura[2], en Zonas de Desarrollo Empresarial para lo que se hace necesario ingresarlas al mercado de tierras. Por ello es crucial romper con la restricción que a mediados de los años 90 había colocado el Gobierno en las UAF –Unidades Agrícolas Familiares-, a la par que con las restricciones existentes en la reglamentación de tierras entregadas como baldíos; para el mercado de tierras y para obtener “tamaños” competitivos como los que le interesan al señor Lafaurie, que si bien desde el discurso ideológico general y el sector ganadero en particular es la figura clave, porque representa a toda una elite de capital globalizada que ve en Colombia una gran plataforma para acceder a ese bien escaso que es la tierra apta para cultivo de alimentos y producción de biocombustibles. Por ello, “según se conoce, hay una fila de empresarios nacionales y extranjeros listos a comprar miles de hectáreas para producir maíz, soya, caña de azúcar o palma de aceite en la Altillanura. Aunque algunos no esperaron y ya tienen sus empresas funcionando en la zona” (Álvarez, 2012: 26) [3] 

Como plantea Harvey, ese proceso de acumulación por desposesión avanza dejando a su paso una gran degradación ambiental que transforma la naturaleza en mercancía, un proceso al que el poder del Estado le es funcional, pero que esta a su vez generando amplios procesos de movilización a nivel global (Harvey, Acumulación por desposesión: 114,115)

Es sobre la base de estos intereses que se sigue criminalizando la protesta social y durante el año 2013 cada uno de los momentos de protesta social expresa desde los sectores sociales una respuesta a las consecuencias de un modelo que, para su despliegue, sigue profundizando la concentración de la tierra en manos de elites tradicionales y poderes globales a los que les es necesario el llamado “mercado de tierras” y, por tanto, la eliminación de sus restricciones al acaparamiento, como las UAF o las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que si se estuvieran aplicando, como lo plantea la ley 160 de 1994, serian la base para un ordenamiento territorial no solo para el posconflicto, sino para ponerle freno definitivamente a las múltiples estrategia de concentración de la tierra.

Este direccionamiento que lleva la profundización de una locomotora agraria y de la locomotora minera,  que arrasa al pequeño y mediano campesino y minero y no solo despoja sino que abre la frontera agrícola para los grandes concentradores de la tierra y los títulos mineros para las grandes multinacionales, profundizando el conflicto en todos los niveles. Esto se evidencia en la configuración de los tres escenarios en que se debate en el país el modelo agrario:

·         El primero, en las negociaciones entre gobierno y guerrilla de las Farc en la Habana, que viene siendo torpedeado por sectores de ultraderecha donde de nuevo Lafaurie y el hoy candidato al Senado de la Republica Álvaro Uribe Vélez, en compañía del actual ministro de defensa de Juan Manuel Santos, son las turbinas del torpedo.

·         En segundo lugar, el “Pacto Agrario”, convocado por Juan Manuel Santos para buscar salida a las demandas del Paro Agrario, en el que se afirma en la mayoría de las reuniones no se ha visto la presencia de las organizaciones de campesinos que promovieron el paro, más si a los gremios interesados en los procesos del “mercado de tierras” y que por tanto no ha sido acogido por los representantes del campesinado en la negociación, pues consideran que es la reedición del “pacto del Chicoral”. Al lado de esta aparece la recién creada “Misión Agraria” y buscando políticas de fondo y de mediano  y largo plazo, pero que se espera vaya más allá del “pacto agrario”. Según José Antonio Ocampo quien encabezara la Misión, esta debe “ser vista como parte del gran acuerdo nacional que incluye los acuerdos de paz”. “Se espera que la Misión haga propuestas de políticas públicas de mediano y largo plazo, y vaya más allá de lo que fue el llamado Pacto Agrario, que el gobierno se ideó para salir del enredo de los paros y de donde salieron acciones ‘cortoplacistas’ para apagar los incendios que en cualquier momento se pueden volver a prender, si no se tratan a fondo”[4]. Sus propuestas no son vinculantes para el gobierno, según se informa.

·         El tercero, el de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular como escenario que recoge los actores del movimiento que se desplego durante el año 2013 y se distancia como ya se dijo del “Pacto Agrario”. Así lo expresan con sus palabras en medio de un balance de incumplimientos del gobierno de los compromisos realizados para levantar el paro…“Los voceros de la MIA Nacional reafirmaron su no rotundo a unirse a un Pacto Agrario construido por y para las elites que se enriquecen del agro del país, del mismo modo solicitaron de manera determinante no volver a discutir su participación en este pacto ni volver a tratar el tema en las jornadas de negociación. ¡Ustedes a su Pacto Agrario, nosotros a la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular”[5].

·         Un cuarto escenario posible, será el del congreso y su agenda legislativa, del que hace poco se retiró el proyecto de baldíos presentado por el gobierno con el fin de legalizar las profundas irregularidades cometidos por aquellos empresarios que se hicieron a grandes extensiones de tierras provenientes de títulos entregados como baldíos y no estaban disponibles para el mercado de tierras; los mismos que  no contaban con la  decisión de la corte constitucional que declaro inexequibles los artículos del plan de desarrollo que pretendía liberar la figura de la UAF. Con el título “Orinoquia frenazo a la Altillanura”, presenta la revista Semana la decisión de la corte afirmando que “Inversiones por más de 800 millones de dólares en la Orinoquia se encuentran engavetadas por un fallo de la Corte Constitucional. El gobierno dice que no se resignará a suspender el proyecto que busca desarrollar la última frontera agrícola del país y ya anuncia un plan B”[6]

·         Y un quinto escenario es el de las víctimas y su lucha por la restitución de tierras en el marco de la legislación que en el campo definió el actual gobierno y que se enfrenta a la lentitud y falta de voluntad política para acelerar un proceso que ya cuenta con una ley a su favor y, más grave aún, se enfrenta a los ejércitos anti restitución, como plantea Molano en entrevista realizada para el libro que publicó el Incoder en 2013, titulado: Pensar la Tierra.

“Esto es preocupante porque a mí, con franqueza, me parece que hay cierta tolerancia por parte de algunos sectores del Ejército y de la fuerza pública en general con movimientos armados como las Bacrim, y específicamente, con gente que está en contra de la restitución. Esos vínculos entre el lati­fundio y los grupos criminales, paramilitares, siguen existiendo, y es el principal obstáculo que vamos encontrar, que está encontrando el Gobierno” (Entrevista a Alfredo Molano. Incoder, 2013: 13).

Por ello es tan urgente que la sociedad colombiana le juegue a la Paz y no a la Guerra y se disponga como en el 2013 a articularse y apoyar a los movimientos que mantienen su agenda intacta y aspiran seguirla manteniendo en la calle, porque el Gobierno aún no responde, aun no cree que existió y existe un movimiento agrario en el país.