Ver informe de derechos humanos de la Personería 2013
Editorial por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Así subtitula la Personería de Medellín el capítulo sobre las “Amenazas contra la vida y la Seguridad Personal”, en su informe de derechos humanos de 2013, presentado el pasado 27 de febrero. En ello se condensa la situación que, en materia de derechos humanos, vive la ciudad.
Fue una permanente demanda de las organizaciones de derechos humanos que la ciudad, en su institucionalidad, contara con políticas públicas, en materia de seguimiento a la situación de derechos humanos, que facilitaran su visibilización y se constituyeran en el punto de partida para la implementación de acciones concretas del Estado local, que le permitieran a la ciudad avanzar en esta materia. La creación de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos-UPDH, adscrita a la Personería, fue un paso concreto en la materialización de esta demanda y, sus informes anuales, un esfuerzo investigativo de gran valor, no siempre objeto de buen recibo por parte los gobernantes.
En no pocos casos, estos informes fueron vistos más como una amenaza que como una gran oportunidad para incidir en la amplia gama de conflictividades urbanas, tramitadas a través de acciones violentas por actores armados que no han dejado de estar ahí, sin mucho menoscabo de su poder, demostrando una gran capacidad para transformarse y adaptarse a las circunstancias que impone moverse en la ilegalidad y en un entorno local y global cambiantes.
Una mirada general a este informe, implica el reconocimiento a la validez del esfuerzo institucional y una demanda, en el mejor sentido, al Concejo y a la misma Personería para que bajo ninguna circunstancia se malogre lo que se tiene y, por el contrario, este trabajo gane cada vez más en calidad y sobre todo en autonomía. Con relación al informe anterior, ameritan un reconocimiento los avances en el trabajo analítico y en la formulación de recomendaciones concretas.
De este informe merecen destacarse y comentarse los siguientes componentes debido a que ellos son fuente de una violación múltiple de los derechos humanos y, por otro lado, porque se constata una importante carencia:
1. La desaparición forzada. Para el 2013 se reportan un total de 654 personas desparecidas cuando para 2012 éstas fueron 521 y para los últimos cuatro años el total fue de 2.526 personas; con un hecho bastante relevante, a saber, que la mayoría de estas desapariciones ocurren en menores de 35 años siendo los más afectados la población adolescente. La gravedad de esta práctica no sólo reside en una violación múltiple de los derechos de las personas, sino que se pretende ocultar toda evidencia de las mismas lo cual contribuye a que una tasa como la de homicidios rebaje. Con ella, también el actor armado concreta casi siempre una amenaza e instaura hechos contundentes con respecto a su reconocimiento y autoridad territorial.
2. Amenazas contra la vida, la libertad y la seguridad personal, que no es otra cosa que la extorsión misma, esto es, la presión violenta que se ejerce sobre una persona para obtener algo. El extorsionador se apropia de la voluntad individual y colectiva y, por lo tanto, de la vida misma al someter a los sujetos a su voluntad, instaurando el miedo como agente regulador importante que doblegue cualquier intento de resistencia a sus designios. La versatilidad del extorsionador radica en que someter conlleva el reconocimiento del actor ilegal como un oferente de seguridad e inclusive de una justicia más eficaz que el mismo Estado. La expectativa de Seguridad construida desde el miedo es la llave maestra de las rentas ilegales que, como lo señala el informe antes aludido, deja muy pocas cosas libres en lo que atañe, de manera concreta, a la ciudad de Medellín.
La ausencia de cifras sobre esta práctica es apenas explicable, la complejidad del problema ha llevado a que los esfuerzos por objetivarla sean prácticamente limitados, casi inexistentes, lo cual, dada la gravedad y magnitud del problema no es ninguna excusa. Las realidad es que un problema como éste, que afecta de manera múltiple a los derechos humanos (la vida, la libertad, la libertad de expresión, la movilidad, la educación y que es la puerta de entrada a la desaparición forzada y el reclutamiento forzado) debe ser tomado con seriedad por el Estado y debe bajarse de la idea, bastante inocente, de que con tecnología y más fuerza pública puedan enfrentar un problema en el cual están implicados varios asuntos: Un estado agobiado por la corrupción y acosado por la ilegitimidad, una dinámica que desenvuelve a partir de referentes culturales que avalan el autoritarismo y la ilegalidad y, finalmente, una ciudadanía débil manipulada en sus espacios de participación por los gobiernos, que por ello mismo desconfía de la legalidad y de las posibilidades de modificar sus entornos.
3. Lamentable que a estas alturas, en un indicador tan socorrido por los gobiernos locales como el de homicidios, aún se mantengan importantes niveles de descoordinación, entre los agentes estatales responsables de la seguridad, y que se carezca de aspectos tan obvios como el que habla de utilizar una misma metodología y estandarización en el registro de los mismos. Es incompresible que SIJIN y Medicina Legal, CTI y el Sistema para la seguridad y la convivencia SISC, caminen cada cual por su lado.
El hecho de que las mayores cifras de violación de derechos coincidan con las comunas en donde el Estado viene haciendo la mayor presencia, con tecnología y su estrategia de cuadrantes, no parece hacerle preguntas de fondo al Gobierno local. No es posible que, como lo reconoce la misma Personería, la reducción de homicidios obedezca entre otros, al llamado” Pacto del fusil” o pacto paramilitar, esto es, que en alguna medida el poder y la autoridad en la ciudad no parecen estar en las manos de la institucionalidad y sean más bien los ofertantes de protección violenta los que imponen, en esos territorios, sus reglas de juego, entre ellas: la de matar o no matar.
Como se dijo inicialmente es indispensable que un informe como el que se presenta tenga un carácter vinculante, en cuanto a las decisiones que se toman en seguridad, lo cual no sería otra cosa distinta a la vigencia de esa mirada integral de los derechos humanos desde la cual trabaja metodológicamente la Personería. Bien valdría la pena que el Concejo le diera un debate a fondo al asunto, contando con las miradas que al respecto tengan las organizaciones defensoras de derechos humanos. También, que la administración al fin se decida a un replanteamiento de su política en seguridad ante unos resultados bastante pobres como los que hasta el momento se conocen.
José Antonio Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC
Marzo de 2014
