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Campesinos en Hacienda La Seis, donde fue capturado el empresario ganadero Vicente Cantero.
La ineficaz respuesta del Estado, a un centenar de solicitudes de reclamación de predios despojados en Urabá (Antioquia), llevó a 75 familias a retornar de manera pacífica y sin acompañamiento institucional, a las propiedades que están reclamando desde hace varios años en las veredas Cuchillo Negro, La Eugenia, Guacamaya y Villa Rosa, ubicadas en el corregimiento Macondo del municipio de Turbo.
La acción de hecho se dio ante la dilación de los procesos de restitución, la ausencia de decisiones de la justicia y las difíciles condiciones económicas que soportan las 100 familias reclamantes, que según Carlos Páez, director de la Asociación Tierra y Vida, “están aguantando hambre y en un estado de pobreza extrema en los pueblos y corregimientos donde viven.”
El líder de víctimas relató que “desde el año pasado las familias están preguntando ¿qué pueden hacer?, porque van 10 años de la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005- y dos años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011– esperando a que les devuelvan sus predios y aún no hay resultados.”
Finalmente, el retorno a los predios se concretó luego de que 9 de las 100 familias reclamantes recibieran una respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras, indicando que los predios reclamados no pueden ser incluidos en el registro de tierras despojadas porque están en zona de reserva forestal.
Lo contradictorio, dice Carlos Páez, es que actualmente esas tierras están siendo explotadas para ganadería extensiva por parte de un grupo de empresarios de la región, “entre ellos José Vicente Cantero, quien está detenido por desplazamiento y tiene dos fincas allá, donde hoy día la Unidad está diciendo que hay una reserva forestal.”
Entonces, cuando llega la noticia de que a nueve familias “las están excluyendo o rechazando porque la zona es reserva forestal, las víctimas corren a meterse a los predios porque el Gobierno les está incumpliendo.”
La decisión de la Asociación Tierra y Vida, frente a la toma pacífica de estas 75 familias, ha sido respaldarlas en su proceso de retorno, vigilando que se respeten sus derechos como víctimas y que no ocurran atropellos.
Por ello, afirmó Carlos Páez, “nosotros llamamos al Gobierno Nacional para que se siente con nosotros en una mesa de concertación, con la propuesta de que las víctimas permanezcan en sus predios hasta que finalice el proceso judicial, porque las familias están viviendo en la pobreza extrema pero los empresarios tienen plata y están explotando los predios; por eso no tienen ningún afán de que se adelante el proceso.”
Uno de los empresarios que se estaría oponiendo a este proceso de ocupación de predios sería Adriano Pino, quien contaría con el acompañamiento del ejército que le brinda seguridad en la finca La Unión Pino y en otras de sus propiedades.
“La Unión Pino, es una finca de más de 5.000 hectáreas, que en el año 1997 era de campesinos. Adriano Pino aprovechó el tiempo del desplazamiento y consiguió esos predios a muy bajo precio con influencia de grupos paramilitares. Esta semana –cuando empezó el retorno pacífico- el empresario fue a la finca, agredió e insultó a un campesino en compañía del ejército. Esta es una denuncia pública y queremos que la Fiscalía tome cartas en el asunto, porque este empresario tiene denuncias por desplazamiento forzado a campesinos en ese sector.”
A la par con la oposición y las presiones que están generando los empresarios asentados en la zona reclamada, otra de las principales preocupaciones de las familias reclamantes es que la respuesta de la Unidad les estaría negando su derecho a la restitución de predios.
“La respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras dice que solamente los reconocen como víctimas de la violencia pero que no los pueden incluir para restitución. Es lamentable que a un señor que entró a su predio en Cuchillo Negro en el año de 1960 y que lo sacaron los paramilitares en el año 1997, cuando le mataron a su hijo ahí en esa propiedad, hoy día la Unidad de Restitución le diga que no tiene derecho y que vaya a la Unidad de Víctimas para que le agilicen su indemnización”, explicó Carlos Páez.
Frente a esta situación, la propuesta de la Asociación Tierra y Vida, en caso de que un juez agrario determine que los predios reclamados están en zona de reserva forestal y no pueden ser objeto de restitución, es que a las familias despojadas se les reubique en otros predios para garantizarles su derecho a la restitución.
El corregimiento Macondo, en el municipio de Turbo, donde se presenta esta situación, es una de las zonas micro-focalizadas por el Gobierno Nacional para la restitución de predios. Actualmente en el Urabá Antioqueño[1] hay 2.800 solicitudes de reclamación de predios.
En aras de garantizar el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas, la Asociación Tierra y Vida hizo un llamado a organizaciones defensoras de víctimas y de derechos humanos, a nivel nacional e internacional, para que brinden acompañamiento a las familias retornadas y para que sirvan como garantes en este proceso de reclamación que se adelanta en el corregimiento Macondo.
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[1] La extensión de la región es de 1.166.400 hectáreas; según el Incoder, allí se han registrado 3.185 predios como abandonados los cuales contienen una extensión de 98.292 hectáreas, es decir, el 8,4 % del área del territorio.
Fundación Forjando Futuros e Instituto Popular de Capacitación, 2012, julio, “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”, Medellín, Pregón Ltda, p. 66
