Más de dos años para hacer justicia con Alonso Salazar, tras sanción del procurador Ordóñez

Foto tomada de: galeríapolítica.com http://bit.ly/KBkyUv

Más que justa la restitución que hace el Consejo de Estado de los derechos políticos del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, después de haberle impedido que los ejerciera, por ejemplo en las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. En ese periodo se causó un daño irreparable, que hoy se logra revertir con el fallo del Consejo de Estado. 

Debieron pasar más de dos años para que se hiciera justicia con Alonso Salazar. El 29 de febrero de 2012 la Procuraduría afirmó que "el grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico El Colombiano del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral…” Por ello lo destituye (aunque ya no estaba en ejercicio) y lo inhabilita por 12 años. El dolo para la procuraduría consistía en que se denunciaba la posibilidad de que al gobierno llegaran actores políticos para cooptar el Estado local. En octubre de 2011, Salazar afirmaba lo siguiente: "La hipótesis mía es que ellos tienen tomados todos los aparatos sociales, tienen el 80 por ciento de las acciones comunales y han creado un conjunto de corporaciones para captar todo el presupuesto público"[1].

Este fallo fue ratificado a inicios del mes de mayo 2012 por la Procuraduría. Después de esta notificación, Alonso Salazar afirmó: "el concepto es que en época de elecciones la criminalidad puede coaccionar al ciudadano sin que las autoridades civiles se puedan pronunciar".

Ahora se pasa de la destitución y muerte política,  a la amonestación. El Consejo de Estado tumba la sanción y propone una amonestación al aceptar que la sanción fue desproporcionada. Se necesitaron más de dos años para que se restituyeran los derechos políticos que nunca se debería haber perdido Salazar. Así pues, como se ha dicho durante todo este tiempo, el problema no es que el Procurador lo pueda hacer, porque así fueron definidas sus funciones por la Constitución, si no que sus fallos  están viciados de arbitrariedad y paradójicamente de intencionalidades políticas. La constitución le da funciones a un procurador y no a un inquisidor que calcula sus fallos y los profiere contra quien quiere sacar del camino, pero reparte favores para sostenerse en el poder, es así como consigue su elección y de ñapa su reelección. Afirma Daniel Coronel, en su columna “Camino de Cruces”, que la llegada de Ordoñez a su cargo, tanto en el primero como en el segundo periodo, estuvo plagadA de favores, inclusive a algunos dirigentes asociados a la parapolítica. Afirma Coronel,  “Solo en un escenario desquiciado y corrupto se considera aceptable que los senadores –que tienen la facultad de elegir al procurador que los investiga­– tengan cuotas de poder en la institución… En el año 2008 cuando Alejandro Ordóñez fue elegido Procurador, Javier Cáceres Leal –hoy condenado por la parapolítica- era presidente de la Comisión primera del Senado. Uno de los hombres del senador Cáceres en esa célula legislativa era su asesor Fabio Yezid Castellanos Herrera… Tan pronto Ordóñez entró al cargo nombró a Castellanos, el hombre de Cáceres, como Procurador Delegado para la moralidad pública. En reciprocidad, unas semanas después Ana Carolina Lineros Hernández, la sobrina política del Procurador Ordóñez, fue nombrada asistente senatorial de Cáceres”.[2]

Así que no habrían sido necesarios más de dos años para descubrir la arbitrariedad inquisidora, la desproporción era evidente desde que ocurrió. Bien por la restitución de derechos políticos que nunca debió perder Alonso Salazar.

María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora Observatorio de Derechos Humanos del IPC