Como lo había anunciado la defensa del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murrillo Bejarano, alias “Berna”, las dificultades técnicas del nuevo sitio de diligencias en Estados Unidos hicieron inviable el desarrollo del tercer día de audiencias presididas por la Sala de Justicia y Paz desde Medellín (Colombia). La situación puso en evidencia la falta de garantías para desarrollar estos procesos.
La diligencia estaba programada para este miércoles 2 de abril. A la sala de Justicia y Paz, en Medellín, llegaron las víctimas y sus representantes, la Fiscalía, la Defensoría y los magistrados. Sin embargo hacia las 9:55 de la mañana el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, anunció la suspensión de la audiencia explicando que no se pudo establecer contacto virtual con la sala de diligencias en Miami, Estados Unidos, desde donde participarían Murillo Bejarano y su abogada.
Desde el pasado 31 de marzo, cuando empezó la audiencia concentrada a alias “Berna”, la defensa del postulado advirtió que para el caso del postulado, la justicia norteamericana había cambiado el lugar de las diligencias en ese país y que a partir del 1 de abril las diligencias se realizarían en una celda de aislamiento en la Prisión Federal del Distrito Sur de la Florida.
La defensa del ex jefe paramilitar señaló que en la prisión estaba prohibido el ingreso de equipos de cómputo y documentos con mapas o fotografías, lo que era una dificultad para desarrollar la diligencia desde Miami. Además señaló que no había espacio para refrigerios ni recesos, ni baño para necesidades fisiológicas. Por ello advirtió sobre la posibilidad de suspender la audiencia debido a las limitaciones.
Pese a las advertencias de la abogada defensora, la audiencia se realizó el 1 de abril aunque con dificultades de audio y video en la transmisión, por lo que se esperaba que en el tercer día, 2 de abril, se desarrollara la diligencia; lo cual, no fue posible.
Según el abogado Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de la ex senadora Piedad Córdoba en el proceso a alias “Berna”, estas dificultades técnicas que dilatan el proceso de Justicia y Paz se deben a que el Gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe, nunca realizó un acuerdo con la justicia norteamericana para adelantar las audiencias a los postulados en ese país. Acuerdo que debió hacerse antes de concretar la extradición de los ex jefes paramilitares.
El propio magistrado Pinilla Cogollo, al anunciar la suspensión de la audiencia y reprogramarla para el próximo 9 de junio, dejó clara su preocupación por las dificultades para adelantar los procesos con los postulados Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Berna; extraditados a Estados Unidos.
Recusación: ¿incidente dilatador?
En la audiencia que fue aplazada este 2 de abril se espera un pronunciamiento de la sala mayoritaria de Justicia y Paz sobre la recusación hecha por la Fiscalía que solicitó a dos magistrados de dicha sala declararse impedidos en este proceso, argumentando que habían emitido opiniones anticipadas en el auto del 4 de septiembre de 2013, a través del cual se excluyó de Justicia y Paz a 7 postulados del bloque Cacique Nutibara, el cual fue comandando por alias “Berna”.
Este pronunciamiento de la sala mayoritaria sería entregado en la audiencia del próximo 9 de junio, según anunció Pinilla Cogollo, al indicar que ya existe un pronunciamiento de los magistrados al respecto.
Para el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Óscar Correa, quien representa al IPC en el proceso, este tipo de incidentes dilatan las audiencias haciendo que cada vez esté más distante la obtención de la verdad.
La afirmación del jurista cobra fuerza cuando se tiene en cuenta que la audiencia concentrada a Diego Fernando Murillo estaba programada para desarrollarse entre los días 31 de marzo y 4 de abril de 2014, pero con el incidente de recusación y las dificultades técnicas, el panorama cambió y la diligencia debió suspenderse.
A ello se suma que la prioridad ahora será resolver la recusación, como un procedimiento necesario para poder continuar con la demostración de los hechos, en aras de lograr la verdad, la justicia y la reparación, que cada vez parecen más lejanas.
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