El constreñimiento al elector, gran protagonista en las elecciones de revocatoria en Bello

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Editorial por Carlos Hernán Montoya Suárez

Agencia de Prensa del IPC

El pasado domingo 6 de abril, se llevaron a cabo las elecciones atípicas de revocatoria de mandato del Alcalde del Municipio de Bello, Antioquia. El gran ganador de la contienda fue el abstencionismo, permitiendo que el actual alcalde, Carlos Muñoz, se mantenga en el cargo hasta el 2015.

Se necesitaban casi 40 mil votos para alcanzar el umbral, pero sólo votaron 12.459 personas, de las cuales 11.255 lo hicieron por el “SI”.

Esta iniciativa de revocatoria de mandato hace parte de las 44 que se han presentado desde la Constitución de 1991 en Colombia. Sin embargo, lo ocurrido en Bello deja puntos para la reflexión en torno al control político a los funcionarios públicos y al papel del Estado para garantizar la votación ciudadana.

Luego de la jornada electoral, el Alcalde, en una entrevista realizada por El Colombiano el pasado 8 de abril, afirmó que todo “transcurrió con calma y transparencia”, y que no existieron irregularidades electorales.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral –MOE dijo lo contrario, al denunciar que ocurrieron delitos electorales antes y durante la contienda.

A continuación se presentan algunas de las principales irregularidades identificadas por la MOE durante la contienda electoral:

 

1. Constreñimiento al elector por presiones de grupos armados

En un comunicado público presentado el 20 de marzo, la Directora Nacional de la Misión de Observación Electoral –MOE, Alejandra Barrios, denunció que en varias comunas de Bello se estaría presionando a la ciudadanía para no salir el día de elecciones.

Un hecho que preocupó a la Misión de Observación Electoral, fue el ocurrido durante una de las reuniones del Comité de Garantías Electorales de Bello, previas al 6 de abril, cuando un representante de un partido político solicitaba autorización para ubicar publicidad, invitando a la ciudadanía a abstenerse de votar en algunas comunas, muchas de las cuales coincidían con las denunciadas de la MOE sobre presiones de grupos armados para impedir que las personas votaran. Es decir que la ciudadanía, aparte de ser presionada a no salir, al tiempo, era invitada por los partidos políticos y líderes a no hacerlo.

Aunque es un derecho invitar a la abstención, deja un mal sabor que la invitación se haga en zonas donde se ha denunciado la presencia de grupos armados, presionando a la comunidad para que no participe en la revocatoria.

Frente a este punto, viene la pregunta… ¿Qué garantías reales tiene el ciudadano para expresar su voto…?

Los hechos recientes corroboran las investigaciones realizadas por la misma MOE y la Policía Nacional, en los mapas de riesgos que ellos elaboraron y en los que se identificó que Bello tenía un alto nivel de riesgo de presentarse irregularidades.

Además, en la monografía político electoral de Antioquia, 1997 al 2007, realizada por la Misión de Observación Electoral, la Corporación Nuevo Arco Iris y la Universidad de los ANDES, se afirmó que durante las elecciones parlamentarias, realizadas en el 2006, llegaron a la Personería de Medellín denuncias de que grupos ilegales obligaban a la ciudadanía de algunas comunas de Bello a votar por un candidato a la Cámara, en esa ocasión, Mauricio Parodi.

También es pertinente recordar el caso de Óscar Suárez Mira, ex congresista y barón electoral del municipio, que está condenado por vínculos con grupos armados ilegales.

 

2. Perder el subsidio de estudio, vivienda o trabajo: algunas de las presiones

Durante las semanas previas a las elecciones, la Misión de Observación Electoral también recibió varias denuncias, en las que se afirmó que algunos estudiantes beneficiados con programas de la administración municipal fueron advertidos de no salir a votar porque podrían perder el apoyo.

Al parecer, según algunas denuncias, se realizaron varias reuniones con grupos poblacionales del territorio con el fin de estimular su NO participación en la contienda electoral.

Adicional a esto, el día de las elecciones en las afueras de los puestos de votación, la MOE fue alertada sobre la presencia de personas, principalmente servidores públicos, que con listado en mano y tomando fotos hacían un registro de las personas que entraban a ejercer su derecho al voto.

La ciudadanía, al percatarse de lo que pasaba, se acercó a los observadores de la MOE y de la Policía Nacional con el fin de denunciar la irregularidad.

Al consultarle sobre las intimidaciones de los funcionarios públicos a la comunidad, un funcionario de alto rango de la Secretaria de Gobierno, argumentó que no eran intimidaciones sino personas promoviendo el abstencionismo. De ahí surge la pregunta, ¿hasta dónde llega la diferencia entre presionar o invitar a abstenerse?

Aunque igualmente se presentaron otras denuncias, como paseos al Parque de las Aguas o a otros lugares, al parecer con el propósito de distraer a las personas para que no fueran a votar el referendo de revocatoria; no se puede concluir que todas las irregularidades hayan incidido en el porcentaje tan alto de abstención, pero sí queda mucho que decir sobre una administración municipal que llegó hasta al filo de  la legalidad, no por promover el respaldo ciudadano hacia su gobierno, sino la presión desde distintas formas para lograr sus intereses.

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