“Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere” Paul Tabori
Artículo de opinión por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En la pasada Semana Santa, cuando Colombia y el mundo lamentaban el fallecimiento del periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, pasó desapercibida la noticia de que una vez más, en Medellín, Los Urabeños y la llamada Oficina planteaban su interés de adelantar una negociación con el Gobierno, propuesta que fue rechazada tanto a nivel local como nacional.
Uno de los problemas que afronta el País para una reducción importante de los factores de violencia, de cara al proceso de negociación que se adelanta con las FARC en La Habana (Cuba), es la existencia de un actor armado reconfigurado, que se ha transformado en grandes empresas criminales de corte mafioso, como es el paramilitarismo; con el cual no se negocia sino que se confronta por la vía militar.
Este actor armado, cada vez más involucrado con el narcotráfico, que ha consolidado un importante poder en ciudades y campos, plantea preguntas pertinentes para la discusión en La Habana no sólo en cuanto al tema de las drogas ilícitas, si no en general sobre la amplia gama de campos en los cuales giran las rentas tanto ilegales como legales de estas organizaciones. Una de estas preguntas bien podría ser: ¿Qué tanto de eso que allí se negocia, que pueda convertirse en acciones concretas, incidiría en remover los factores que en el Estado, la economía, la política y la cultura le dieron cabida a esta monstruosidad en la sociedad colombiana?
Desde que el gobierno anterior, muy dado a cambiar la realidad al no nombrar las cosas por su nombre, declaró el fin del paramilitarismo y bautizó como Bacrim a los reductos que quedaron de la negociación espuria en Ralito, el Estado no ha renunciado a tratarlos como delincuentes y, por lo tanto, a mantener una guerra cuyos precarios éxitos en nada se compadecen con los cuantiosos recursos aplicados, los daños ambientales y, sobre todo, la permanente tasa de victimización de las poblaciones. De alguna manera, esta postura indica que la élite, por razones que valdría la pena indagar, aun no ha comprendido la transformación que para el conflicto armado significó la irrupción de un actor como el narcotráfico, imposible de desligar del modus operandi empleado por todos los actores armados incluidas las fuerzas armadas del Estado.
Con alguna frecuencia los nuevos liderazgos del paramilitarismo, que se reproducen como mala hierba, han expresado su interés para que se haga con ellos una nueva negociación y la respuesta oficial ha sido un rotundo no. Al respecto es importante señalar como una negociación con el paramilitarismo- que en su versión más reciente nació de las entrañas del narcotráfico- no es nada nueva. El ex presidente César Gaviria negoció con ellos. Y la negociación adelantada por el ex presidente Álvaro Uribe, en Ralito, fue en el fondo con el narcotráfico; de alguna manera por ello terminaron extraditados, pues no fueron pocos los colados que a última ahora se convirtieron en jefes paramilitares. Ambas experiencias fracasaron por cuanto sólo contemplaron la judicialización y desmovilización de sus figuras más relevantes. Mucho se ha dicho que mucha sangre derramada nos hubiéramos ahorrado si el intento del ex presidente Belisario Betancur, cuando autorizó unos primeros contactos en Panamá, no se hubiera abortado.
En un momento en el cual se debate sobre la política anti-drogas, ya hay decisiones concretas que dan pasos para actuar en otra dirección: unos trabajan por su legalización y otros, asumen la perspectiva de que esto es ante todo un problema de salud pública. Muchas de las razones que sustentan estas posturas provienen de los compromisos globales adquiridos, por el Estado colombiano, con organismos multilaterales, así como de planteamientos moralizantes que con frecuencia afloran fundamentando la idea absurda de mantener una guerra ineficaz. Galtung en una entrevista hecha en 2011, cuando el gobierno mexicano le declaraba la guerra al narcotráfico, señalaba que: “Esta actitud del gobierno mexicano de no tomar contacto, de que ellos (los narcotraficantes) no merecen ser aceptados como parte de un proceso, no ayuda para nada; es lo mismo que EU está haciendo con Hamas en Palestina, pero hay que tomar contacto, hay que dialogar". Y agregaba: “Matar a los violentos no es la solución (…) el resultado es que sólo ha generado más violencia y resentimientos".
Por ello, no es exagerado pensar que Colombia ha entrado a la exclusiva lista de las expresiones más caracterizadas en la historia de la estupidez humana, magistralmente recopiladas por Paul Tabori: un país, con los indicadores más altos de inequidad y de pobreza, gastándose los recursos en una guerra que al final sólo va a dejar más pobreza e inequidad; un gran listado de víctimas y, muy probablemente, una sociedad más insegura y sumida en el miedo. Esta lógica perversa, de cabo a rabo, escapa a toda racionalidad y sensatez.
Colombia es de los pocos países que le puede hablar duro al mundo en materia de narcotráfico y rentas ilegales. Tenemos la autoridad moral para hacerlo, como ninguno, pues hemos puestos los muertos, hemos sufrido los efectos de la corrupción y del quiebre moral en la sociedad. Colombia por ninguna razón debe negarse la posibilidad de abrirse a nuevas miradas del problema incluida la posibilidad de espacios de negociación aun con la mixtura deletérea del paramilitarismo y el narcotráfico. Por ello, mientras lo de La Habana se concreta, se debe tomar la iniciativa para adelantar un debate a fondo sobre este empresarismo mafioso al cual han evolucionado el paramilitarismo y el narcotráfico y, por su especificidad, sobre la política anti-drogas, vislumbrando una agenda de negociación que aprenda de las anteriores y que implique:
1. Entrega y desmantelamiento de estructuras urbanas y rurales.
2. Desmantelamiento de las rutas, producción y comercialización de drogas ilícitas.
3. La verdad con respecto a las articulaciones con los organismos del Estado, la política y la economía.
4. La entrega de capitales y bienes, legal e ilegalmente adquiridos, para la implementación de una política ambiciosa orientada a la prevención en farmacodependencia.
Sabemos de lo polémico del asunto. También que se podrá pensar que esto tiene mucho de sueño y hasta de ingenuidad. Pero la realidad es que no se vislumbra otro camino que nos permita sacudirnos de la estupidez a la cual hemos llegado. Entonces, la propuesta que se hace podría conducir hacia una reducción, a los mínimos posibles, de las violencias que pululan hace rato en veredas y ciudades de Colombia.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC, abril 2014
