Editorial por: José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Ocuparse de los efectos, más no de las causas de los problemas, entraña la manera como procede la real política o la pragmática de la política. No es algo que atañe exclusivamente a nuestros gobernantes, tan dados a maquillar la realidad. Es la forma como se obvia lo de fondo, lo causal y lo estructural para mostrarle a la sociedad acciones marginales buscando tranquilizarla. Al final de los mandatos, que siempre parecen cortos para lo que se proponen, se publicitan balances que parecen más bien listas de mercado, pero que poco han arañado las causas de los problemas. No es casual que los programas de gobierno en épocas electorales se ocupen siempre de lo mismo.
Recientemente el país ha vivido momentos elocuentes al respecto, en cabeza de quien aspira a reelegirse. Los 109 puntos que en su primer mandato se comprometió a llevar a cabo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condensados en sus cinco locomotoras: Agro, infraestructura, minería e innovación, le quedaron bien grandes. Lo insulso de la actual campaña, más ocupada de las peleas entre Santos, Vargas Lleras y Uribe, no ha permitido un balance cuidadoso de esta presidencia, que presentó como uno de sus eslogan: el buen gobierno.
La inminencia de un nuevo paro agrario da buena cuenta de lo que realmente ha sucedido en estos últimos cuatro años, pero además, no sobraría mirar algunos de los títulos de estos 109 puntos para sorprenderse: “Nuestros bachilleres tendrán futuro. Justicia, libertad y prosperidad para los desplazados. Nueva educación para el nuevo siglo. Desarrollo urbano y humano. Atención oportuna y de calidad a los pacientes. La tierra para quien la quiera trabajar. Minería que respete el medio ambiente y las generaciones futuras. Y, finalmente, nueva estrategia en la gestión para la seguridad urbana.”
Pero estos momentos elocuentes, a los cuales hemos hecho alusión, se refieren a los siguientes:
1. Para resolver el problema del microtráfico, uno de los componentes más destacados del empresarismo mafioso que encontró una mayor seguridad y eficacia para sus rentas en el desarrollo de un mercado interno, se publicita como idea brillante tumbar las edificaciones en las cuales se lleva a cabo una de las tantas modalidades de este mercado. No sabemos si dentro de esta lógica, con relación a los expendios de drogas llamados “aeropuertos” que existen en las universidades, se proponga el cierre o la demolición de las mismas.
2. A la dificultad de un Estado para actuar como el directo garante de los derechos humanos, que en cabeza de sus funcionarios, incluido el Presidente, no piensan en la lógica de la protección sino en cómo se esquiva su observancia, se propone cortarle las alas a la tutela, tal vez el único recurso eficaz existente en materia de protección que ha sobrevivido a los más de treinta intentos por torcer el componente garantista de la actual constitución, bajo el argumento de que éste mecanismo es el responsable del caos jurídico que vive el país. Sorprendió que el presidente Santos, con áulicos en distintos sectores de la sociedad, ante el craso error de omitir las medidas de protección que la CIDH le concedió al Alcalde Gustavo Petro, a raíz de su destitución, propusiera regular el uso de la tutela como si el problema radicara allí.
3. Ante la creciente inseguridad urbana, expresión del poder de un empresarismo mafioso que ejerce control territorial importante para sus fines y que inclusive ha logrado capturar a su favor buena parte del Estado, se propone la idea innovadora de llenar las ciudades de cámaras como si quienes lideran estas organizaciones criminales, cuando planean sus fechorías, posaran bajo el ángulo de captura de estos dispositivos.
4. Ante un acto tan brutal como las variadísimas formas que ha venido adoptando la violencia contra la mujer, como el uso de químicos que desfiguran, y la violencia contra los niños, expresión inequívoca de una sociedad enferma, se propone el aumento de penas de reclusión a los agresores, lo que en nada reeduca, y se llega a la torpeza de proponer la regulación de la venta de químicos.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH- IPC
Abril 25 de 2014