Foto: Farley Lemus Correa
Este lunes 28 de abril, cuando el Defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, hacía un llamado para que las nuevas movilizaciones rurales en el país se desarrollaran respetando los derechos humanos; en Caucasia los pequeños y medianos mineros, de la mano de la fuerza pública y las autoridades municipales, daban un ejemplo de cómo protestar pacíficamente.
Fueron unas 3.000 personas las que recorrieron las principales calles de esa población del Bajo Cauca Antioqueño, donde a mediados de 2013 las protestas mineras estuvieron marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, los cuales dejaron varios heridos así como destrozos a locales comerciales e infraestructura urbana por más de 500 millones de pesos, según los cálculos iniciales.
En esta ocasión el panorama fue diferente, pues los mineros marcharon de manera ordenada por las principales calles del municipio y por la troncal a la Costa Caribe, dejando habilitado uno de los carriles para permitir la movilidad por esa carretera nacional. En su recorrido gritaron arengas relacionadas con su derecho al trabajo y al trato digno.
Esta movilización también representó una lucha por el debido proceso, pues según explicó el directivo de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia -Conalminercol, Ramiro Restrepo, ese derecho les está siendo vulnerado a los mineros informales cuando la fuerza pública les incinera la maquinaria negándoles la posibilidad de un proceso jurídico.
En lo corrido de 2014 han sido quemadas 35 retroexcavadoras y 11 dragas, agregó el dirigente minero al asegurar que la movilización promovida por su gremio era de carácter pacífico y con el único propósito de buscar acuerdos con el Gobierno.
Al final el objetivo se logró, pues luego de la marcha los mineros decidieron levantar el paro tras lograr un principio de acuerdo con delegados del Gobierno Nacional, que se comprometió a suspender los operativos de destrucción de maquinarias y a agilizar los trámites del proyecto de ley para crear un estatuto de la pequeña y la mediana minería en Colombia.
Se respetaron los derechos
Por la forma en que se desarrolló la protesta minera en Caucasia, puede afirmarse que se cumplió con lo referido por el Defensor del Pueblo, de que “que el desarrollo de la protesta no signifique afectación a los derechos de quienes no participan del paro y mucho menos del grueso de los ciudadanos y pobladores, quienes ajenos a la parálisis ven restringida su cotidianidad.”
Las declaraciones del Defensor apuntan a evitar las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que a veces ocurren cuando las manifestaciones se vuelven violentas, cuando se impide el paso de vehículos médicos, y cuando hay intimidaciones y agresiones físicas a personas que no participan de las protestas.
En estos casos se vulneran, entre otros, los derechos a la salud, a la integridad física y moral, al trabajo, a la educación y, en algunos casos, a la vida.
Pero también la fuerza pública tiene la obligación de respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario cuando atiende las manifestaciones sociales, en las cuales debe garantizar la seguridad tanto de quienes protestan como de aquellos que no lo hacen.
Eso también se cumplió en Caucasia, donde la policía y el ejército acompañaron la marcha en todo momento, enfilados a los costados, sin que ello representara un choque con los manifestantes, según confirmó el secretario de Gobierno Municipal, Gonzalo Emilio Correa.
El Secretario de Gobierno expresó que “los funcionarios públicos participaron en la marcha minera para mostrarle a la ciudadanía y al gremio que se pueden manifestar de manera pacífica.”
Respecto a la labor de la Fuerza Pública en las manifestaciones, el Defensor del Pueblo recordó “que en virtud de las garantías constitucionales y la legitimidad que ampara el derecho a la protesta, es menester de las autoridades y en particular de la Fuerza Pública, ofrecer las condiciones necesarias para que las manifestaciones se lleven a cabo.”
Por ello, cuando acuden a vigilar una movilización, ni la policía ni el ejército deberían incurrir en excesos como agresiones físicas y psicológicas, torturas y tratos inhumanos, retenciones ilegales, o restricciones y ataques a la presa –violatorias del derecho a la libertad de expresión-; algunos de los cuales ha sido denunciados por manifestantes u organizaciones defensoras de derechos humanos en desarrollo de protestas sociales.
Entonces, considerando tanto el comportamiento de la Fuerza Pública como de los manifestantes, se puede asegurar que la de Caucasia fue una marcha respetuosa de los derechos humanos, ejerciéndose de la mejor manera el derecho a la protesta.
