Una sociedad civil debe tener verdad, justicia, reparación y no repetición: IPC

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La mejor reparación aportarle a una sociedad profundamente civil, la mayor justicia impedir que el proyecto que propugna por una “sociedad no civil”, por la guerra, sea frenado por las instituciones de justicia del Estado y por la sociedad.

Para el Instituto popular de Capacitación -IPC, reconocido como sujeto de reparación colectiva por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en  RESOLUCION No. 2013-295545 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2013, se ha convertido en un imperativo la necesidad de que los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición avancen de tal manera que esta última, la no repetición, se concrete en la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos en el marco de una cultura política donde el trámite de los conflictos se un escenario de construcción de diversidad y debate y no de exclusión del contrario o de la imposición del miedo como mecanismo de regulación para someter la sociedad a intereses de sectores de poder y elites que buscan el control territorial para imponer sus intereses económicos y políticos.

A pesar de que los hechos que pretendieron hacernos desaparecer como institución defensora de derechos Humanos ejecutados por las autodefensas Unidas de Colombia entre los años 1999 y 2000- Secuestro, atentado con bomba a la Sede, y amenaza al equipo de investigación del observatorio de DH- han sido reconocidos por el Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se constituye está en una verdad parcial, pues aún no se ha dicho por parte del versionado como se articulaban estos hechos a las dinámicas de la macro-criminalidad y por tanto de quienes estaban detrás de los hechos, a que actores – instituciones gubernamentales, elites políticas o económicas- les era necesario callar o eliminar a aquellos que entorpecían su labor de “refundación de la patria” para expandir cada vez más  su control sobre el territorio nacional.

En los antecedentes inmediatos a las agresiones de las que fuimos víctimas, hemos documentado el debate que veníamos dando desde mediados de los años 90 a la configuración de las Convivir impulsadas por el gobernador de entonces Álvaro Uribe Vélez -1995-1997-, presidente de la república entre los años 2002 y 2010 y hoy senador de la república.  Así para el informe de derechos humanos publicado en 1997, afirmábamos como “Durante el año de 1996 en Colombia, y particularmente en Antioquia, el fenómeno paramilitar logro un alto nivel de expansión, consolidación organizativa, y control territorial, colocando bastas zonas geográficas bajo su influencia”…esa situación va consolidando un proceso privado de reforma agraria terrateniente inducida desde la elite, que nuclea y adscribe masas enteras de población bajo la égida de los grandes propietarios que sustentan la organización paramilitar y que van conformando nuevas relaciones sociales que se mueven en la lógica de la guerra de “quien da protección exige obediencia”. Se enunciaba para algunos casos dudas que quedaban en masacres como la de “Altavista” de participación de agentes del estado.  Afirmábamos que la posición de los organismos de seguridad frente a los grupos de justicia privada o paramilitares si no tiene una relación directa, orgánica,  por lo menos no ha sido muy clara, como lo muestran las demasiadas coincidencias entre el accionar de unas y otras.

Además decíamos, se ha dado  un desarrollo inusitado de las  Cooperativas de seguridad Convivir impulsadas con gran entusiasmo por la administración departamental (nos referimos al en ese momento gobernador Álvaro Uribe Vélez) y acogida por importantes sectores empresariales, particularmente los vinculados al campo como los ganaderos. Nuestra propuesta frente a esta realidad fue la “Neutralidad activa” buscando el tratamiento no violento de los conflictos. En el informe publicado en 1998 reiteramos y profundizamos este planteamiento sobre la configuración de las convivir y las veíamos como la legalización de los grupos de justicia privada. Para 1997 decíamos que en ese entonces los organismos paramilitares crecieron al unísono de las convivir.

Planteaba Jenny Pearce en el prólogo a nuestro informe “Guerra, Paz y DH en Antioquia” (Julio de 1998 – seis meses antes del secuestro de nuestros compañeros)  que “Esta es una sociedad “no civil” donde no predominan entre los armados la fuerza de la razón, los argumentos o las normas universales de la justicia. Entre las más escalofriantes estadísticas están en este informe las muertes de 1548 civiles en Antioquia en 1997, en contraste con las muertes de 458 miembros de grupos armados. En este contexto, la idea de que armar más civiles, por ejemplo a través de las convivir, podría estimular grandemente la civilidad, es perversa” (IPC, 1998: XXII).

Esto nos lleva a la siguiente tesis:

La configuración de estructuras paramilitares en Colombia responde a un proyecto político que a través de ellas (estructuras paramilitares) despliega una estrategia de orden contrainsurgente.

Para los actores que representan esta elite el sentido de los contrainsurgente no es solo una estrategia contra la insurgencia armada (guerrillas o milicias), sino contra actores de la sociedad civil que no comparten su proyecto de concentración de la riqueza (tierra y capital) y de mantener un control territorial que no configura ciudadanías activas, sino ciudadanías siervas, a quienes después de mostrarles el poder del exterminio, el despojo, el desplazamiento y la muerte le imponen el miedo como inhibidor de cualquier configuración social alternativa a los intereses que representan, así todos los que no estén con estos intereses son subversivos, de ahí las estrategias de estigmatización y de criminalización a actores sociales, de exterminio y acallamiento de defensores de derechos humanos, exterminio de movimientos políticos como el de la UP.

En ese sentido compartimos los planteamientos entregados por “La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en acta de la audiencia realizada  durante los días 4 ,5 y 6 de septiembre de 2013, donde se emitió  el auto de control de legalidad de cargos contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara, en la que se afirma que “El surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado […]. Por el contrario,  nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas […]”.

“Todo ello demuestra la estrecha relación entre el ejército, las convivir y los grupos paramilitares y la identidad de sus fines y objetivos e indica que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales. En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace responsables”… “Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos. Los demás fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo toleraron. Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el país”.

Igualmente compartimos, las razones que en esta audiencia lleva, entre otras,  a “2. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y como Presidente de la República. Por lo tanto, las copias se enviarán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”. Y “6. La Fiscalía deberá investigar e informar a esta Sala de los procesos que se adelantan contra los empresarios privados que se mencionan en esta decisión  y los demás comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de grupos paramilitares y el estado de la respectiva investigación”.

Nuestra segunda tesis, explicativa de porque fuimos agredidos: Ante un proyecto de sociedad “No civil” La propuesta de configurar una sociedad civil activa (como lo plantamos en el informe citado) se constituía en un freno a sus estrategias de convertir a esta (la sociedad civil) en un actor más de la guerra. A propósito en nuestro trabajo (Hacia donde Va Colombia: una mirada desde Antioquia, 1997: XXI), afirmaba en su prólogo María Teresa Uribe de H.

“En este momento aciago de la vida regional, cuando resuenan desde los despachos oficiales y desde algunos ámbitos empresariales y privados, voces que llaman a conseguir la paz haciendo la guerra, resulta muy esperanzadora la publicación de este informe (el de 1997) cuyo significado es el de desarrollar acciones públicas y para el público, con el propósito de  buscar transparencia en las acciones del Estado y demás fuerzas comprometidas directa o indirectamente con la guerra y seguir creyendo en la virtud de la palabra para modificar situaciones y transformar condiciones de deterioro político y humanitario; esto no es otra cosa que el ejercicio pleno de la ciudadanía y una importante contribución para su extensión y consolidación”. 

Así hoy creemos que la única manera de conjurar la repetición histórica de estos hechos, es el fortalecimiento de una cultura política parta la democracia y la realización de los derechos humanos que aprende a tramitar sus conflictos sin las armas, con la palabra y no en el marco de la guerra y el mejor acto de justicia es la responsabilidad de preservar las instituciones del estado para la democracia y frenar definitivamente aquellas que promueven la guerra y consolidan cada vez más una sociedad “No Civil”, caldo de cultivo para todos los actores armados y para una reproducción permanente de actos de victimización a defensores de derechos humanos y dirigentes sociales y políticos. Sin al menos el freno al avance de este proyecto esa sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos será cada vez más una quimera.

Por ello, si los versionados, y en este caso Diego Fernando Murillo, alias Don Berna no trascienden esa versión parcial en la que dejan por fuera los perpetradores representantes de elites políticas, económicas y militares, compartimos con la sala que deben ser excluidos del proceso de justicia y paz.

Igualmente nos parece que no aporta a los procesos de esclarecimiento la falta de profundidad en la investigación de los hechos por parte del fiscal y no compartimos la recusación que este hace a los dos magistrados de la sala que han tenido el valor de poner sobre la mesa el análisis de contexto, donde a propósito de la solicitud de investigación al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, afirman que:

 “No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia…Por supuesto, hay también testimonios en ese sentido, como los de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Sierra, comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, conocido como René, comandante del Bloque Suroeste y otros más. Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el Director de El Espectador, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse

 

Instituto Popular de Capacitación – IPC

9 de junio de 2014

Medellín

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