Artículo de opinión por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Esto afirmó un miembro de uno de los combos de Medellín, interpelando a un habitante de la Comuna 1 que le dio a conocer su intención de votar por el candidato presidente Juan Manuel Santos. Este es el tipo de testimonios que se encuentra en algunas comunas de la ciudad, cuando se indaga por la interferencia de los grupos ilegales en las elecciones presidenciales.
Una afirmación como ésta, ejemplifica en gran medida la realidad social y política de una región cuya historia ha discurrido de la mano de un pensamiento conservador y por consiguiente autoritario, que por razones aún no bien conocidas también ha sido un terreno abonado para que prosperen prácticas que le dan vigencia y sentido a la ilegalidad, obturando así toda opción para la construcción de ciudadanía.
En una coyuntura como la actual, cuya importancia la define el proceso de negociación que se adelanta en La Habana, Cuba, en la cual se expresa la franca pugna no sólo de dos modelos de Estado si no, ante todo, de dos enfoques completamente antagónicos en materia de resolución de conflictos, la posibilidad de paz y democracia es una amenaza para ese mundo sórdido que ocupa mano de obra para atentar contra la vida, para imponer, desde el miedo, regulaciones a la vida pública y privada de los habitantes, para hacerse a rentas y mercados en los entornos barriales y regionales, para servir de articulador en las bases sociales a aquellas propuestas políticas que propugnan por el statu quo, que no es otra cosa que el mantenimiento de las condiciones de exclusión y de inequidad, resultante de un modelo económico que se irrita ante la democracia distributiva. También es una amenaza para quienes hicieron propio el discurso equívoco de que el causante de nuestras desgracias era la insurgencia y que en esta lucha todo valía, por ello el paramilitarismo y todas las expresiones más degradas de la guerra no sólo fueron justificadas si no consideradas necesarias.
Ante un territorio profundamente victimizado por las violencias sean ellas provenientes del conflicto armado o de la guerra contra el narcotráfico, no han dejado de sorprender las posturas de quienes fungen como gobernantes de esta región. Era el momento no sólo para acompañar al Gobierno Nacional sino para ir más allá, y movilizar de manera profunda a sus habitantes en torno a ser un sujeto activo de este proceso. La realidad es que se asumió una postura preocupantemente distante que daba la impresión de obedecer a ese proceder muy mediado por los cálculos politiqueros. En esta lógica, en una política tan riesgosa como la paz, era bastante ventajoso que el gasto lo asumiera el Gobierno.
Para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín la tragedia de esta región, profundamente victimizada, poco contaba frente a un escenario en el cual el Gobierno Nacional, con errores sin duda, le hacía frente a la horda de enemigos que históricamente se han servido de la guerra. Primó la idea, que desde hace rato practican, de maquillar una realidad ficticia que quieren vender a propios y extraños, al regodearse de sus logros en materia de movilidad y educación pero sin tocar de fondo ese cuerpo de creencias y de valores que han hecho posible una cultura política dispuesta a transitar, sin escrúpulos, por la ilegalidad; de avalar el autoritarismo y de importarle poco lo común.
Ese es el sustrato invisible, el de nuestra cultura política, pero tan contundente y decisivo cuando se trata de acudir a las formalidades de la democracia como realidad tangible que se expresa en las urnas. Al gobernador Fajardo, en una coyuntura tan crucial, sólo se le ocurrió dentro del equivoco antes indicado, comparar los desarrollos del ciclismo, habida cuenta de los triunfos de los ciclistas colombianos en Europa, con el anacronismo de las FARC.
Los resultados de todo esto están a la vista: en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 37% lo hizo por el candidato del Centro Democrático que defiende la guerra y sólo el 16% por Santos el candidato de la Unidad Nacional que defiende la paz. Que tan importante sería en un examen juicioso de estos resultados al confrontarlos con una política como la de “Antioquia la más educada”, sobre todo cuando es inevitable pensar qué tanto estamos construyendo democracia y qué tipo de ciudadano(a) es el que está saliendo de nuestro sistema escolar.
El miembro del combo inicialmente aludido, no es por lo tanto ninguna excepción, con él hacen parte de esa gran audiencia que se fila con la ultraderecha. También aquellos pertenecientes a la elite que sin reparo alguno corrieron a apoyar el impuesto de guerra, pero que siempre han mostrado una gran unidad de cuerpo contra de cualquier imposición económica que se relacione con la paz. Estamos pues ante la posibilidad de que se repitan las soledades que vivieron los Presidentes, que en algún momento pensaron parar el desangre, pero se encontraron con la dura realidad de muchos oídos sordos, y que al final no les quedó sino el sabor amargo de la derrota y el triunfo de los mal llamados enemigos ocultos de la paz.
De sostenerse la tendencia de la primera vuelta electoral, el panorama que se vislumbra es un escenario trágico para el país y desalentador para la democracia. Por lo dicho, el 15 de junio será sin duda una fecha histórica por cualquiera de los resultados que se den. Pueda ser que sea la gran oportunidad para reorientar nuestro devenir y que por fin nos abramos al gran reto de la reconciliación.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC
Junio 10 de 2014
