Esta pregunta queda luego de escuchar la respuesta de dos magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ante la recusación de la Fiscalía para que se declararan impedidos en el proceso contra el ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”. Pareciera que hay un intento por sacar a estos jueces simplemente porque cumplen su deber con total empeño por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; lo que incluye saber quiénes fueron los autores intelectuales del paramilitarismo, indagando por políticos, empresarios y militares del país que aún hoy permanecen en la impunidad.
La recusación de la Fiscalía fue “sesgada, parcializada y subjetiva, y no busca la objetividad, ni un juicio justo, sino separar a los magistrados que estima contrarios a los intereses del postulado y a sus propios intereses”, afirmaron en su respuesta María Consuelo Rincón y Rubén Darío Pinilla Cogollo, quienes conforman la sala mayoritaria. También señalaron que hubo temeridad y mala fe, e incluso un propósito doloso.
Para entender estas afirmaciones es necesario regresar al contexto que dio origen a la recusación de la Fiscalía, el cual se remonta a septiembre de 2013 en la audiencia de control de cargos contra siete postulados del bloque Cacique Nutibara, que fue comandado por “alias Don Berna”. En dicha diligencia los magistrados en mención decidieron excluir de Justicia y Paz a los siete postulados, aduciendo que la desmovilización de ese bloque fue aparente y ficticia y que, por tanto, no se cumplieron los requisitos de elegibilidad para acceder a los beneficios de la ley, entre ellos la pena alternativa de 8 años.[i]
Pero ésta es solo una de las consideraciones que hacen de éste un auto trascendental. Pues en las decisiones adoptadas, ambos magistrados ordenan investigar al ex presidente y hoy senador electo, Álvaro Uribe Vélez, “por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y como Presidente de la República.”
También piden investigar a la ex fiscal General de la Nación, Viviane Morales, y a otros tres fiscales[ii] “por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón”. De igual forma ordenan investigaciones contra varios oficiales de la Policía y el Ejército, otro grupo de fiscales, y el ex alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.
De cierta manera, este auto que hace una contextualización de los orígenes, desarrollo y consolidación del paramilitarismo en Colombia, intenta definir una ruta investigativa para tratar de desentrañar la participación de algunos sectores del Estado en la estrategia paramilitar. Además cuestiona el papel investigativo del ente acusador al señalar que “la Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares […]”.
De ahí que los togados de la sala mayoritaria expidieran copia de la decisión al Fiscal General de la Nación para que evalúe el cumplimiento de funciones de varios fiscales, entre ellos el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, el mismo que recusó a los dos magistrados el pasado 2 de abril de 2014, durante la audiencia de legalización de cargos contra alias “Don Berna”.
La recusación de la Fiscalía y la respuesta de la Sala Mayoritaria
En su recusación el Fiscal 45 citó el artículo 5º de la Ley 906 de 2004, aduciendo el principio de imparcialidad para argumentar que en el auto de septiembre 4 de 2013, de exclusión de los postulados del Cacique Nutibara, la sala mayoritaria emitió conceptos sobre alias “Don Berna”, que en criterio de la Fiscalía fueron juicios y opiniones anticipadas manifestadas sobre asuntos que son materia del proceso, lo cual sería causal de impedimento.
El Fiscal planteó que estas opiniones comprometen la independencia de la administración de justicia y quebrantan el derecho fundamental del procesado a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, es posible que la decisión final de la sala mayoritaria sea excluir a alias “Berna” del proceso de Justicia y Paz, bajo algunos de los argumentos que expresó en el auto de exclusión.
En respuesta a esta recusación, el 9 de junio de 2014 los magistrados, Rubén Darío Pinilla Cogollo y Maria Consuelo Rincón, respondieron de manera negativa y expresaron que no se consideraban impedidos para continuar con el proceso del confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano.
Entre otros argumentos, los togados expusieron que no se han extralimitado en sus funciones ni han emitido juicios, opiniones o conceptos de manera extra judicial o por fuera del proceso, lo que sí sería causal de impedimento.[iii] A lo cual agregaron que se pronunciaron sobre una situación que atañe solo a uno de los tres bloques que comandó alias “Don Berna”, pero no lo hicieron de manera individual sobre el postulado.
Aquí es preciso señalar que de los tres magistrados que conforman la Sala de Justicia y Paz, la Fiscalía sólo recusó a los dos que pidieron la exclusión de los siete postulados del bloque Cacique Nutibara. Sin embargo el tercer togado, Juan Guillermo Cardona, quien no compartió la decisión de la sala, no fue recusado por el ente acusador. De manera que actualmente se espera el trámite legal que resuelva la recusación.
La pregunta entonces es ¿por qué apartar del proceso justo a los dos magistrados que ponen en vilo la legitimidad de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara y, por ende, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de sus integrantes, incluido su comandante? ¿Por qué apartar justo a quienes han vinculado al proceso a varios funcionarios y ex funcionarios del Estado en aras de que sean investigados por sus presuntos nexos con el paramilitarismo? ¿Por qué apartar justo a quienes exigen una actuación activa de la Fiscalía y de la Justicia para que indaguen a fondo por la verdad que reclaman las víctimas?
Como lo advierten los magistrados recusados, “la Sala quiere creer que esa no es una política de la Fiscalía, como ha sucedido en los casos de Hebert Veloza García, alias HH; Iván Roberto Duque Gaviria, conocido como Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; y Salvatore Mancuso; sobre [todos] los cuales tenía competencia esta Sala y todos fueron sustraídos de ella y presentados ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.”
Este tipo de actuaciones para separar a estos dos magistrados de ciertos procesos de Justicia y Paz, que curiosamente vinculan a varios de los principales comandantes paramilitares quienes deberían conocer de primera mano a los agentes del Estado que apoyaron el paramilitarismo, deja otra pregunta ¿se trata de acciones aisladas, rutinarias y/o normales en cualquier proceso judicial, o de una estrategia sistemática para entorpecer la justicia y proteger a quienes permanecen en la impunidad?
La pregunta final es entonces la misma que hizo el magistrado, Juan Guillermo Cárdenas Gómez, el togado que no fue recusado, cuando explicó las razones que lo marginaban de la decisión sobre los postulados del Cacique Nutibara: “¿si todo lo expuesto en el auto tiene fundamento probatorio y es cierto, por qué el ente acusador no ha solicitado la exclusión –de Justicia y Paz- de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’?”
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[i] La Sala resolvió: “1. Excluir del proceso de justicia y paz a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias Bertico o Cañitas, Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias el Mono o Alpinito, Juan Fernando Chica Atehortúa, Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias Alex el Bonito, Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias El Aguacate o Mauro, Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias el Rolo y Wander Ley Viasus Torres, todos ellos desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y postulados por el Gobierno Nacional.
Comuníquesele al Gobierno Nacional y demás autoridades correspondientes para los efectos legales pertinentes.
Medellín (Colombia), Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, 2013, comunicado de prensa, p. 7
[ii] Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a la ex Fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, el (a) Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2.009 – 2.011) y el (a) Fiscal 7 Delegado ante la Corte, enunciados en las consideraciones, por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Ibídem, p. 7 – 8
[iii] 4.1 La jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme y consistente en que el consejo u opinión que genera el impedimento del juez o magistrado para conocer de un proceso es aquella que da extrajudicialmente, o por fuera del proceso, no la opinión que emite en ejercicio de sus funciones y que son una manifestación de su potestad jurisdiccional, esto es, de esa facultad para interpretar y aplicar la ley, dirimir los conflictos y asignar el derecho.
Medellín (Colombia), Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, 2014, respuesta a recusación de la fiscalía, p. 3
