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Desplazados de San Gabriel siguen esperando una solución

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Resumen ejecutivo del estudio de caso: Desplazados de San Gabriel: “desprotegidos en La Loma y también afuera”[1], realizado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC y la Corporación Jurídica Libertad

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1.      Situación de las familias desplazadas de San Gabriel:

A un año y dos meses en desarraigo, 20 familias desplazadas del sector San Gabriel, vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal de Medellín, se sienten desprotegidas por el Estado porque no reciben una solución y porque, luego del boom mediático y de las medidas de choque para contener los desplazamientos, ni la Alcaldía, ni la Personería, ni la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se dignan a atenderlos.

Las familias han solicitado reuniones pero las instituciones no los atienden ni tampoco les entregan las actas de las reuniones anteriores en las cuales se concertaron algunos compromisos. La última reunión estaba citada para el 22 de abril, pero no se realizó porque la única institución que asistió fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF.

Para los afectados, no hay voluntad del Gobierno local y, menos del Gobierno nacional, para propiciar y concertar una solución a su desplazamiento.

El retorno no es una alternativa porque no hay garantías de seguridad en San Gabriel. Por ello las familias están dispuestas a una reubicación pero en condiciones dignas, en viviendas con espacios adecuados y en zonas seguras donde no haya situaciones de conflicto, a fin de no ser revictimizadas.

El Gobierno Nacional se habría limitado a brindar asistencia humanitaria, insuficiente para que las personas vivan en condiciones dignas porque los montos asignados no cubren los costos de arriendo ni los gastos familiares, y porque en ocasiones existen retrasos en las entregas de los subsidios.

Pese a la estrategia de protección de viviendas adelantada por la Alcaldía de Medellín y la Fuerza Pública, se recogieron denuncias de que han ocurridos robos y daños en algunos inmuebles, y de que miembros de grupos ilegales estarían usando algunas casas para labores de vigilancia.

2. Los desplazamientos y el contexto de La Loma:

En 2013, en la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal de Medellín se presentaron tres desplazamientos colectivos que afectaron a 378 personas en los sectores El Cañón, San Gabriel y Loma Hermosa.

Alrededor de estos eventos de 2013 ocurrieron al menos  7 acontecimientos de violencia que incluyen 5 muertes selectivas, 4 de las víctimas fueron jóvenes; un doble homicidio al parecer de dos miembros de un grupo armado ilegal; y un enfrentamiento armado que dejó 2 personas heridas. A esto se suma un paro del transporte público por intimidaciones y extorsiones.

Y aunque el pacto del fusil, acordado en el segundo semestre de 2013 entre ‘Urabeños’ y ‘Oficina’, ha generado dinámicas de  disminución de la violencia en algunos sectores, necesariamente no han representado un cese del conflicto, porque ocurren reacomodamientos o persisten las disputas entre algunas estructuras ilegales que parecen resistirse al acuerdo. Esto explica los hechos de violencia ocurridos durante el presente año en La Loma.

En 2014, se registran al menos 4 acontecimientos de violencia, todos homicidios en los que tres de las víctimas fueron jóvenes; un paro del transporte público por intimidaciones y extorsiones; y el anuncio de desplazamiento de 50 familias de Bellavista el cual finalmente no se concretó. Vale resaltar que dos de las muertes  violentas ocurrieron en junio, hace apenas un mes.

Sobre el contexto de La Loma y sobre los hechos que rodearon los desplazamientos colectivos, se puede decir que los habitantes de esta vereda del corregimiento San Cristóbal lleva más de una década sometida a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, registrándose amenazas; restricciones a la movilidad; extorsiones; reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; acoso sexual a niñas y jóvenes; homicidios; desplazamientos forzados; agresiones físicas; entre otros. De manera que los desplazamientos masivos terminan siendo un acontecimiento visibilizador de esas vulneraciones que sufría en silencio la comunidad.

Los niños y jóvenes son la población más vulnerable en La Loma, ya que están siendo disputados por grupos ilegales que pretenden reclutarlos, en una clara violación del Derecho Internacional Humanitario.

Además del reclutamiento y utilización de menores de edad, actualmente los grupos armados ilegales en el territorio recurren a estrategias de traslado de combatientes desde o hacia otras zonas de Medellín o Antioquia, como Urabá y Occidente. Esta táctica les permite ocultar a los miembros que han cometido crímenes y a su vez reforzar los frentes de guerra.

Un asunto a tener en cuenta, en relación con las autoridades, es que no se identifican estrategias para prevenir los desplazamientos forzados y, por ende, las medidas adoptadas terminando siendo acciones de choque o de contención, es decir, no se previno la situación pese a que desde 2010 ocurrieron hechos de desplazamiento, y a que en 2013 habían ocurrido homicidios selectivos, amenazas y enfrentamientos entre combos.

Igualmente el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Análisis a la Política Pública habían llamado la atención sobre la situación de riesgo de desplazamientos en San Cristóbal. Estas situaciones y advertencias deberían haber sido una alerta para las autoridades que de haber hecho capturas, labores de inteligencia y presencia efectiva en la zona hubieran podido evitar los éxodos colectivos.

Finalmente habría que poner una voz de alerta por la incidencia que pudieran tener en este conflicto de La Loma, decisiones y proyectos de ciudad como la conexión vial Aburrá – Río Cauca, cuyo trazado cerca de esta vereda lo podría generar dinámicas de reacomodamiento y disputa de estructuras criminales así como lógicas de especulación sobre el valor del suelo.

 

3. La situación de La Loma refleja el problema de la ciudad:

El caso de La Loma es una muestra de lo que ocurre en el interior de “la ciudad más innovadora del mundo”, donde prima la desigualdad y el conflicto urbano, donde el Estado no logra ejercer soberanía sobre el territorio y donde no han logrado desarticularse las estructuras armadas ilegales.

Los acontecimientos en San Cristóbal visibilizaron el conflicto urbano permanente que desde hace décadas sufre la ciudad de Medellín y que durante algunos periodos se invisibiliza, bien sea porque se consolidan hegemonías criminales –es decir un jefe o patrón asume el poder sobre un territorio- o porque ocurren pactos entre grupos armados ilegales que disminuyen las expresiones de violencia como homicidios, desplazamientos y agresiones físicas, entre otros, lo cual se traduce en positivos indicadores de seguridad para las autoridades pero lo que necesariamente no implica la erradicación de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Un elemento importante a considerar para entender lo que ocurre actualmente en la vereda La Loma; es que su situación no es aislada de lo que pasa en la comuna 13 y en otras zonas de Medellín, es decir los acontecimientos de violencia obedecen a un conflicto derivado de la reconfiguración paramilitar tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara que llegó a tener la hegemonía criminal de la ciudad. Por ello se puede reforzar la afirmación de que la pacificación de la ciudad fue un mito y cabe plantear que la desmovilización paramilitar se convirtió en una bomba de tiempo.

La reflexión anterior, permite entender otras expresiones de violencia ocurridas recientemente en Medellín, en sectores como Aranjuez (comuna 4), por enfrentamientos entre ‘Los Triana’, ‘Los Pachelly’ y ‘La Banda del Alto’ que causaron 5 muertos y 12 heridos en los primeros días de junio; y en el centro de la ciudad (Comuna 10), por disputas entre las Convivir que incluyen ataques indiscriminados con artefactos explosivos; casos que permiten inferir una pérdida en las hegemonías criminales o una ruptura de los acuerdos entre estructuras ilegales.

Hilando estos análisis, se puede concluir que la ciudad de Medellín está sufriendo un nuevo ciclo de conflicto originado por la ofensiva pos paramilitar de ‘Los Urabeños’ que viene rompiendo el Statu Quo en ‘La Oficina’, asociación mafiosa que lidera el crimen organizado en la ciudad, con el propósito de consolidar su poder en la capital antioqueña.

 

Por los recientes y continuos hechos de violencia, se puede aventurar la hipótesis de que el conflicto urbano en Medellín continuará agudizándose y generando más hechos violentos y de vulneración de los derechos humanos y del DIH, tanto en La Loma como en otras zonas.


[1] Este estudio de caso se dio a conocer el 29 de julio de 2014 en la presentación de informes de derechos humanos de las organizaciones sociales de Antioquia adscritas a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU en Medellín

 

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.