Víctimas de Antioquia hicieron propuestas para la paz

En el marco de los foros regionales de víctimas en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla  y del evento nacional, realizado en Cali, con el fin construir propuestas sobre el tema de las víctimas para la Mesa de Diálogos de Paz en la Habana, Cuba, varias organizaciones sociales, la Alcaldía de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y la Gobernación de Antioquia, se unieron con el fin de hacer un foro departamental recogiendo las iniciativas de las víctimas del departamento.

El encuentro se realizó entre el 30 de julio y 1 de agosto en la Casa Museo de la Memoria. Allí, tanto las víctimas del conflicto como los ciudadanos y ciudadanas, que participaron en el foro, aportaron con sus propuestas para lograr la reparación de las víctimas y para alcanzar la paz en el país. Destacamos algunas como una estrategia de centrar el debate nacional no solo en las denuncias, sino en las ideas de cambio para este país.

Entre las iniciativas destacadas están:

• Hacer que las fuerzas militares, junto con los desmovilizados de los grupos alzados en armas, se conviertan en una instancia social para la construcción de viviendas, calles, puentes, parques comunitarios, espacios culturales, entre otras acciones.
  
• Se hace imperioso el reconocimiento de la impunidad  como una política de Estado que favoreció la perpetración masiva y sistémica de crímenes de Estado y de aquellos cometidos a través de la estrategia paramilitar. Este reconocimiento de las causas y consecuencias de la impunidad contribuirá a la formulación de una política pública para la superación de la impunidad y de fortalecimiento de la Rama Jurisdiccional del poder público con características de independencia e imparcialidad y sin injerencia de los victimarios.
  
• Las víctimas de crímenes de Estado rechazan las iniciativas legislativas que se están tramitando, o se tramitarán en el Congreso de la República, que otorgan competencia a la jurisdicción penal militar y policial para investigar y juzgar a los miembros activos y en retiro de la policía y los militares, así como al personal civil o no uniformado de dicha jurisdicción especial, por todos los delitos comunes y de aquellos que se reconozcan como infracciones al derecho internacional humanitario. Los integrantes de la Fuerza Pública, que hayan perpetrado graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario deben ser investigados y juzgados con arreglo a los procedimientos ordinarios y por los Fiscales y Jueces que hacen lo propio con todos los colombianos y colombianas que hayan cometido el mismo tipo de delitos.
  
• La paz es un proceso que debe incorporar una construcción colectiva que pase por discutir el modelo económico y político que ha provocado las violaciones de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA, cuya criminalidad ha beneficiado a sectores políticos y económicos que deberán responder por ello.
  
• Crear comisiones de la verdad tanto a nivel nacional como regional, y hacer énfasis en los casos de violencia sexual. Estas comisiones deben tener un tiempo determinado con resultados específicos.
  
• Reconocimiento de las situaciones históricas de discriminación y violencia contra las mujeres, dentro y fuera del conflicto armado, que les han impedido disfrutar de sus derechos humanos, como punto de partida para buscar la transformación de las mismas.
  
• En los Consejos de Paz es necesario que se presente la representación de las víctimas y dicha participación debe contar con la presencia de un 50% por parte de mujeres.
  
• Involucrar a las organizaciones de mujeres en la implementación de medidas de reparación, como consultoras – asesoras, o como ejecutoras directas, desde sus saberes y experiencias, sin desconocer que son el Estado y los victimarios los directos obligados a reparar.
  
• Espacios de reconciliación entre mujeres víctimas y victimarias, que posteriormente puedan servir como experiencia de reconciliación para toda la sociedad.
  
• Crear la cátedra de paz en las instituciones educativas.
  
• Crear un Ministerio para la Reconciliación del País.
  
• Debido a que las mujeres han sufrido todo tipo de violencia como blanco directo de los grupos armados, desde la violencia sexual hasta la violación de todos sus derechos sexuales y reproductivos, pasando por la limitación de sus derechos como madres, compañeras, hijas, hermanas y amigas, es urgente abrir un espacio de participación para las mujeres en lo local de tal forma que la Resolución 1325, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pueda implementarse y las mujeres sean reconocidas como agentes de su implementación en condiciones de interdependencia, contribuyendo a la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos.
  
• Capacitación en participación política para las víctimas y que éstas sean consideradas como un grupo político con especiales condiciones, como las tienen por ejemplo los indígenas y los afrocolombianos (con la jurisdicción especial en la Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales).
  
• Establecer campañas pedagógicas por todos los medios de comunicación públicos y privados, emisoras, canales locales, regionales y nacionales para visibilizar la importancia de la construcción de paz en el País.
  
• Comisión de esclarecimiento histórico, diagnóstico, origen histórico del conflicto, reconociendo los sectores y afectaciones. El informe  Basta Ya, sería un antecedente para esta comisión.
  
• Los niños y niñas que fueron reclutados por los grupos armados (guerrilla, paramilitares y fuerza pública), que digan en qué sitio están o los devuelvan, pero además que digan dónde dejaron los familiares/desaparecidos que vinieron a preguntar/pedir por sus hijos e hijas, también por las familias que se negaron a entregar sus hijos e hijas.
  
• Tener en cuenta dentro de la comisión de la verdad un espacio para reconocer lo que ha pasado con los docentes/maestros amenazados, asesinados y/o desaparecidos.
  
• En los procesos de esclarecimiento es fundamental que los actores armados entreguen los mapas que incluyan las zonas minadas y que contribuyan con el desminado de los territorios.
  
• Reconocimiento de las victimas tanto de las  FARC como del ejército y la policía considerando que un conflicto armado incluye al menos dos partes que en este caso son actores armados legales y FARC.
  
• Reconocimiento del estado en la generación de violencia robando los recursos y entregándoselos a las empresas extranjeras.
  
• Consulta previa de las FARC, internamente con sus bloques  y comandantes, con el fin de saber si todos van a firmar y asumir los acuerdos, con el fin de evitar el rearme de estructuras  como sucedió con las AUC.
  
• La justicia está estrechamente relacionada a un trabajo de memoria con la comunidad, estado, desmovilizados y organismos internacionales. Esto permitirá avanzar en relaciones de confianza  y reconciliación. Esa  memoria debe trascender los libros y cartillas para llegar a una pedagogía social y efectiva en la academia, colegios, instituciones y medios de comunicación para la trasformación social.
  
• Pensión a victimas  discapacitadas especialmente por minas.
  
• El papel de los medios de comunicación debe ser el de comunicar contribuyendo a la veracidad  y la transformación.
  
• Que las personas que están en el proceso sean acompañadas de manera integral. Para que la reparación administrativa, sea acompañada con el manejo del recurso, la generación de unidades productivas de manera familiar o cooperativa, con atención psicosocial y liderando iniciativas de paz y reconciliación.
  
• Hacer que el impuesto de la guerra y el 4 por mil sean destinados para la paz, especialmente en temas de formación, apoyo de iniciativas de las víctimas, en la generación de unidades productivas, en la reconstrucción de vías y pueblos, y para garantizar la salud, educación, cultura y deporte.
  
• Promover escenarios de dialogo entre las víctimas y los victimarios para conocer sus ideas y gestos de paz.
  
• Realizar una reforma a la justicia para lograr una efectiva y ágil reparación a las víctimas.
  
• Propiciar que el Congreso de la República escuche dos veces al año a las víctimas sobre sus propuestas, denuncias e inquietudes sobre la reparación y la paz en el país.
  
• Realizar una reforma a los entes de control para que tengan mayor vigilancia a los funcionarios públicos que no cumple con las funciones de atender a las víctimas.
  
• Realizar una reforma a la salud garantizando el derecho a la salud, sin necesidad de tutelas, con atención oportuna con especialistas, cerca de los territorios, con medicamos que sean los apropiados y no solo genéricos.
  
• Que no prescriban lo delitos.
  
• Aumentar el recurso para la financiación de las víctimas no solo para las reparaciones administrativas, sino también para fortalecer el acompañamiento psicosocial en todos los municipios, para apoyar iniciativas productivas, cultures y deportivas.
  
• Formular políticas para que los créditos agrarios no presenten tanto tramite, sean a largo plazo y de bajo interés.
  
• Garantizar la educación superior a los jóvenes de las subregiones de Antioquia para que no tengan necesidad de trasladarse a la capital. Este proceso debe ir acompañado con beca de manutención.
  
• Fortalecer los sindicatos como formas asociativas para proteger y restablecer los derechos laborales de las víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto.
  
• Para los territorios más afectados por la violencia o que sean objeto de reparación colectiva, lograr que sus jóvenes, sean víctimas o no, no tengan que prestar servicio militar obligatorio, además que la libreta militar sea entregada de manera gratuita y no por dos años.
  
• Realizar audiencias de rendiciones públicas de cuentas por parte de los entes municipales y departamentales cada seis meses con el fin de conocer la implementación de la ley de víctimas. Estos procesos deben ser acompañados por los entes de control.
  
• La educación para los niños, niñas y adolescentes debe tener garantizados en sus derechos en todas las instalaciones públicas y privadas. Con materiales gratuitos y con docentes que tengan enfoques pedagógicos e incluyentes.
  
• Realizar de la mano de la iglesia acciones en los municipios para promover la paz, la vida, la memoria y la reconciliación.
  
• Conformar una comisión de veeduría nacional, departamental y municipal para hacer seguimiento a la reparación integral. Estas comisiones deben ser acompañadas por los entes de control.
• Crear una comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de La Habana, integrada por organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil, que garantice el cumplimiento de éstos en un tiempo no superior a 10 años.
• Crear una política pública nacional de memoria histórica para lograr la verdad, la justicia y la reparación integral, posibilitando el paso de las víctimas a ciudadano/as.
• Garantizar  la reintegración de la población que se desmoviliza, quienes  al reintegrarse a la sociedad y no ver oportunidades de empleo ni garantías, reinciden en el rearme generando más víctimas.
• Las intervenciones psicosociales deben ser acompañadas y orientadas por los líderes de las comunidades porque conocen el contexto y el dolor de las víctimas. Valorando el trabajo de los líderes que han sido formados en acompañamiento psicosocial. Un ejemplo, las  PROVISAMES.
• Hacer que el nuevo Código Minero sea implementado y ajustado a los diálogos de paz.
• Ajustar una nueva ley de redistribución de la tierra en Colombia.
• Que los expresidentes de Colombia de las últimas décadas y demás actores del conflicto, le digan a la sociedad colombiana y a la comunidad mundial su grado de responsabilidad, y que pidan perdón a la sociedad colombiana y al mundo.
  
• Diseñar e implementar una política de vivienda para las víctimas a nivel departamental y municipal, con recursos destinados, que sean viviendas dignas, acordes a las verdaderas necesidades de las familias.
  
• Crear e implementar las reservas campesinas  para la población desplazada en condiciones dignas, seguras y sostenibles.
  
• Crear mesas de la verdad por hechos victimizantes.
• Desde las vivencias de victimización, construir proyectos de vida para la no repetición.
• Los líderes y lideresas deben ser guías comunitarios en la protección, la prevención, la seguridad y las garantías de no repetición en sus territorios.
• Las víctimas deben participar en el proceso de reintegración, en la formulación, en la implementación y en la ejecución de los planes, programas y proyectos.