En la mañana del miércoles 20 de agosto, en la plaza del Centro Administrativo Alpujarra, centro de Medellín, varios líderes sindicales, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores –CUT, periodistas y representantes de la Mesas de Víctimas de Medellín y Antioquia, protestaron nuevamente contra la Unidad Nacional de Protección, denunciando falta de garantías, por parte del Gobierno Nacional, para los líderes de derechos humanos, sindicalistas y representantes de las víctimas.
La muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, el pasado 12 de agosto en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, ha generado que varias organizaciones y líderes que han sido amenazados se sigan manifestando no solo por la falta protección a su vida sino también por la falta de investigación por parte de las autoridades.
Así lo confirmó Jorge Carmona, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, agregando “que han venido desmantelando las medidas de seguridad a varios líderes y ante la falta de garantías del Estado para proteger la vida venimos a protestar de la mano con otras organizaciones”.
Según Carmona, en la actualidad tienen amenazas 20 personas de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra, 17 sindicalistas, 12 de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y 8 de la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín. Algunos simplemente con medidas de seguridad de un celular y chaleco antibalas.
Entre las propuesta de los participantes del platón, está solicitar la renuncia de Andrés Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección, y realizar una reunión de alto nivel con el Ministerio del Interior para: analizar el contexto de los defensores de derechos humanos en Antioquia, la metodología con la cual definen la protección a las personas y hacer una propuesta de reacción inmediata antes las amenazas.
El programa NO gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, Somos Defensores, en su informe del primer semestre de 2014 sobre las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, reveló que si bien hubo una disminución del 18% en los homicidios de líderes y defensores de DDHH, los casos de agresiones aumentaron en un 20%.
Durante el primer semestre del año, según dicho informe, en Colombia fueron asesinados 30 defensores de derechos humanos y se registraron 194 casos de agresiones[1]; en las cuales los grupos paramilitares tienen la mayor responsabilidad con el 50% de las agresiones; seguidos por desconocidos, 31%; Fuerza Pública, 16%; las FARC, 2%; y el ELN, 1%.[2]
Además, esta misma organización cuestiona si realmente un chaleco antibalas y un celular son medidas reales de protección, y por este motivo ha lanzado una campaña: Ni uno + NI una +, “Los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia necesitan mucho más que un chaleco antibalas para proteger sus vidas y su trabajo”, invitando a la ciudadanía a respaldar y apoyar a los defensores y defensoras de DDHH, porque hacerlo, significa hacer democracia y paz.
[1] Imagina. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Pág. 35 Informe de Enero – Junio 2014.
[2] Ibid Pag 44.
